Dulce Monserrat Lopez Velasco

Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 26 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
379/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Dulce Monserrat Lopez Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Incidental

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó la suspensión provisional y la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, este expediente es destruible, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA II "... ".VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 379/2021, promovido por DULCE MONSERRAT LÓPEZ VELASCO; y, (...) C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclaman actos de autoridades administrativas en un procedimiento seguido en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: Del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: la aprobación de la terna de aspirantes para la designación del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: la elección, nombramiento y toma de protesta de su Secretario Técnico; y, Del Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: los actos de cumplimiento de la elección, nombramiento y toma de protesta del secretario técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (aprobación de terna), y remitió copia certificada del acta de la tercera sesión extraordinaria del Comité, de cinco de abril de dos mil veintiuno, a la cual se le concede pleno valor probatorio, por tratarse de documento público, conforme a los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo. Por su parte, las autoridades responsables, Presidente y Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, negaron los actos reclamados, y remitieron las constancias que estimaron conducentes del procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité, que al tratarse de documentos públicos, conforme a los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, tienen pleno valor probatorio y de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados relativos al procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; en consecuencia, se desvirtúa la negativa de los actos por dichas autoridades. Cuarto. Improcedencia del Amparo. De conformidad con lo previsto en el numeral 62, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio ocuparse de las causas de improcedencia que hicieren valer las partes o de las que se adviertan de oficio, en atención al orden público que les asiste, como plantean las autoridades responsables. Acorde con esa directriz, en la especie ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, con base en el numeral 61, fracción XII, en relación a 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De las disposiciones insertas resulta, en lo de interés, que por regla general, el juicio de amparo puede promoverse por la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de modo que a diferencia de un simple interés, el interés legítimo debe evidenciar que en caso de concederse el amparo, resulte un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. ... En la especie, la quejosa, ejerce la acción de amparo alegando interés legítimo derivado de la igualdad de oportunidades en acciones afirmativas o positivas, del principio de paridad de género previsto en el artículo 100 de la Constitución Política de Oaxaca, y la alternancia que debe haber en los espacios del ejercicio del poder público entre géneros, de donde deriva que la convocatoria para la elección del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, debió ser exclusivamente para mujeres, no mixta, como se emitió. Ahora, el artículo 102 de Constitución Política del Estado de Oaxaca, que establece las bases del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, como instancia de coordinación entre las autoridades para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, distingue 2 órganos de integración: a)-El Comité de Coordinación, formado por los titulares de diversas áreas de gobierno, un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Consejo de Participación Ciudadana; y b) El Consejo de Participación Ciudadana, integrado de forma paritaria por cinco ciudadanas o ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Correlativamente, el diverso artículo 100 de la misma Constitución Estatal, en lo conducente, dispone que de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, se designará un representante que deberá integrarse y formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, respetando el principio de paridad de género y alternancia. Sin embargo, en el caso de la convocatoria y proceso de designación que se reclama en el amparo, no se trata de los servidores públicos que integran el Comité de Coordinación, ni de los ciudadanos que integran el Consejo de Participación Ciudadana, como órganos del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, sino del SECRETARIO TÉCNICO de dicho Comité de Coordinación que conforme a los numerales 2, fracción V, 3 , fracciones VII y IX, de la Ley reglamentaria estatal, es un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, con funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva. Al respecto, los artículos 33, 34 y 29 , de la citada Ley prevé la formulación de la terna para la designación del Secretario Técnico y los requisitos que deben cubrir los aspirantes, que finalmente designa el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. En ese contexto normativo, no se advierte que la quejosa justifique en el amparo un interés jurídico, ni acredite el interés legítimo que aduce, ya que se trata del nombramiento del SECRETARIO TÉCNICO, un servidor público al régimen interno del sistema estatal de combate a la corrupción, no de la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en los que sí existe una directriz de paridad de género, o del representante del Consejo de la Judicatura en el Comité de Coordinación que igualmente debe designarse acorde con el principio de paridad de género y alternancia. Más aún, tampoco existe evidencia que la quejosa hubiere participado como aspirante en el procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de manera que estuviera en condición diferenciada y calificada susceptible de que con una eventual resolución de amparo, obtenga algún beneficio jurídico o de alguna índole. De lo anterior, conduce a estimar que la peticionaria de amparo no acreditó el interés legítimo contra los actos reclamados del procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité de Coordinación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, como lo exige el numeral 61, fracción XII, en relación a 5º, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, el juicio de amparo es improcedente y por ello, conforme al numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se SOBRESEE en la instancia constitucional. Quinto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ... contra los actos de las autoridades que reclamó, del procedimiento de designación de Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    MESA II "... ".VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 379/2021, promovido por DULCE MONSERRAT LÓPEZ VELASCO; y, (...) C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se reclaman actos de autoridades administrativas en un procedimiento seguido en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este órgano federal. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse que de la lectura integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: Del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: la aprobación de la terna de aspirantes para la designación del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Al Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: la elección, nombramiento y toma de protesta de su Secretario Técnico; y, Del Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción: los actos de cumplimiento de la elección, nombramiento y toma de protesta del secretario técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado (aprobación de terna), y remitió copia certificada del acta de la tercera sesión extraordinaria del Comité, de cinco de abril de dos mil veintiuno, a la cual se le concede pleno valor probatorio, por tratarse de documento público, conforme a los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo. Por su parte, las autoridades responsables, Presidente y Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, negaron los actos reclamados, y remitieron las constancias que estimaron conducentes del procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité, que al tratarse de documentos públicos, conforme a los numerales 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, tienen pleno valor probatorio y de las cuales se advierte la existencia de los actos reclamados relativos al procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción; en consecuencia, se desvirtúa la negativa de los actos por dichas autoridades. Cuarto. Improcedencia del Amparo. De conformidad con lo previsto en el numeral 62, de la Ley de Amparo, resulta obligatorio ocuparse de las causas de improcedencia que hicieren valer las partes o de las que se adviertan de oficio, en atención al orden público que les asiste, como plantean las autoridades responsables. Acorde con esa directriz, en la especie ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO, con base en el numeral 61, fracción XII, en relación a 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De las disposiciones insertas resulta, en lo de interés, que por regla general, el juicio de amparo puede promoverse por la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados, violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de modo que a diferencia de un simple interés, el interés legítimo debe evidenciar que en caso de concederse el amparo, resulte un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. ... En la especie, la quejosa, ejerce la acción de amparo alegando interés legítimo derivado de la igualdad de oportunidades en acciones afirmativas o positivas, del principio de paridad de género previsto en el artículo 100 de la Constitución Política de Oaxaca, y la alternancia que debe haber en los espacios del ejercicio del poder público entre géneros, de donde deriva que la convocatoria para la elección del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, debió ser exclusivamente para mujeres, no mixta, como se emitió. Ahora, el artículo 102 de Constitución Política del Estado de Oaxaca, que establece las bases del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, como instancia de coordinación entre las autoridades para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, distingue 2 órganos de integración: a)-El Comité de Coordinación, formado por los titulares de diversas áreas de gobierno, un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Consejo de Participación Ciudadana; y b) El Consejo de Participación Ciudadana, integrado de forma paritaria por cinco ciudadanas o ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Correlativamente, el diverso artículo 100 de la misma Constitución Estatal, en lo conducente, dispone que de los cinco integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado, se designará un representante que deberá integrarse y formar parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, respetando el principio de paridad de género y alternancia. Sin embargo, en el caso de la convocatoria y proceso de designación que se reclama en el amparo, no se trata de los servidores públicos que integran el Comité de Coordinación, ni de los ciudadanos que integran el Consejo de Participación Ciudadana, como órganos del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, sino del SECRETARIO TÉCNICO de dicho Comité de Coordinación que conforme a los numerales 2, fracción V, 3 , fracciones VII y IX, de la Ley reglamentaria estatal, es un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, con funciones de dirección de la Secretaría Ejecutiva. Al respecto, los artículos 33, 34 y 29 , de la citada Ley prevé la formulación de la terna para la designación del Secretario Técnico y los requisitos que deben cubrir los aspirantes, que finalmente designa el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva. En ese contexto normativo, no se advierte que la quejosa justifique en el amparo un interés jurídico, ni acredite el interés legítimo que aduce, ya que se trata del nombramiento del SECRETARIO TÉCNICO, un servidor público al régimen interno del sistema estatal de combate a la corrupción, no de la designación de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana en los que sí existe una directriz de paridad de género, o del representante del Consejo de la Judicatura en el Comité de Coordinación que igualmente debe designarse acorde con el principio de paridad de género y alternancia. Más aún, tampoco existe evidencia que la quejosa hubiere participado como aspirante en el procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, de manera que estuviera en condición diferenciada y calificada susceptible de que con una eventual resolución de amparo, obtenga algún beneficio jurídico o de alguna índole. De lo anterior, conduce a estimar que la peticionaria de amparo no acreditó el interés legítimo contra los actos reclamados del procedimiento de designación del Secretario Técnico del Comité de Coordinación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, como lo exige el numeral 61, fracción XII, en relación a 5º, fracción I, de la Ley de Amparo; en consecuencia, el juicio de amparo es improcedente y por ello, conforme al numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se SOBRESEE en la instancia constitucional. Quinto. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y fundado; se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ... contra los actos de las autoridades que reclamó, del procedimiento de designación de Secretario Técnico del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. LA PRESENTE SENTENCIA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO

Quedan 22 actuaciones en este expediente

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