Dulce Soraya Jiménez Hidalgo
Expediente 2380/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 2380/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Dulce Soraya Jiménez Hidalgo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
En diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, Graciela Elias Morales, Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, CERTIFICA: Que el plazo de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa, para recurrir la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual se sobreseyó el presente juicio; transcurrió de la siguiente manera: Parte procesal Notificación Surte efectos Término Días inhábiles Quejoso 28/07/2016 29/07/2016 Del 01/08/2016 al 12/08/2016 6 y 7 de agosto de este año Sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de revisión a que se refiere el numeral 81 de la Ley de la Materia, en contra de la resolución aludida; lo anterior, se asienta para los efectos legales procedentes. Doy fe. En la misma fecha, la Secretaria CERTIFICA: Que los datos, fechas e información plasmados en el presente proveído los constaté personalmente y bajo esas circunstancias, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos del presente juicio. Doy fe. Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Estado procesal Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación con que se da cuenta, de la que se advierte que a la fecha ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el numeral 86, de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia dictada en estos autos, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Causa ejecutoria En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la resolución dictada por este Juzgado de Distrito el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Se ordena archivo Por otra parte, glósese a los autos los cuadernos derivados del incidente de suspensión y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Negativa de la medida cautelar definitiva Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su primer punto resolutivo se negó dicha medida cautelar, por lo que tales datos deberán hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Concesión de la medida cautelar definitiva Por otra parte, en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, se advierte que en su segundo punto resolutivo se concedió la medida cautelar definitiva; por tanto, consérvense todas las resoluciones relativas al otorgamiento de dicha interlocutoria así como la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo de la fracción III, del artículo vigésimo primero del citado acuerdo. Notifíquese. Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Graciela Elias Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto de la resolución dictada el veintiuno de julio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Graciela Elias Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto de la resolución dictada el veintiuno de julio del año en curso, dentro del presente juicio de amparo; lo anterior para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Lo proveyó y firma, Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Graciela Elias Morales, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 2380/2015 y su acumulado 10/2016, promovidos por DULCE SORAYA JIMÉNEZ HIDALGO y SEGUROS INBURSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO INBURSA, la primera, por propio derecho y la segunda, por conducto de su apoderado legal , contra el acto que reclaman del Juez Primero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, por considerarlo violatorio del derecho humano de legalidad. R E S U L T A N D O: [1] PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil quince , ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al siguiente día, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, DULCE SORAYA JIMÉNEZ HIDALGO, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por el acto que se transcribe a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE. "C. JUEZ PRIMERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS." ACTO RECLAMADO. "La sentencia interlocutoria de fecha 8 de diciembre del 2015, que resolvió el incidente de actualización de intereses, indemnización por mora, daños y perjuicios, formulado por la suscrita, concretamente el resolutivo quinto y las consideraciones que lo apoyan, donde también se declaró improcedente la indemnización por mora." [2] SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda y audiencia constitucional. Por auto de cuatro de enero de dos mil dieciséis , este Juzgado formó el expediente 2380/2015, admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. [3] TERCERO. Presentación de la diversa demanda. Por escrito presentado el cinco de enero de dos mil dieciséis , ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido al siguiente día, por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, SEGUROS INBURSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO INBURSA, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de la autoridad y por el acto que se transcribe a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE. "Lo es en su carácter de Autoridad Ordenadora el C. Juez Primero en Materia Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos." ACTO RECLAMADO. "La resolución de fecha 08 de Diciembre de 2015, dictada dentro de los autos del expediente 79/2011, cuyos puntos resolutivos señalan.". [4] CUARTO. Prevención, trámite de la demanda, admisión y audiencia constitucional. Por auto de siete de enero de dos mil dieciséis , este Juzgado formó el expediente 10/2016, y previno la demanda, la que por auto de diecinueve de enero de dos mil dieciséis , admitió a trámite, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. [5] QUINTO. Acumulación de autos. Por auto emitido el catorce de marzo de dos mil dieciséis , dentro del juicio de amparo 2380/2015, este Juzgador de oficio aperturó el incidente de acumulación de autos con el diverso 10/2016, del índice de este Juzgado de Distrito, en virtud de que en los mismos se reclama la resolución dictada el ocho de diciembre de dos mil quince, dentro del incidente de actualización de liquidación de intereses del juicio ordinario mercantil 79/2011, del índice del Juzgado Primero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. [6] Por resolución de seis de abril de dos mil dieciséis , se declaró procedente la acumulación del juicio de amparo 10/2016 al diverso 2380/2015, del índice de este Juzgado Federal. [7] SEXTO. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: [8] PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza civil atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. [9] Previamente a la precisión de los actos reclamados, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente . [10] SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse de manera clara y precisa los actos reclamados. [11] Para lograr ese propósito, es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lineamientos que este juzgador debe observar, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y su anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b), prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en la demanda . [12] Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de las demandas de amparo y anexos, se advierte que en el caso se reclaman: I. Del Juez Primero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, dentro del ámbito de su respectiva competencia, lo siguiente: a) La resolución interlocutoria dictada el ocho de diciembre de dos mil quince , dentro del incidente de actualización de liquidación de intereses del juicio ordinario mercantil 79/2011. [13] Precisados los actos reclamados, se destaca que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible analizar la procedencia de la acción de control constitucional y, en su caso, la constitucionalidad de los actos u omisiones atribuidos a las autoridades responsables, sin verificarse primero si los actos reclamados existen . [14] Por tanto, a continuación se verificará si los actos reclamados existen, después se analizarán, en su caso, las causas de improcedencia o de sobreseimiento que impidan someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y, finalmente, se emitirá criterio respecto de si éstos se ajustan o no a los derechos humanos que invoca la parte quejosa, a partir de lo expresado en los conceptos de violación atendiendo a la causa de pedir. [15] TERCERO. Análisis de la existencia de los actos reclamados. De la interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, 74, fracción I, y 117 de la Ley de Amparo, se advierten tres vías para acreditar la existencia de los actos reclamados, saber: a) La prueba directa; b) La presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, salvo que exista prueba en contrario; y, c) El reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. [16] CUARTO. Actos reclamados existentes. El Juez Primero en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad , al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, consistente en la resolución interlocutoria dictada el ocho de diciembre de dos mil quince, dentro del incidente de actualización de liquidación de intereses del juicio ordinario mercantil 79/2011. [17] Certeza que se robustece con la constancia relativa a la emisión del propio acto reclamado , a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad . [18] QUINTO. Antecedentes. Para mejor comprensión del asunto se hace una relación de los antecedentes que dieron origen al acto reclamado. 1. El cuatro de marzo de dos mil once (fojas 2 a 13 del legajo de pruebas I), DULCE SORAYA JIMÉNEZ HIDALGO, presentó demanda en la vía ordinaria mercantil contra SEGUROS INBURSA SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO INBURSA, reclamando las siguientes prestaciones: "A).- El cumplimiento del contrato de seguro celebrado con la institución denominada SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, contrato celebrado bajo el número de póliza 1 44 20122359-1, en referencia al pago por el riesgo asegurado, en este caso concreto el robo del vehículo objeto del contrato. B).- A consecuencia de lo anterior, el pago de la cantidad de $100,200.00 (cien mil doscientos pesos 00/100 M.N) valor comercial del vehículo de mi propiedad, al día 03 de diciembre del año 2008, fecha en que ocurrió el siniestro y que la hoy demandada se niega a pagar sin tener justificación legal para ello. C).- El pago de la cantidad de $5,520.00 (cinco mil quinientos veinte pesos 00/100), de forma mensual correspondiente a la indemnización por mora de acuerdo a la obligación en moneda nacional denominada en unidades de inversión (UDIS) al valor actual, tal y como lo establece el artículo 135 bis, fracción I, primer párrafo de la Ley General de Instituciones de Seguro, monto que hasta el presente mes suma la cantidad de $71,769.78 (Setenta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos 78/100 M.N), que corresponde únicamente a 13 meses de atraso en que ha incurrido el demandado para el pago de indemnización, por lo que, desde este momento también se reclaman los meses que se continúen generando hasta el cumplimiento total del contrato de referencia. D).- El pago de la cantidad de $5,520.00 (cinco mil doscientos pesos 00/100 M.N) de forma mensual, por concepto de intereses moratorios sobre la obligación denominada en unidades de inversión (UDIS) de acuerdo a la tasa que para tal efecto señala el artículo 135 bis, fracción I, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones de Seguro, y el numeral 7.7, de la cláusula séptima del contrato de seguro, monto que la compañía aseguradora está obligada a pagar desde la fecha del siniestro hasta que se logre de manera definitiva el pago total que como asegurado tengo derecho conforme a los porcentajes que señala la ley de la materia, por lo que, hasta el día de hoy suman la cantidad de $71,769.78 (setenta y un mil setecientos sesenta y nueve pesos 78/100 M.N), monto que se reclama únicamente concierne a los 13 meses que ha transcurrido y que la demandada ha tratado de evadir su responsabilidad. E).- El pago de la cantidad que resulte por las devoluciones de las primas devengadas de las coberturas amparadas en la póliza respectiva en atención a que solamente se afectó el riesgo denominado "ROBO TOTAL". F).- El pago de la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N), de forma mensual por concepto de daños y perjuicios ocasionados al actor, contados a partir desde el mes de febrero del 2008, fecha en que se debió cumplir con su obligación el ahora demandado y que en su totalidad hasta la presentación de este ocurso suman la cantidad de $195,000.00 (ciento noventa cinco mil pesos 00/100 M.N), así como los que se sigan generando hasta el cumplimiento total de la obligación contraída en el contrato de seguro señalado en el inciso A), de este capitulado. G).- El pago de la cantidad que resulte del 30% de la cantidad que se reclama de los incisos B), C), D), E), F), por concepto de honorarios dada la prestación de servicios profesionales solicitada por el hoy actor, ante el incumplimiento de la Institución de Seguros en su obligación de cubrir el siniestro en el tiempo y en la forma que legalmente están obligadas y que fue requerida para ello. H).- El pago de Gastos y Costas que se originen por la tramitación del presente juicio. 2. Mediante auto de fecha nueve de marzo de dos mil once (foja 52 ídem), la Juez Primero Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda, se registró con el número 79/2011; se ordenó correr traslado y emplazar a la parte demandada. 3. Seguida la tramitación del juicio, con fecha doce de agosto de dos mil trece (foja 150 a 175 ídem), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo de veintisiete de junio de dos mil trece, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito; en los autos del juicio de amparo D.C. 353/2013, se emitió sentencia definitiva, misma que en sus puntos resolutivos se determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Este Juzgado es competente para conocer el presente asunto, en términos de lo expuesto en el considerando primero de esta resolución. SEGUNDO.- La ciudadana DULCE SORAYA JIMÉNEZ HIDALGO sí acreditó la acción que ejercitó en contra de la persona moral denominada SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, quien no acreditó sus defensas y excepciones, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, en consecuencia: TERCERO.- Se condena a la persona moral denominada SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, a dar cumplimiento al contrato de seguro celebrado bajo el número de póliza 1 4420122359-1, en consecuencia, se condena a la demandada al pago de la cantidad de $100,200.00 (CIEN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (valor comercial del vehículo asegurado al día 03 de diciembre del año 2008) y que ampara la póliza celebrada entre las partes; asimismo, se le condena al pago de la cantidad que resulte por concepto de indemnización por mora conforme lo previsto en el artículo 135 bis, fracción I, primer párrafo de la Ley General de Instituciones de Seguro, hasta el cumplimiento total del contrato celebrado de referencia; al pago de los intereses moratorios sobre la obligación denominada en unidades de inversión (UDIS) de acuerdo a la tasa que para el efecto señala el artículo 135 bis, fracción I, párrafo segundo, de la Ley General de Instituciones de Seguro, y el numeral 7.7 de la cláusula séptima del contrato de seguro; y, al pago de la cantidad que resulte por concepto de la devolución de las primas no devengadas de las coberturas amparadas en la póliza respectiva en atención a que solamente se afectó el riesgo denominado "ROBO TOTAL"; previa liquidación que en ejecución de sentencia realice la parte actora; concediéndole a la parte demandada un término de cinco días una vez que haya causado ejecutoria la presente resolución, para que en forma voluntaria dé cumplimiento a lo anteriormente condenado, y en caso de no hacerlo; se procederá conforme a las reglas de la ejecución forzosa. CUARTO.- Se condena a la persona moral denominada SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, al pago al demandado de daños y perjuicios ocasionados a la parte actora contados a partir del mes de marzo del dos mil nueve, fecha en la que se debió cumplir con su obligación hasta los que se sigan generando a la fecha del cumplimiento total de la obligación contraída en el contrato de seguro documento base de la acción, previa liquidación que al efecto se formule en ejecución de sentencia. QUINTO.- Se absuelve a la persona moral denominada SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, de la prestación, marcada con el inciso G), reclamada por la parte actora, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución, en consecuencia: QUINTO.- (sic) En virtud de que la presente resolución le es adversa a la parte demandada, con fundamento en lo previsto por el artículo 1084 del Código de Comercio, se condena a la persona moral denominada SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA, al pago de los gastos y costas originados en la presente instancia." 4. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil catorce (fojas 1 a 3 del legajo de pruebas IV), la ahora quejosa presentó ante la autoridad responsable el cheque 13801 por la cantidad de $100,200.00 (cien mil doscientos pesos 00/100 M.N.), a efecto de que fuera puesto a disposición de la parte actora, al cual recayó acuerdo de la misma fecha en que se ordenó dar vista a la parte contraria para que manifestara lo que a su derecho conviniera, la cual desahogó la ahora tercero interesada teniéndose por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que hubiera lugar (fojas 19 y 29 a 31 ídem). 5. El siete de abril de dos mil catorce, la parte actora solicitó que se pusiera a su disposición el cheque consignado por la parte demandada, por lo que mediante proveído de nueve de abril siguiente, se dio vista a la parte demandada (fojas 32 y 33 ídem). 6. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil catorce, la persona moral quejosa desahogó la vista ordenada y manifestó que el cheque consignado perdió su vigencia por lo que solicitó su devolución a efecto de reemplazarlo, lo cual se acordó de conformidad el veintinueve de los mismos mes y año (fojas 36 a 39 ídem). 7. El quince de mayo de dos mil catorce, la demandada nuevamente consignó la cantidad de $100,200.00 (cien mil doscientos pesos 00/100 M.N.), mediante cheque 14045 el cual finalmente fue entregado a la parte actora el diez de julio del año en curso (fojas 42 a 48 y 48 ídem). 8. Por otra parte, en ejecución de sentencia, Dulce Soraya Jiménez Hidalgo, presentó incidente de liquidación de intereses, indemnización por mora, primas no devengadas y daños y perjuicios por el periodo que respecta del nueve de enero de dos mil nueve al ocho de enero de dos mil catorce); el cual se admitió mediante proveído de fecha diez de enero de dos mil catorce y con fecha catorce de febrero siguiente, se dictó la resolución respectiva (fojas 1 a 8 y 57 a 62 del legajo de pruebas III). 9. Inconforme con la determinación anterior, la parte actora promovió juicio de amparo, del cual tocó conocer al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, donde se registró con el número 668/2014 y se concedió el amparo para el efecto de que la responsable dejara sin efectos la resolución reclamada y en su lugar emitiera otra en la que con libertad de jurisdicción se pronunciara respecto a la totalidad de los argumentos planteados en el incidente de liquidación. 10. En cumplimiento a la ejecutoria anterior, el catorce de agosto de dos mil catorce (fojas 67 a 75 del legajo de pruebas III), la autoridad responsable emitió resolución en la que se declaró procedente el incidente de liquidación de intereses moratorios, indemnización por mora, primas devengadas y daños y perjuicios por la cantidad de $1,340.945.60 (un millón trescientos cuarenta mil novecientos cuarenta y cinco pesos 60/100 M.N.). 11. El veintidós de agosto de dos mil catorce, Dulce Soraya Jiménez Hidalgo, presentó incidente de actualización de liquidación de intereses por el periodo del ocho de enero de dos mil catorce al veintidós de agosto de dos mil catorce; el cual se admitió mediante proveído de fecha veintidós de agosto de dos mil catorce y con fecha nueve de septiembre del mismo año, se dictó la resolución respectiva (fojas 1 a 5 y 54 a 62 del legajo de pruebas II). 12. El dos de octubre de dos mil catorce (fojas 65 y 66 ídem), el actuario adscrito al juzgado llevo a cabo la diligencia de requerimiento de pago con la persona moral quejosa, y embargo bienes a efecto de garantizar la condena impuesta. 13. En contra de la resolución y diligencia precisadas en los numerales diez y once, la persona moral demandada en el juicio de origen, promovió juicio de amparo indirecto, del cual tocó conocer a este Juzgado de Distrito, bajo el número 426/2014, y se concedió el amparo para los siguientes efectos : ".a) Se pronuncie respecto a la prueba pericial ofrecida por la ahora quejosa dentro del incidente de liquidación. b) Hecho lo anterior, al emitir la resolución correspondiente calcule la indemnización por mora y los intereses moratorios de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros por el periodo comprendido del nueve de enero al diez de julio de dos mil catorce. c) No aplique la fracción V del artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para calcular la indemnización por mora. d) Ordene el cumplimiento de la resolución que emita, de conformidad con los lineamientos establecidos en el artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, esto es, gire el oficio correspondiente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que ordene el remate de los valores invertidos propiedad de la quejosa, para el caso de que esta no cumpla. e) Levante el embargo decretado el dos de octubre de dos mil catorce, sobre los bienes de la quejosa, al ser consecuencia directa de la resolución reclamada". Dicha sentencia se declaró cumplida mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, y en contra de esa determinación la persona moral quejosa interpuso inconformidad, de la cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el número de expediente 42/2016, misma que a la fecha no se ha resuelto. 14. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el ocho de diciembre de dos mil quince -acto reclamado-, la autoridad responsable emitió nueva resolución en la que se declaró procedente el incidente de actualización de liquidación promovido por la parte actora, únicamente por la cantidad de $11,327.69 (once mil trescientos veintisiete pesos 69/100 M.N.), e improcedente respecto a las cantidades reclamadas por concepto de indemnización por mora y daños y perjuicios. [19] SEXTO. Causales de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizarán las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente . [20] La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de amparo de resolver los conflictos que se les plantean evitando interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, esto es, en caso de duda entre abrir o no el presente juicio en defensa de los derechos humanos que invoca la parte quejosa, por aplicación de los principios pro homine e in dubio pro actione, se debe elegir la respuesta afirmativa. [21] Por tanto, las causales de improcedencia del juicio de amparo deben interpretarse de manera estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano; de ahí que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 61 de la Ley de Amparo, se acogerá únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva, que condiciona la actuación de todos los poderes públicos, incluido este Juzgador . [22] Ese tenor, este Juzgador advierte que en el presente caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, el cual establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en cumplimiento de las ejecutorias emitidas en los juicios de amparo. [23] Lo anterior es así, porque en el caso que nos ocupa los quejosos señalaron como acto reclamado la resolución interlocutoria dictada el ocho de diciembre de dos mil quince, dentro del incidente de actualización de liquidación de intereses del juicio ordinario mercantil 79/2011; con motivo de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada el veintiséis de febrero de dos mil quince, dentro del diverso juicio de amparo 426/2014, del índice de este Órgano Jurisdiccional. [24] La concesión de amparo de referencia tuvo como efecto el que la citada autoridad responsable se pronunciara respecto de la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida al contestarse el incidente del que deriva el acto reclamado; se constriñó a indicar la forma y periodo en que se debían calcularse la indemnización por mora y los intereses moratorios; asimismo, que se inaplicara la fracción V del artículo 135 bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para el cálculo de la indemnización por mora; la forma en que se debía requerir el cumplimiento de la resolución que emitiera a la incidencia planteada, y finalmente, que emitiera una diversa, en la que atendiendo a esos lineamientos fijados, cuantificara los conceptos reclamados en la incidencia planteada. La responsable en cita al emitir la resolución de ocho de diciembre de dos mil quince, que constituye el acto reclamado, declaró procedente el incidente de actualización de liquidación promovido por la parte actora, únicamente por la cantidad de $11,327.69 (once mil trescientos veintisiete pesos 69/100 M.N.), e improcedente respecto a las cantidades reclamadas por concepto de indemnización por mora y daños y perjuicios. [25] Por tanto, al reclamarse a través de este medio extraordinario de defensa, un acto que versa sobre la ejecución de la sentencia dictada en un diverso juicio de amparo, es inconcuso que este deviene improcedente. [26] Sirve de apoyo a la anterior consideración, por su contenido, la Tesis: IV.1o.7 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se puede consultar en la página 503, del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, criterio aplicable al no contravenir con la Ley de Amparo vigente, de conformidad con su transitorio sexto, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.- Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de amparo, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de amparo, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional.". [27] Lo anterior, pone de manifiesto la actualización plena de la causal de improcedencia que se invoca, contemplada en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de la Materia, pues al tenor de lo antes ponderado, es incuestionable que aquí se reclama un acto que fue emitido en cumplimiento a una ejecutoria emitida en un diverso juicio de amparo. [28] Máxime que como se estableció en el numeral 13) del considerando de antecedentes del acto reclamado, el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el expediente 426/2014, se encuentra sub-júdice a lo que se determine en la inconformidad interpuesta en el citado sumario constitucional. [29] Apoya la anterior consideración, por su contenido, la tesis II.2o.C.48 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, consultable en la página: 1235, que a la letra reza: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de amparo, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito". [30] En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia en estudio, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. [31] SÉPTIMO. Protección de datos personales. Las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en la consulta o publicación de la presente sentencia. No obstante que se abstuvieron de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, a efecto de que esté a disposición del público para su consulta una vez que haya causado estado o ejecutoria, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por DULCE SORAYA JIMÉNEZ HIDALGO y SEGUROS INBURSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, GRUPO FINANCIERO INBURSA, respecto de la autoridad y acto precisados en el considerando cuarto, por los motivos expuestos en el diverso sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Ricardo Manuel Martínez Estrada, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Marco Antonio Elizalde Guerrero, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintiuno de julio de dos mil dieciséis, en que se terminó de engrosar la presente sentencia, una vez que lo permitieron las labores de este Juzgado. DOY FE.
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