Dulce Patricia Arias Baeza
Expediente 1123/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2021
Partes del expediente
- Dulce Patricia Arias Baeza
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circulares SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021. Finalmente, a través de las Circulares SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante, se hace de su conocimiento que deberá atender a los lineamientos referidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal a recoger el documento original que exhibió. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Covid-19. La pandemia derivada del virus SARS-CoV2, que ocasiona la enfermedad denominada Covid-19, continúa activa y en aumento. Consejo de la Judicatura Federal. El CJF ha emitido diversos Acuerdos mediante los cuales ha adoptado medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general; procurado, en la medida de lo posible, que los órganos jurisdiccionales continúen prestando el servicio público de impartición de justicia en modalidades de trabajo a distancia, en línea, con guardias y con jornadas de trabajo restringidas en horario y personal. Acuerdo General 13/2020 del CJF. En el Acuerdo General 13/2020, el Pleno del CJF adoptó un esquema de trabajo y medidas de contingencia, en el que sólo se recibían, tramitaban y resolvían asuntos urgentes y en línea; asimismo, se resolvían aquellos asuntos tramitados en físico que ya estuviesen radicados y sólo faltase dictar la sentencia; quedando suspendidos los plazos y términos para los casos restantes. Acuerdo General 21/2020 del CJF. En el Acuerdo General 21/2020 el Pleno del CJF dispuso la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV2; con efectos a partir del tres de agosto de dos mil veinte. Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 del CJF. A través de los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, respectivamente, el Pleno del CJF amplió en dos ocasiones la temporalidad del 21/2020, quedando vigente la reanudación de los plazos y el esquema de trabajo escalonado con horario y personal reducidos hasta el veintiocho de febrero de dos mil veintiuno. Circular CAP/3/2020. A través de la Circular CAP/3/2020, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó medidas especiales vigentes del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; en particular, el regreso al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; es decir, sólo para atender los casos urgentes, en línea y físicos listos para fallar y se volvieron a suspender los plazos para el resto de casos. Circulares SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021. Finalmente, a través de las Circulares SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, se informó que la Comisión Especial del CJF aprobó nuevas medidas en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, considerando la incidencia de contagios por la emergencia sanitaria. En particular, se dispuso: a. Que las medidas estarían vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno; b. Que en la Ciudad de México (Primer Circuito), el Estado de México (Segundo Circuito), Morelos (Decimoctavo Circuito), Guanajuato (Decimosexto Circuito) y Baja California (Decimoquinto Circuito), continúa el esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020; y, c. Que en el resto de los Circuitos Judiciales (entre ellos el Sexto: Puebla), el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales sería el Acuerdo General 21/2020; esto es, el relativo que reanuda plazos y dispone el regreso escalonado en los órganos. Reanudación. En consecuencia, procede la reanudación del presente asunto, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del CJF, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, la Circular SECNO/1/2021, que establece las medidas vigentes del doce al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. En esa medida, se reanuda el procedimiento de este juicio de amparo indirecto. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). Toda vez que en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlo, previa copia certificada que de éste se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. No obstante, se hace de su conocimiento que deberá atender a los lineamientos referidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal a recoger el documento original que exhibió. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÌDO DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Desechamiento: Vista la demanda de amparo promovida por Dulce Patricia Arias Baeza, por propio derecho, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1123/2020-IV. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En esas condiciones, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva de que a la Comisión Federal de Electricidad no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del presente juicio constitucional. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, es menester analizar el contenido de los dos últimos preceptos legales invocados, que establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación conjunta de los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En ese tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, la nota distintiva de ellas radica en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Bajo esa óptica, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Comisión Federal de Electricidad, en esencia, la cancelación del contrato *** celebrado el veintiocho de septiembre del año en curso, relativo al suministro de energía eléctrica para el local comercial ***, con giro comercial de restaurante bar o similares; no obstante, tal acto no es de autoridad para efectos del juicio de amparo. Tal conclusión deriva de que ha sido criterio reiterado de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclaman actos derivados del contrato de suministro eléctrico, tales como la suspensión o el corte del servicio de suministro de energía eléctrica, o bien la cancelación del mismo. Lo anterior, ya que tal persona jurídica al prestar el servicio de energía eléctrica no lo hace en un plano de supra a subordinación, pues el contrato de adhesión que se firma no somete en forma arbitraria o unilateral la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa formándose así una relación comercial entre las partes. Esto es, la relación entre la empresa productiva del estado y el particular es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones de forma recíproca; en consecuencia, se recurre a formas del derecho privado para regular la relación entre el proveedor y el usuario, por ello la relación jurídica entre las partes no corresponde al de una autoridad con un gobernado sino a una relación de coordinación entre la Comisión Federal de Electricidad y la persona a quien se le proporciona el servicio. Además, el hecho de no llevar a cabo la conexión del servicio eléctrico que se contrató no provoca que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, pues únicamente implica que el proveedor no preste el servicio que se contrató, como parte de su derecho de retención de la obligación que se produce derivado de cualquier relación contractual ante el incumplimiento de lo pactado, tal cual sucede el ámbito del derecho privado, por lo que no se trata de un procedimiento de ejecución en el que coactivamente se busque cobrar el adeudo. En consecuencia, dado que la Comisión Federal de Electricidad no ejerce una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal forma que actualicen una relación de supra a subordinación frente a un particular, el Máximo Tribunal del País estimó que los actos derivados del contrato de suministro de energía emitidos por tal ente no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Las consideraciones anteriores se recabaron en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone lo siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 532, libro 53, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de 2018) En otro sentido, es pertinente puntualizar que este juzgado federal no desconoce que en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) antes transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no se debe descartar la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes. Puntualizó que ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio contenido en la propia jurisprudencia. Ejemplificativamente, expuso algunas de las eventualidades que podrían presentarse, las cuales consisten en: 1. La negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien; 2. En situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Sin embargo, la cancelación del contrato *** celebrado el veintiocho de septiembre del año en curso, relativo al suministro de energía eléctrica para el local comercial ***, no pondría en riesgo la vida, la salud o la seguridad de personas que se encuentren en una situación vulnerable, dado que ese sitio tiene una vocación comercial, pues el contrato de arrendamiento que la parte quejosa adjuntó a su demanda revela que sería destinado para restaurante bar o similares. Finalmente, no se desconoce que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sin embargo, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha definido que es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la CFE cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, como en este caso acontece, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, tal como enseguida se advierte: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s): Se tiene como autorizado(s) en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a la(s) persona(s) que señala y que tenga(n) debidamente registrada(s) su(s) cédula(s) profesional(es) en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009, con excepción de la documentación o información reservada o confidencial, en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a lo dispuesto en los artículos 3, 11, fracción VI, 110, fracción XI y 113, fracciones I y III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 6, y 8, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 4 de mayo de 2015, respectivamente. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Colegiado resuelve recurso de revisión, revoca y sobresee. Visto el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, a través del cual remite el expediente original del presente juicio de amparo 61/2019-III con dos tomos de pruebas, el incidente de suspensión deducido de éste, así como el testimonio de la resolución pronunciada el doce de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de revisión R-262/2019 de su índice, de cuyo contenido se advierte: "PRIMERO. En lo que fue materia de este recurso, se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Paul Mendieta Cordero, en contra de los que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Puebla (Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad); Congreso del Estado de Puebla (Poder Legislativo del Estado de Puebla); Juez Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla; Dirección de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; y, Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla; los cuales quedaron transcritos en el resultando primero de esta ejecutoria. TERCERO.- Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva, promovido por el tercero interesado Alejandro Javier Hauser Canales. CUARTO.- Se declara innecesario el análisis y pronunciamiento del incidente de falsedad de firmas -respecto de las que calzan el escrito de agravios de la revisión adhesiva- promovido por Paúl Mendieta Cordero." Acúsese de recibo del expediente original del juicio de amparo 61/2019-III con dos tomos de pruebas, el incidente de suspensión deducido de éste, así como el testimonio de la resolución pronunciada el doce de noviembre de dos mil veinte, en el recurso de revisión R-262/2019 de su índice. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, respecto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos originales a la superioridad, tanto del juicio de amparo principal así como del incidente de suspensión, se determina que únicamente se glosen las actuaciones originales a sus respectivos cuadernos de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del presente año, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una resolución que determinó revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes de juicio de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y se concedió la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, de la sentencia dictada en autos y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa o tercera interesada no es necesario requerirlos para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, se indica a las partes que en caso de que requieran la devolución de algunos de los documentos que en copia simple y certificada anexaron al presente juicio de amparo, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Destino póliza. En atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra la póliza *** expedida por ****, que ampara la cantidad de *** exhibida por la parte tercera interesada ****por conducto de su autorizado en términos amplios *** en consecuencia, requiérase a la parte tercera interesada para que, en atención al sentido de la ejecutoria de amparo que obra agregada en autos, comparezca ante este órgano jurisdiccional para la devolución de la referida póliza, lo que deberá realizar dentro de los ciento ochenta días siguientes a que fenezca el referido plazo, conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -ciento ochenta días- se cancelará la garantía exhibida, con fundamento en el artículo citado. Para lo anterior, se hace de su conocimiento que deberá atender a los lineamientos referidos en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, entre los cuales se destaca el generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea. Destino billete de depósito. Por otra parte, en atención a que en la caja de valores de este juzgado federal, se encuentra el billete de depósito número N 652391, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de**** exhibido por la parte quejosa para reparar el daño e indemnizar el perjuicio que, en su caso, se cause a terceros; en consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que una vez que transcurra el plazo de seis meses que prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que se haya promovido el incidente que hace referencia el citado arábigo, previa vista que se le dé a las partes, comparezca ante este órgano jurisdiccional para la devolución del referido billete de depósito, lo que deberá realizar dentro de los dos años siguientes a que fenezca el referido plazo, conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho plazo -dos años- se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, con fundamento en el artículo citado. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvanse al Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas en dos tomos del expediente 1082/2018 de su índice, y al Congreso del Estado de Puebla, las copias certificadas del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla en un tomo, las cuales remitieron al presente juicio de amparo, sin que sea necesario acusar recibo, por no tratarse de actuaciones originales, aunado a que el oficio con la razón de entrega servirá como acuse. Notifíquese, y personalmente a las partes.
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