Dulce María Romero Aquino
Expediente 238/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 238/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dulce María Romero Aquino
- Foro Metropolitano de Abogados Región Orizaba, Asociación Civil
- Fidel Ángel Pérez Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 10342/2020 de trece de abril del año en curso, con el cual se le hizo de su conocimiento la sentencia emitida en esa misma data. Por otra parte, vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el nueve de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley Invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 10342/2020 de trece de abril del año en curso, con el cual se le hizo de su conocimiento la sentencia emitida en esa misma data. Por otra parte, vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia mediante la cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, dictada el nueve de abril del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley Invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que todas las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas de la resolución referida; en razón de que las mismas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), pues en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO Y LA SENTENCIA QUE DICEN Córdoba, Veracruz, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero; en atención a su contenido y a la certificación que antecede, se advierte que se dictó sentencia el nueve de abril de dos mil veintiuno, en los autos del cuaderno auxiliar 66/2021, de su orden cronológico, formado con motivo del presente juicio de amparo 238/2020. En consecuencia, imprímase y agréguese dicha sentencia al oficio de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); y notifíquese a las partes dicha resolución; acúsese el recibo correspondiente. QUINTO. Inexistencia del acto reclamado. La Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ambos con sede en la Ciudad de México, al rendir sus informes justificados negaron los actos atribuidos. Ahora bien, dicha negativa correspondía desvirtuarla a la parte quejosa, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso, se arroja la carga respectiva a los agraviados, en términos del arábigo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley, cuyo texto previene que la parte actora debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos, no así la negativa de hechos porque evidentemente no existe materia que probar. Por ende, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el precepto 63, fracción IV, de la ley de la materia, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. SEXTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz; pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por tanto, se tiene plenamente probada su existencia. SÉPTIMO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, deviene fundada la causa de improcedencia que hace valer la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, al sostener que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; En efecto, el numeral dispone Del análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos en mención, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. A fin de poner de manifiesto la actualización de la causa de improcedencia de mérito, como ya se precisó en la cuarta consideración de este fallo, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz para establecer los accesos por vía electrónica y/o implementar el ingreso de personal de litigantes y abogados para el acceso a la administración de justicia. Así, debe decirse que se otorga pleno valor probatorio a las constancias que en copias certificadas adjuntó a su informe justificado la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, consistentes en las circulares 6, 7, 8 y 11, emitidas por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz; lo anterior, de conformidad con lo señalado en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por esa razón, toda vez que aunque la presentación de la demanda de amparo fue el seis de mayo de dos mil veinte y la circular No. 19 se emitió el once de septiembre del año próximo pasado, lo cierto es que a la data de la presente resolución es inconcuso que cesaron los efectos de la omisión reclamada y, en consecuencia, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación hechos valer en relación con dicho acto; cesación de efectos que se surte en el caso concreto, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la instancia constitucional dejó de causar perjuicio en la esfera jurídica de la parte solicitante de amparo. Consecuentemente, como ya se dijo no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad que reviste el acto controvertido de la autoridad responsable, pues ya no existiría derecho fundamental que reparar porque la omisión reclamada dejó de existir; razón por la que, con apoyo en lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado consistente en la omisión por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz para establecer los accesos por vía electrónica y/o implementar el ingreso de personal de litigantes y abogados para el acceso a la administración de justicia. Por ende, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, en su fracción XXI, procede sobreseer en el juicio, respecto al acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley invocada. Cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal que contempla los principios de interpretación conforme a los derechos humanos y pro persona, al disponer lo siguiente El principio de interpretación conforme a los derechos fundamentales, exige del órgano jurisdiccional optar por aquella interpretación de la ley aplicable que derive un resultado que sea acorde a los mismos, en caso de que la norma secundaria sea oscura y admita dos o más entendimientos posibles, buscando siempre la protección más amplia de los gobernados. Así, según dicho criterio interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. Sin embargo, en el caso, es innecesario realizar la interpretación que impone el numeral constitucional, pues las normas citadas son claras y congruentes con el orden jurídico nacional y supranacional, resultando evidente la actualización de la causal de improcedencia; aunado a que, desde la perspectiva del principio pro homine, no podría flexibilizarse el análisis de la causa de improcedencia que, en este asunto, se actualiza, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tal aspecto, por sí mismo, es insuficiente para declarar procedente lo improcedente. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por. por propio derecho, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, atento a las razones expresadas en los considerandos quinto y séptimo de la misma.
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