Dulce Maria Porcayo Cristino

Expediente 1055/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1055/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Dulce Maria Porcayo Cristino

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1055/2019-VI, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Por otra parte, toda vez que el Juez Sexto Civil de primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al VI; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1055/2019-VI-B, promovido por DULCE MARÍA PORCAYO CRISTINO, en representación de su menor hijo Emiliano Cuitláhuac Porcayo Cristino; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, DULCE MARÍA PORCAYO CRISTINO, en representación de su menor hijo Emiliano Cuitláhuac Porcayo Cristino, solicitó el amparo de la Justicia Federal contra actos de la Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por acuerdo de siete de agosto del año en curso (fojas 112 a 115), este órgano jurisdiccional asumió el conocimiento del presente juicio de amparo; lo anterior, atendiendo a que en auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, declaró no ser competente para conocer de la demanda de amparo por que este órgano jurisdiccional tuvo conocimiento previo de este asunto, motivo por el cual no se solicitó los informes justificados ya que obraban en autos, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, atento a los conceptos de violación formulados, así como a las constancias que integran este asunto, privilegiando la tutela de derechos humanos formulados por la parte impetrante, accediendo al acto de autoridad que efectivamente le agravia y no a lo que aparentemente le duele, se concluye que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, de continuar con el trámite del juicio de origen al no enviar oficio recordatorio al Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como lo solicitó mediante escrito presentado por la parte quejosa el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. La omisión de la Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República en designar perito en materia de química genética de ácido desoxirribonucleico (ADN) en el juicio de origen. La omisión de la Juez Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en diligenciar el exhorto remitido a efecto de que se diligenciara el oficio dirigido a la Procuraduría General de la República a través de la Coordinación General de Servicios Periciales, para que designara perito en materia de química genética del ADN en el expediente 424/2012 del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. TERCERO. Inexistencia de los actos. No son ciertos los actos reclamados al Juez Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y a la Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República, como lo indicaron al momento de rendir sus respectivos informes justificados (fojas 48 a 52 y 49 a 58). Lo anterior, porque si bien la parte quejosa se duele esencialmente de que la primera de las citadas autoridades responsables, no diligenciara el exhorto, en el que se solicita a la segunda de ellas para que designara perito en materia de química genética del ADN en el expediente 424/2012, lo cierto es que como se desprende de autos, la aludida comunicación oficial fue devuelta sin diligenciar toda vez que la Actuaria adscrita al Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en razón actuarial de once de febrero de dos mil diecinueve (foja 483), se encontró imposibilitada a dar cumplimiento a lo solicitado, por no localizar el inmueble que se le refirió. En ese sentido, se advierte que al no ser diligenciado el exhorto de mérito, no se le pudo requerir a la Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República que designara perito en materia de química genética de ácido desoxirribonucleico (ADN) en el juicio de origen. En esas condiciones, los actos atribuidos a las citadas autoridades responsables, son inexistente; lo anterior, atendiendo a que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en aplicación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el quince de abril de dos mil diecinueve, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de la Octava Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Consecuentemente, al no demostrarse la existencia de los actos reclamados precisados en este considerando, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado; sin soslayar, que únicamente la Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, lo aceptó al momento de rendir su informe justificado (fojas 36 y 37). Al respecto, la citada autoridad responsable exhibió copia certificada de constancias que integran el juicio 424/2012, de las que se advierte la existencia del acto reclamado (fojas 487 y 492 del Anexo II); documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Causales de improcedencia. Al ser las causales de improcedencia de estudio preferente por disposición del artículo 62 de la Ley de Amparo se procede a estudiar lo que invoca la autoridad responsable. En ese sentido, este juzgador advierte que los efectos de la negativa combatida cesaron al haberse emitido el auto de trece de mayo del año en curso (foja 492 del Anexo II), en el expediente 424/2012, toda vez que la autoridad responsable acordó la promoción de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (foja 487 y 488 del Anexo II), al haber regresado el aludido expediente del Archivo General de ese Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos e informando que la comunicación oficial enviada a efecto de que se diligenciara el oficio dirigido a la Procuraduría General de la República a través de la Coordinación General de Servicios Periciales, para que designara perito en materia de química genética del ADN, fue devuelto sin diligenciar y otorgó el plazo de tres días para que la aquí parte quejosa indicara lo que a su derecho convenga; por lo que se considera que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, se actualiza dicha causal porque la negativa combatida por la parte quejosa ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la autoridad responsable. Bajo ese tenor, del escrito de demanda se advierte como acto reclamado la omisión de la Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, de continuar con el trámite del juicio de origen al no enviar oficio recordatorio como lo solicitó la parte quejosa, al Juzgado Trigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ello, para verificar el estado procesal que guardaba el exhorto girado a efecto de que se diligenciara el oficio dirigido a la Procuraduría Generla de la República a través de la Coordinación General de Servicios Periciales, en el que se solicitaba que designara perito en materia de química genética del ADN. Asimismo, como se mencionó en los párrafos que preceden, al rendir el informe justificado la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado y además, entre otras remitió copia certificada del auto de trece de mayo del año en curso (foja 492 del Anexo II), mediante el cual acordó en relación al oficio recordatorio, en el entendido de que el exhorto fue devuelto sin diligenciar y ordenó dar vista por el plazo de tres días para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho corresponda; lo que impedía continuar con el procedimiento del juicio de origen. Las constancias de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para quien resuelve que de las constancias que remitió la autoridad responsable no se advierte que la parte quejosa se encuentre notificada del acuerdo de trece de mayo del año en curso (foja 492 del Anexo II), dictado en autos del expediente 424/2012; pues al margen que la única consecuencia jurídica que produce dicha abstención es la afectación a sus derechos adjetivos o procesales, cuyos efectos son meramente formales; sin soslayar, que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos en auto de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve (foja 38), le dio vista a la aquí parte quejosa con las constancias que allegó la autoridad responsable Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al quince de abril de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emitió el auto de trece de mayo del año en curso, en el que proveyó sobre la petición realizada por la parte quejosa. Por ende, se advierte que la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la negativa de continuar con el trámite del expediente 424/2012; con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, en la medida que las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación combatida. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera y por consecuencia, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la única obligación de proveer sobre la petición realizada por la parte quejosa en escrito presentado ante ésta el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (foja 487 del Anexo II). Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; en el entendido de que no se encuentra paralizado el juicio de origen al haber sido devuelto el citado exhorto. Condiciones que en el particular restituyen así la garantía constitucional que inicialmente fue violada y por ende, no habría materia para resolver de fondo el asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En el entendido de que quedan expeditos los derechos de la parte quejosa, en atención a la respuesta recaída a la petición planteada, para que los haga valer en otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda; la anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Enero de 2009, página 605, con número de registro 168189 y rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por JOSÉ GONZÁLEZ MADARIAGA, contra los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en los considerandos tercero y quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe. FCG Se hace constar que esta foja es parte última de la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil diecinueve, en el juicio de amparo 1055/2019-VI-B.Conste.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la determinación de uno de agosto de dos mil diecinueve, emitida en los autos del amparo indirecto 506/2019-MMO, remite el citado cuaderno de amparo que contiene el original de la demanda de amparo promovida por DULCE MARÍA PORCAYO CRISTINO en representación de su menor hijo Emiliano Cuitláhuac Porcayo Cristino, ello, en virtud de que se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto en cuestión, por los motivos expuestos en citado acuerdo y seis anexos. Radicación de demanda. En mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, asimismo, infórmese al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, que este Juzgado de Distrito asume el conocimiento de la demanda de amparo promovida DULCE MARÍA PORCAYO CRISTINO en representación de su menor hijo Emiliano Cuitláhuac Porcayo Cristino, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el expediente número 1055/2019-VI. Consecuentemente, se homologan las actuaciones realizadas en el citado juicio de amparo; asimismo, comuníquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 506/2019-MMO, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, deberán ser dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de amparo 1055/2019-VI. De igual forma, comuníquese el presente auto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente respecto de la demanda de amparo registrada bajo el número 004518/2019. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, sin que sea necesario proveer sobre la suspensión en razón de que no fue solicitada por la parte quejosa. INFORME JUSTIFICADO. Sin que sea necesario requerir los informes justificados a las autoridades responsables, toda vez que de autos se advierte que por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, fueron solicitados, se rindieron y se pusieron a la vista de las partes. Asimismo, tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I al VI, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. En términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, toda vez que le asiste el carácter de tercero interesado a: Jesús Demesa Solís, notifíquese personalmente y si a sus intereses conviene comparezca al presente juicio de garantías, haciéndole de su conocimiento la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional (diez horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve); requiriéndole para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días siguientes al mismo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se le practicarán por lista, en términos del artículo 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que realice la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esa Ley. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo el emplazamiento de la tercera interesada. REPRESENTACIÓN ESPECIAL DEL MENOR. Toda vez que de autos se advierte que el Delegado en Morelos del Instituto de la Defensoría Pública Federal, designó un asesor jurídico como representante especial del citado menor, esto es al licenciado Milton Salvador Portillo Arellano, y éste ya aceptó el cargo conferido y compareció al juicio, notifíquesele la radicación del presente asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2019198, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, materia Común, Penal, página: 3 del rubro siguiente "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO)." Asimismo, la jurisprudencia Tesis: XXVII.3o.69 P, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, con número de registro 2019189, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, materia Común, Penal, página: 3059 del rubro siguiente "MENOR VÍCTIMA DEL DELITO. ANTE EL CONFLICTO DE INTERESES DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD SOBRE ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE LLAMARLO A JUICIO Y NOMBRARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL, A EFECTO DE NO INCURRIR EN VIOLACIÓN A LAS NORMAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA SENTENCIA QUE DICTE LE BENEFICIE O NO." Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis III.1o.P.50 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Agosto de 2002, de la Novena Época, página 1324, del rubro "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS." OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la determinación de uno de agosto de dos mil diecinueve, emitida en los autos del amparo indirecto 506/2019-MMO, remite el citado cuaderno de amparo que contiene el original de la demanda de amparo promovida por DULCE MARÍA PORCAYO CRISTINO en representación de su menor hijo Emiliano Cuitláhuac Porcayo Cristino, ello, en virtud de que se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto en cuestión, por los motivos expuestos en citado acuerdo y seis anexos. Radicación de demanda. En mérito de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, asimismo, infórmese al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, que este Juzgado de Distrito asume el conocimiento de la demanda de amparo promovida DULCE MARÍA PORCAYO CRISTINO en representación de su menor hijo Emiliano Cuitláhuac Porcayo Cristino, contra actos del Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades, fórmese el cuaderno respectivo y regístrese bajo el expediente número 1055/2019-VI. Consecuentemente, se homologan las actuaciones realizadas en el citado juicio de amparo; asimismo, comuníquese a las partes que las promociones relativas al juicio de amparo 506/2019-MMO, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, deberán ser dirigidas al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de amparo 1055/2019-VI. De igual forma, comuníquese el presente auto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que realice la compensación correspondiente respecto de la demanda de amparo registrada bajo el número 004518/2019. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, sin que sea necesario proveer sobre la suspensión en razón de que no fue solicitada por la parte quejosa. INFORME JUSTIFICADO. Sin que sea necesario requerir los informes justificados a las autoridades responsables, toda vez que de autos se advierte que por acuerdo de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, fueron solicitados, se rindieron y se pusieron a la vista de las partes. Asimismo, tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar los anexos I al VI, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas documentales que exhibe, presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional de conformidad en el artículo 124 de la citada ley. DETERMINACIÓN SOBRE LA PARTE TERCERA INTERESADA. En términos del inciso b) de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo, toda vez que le asiste el carácter de tercero interesado a: Jesús Demesa Solís, notifíquese personalmente y si a sus intereses conviene comparezca al presente juicio de garantías, haciéndole de su conocimiento la fecha en que tendrá verificativo la audiencia constitucional (diez horas con treinta minutos del treinta de agosto de dos mil diecinueve); requiriéndole para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días siguientes al mismo, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aún las personales, se le practicarán por lista, en términos del artículo 29 de la ley de la materia, sin perjuicio de que realice la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esa Ley. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente al artículo 2° de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo el emplazamiento de la tercera interesada. REPRESENTACIÓN ESPECIAL DEL MENOR. Toda vez que de autos se advierte que el Delegado en Morelos del Instituto de la Defensoría Pública Federal, designó un asesor jurídico como representante especial del citado menor, esto es al licenciado Milton Salvador Portillo Arellano, y éste ya aceptó el cargo conferido y compareció al juicio, notifíquesele la radicación del presente asunto. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 3/2019 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con número de registro 2019198, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, materia Común, Penal, página: 3 del rubro siguiente "REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR EN EL JUICIO DE AMPARO. CONDICIONES PARA SU NOMBRAMIENTO CUANDO ÉSTE COMPARECE CON EL CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO Y NO DE QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY DE AMPARO)." Asimismo, la jurisprudencia Tesis: XXVII.3o.69 P, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, con número de registro 2019189, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, materia Común, Penal, página: 3059 del rubro siguiente "MENOR VÍCTIMA DEL DELITO. ANTE EL CONFLICTO DE INTERESES DE QUIENES EJERCEN LA PATRIA POTESTAD SOBRE ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, DE OFICIO, DEBE LLAMARLO A JUICIO Y NOMBRARLE UN REPRESENTANTE ESPECIAL, A EFECTO DE NO INCURRIR EN VIOLACIÓN A LAS NORMAS FUNDAMENTALES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA SENTENCIA QUE DICTE LE BENEFICIE O NO." Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis III.1o.P.50 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Agosto de 2002, de la Novena Época, página 1324, del rubro "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS." OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano