Dulce Rocío Pichardo Sedeno

Expediente 1236/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1236/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Dulce Rocío Pichardo Sedeno

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que se la misma pueda llevarse a cabo al no encontrarse debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que no se cuentan con las constancias que fueron solicitadas a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Especializada en Violencia Contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, mediante oficio 25660/2023, que contiene el acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, no obstante de estar debidamente notificado para ello y de haberle transcurrido dicho término, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Especializada en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles de todas las actuaciones que integran el expediente********************; así como las diversas constancias que considere necesarias para resolver el asunto puesto a su consideración, donde emane el acto reclamado; toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional de mérito se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye una determinación de mero trámite.

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