Dulce Rosenda Bastida Guadarrama
Expediente 1336/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1336/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 13/12/2017
Partes del expediente
- Dulce Rosenda Bastida Guadarrama
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
I. Toluca, Estado de México; trece de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el que devuelve el original del Incidente de Suspensión del juicio de amparo indirecto 1336/2017-I, del índice de este juzgado, y testimonio de la ejecutoria dictada el veinticuatro de noviembre del presente año, en el Incidente en revisión 143/2017; cuyos puntos resolutivos son: "ÚNICO.. SE DECLARA SIN MATERIA el presente recurso de revisión interpuesto por DULCE ROSENDA BASTIDA GUADARRAMA, en contra de la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, emitida en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto número 1336/2017-I". Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°, agréguense a los autos el oficio y testimonio de mérito, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Ahora, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con la finalidad de integrarlas al cuaderno correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta por medio del cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, remite el oficio 32837/2017 del índice estadístico de este Juzgado, dirigido al Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por no tener relación con su expediente. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se agrega a los autos el oficio de cuenta, únicamente, para que obre como corresponde toda vez que el mismo ya fue enviado de manera correcta el diez de noviembre pasado, tal como se advierte en la constancia que obra en autos (foja 102 y 103). Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Toluca, Estado de México; nueve de noviembre de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, a la quejosa Dulce Rosenda Bastida Guadarrama, no recurrió la sentencia de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, por la cual se sobreseyó en este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Por lo tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción II, párrafos primero y segundo del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. Asimismo, el cuaderno el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado; por tanto, se deberá conservar la resolución relativa a su otorgamiento (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero). En el presente asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, hágasele del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, a efecto de que provea lo conducente respecto al recurso de revisión (IRT. 143/2017), interpuesto por la parte quejosa, contra la resolución interlocutoria dictada en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1336/2017-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y turnado en esa misma fecha a este juzgado, DULCE ROSENDA BASTIDA GUADARRAMA, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: Autoridades responsables: -A) ORDENADORA: 1.- C. Presidente/a de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México,. B) EJECUTORA: 1.- C. Actuario/a de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México,... Acto reclamado: A).- De las autoridades responsables ordenadoras. La falta de emplazamiento al expediente laboral J.5/104/2016, y como consecuencia el inconstitucional laudo emitido dentro del expediente en cita, toda vez que se me dejó en estado de indefensión al no haberme notificado el inicio del proceso, no tuve oportunidad de dar contestación a la demanda que se entabló en mi contra, ni mucho menos a ofrecer y desahogar pruebas en el mismo, o alegar antes de haberse emitido el laudo respectivo. B). De la autoridad ejecutora. La ejecución (cumplimiento) que le pretende dar a la resolución emitida dentro del proceso laboral J.5/104/2016." SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte impetrante señaló como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1°,14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de demanda. Mediante auto de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda intentada; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado de las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; asimismo, en el transcurso del procedimiento se emplazó al tercero interesado; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37, 107 de la Ley de Amparo; 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como en el Acuerdo General 12/2016 que reforma y adiciona el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito; toda vez que los actos reclamados se atribuyen a autoridades residentes en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye todo lo actuado en el expediente laboral J.5/104/2016 a partir de las diligencias de emplazamiento a dicha controversia, así como el laudo emitido en dicho expediente, las notificaciones practicadas con motivo de éste y su ejecución. En este sentido, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Previamente al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son los siguientes: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese orden, se precisa que no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así lo precisaron la Presidente y el Actuario ambos adscritos a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Toluca (folio 16 y 17), circunstancia que se corrobora con las actuaciones que la primera de las autoridades mencionadas adjuntó como complemento de su informe justificado (fojas 18 a 61), a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, porque se trata de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de su encargo. Ello es así, porque efectivamente de las constancias que obran en autos únicamente se advierte como precisaron las autoridades responsables la existencia del juicio laboral J.5/104/2016, en el que se emitió el laudo de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, donde las partes son Isidro Lazcano Romero como actor y Miguel Ángel Bastida Soto y/o José Luis Bastida Soto y/o Constructora y Arrendadora MARTEL, sociedad anónima de capital variable como demandados; es decir, no se aprecia que la ahora quejosa forme parte del juicio laboral en comento, ni que tampoco le afecte lo ahí determinado. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a la autoridad en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio constitucional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1336/2017-I, promovido por DULCE ROSENDA BASTIDA GUADARRAMA, por los actos, contra las autoridades y por los motivos expuestos en el considerando ultimo de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de la Secretaria María Isabel López Mondragón, que autoriza y da fe.
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