Dulce Pérez Baltierra

Expediente 595/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
595/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Dulce Pérez Baltierra
  • Dirección de Administración de personal del Instituto de Servicios Educativos de Pedagógicos SEBS-ISEP

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Juicio de amparo 595/2020-E El catorce de abril de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez, con la certificación que antecede, y con el estado de autos. Conste.

  2. Principal

    Sentencia Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 595/2020, promovido por Dulce Pérez Baltierra, de propio derecho, contra la omisión de la Dirección de Administración de Personal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos SEBS-ISEP, con sede en Mexicali, Baja California; por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 1º, 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, Resultando Primero. Por escrito presentado el cinco de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, Dulce Pérez Baltierra, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la omisión de la Dirección de Administración de Personal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos SEBS-ISEP, con sede en Mexicali, Baja California, que hizo consistir en: "[.] Se reclama la omisión de respuesta, relacionada con la solicitud de fecha 31 de agosto de 2020, formulada por escrito y recibida el mismo día por la responsable [.]." Segundo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, registrándola con el número de expediente 595/2020; mediante auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la misma; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previa suspensión y reanudación del procedimiento debido a la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, Considerando Primero. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XV, segundo párrafo; en razón que del estudio integral de la demanda se advierte que se reclama una omisión de autoridad, por lo que este juzgado de distrito es competente para resolver el asunto por haberlo conocido a prevención. Segundo. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la íntegra lectura de la demanda, se precisa que el reclamo destacado es la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a la petición que le presentó la quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Tercero. Resulta innecesario determinar la existencia de la materia de reproche formulada, en virtud que en el presente asunto se advierte actualizada la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que amerita la improcedencia del juicio, dado que la Dirección de Administración de Personal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos SEBS-ISEP, con sede en Mexicali, Baja California, no es autoridad para efectos de esta vía constitucional. En primer lugar, debe apuntarse que los preceptos citados disponen lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo anterior se advierte que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable atañe a aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el presente asunto, se considera que la materia de reproche se trata de una conducta que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que se reclama de la Dirección de Administración de Personal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos SEBS-ISEP, con sede en Mexicali, Baja California, la omisión de dar respuesta al escrito presentado por la quejosa, a través del cual solicita le sea otorgado un nombramiento definitivo en la plaza de trabajo en la que labora. En efecto, el acto combatido se origina del resultado de una relación existente entre la persona moral oficial, en su carácter de empleadora, y la aquí peticionaria, como empleada (regulada por el derecho administrativo), y toda vez que ambas partes se ubican en un plano de coordinación, cualquier conflicto que derive de esa relación, debe dirimirse ante los tribunales ordinarios correspondientes, no así mediante el juicio de amparo. Lo anterior se considera en ese sentido, ya que a través de esta vía constitucional, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con el carácter de autoridad (con imperio). Ahora, a fin establecer qué debe entenderse como autoridad para efectos del juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció el criterio contenido en la tesis P.XXVII/97, visible en la página 118, febrero de 1997, tomo V, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.". De lo expuesto se concluye que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, se observa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de garantías es una noción autónoma, es decir, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. En ese orden de ideas, concluyó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación; cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. Además, destacó que las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y personas, por actuar los primeros en un plano superior a las segundas en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones, apuntó, se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Asimismo, señaló que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. En cambio, consideró el más alto tribunal del país, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Al efecto, se cita la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1089, septiembre de 2011, tomo XXXIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Por lo anterior, se concluye que el juicio de amparo no es el medio para impugnar el acto que pretende combatir por esta vía la parte quejosa, pues en tal caso, la peticionaria tiene a su alcance la vía procesal ordinaria ante las autoridades competentes para hacerlo valer, en atención al vínculo existente entre ésta y la autoridad señalada como responsable, revistiendo en tales circunstancias actos meramente de particulares, por lo que, en el caso, la autoridad referida como responsable no actúa con potestad de imperio en la conducta que reclama la impetrante. Sirve de apoyo la tesis I.4o.A.126 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 792, junio de 1996, tomo III, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, NO LO ES EL DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y JUSTICIA POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO ACTÚA COMO "PATRÓN". Si el acto reclamado consiste en una controversia de carácter laboral, pues se trata de omisiones atribuibles a las autoridades, únicamente en su calidad de "patrón", es decir, el Estado participa como tal y no como autoridad, pues no tiene las características de la misma, es claro que se trata de un problema entre los trabajadores y el "patrón", el cual es susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente ante la autoridad de esa misma naturaleza, por lo que el amparo interpuesto en contra del director de Asuntos Jurídicos y Justicia Policial en el que se reclama el pago de diversas percepciones a que tienen derecho los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, resulta improcedente." Cabe precisar que si bien los particulares pueden tener el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo, tal como lo establece el numeral 5°, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, ello no implica que la vía constitucional intente sustituir la jurisdicción ordinaria o el agotamiento de los elementos procesales respectivos, pues lo que el legislador expone, es que el reconocimiento de los actos de autoridad dependerá del planteamiento realizado por la quejosa, y la posibilidad de evaluar el acto como lesivo de su esfera de derechos fundamentales; y, por tanto, deberá hacerlos valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. Robustece lo anterior, la tesis I.15o.A.36 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1316, noviembre de 2008, tomo XXVIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES.". Así como la tesis I.6o.T.26 L del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, página 347, abril de 1996, tomo III, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de encabezado: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES.". En las relatadas condiciones, se concluye que la quejosa tiene una relación de coordinación con la autoridad señalada como responsable, dado que en el escrito que fue presentado, le solicitó el otorgamiento de un nombramiento definitivo en la plaza que labora, situación que debe hacerla valer en la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio en términos del normativo 63, fracción V, de la citada legislación. Cuarto. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, fracción II, interpretado a contrario sensu, 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 74, 75, 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo 595/2020, promovido por Dulce Pérez Baltierra, contra la omisión que reclamó de la Dirección de Administración de Personal del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos SEBS-ISEP, con sede en Mexicali, Baja California, precisada en el considerando segundo de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días, legalmente computado, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se le tiene designando como delegados en términos del artículo 9º de la ley de la materia, a quienes refiere, y señalando como domicilio procesal el que indica. De igual forma, ofrece como pruebas de su intención la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, sin perjuicio de ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por otro lado, en relación con el diverso medio de convicción que ofrece la responsable consistente en la confesional expresa y espontánea, dígasele que no ha lugar, virtud que de conformidad con el precepto 119 de la ley aplicable, en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional, a más, que el objeto que persigue con la citada prueba, puede ser analizado desde la perspectiva de la documental. Finalmente, en cuanto a la prueba de hecho notorio que refiere, hágase de su conocimiento que atendiendo al artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimiento Civiles, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados o probados por la partes, empero, tal circunstancia es una facultad exclusiva del juzgador. Notifíquese.

  4. Incidental

    R e s u e l v e Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Dulce Pérez Baltierra, contra la omisión que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerativo tercero de esta resolución. Notifíquese.Así, lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Francisco Caballero Green, Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, asistido de la licenciada Alma Rosa Flores Castañón, secretaria de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. FCG/ARFC/lmh

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