Dulce Patricia Rocha Solano

Expediente 1154/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1154/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Dulce Patricia Rocha Solano

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, con el que devuelve diligenciado el exhorto 327/2023-VI (1523/2023), de este índice. En tales condiciones, se tiene a ************, parte quejosa, notificada del auto de diez de noviembre del año actual, dictado en el presente juicio. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja la comunicación oficial aludida.

  2. Principal

    ista la demanda de amparo promovida por +++ por propio derecho, contra actos de la Juez Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con base en Silao, Guanajuato; fórmese expediente y regístrese con el número 1154/2023-VI. Prevención. Previo a proveer lo conducente sobre la demanda, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el diverso 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, apercibida de las penas en que incurren quienes se conducen con falsedad, en atención a lo dispuesto en la fracción I del artículo 261 de la ley de la materia, por escrito y con copia para cada una de las partes, cumpla con lo siguiente: Primero. Exprese, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que se le notificó la audiencia celebrada el treinta de abril de dos mil diecinueve en la causa penal 1P3719-33, del índice del Juzgado Penal de Oralidad de Silao, Guanajuato, en la cual se le vinculó a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 334/2013 de su índice, cuyo rubro y texto son: DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado.". [Énfasis añadido] Segundo. Exprese bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o sirven de fundamento a sus conceptos de violación. Tercero. Toda vez que la quejosa refiere está cumpliendo con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que le fue impuesta en la causa penal de origen en el Centro Estatal de Reinserción Social de Guanajuato, capital, deberá manifestar si es su deseo o no, señalar como autoridad responsable ejecutora al director de dicho centro penitenciario. Sirve de apoyo la jurisprudencia PC.VI.P. J/2 P (11a.) sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1701, tomo II, diciembre de 2022, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL NO TIENE ESE CARÁCTER CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO, ÚNICAMENTE, EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, PERO NO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA IMPUESTA AL IMPUTADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a soluciones distintas al analizar si el director del Centro de Reinserción Social tiene la calidad de autoridad responsable ejecutora dentro de un juicio de amparo indirecto en el que se señala como acto reclamado el auto de vinculación a proceso -únicamente-, pero no la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado, ya que mientras para uno de ellos sí es autoridad responsable, para los otros dos la ejecución que pudiera atribuírsele al referido director no deriva del acto reclamado destacado como la vinculación a proceso emitida por un Juez de Control, sino de la medida cautelar de prisión.Criterio jurídico: El Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito determina que el director del Centro de Reinserción Social no tiene la calidad de autoridad responsable ejecutora dentro de un juicio de amparo indirecto en el que se señala como acto reclamado, únicamente, el auto de vinculación a proceso, pero no la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al imputado. Justificación: Cuando en el juicio de amparo indirecto se señala como acto reclamado, únicamente, el auto de vinculación a proceso, pero no la medida cautelar de prisión preventiva fijada al imputado, no es ejecutable por el director del Centro de Reinserción Social, pues atendiendo a las funciones que tiene de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, no ejecuta el auto de vinculación en sí mismo, al no tener efecto restrictivo directo en la libertad de la persona, sino que las consecuencias jurídicas que crea motivan que la persona sea sujeta a una medida cautelar, de modo que la prisión preventiva -oficiosa o justificada- constituye la medida restrictiva de la libertad del justiciable, que deberá ejecutar el director del Centro de Reinserción Social correspondiente, incluso al tenor de la fracción IX del artículo 16 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en concordancia con el artículo 313, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que literalmente expresa: "... El Juez de Control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional ...", de ahí que el director del Centro de Reinserción Social no tiene el carácter de autoridad responsable ejecutora en el juicio de amparo indirecto en el que se reclame, únicamente, el auto de vinculación a proceso y no la medida cautelar de prisión preventiva, pues el acto reclamado no será ejecutado por éste, al contemplar sólo efectos declarativos en cuanto a la situación jurídica que guardará el vinculado a proceso, pero no materiales en cuanto a su restricción de libertad, lo que implica que no tenga atribuciones para ejecutar el auto de vinculación a proceso." Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la quejosa el ubicado en el Centro Estatal de Reinserción Social de Guanajuato, capital. Por otro lado, se reconoce a Miguel Ángel Ángel Maldonado como autorizado de la promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema de Registro Único de Profesionales del Derecho de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notificación vía exhorto a la quejosa. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, 298 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, en turno, con residencia en la capital, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione al actuario judicial de su adscripción para que se constituya en el Centro de Reinserción Social de esa ciudad y notifique el presente proveído a la quejosa Dulce Patricia Rocha Solano y le corra traslado con la versión electrónica de esta determinación. Asimismo, deberá requerirla para que en el momento de la diligencia, o bien, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le practique, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Irapuato, Guanajuato, con el apercibimiento de que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por lista que se publica en los estrados de este juzgado. Se habilitan para tal efecto días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia. Se solicita atentamente al Juez de Distrito exhortado que, tan pronto diligencie el exhorto que se le envía, lo devuelva a este juzgado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ( Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES." Transparencia y protección de datos personales. Con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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