Dulce Veronica Velarde Robles
Expediente 231/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Dulce Veronica Velarde Robles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promoverte del amparo, recurriera el auto que desechó su demanda, dictado por este juzgado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada el mismo día, quedando comprendido dicho plazo del treinta y uno de marzo al seis de abril del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 20 y 21, inciso b), en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por Dulce Verónica Velarde Robles, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán y otra autoridad. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 231/2022-I. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama: De la Autoridad Responsable Ordenadora, C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de este distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa, reclamo: La orden de desalojo o lanzamiento de mi propiedad que se pudiera ordenar de esta autoridad, en el expediente número 3/2021, consecuencia por las actuaciones o diligencias anteriores, irregulares e ilegal, generadas por las violaciones manifiestas y graves, como lo fue la falta de notificación de la resolución definitiva, dictada en la Tercera Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, de fecha 11 de Enero de 2022, con Toca Número 306/2021, en donde, supuestamente se llevó a cabo dicha diligencia, notificándose por estrados, que porque fue por dos ocasiones la actuaria al despacho contable-jurídico, y no se encontró a nadie, cosa que no es cierto, ya que en el domicilio señalado se encuentra el despacho contable-jurídico, en donde se labora de 8:oo a 18:00 horas, debió haber notificado dicha resolución, cuestión que no fue así, siendo irregular e ilegal la diligencia que realizó la actuaria adscrita a esta sala tercera civil del supremo tribunal de justicia del Estado de Sinaloa, violando las formalidades de los Artículos 118, fracción VI, y el Artículo 118 bis, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa. (Sic). PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO Del estudio integral realizado al planteamiento de reclamo contenido en el manuscrito inicial de demanda, así como de los antecedentes del mismo, se desprende que la parte quejosa reclama: [1] la falta de notificación de la resolución definitiva dictada por la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, de once de enero de dos mil veintidós, en el toca 306/2021 de su índice; y [2] la consecuente orden de desalojo o lanzamiento de su propiedad, emitida por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 3/2021, sin que previamente se le haya notificado legalmente la determinación citada en primer orden. Atento a lo anterior, quien esto resuelve estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de dicho acto no se agotó el principio de definitividad. El citado dispositivo legal establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso". En ese tenor, el precepto y fracción antes transcritos de la ley de materia, ponen de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades, los cuales puedan ser modificados, revocados o nulificados a través de algún recurso, juicio o medio de defensa ordinario. A fin de dejar establecida con claridad la actualización de la causal de improcedencia reseñada, cabe indicar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad en el libelo constitucional, se advierte que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen, fue emplazada a juicio, contestó la demanda en tiempo y forma, y dictada que fue la sentencia fue condenada a desocupar y entregar a su contraria la finca urbana que defiende, sentencia que la citada parte procesal (quejosa) recurrió en apelación, recurso que correspondió conocer a la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, Sinaloa, quien dictó resolución el once de enero de dos mil veintidós, en el toca 306/2021, siendo esta última determinación la que refiere no le fue notificada legalmente. Como pudo verse, la quejosa es la parte demandada en el juicio del que emanan los actos reclamados, al que compareció, entonces, contra la notificación de que se duele procede un medio de defensa legal, por medio del cual puede ser modificada, revocada o nulificada; y la quejosa como parte del juicio de origen no cumplió previamente con el principio de definitividad que anima el juicio de amparo, dado que las irregularidades que reclama en torno a la notificación reseñada, debió impugnarse en términos de la codificación adjetiva aplicable. Los elementos con los que se integra la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) Que se trate de resoluciones emitidas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. c) Que el juicio de amparo que se promueva, no haya sido instado por persona extraña al procedimiento natural. d) Que el acto reclamado no importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o bien, sea de los privativos de la libertad personal; y, e) Que la procedencia del recurso o medio de defensa no precise interpretación adicional y su fundamento legal sea suficiente para determinarla. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente y sólo se contemplan como casos de excepción, los enmarcados en líneas precedentes, excepciones que en el caso no se actualizan. Tales recursos, cuya omisión en promoverlos hace improcedente el juicio de garantías, deben tener una existencia legal; es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen. Por otra parte, para que tenga obligación el quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional un recurso ordinario legalmente existente con el objeto de impugnar el acto que lo agravie, debe existir entre este y aquél una relación directa de idoneidad, esto es, que el medio común de defensa esté previsto por la ley rectora del acto en forma expresa para combatir a este y no que por analogía se considere a dicho recurso como procedente para tal efecto. Además, el recurso ordinario, cuyo ejercicio previo al amparo deba ser un requisito que el agraviado satisfaga antes de acudir a la justicia federal, debe tener lugar legalmente dentro del procedimiento judicial del cual emane el acto impugnado. Ciertamente, la quejosa antes de acudir al presente juicio de amparo, debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, mismo que puede tener como efecto modificar o nulificar el acto reclamado descrito. En efecto, los artículos 74, 76, 77 y 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Sinaloa, disponen lo siguiente: Artículo 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella Artículo 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha. Artículo 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento Artículo 78. El incidente de nulidad de actuaciones se sustanciará con vista a la parte contraria por tres días y resolución del juez dentro del mismo plazo. En caso de que las partes hubieren ofrecido prueba se proveerá lo conducente a su recepción, fijando fecha para el desahogo en una audiencia incidental, en todo caso sin suspensión del procedimiento. La interlocutoria que se pronuncie será apelable en efecto devolutivo De los numerales antes transcritos se advierte, en lo que interesa, que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales, de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes, y cuando la ley expresamente lo determine; pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella; asimismo, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título II, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado, en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviese legítimamente hecha y que la nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. Por tanto, si la quejosa estima ilegal la notificación reclamada, previamente a la promoción del presente juicio, debió impugnarla a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Además, se reitera que la quejosa compareció al juicio generador de los actos reclamados, quedando indiscutiblemente incorporada al procedimiento, lo cual hace inaceptable otorgarle el carácter de tercero extraña; entonces, no existe razón para relevarla de la obligación de promover el incidente de nulidad de notificaciones conforme al cual debió combatir oportunamente la diligencia actuarial que controvierte, pues es claro que de acuerdo al sistema procesal legalmente instituido, no habrá motivo alguno para liberarla de su obligación de velar por sus propios intereses, estando pendiente del proceso respectivo, máxime si la relación jurídico-procesal quedó bien establecida y consentida. Por tanto, es inadmisible desconocer esa realidad fáctica y atender la pretensión de la afectada, en el sentido de que a partir de cierto estado del procedimiento, se actuó a sus espaldas, y se inició el procedimiento de ejecución de sentencia en su perjuicio. Así entonces, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, toda vez que en contra de la notificación reclamada, estaba obligada a agotar el incidente de nulidad previsto en el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, por medio del cual podía obtener que se revocara la notificación que por esta vía impugna, pero al no haberlo hecho así, no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 204, del tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, ambas del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación, se transcribe: NOTIFICACIONES IRREGULARES. PREVIAMENTE AL AMPARO DEBEN IMPUGNARSE EN INCIDENTE DE NULIDAD. Es improcedente, de acuerdo con la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías, en el cual se reclama una notificación, por considerar que la misma se hizo en forma contraria a la ley, toda vez que en contra de dicho acto procesal debe promoverse previamente el incidente de nulidad de notificación, que la ley local establece, para cumplir con el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Se cita también, por las razones que la informan, en apoyo a lo destacado, la tesis consultable en la página 31, del Volumen 5, Sexta Parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 257386, que dice lo siguiente: INCIDENTE DE NULIDAD, HACE IMPROCEDENTE EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SINALOA). El artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa establece que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales y el artículo 78, del mismo ordenamiento, expresa que la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento se sustanciará como incidente. Por tanto, si el quejoso alega como acto reclamado el ilegal emplazamiento en un juicio civil en el cual no se ha pronunciado sentencia que haya pasado a ser autoridad de cosa juzgada, debe sobreseerse el juicio de garantías respectivo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que contra dicho acto procede el recurrente legal ordinario de nulidad de actuaciones, a que se refieren las disposiciones primeramente invocadas. Es de citarse también la jurisprudencia VI.2o. J/351 visible en la página 39, tomo Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, con registro electrónico 209210, con el título y contenido que expresan: "NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones". Lo resaltado es nuestro. Desechamiento que se hace extensivo respecto de la orden de lanzamiento de que duele en su libelo constitucional, toda vez que dicho acto no lo reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la ilegalidad de la notificación impugnada en esta vía constitucional. En esas condiciones, al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO signada por Dulce Verónica Velarde Robles. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle INDICO 3615, FRACCIONAMIENTO REAL PACÍFICO, en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa al licenciado Basilio Carvajal Moreno, quien tiene su cédula profesional número 5522904 debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo II, página 1830, registro 2008986, de rubro: REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO.LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3°, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19.
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