Dulce María Torres Quiroz
Expediente 337/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 28 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 337/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Dulce María Torres Quiroz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de julio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de diecisiete de junio de este año, sin que la parte quejosa lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación invocada, se declara que el auto por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, ha causado estado. DESTINO DEL EXPEDIENTE. Toda vez que no existe actuación alguna por realizar o promoción pendiente por acordar, además de que el expediente electrónico coincide fiel e íntegramente con el expediente físico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido el presente juicio. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20 fracción II, inciso a) y 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el punto 7.5.2 del Manual para Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente, así como el duplicado del incidente de suspensión derivado del mismo, son destruibles. DESTINO DEL CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE. De conformidad con el numeral 18, fracción I, inciso a), del referido acuerdo, se hace constar que dicha pieza de autos es susceptible de depuración, al haberse concedido de manera definitiva la medida cautelar solicitada....M-VIII
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de julio de dos mil veintidós. SE DECLARA SIN MATERIA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra señalada para esta fecha la celebración de la audiencia incidental; sin embargo, mediante proveído dictado este mismo día, causó estado el auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el expediente principal del que deriva este expediente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el presente incidente, y se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia incidental. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada XVIII.2o.14 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, publicada en el Tomo XXV, Mayo de 2007, página 2100, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: "INCIDENTE EN REVISIÓN. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA SI SE RESOLVIÓ LA REVISIÓN INTERPUESTA CONTRA LO RESUELTO EN EL PRINCIPAL. De la lectura armónica y sistemática del libro primero, título segundo, capítulo III, de la Ley de Amparo, particularmente del párrafo final del artículo 124 y del diverso numeral 141 de la propia ley se concluye que los efectos de la suspensión definitiva subsisten y se prolongan hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que resuelve en definitiva el juicio principal del que deriva el propio incidente. De esta forma, si se resuelve la revisión interpuesta contra lo resuelto en el principal, debe declararse sin materia el incidente de suspensión en revisión, toda vez que al concluir el juicio, la medida cautelar deja de tener razón de ser, pues su finalidad es conservar la materia del amparo hasta la terminación de aquél y, en ese caso, de conformidad con el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud del párrafo segundo de su artículo 2o., la sentencia de segunda instancia causa estado por ministerio de ley."...M-VIII
- Incidental
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de junio de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que aún no obra agregado el informe previo de las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud Federal y Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, ni las constancias de acuse de recibo de los oficios en que se solicitó dicho informe a las autoridades en cita. En consecuencia, procede diferir la audiencia incidental señalada para hoy, y se fijan las diez horas con cuarenta y seis minutos del catorce de julio de dos mil veintidós para su celebración.VIII
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecisiete de junio de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el presente juicio fue instado por Dulce María Torres Quiroz, en su carácter de madre del menor de iniciales A.R.T., en contra del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud Federal, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), Secretario de Servicios de Salud del Estado de Hidalgo, Delegada de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Hidalgo, Coordinador en el Estado de Hidalgo del Operativo Correcaminos, dependiente de la Delegación de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Hidalgo y Gobernador Constitucional del estado de Hidalgo, de quienes reclamó: La negativa de aplicar a la citada menor la vacuna contra el virus denominado coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SARSCoV- 2), causante de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), así como todos los efectos y consecuencias. Sin embargo, es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, promovido a favor del quejoso menor de iniciales A.R.T., toda vez que ha sobrevenido la actualización de un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento parcial fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, esta causal se actualiza en dos supuestos: a) Por revocación: cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, b) Por sustitución procesal: cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Resulta ilustrativa, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, contenida en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2546, registro digital 2013461; que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38; que se inserta a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Una vez definido el marco legal, es oportuno invocar como un hecho notorio la consulta realizada a la página oficial de la Secretaria de Salud https://www.gob.mx/salud se advierte que con esta data se abrió el registro para la vacunación universal contra COVID-19 de niños y niñas de cinco a once años de edad, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: En ese mismo sitio electrónico, puede leerse: "A partir del 16 de junio, se abre el registro en mivacuna.salud.gob.mx para que todas las niñas y los niños de cinco a 11 años reciban el biológico contra COVID-19, anunció el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, en El Pulso de la Salud, durante la conferencia de prensa matutina que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Precisó que se firmó un contrato con la farmacéutica Pfizer- BioNTech por ocho millones de dosis para inmunizar a este segmento poblacional. El proceso será escalonado en los municipios del país y podrán acudir a las instalaciones convencionales de salud, unidades temporales conocidas como macrocentros y otras áreas especiales. El principio activo del biológico para niñas y niños es idéntico al de la vacuna de adultos, con menor concentración porque está adaptada a este sector. El esquema es de dos dosis con intervalo desde 21 días y hasta mes y medio para conferir protección contra COVID-19, similar a la de personas adultas, conforme a los ensayos clínicos. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud recomendó a madres, padres y personas cuidadoras estar pendientes de las fechas de aplicación de la vacuna contra COVID-19 para niñas y niños de cinco a 11 años y aclaró que continúa la inmunización de adolescentes a partir de los 12 años." Asimismo, en esta misma fecha se accedió al sitio en internet con dirección electrónica: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en el que se observa que se encuentra habilitado el sistema para que las personas a partir de cinco años puedan registrarse para recibir la vacuna contra el COVID 19, ingresando la Clave Única de Registro de Población; una vez finalizada la inscripción se proporcionará la fecha y el lugar donde se aplicará el biológico. Tal información constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en razón de que el primer numeral dispone que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes; el segundo de los preceptos establece que, para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia; finalmente, el tercero reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Ahora, el sitio en internet de la Secretaría de Salud del Ejecutivo Federal se trata de una página electrónica oficial a través de la que dicho órgano de gobierno pone a disposición del público información relacionada con la materia sanitaria; por ello, se asegura, que se trata de información que sirve como hecho notorio para este Juzgado Federal. Sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.2o. J/24 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2470, registro digital 168124; que establece: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR. Los datos que aparecen en las páginas electrónicas oficiales que los órganos de gobierno utilizan para poner a disposición del público, entre otros servicios, la descripción de sus plazas, el directorio de sus empleados o el estado que guardan sus expedientes, constituyen un hecho notorio que puede invocarse por los tribunales, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; porque la información generada o comunicada por esa vía forma parte del sistema mundial de diseminación y obtención de datos denominada "internet", del cual puede obtenerse, por ejemplo, el nombre de un servidor público, el organigrama de una institución, así como el sentido de sus resoluciones; de ahí que sea válido que los órganos jurisdiccionales invoquen de oficio lo publicado en ese medio para resolver un asunto en particular." Bajo esa tesitura, si se toma en consideración que el quejoso directo de iniciales A.R.T., a la presente fecha, cuenta con una edad de diez años, once meses y diecisiete días (de acuerdo con lo manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo promovida por Dulce María Torres Quiroz madre del menor, y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquél), es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye la materia del acto reclamado en la demanda que se provee. En esa virtud, se estima que la negativa de aplicar la vacuna contra el citado virus y las consecuencias de ello han cesado en sus efectos, puesto que el quejoso directo de iniciales A.R.T., a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, estuvo en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de cinco a once años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID- 19, y dotarlo de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa quejosa menor de edad. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Dulce María Torres Quiroz, en su carácter de madre del menor de iniciales A.R.T. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las diez horas con cincuenta y un minutos del veinte de julio de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia constitucional....M-VIII
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