Dulce María Palomares García

Expediente 1581/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1581/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
01/04/2022

Partes del expediente

  • Dulce María Palomares García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de abril de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Incidente de suspensión. Provéase en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa, lo correspondiente a su valoración y destino. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de abril de dos mil veintidós. I. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la resolución constitucional que sobreseyó en lo principal el amparo solicitado y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: II. Valoración del cuaderno original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedieron las medidas cautelares. III. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y un minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós, hora y día programados para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien autoriza y da fe, la declaró abierta en el juicio en el juicio de amparo 1581/2021, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario hace relación de constancias que obran en el expediente y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda y su lectura, con las constancias de notificación a las partes, el informe justificado rendido por la autoridad responsable juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, y las constancias remitidas por dicho juzgador. Sin que el actuario de la adscripción del juez responsable haya rendido su informe no obstante estar debidamente notificado. Asimismo, conforme a la certificación que antecede, se hace constar que en el auto de radicación se reservó proveer sobre la existencia de parte tercero interesada y que en el presente asunto transcurrió el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes pudieran imponerse de los informes justificados, sin que al respecto hicieran manifestación alguna. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y por visto el contenido de la certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. En relación con la existencia de parte tercero interesada, se determina innecesario emitir determinación de citación, en razón de que ante lo que habrá de resolverse en la presente audiencia, se considera que no se actualizan los supuestos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo y, ni en su caso, que le pudiera parar perjuicio a alguna de las partes del juicio de origen, la resolución que se emite en esta audiencia. Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que en copia certificada fueron exhibidas por la parte quejosa con su demanda y las que exhibió el juez responsable al rendir su informe justificado, respecto al juicio del cual se efectúa el reclamo constitucional. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia naturaleza las constancias referidas. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no presentaron escrito de alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: Se les tiene por perdido el derecho para expresarlos. Acto seguido, se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 1581/2021. R e s u l t a n d o: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado el mismo día, Dulce María Palomares García, promovió demanda de amparo, contra los actos y autoridades que se precisarán más adelante. Por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número de expediente 1581/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las nueve horas con cuarenta y un minutos de hoy, al tenor del acta que antecede y culmina con la emisión de la sentencia al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de una autoridad jurisdiccional que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del reclamo constitucional Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis integral de la demanda de amparo. En esa virtud, de acuerdo a la lectura de la demanda, se precisa que la quejosa señala como autoridades responsables al juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar y al actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, precisando que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en el que refiere, se autoriza un cateo, así como los medios de apremio consistentes en uso de la fuerza pública y rompimientos de cerraduras, con el objetivo embargarle a la quejosa bienes muebles en su domicilio ubicado en en cerrada Firese número 35, residencial Villa Toscana; y, B). La falta de citación al juicio referido. Inexistencia de acto. Este Juzgado advierte que no es cierto el acto reclamado precisado en el inciso A), del apartado anterior, en la forma expuesta por la parte quejosa en la demanda; ello, no obstante que resultara cierta la existencia del juicio de origen, y la emisión del auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, reclamado por la parte quejosa. Es así, pues así se advierte del contenido del informe justificado y las constancias que en copia certificada remitió el juez responsable y que obran por separado en un tomo de pruebas; documentales a las que se les otorga plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Se cita al respecto, la jurisprudencia 226, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." El actuario de la adscripción del juez responsable, no rindió su informe justificado, no obstante haber sido debidamente notificado de la demanda y del auto admisorio, según se advierte de las constancias de notificación existentes en auto, por lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se le presume cierto y lo que aquí se resuelva respecto del juez ordenador habrá de hacerse extensivo a esta autoridad ejecutora en razón de estar supeditada a los ordenamientos de aquél. Como se adelantó, es inexistente el reclamo aquí tratado, pues si bien, de las documentales remitidas por el juez responsable se advierte la existencia del expediente de origen 829/2017, relativo al cuaderno formado a la ejecución de convenio, promovido por Cynthia Jeanet López Montoya, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos con nombres y apellidos de iniciales K.J.M.L. y M.R.M.L., en contra de Francisco Javier Medina León, derivado de lo cual se dictó el reclamado auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 79 y 77 del tomo de pruebas); sin embargo, en dicho proveído no se emitió ninguna orden de embargo en bienes propiedad de la quejosa, ni uso de la fuerza pública en su contra, como reclama, sino que en ese auto el juez de origen emitió una determinación en la que requiere a la persona demandada en dicho expediente, por la justificación de alimentos. No pasa inadvertido que en ese mandato se señaló como domicilio del demandado el que la impetrante refiere es de su propiedad y posesión, no obstante, de autos se advierte que, con posterioridad el demandado del juicio de origen, se apersonó ante el juez señalado como responsable mediante escrito agregado en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juárez número 23, entre Nuevo León y Coahuila, colonia Centro de esta Ciudad. En tal medida, no es cierto el acto reclamado en la forma planteada por la parte quejosa, es decir, no existe en su contra ningún mandato de embargo en bienes de su propiedad, ni tampoco el uso de la fuerza pública, dado que el destinatario del requerimiento y embargo es diversa persona demandada, distinta a la peticionaria y sobre propiedades de dicho demandado. Se cita al respecto, con motivo de la razón que informa, la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 433, Novena Época, con registro digital: 198320, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera prueba en contrario que desvirtuara lo trasdicho, pues al respecto, la quejosa solo ofreció diversas documentales, de las cuales con ninguno de esos documentos se acredita que el auto reclamado emitido en el juicio de origen, se hubiese dictado en su contra, como refiere, ni tampoco que se haya ordenado embargo alguno, en propiedades de la peticionaria, ni el uso de la fuerza pública en su contra; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente al respecto es sobreseer en el presente juicio de amparo. De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, que precisado quedó en el inciso B), del apartado respectivo de esta sentencia, consistente en la falta de citación al juicio 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, lo que se evidencia de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior. Causas de improcedencia. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el particular, este juzgador advierte que en relación al acto reclamado consiste en la falta de citación al expediente de origen número 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, se actualiza una causa de improcedencia. Al respecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que surge del artículo 107, fracción I Constitucional, y prevista en la fracción XII del numeral 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos del gobernado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción. Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 61, fracción XII, y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor literal siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Al respecto, debe decirse que el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por un acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a sus titulares, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses de los particulares. Por su parte, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. En ese tenor, el interés legítimo puede definirse, como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo, debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, pero no es una afectación a derechos subjetivos como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, puesto que ello atañe al interés jurídico. Como respaldo de lo señalado, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, Décima Época, con registro digital: 2019456, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa por la actuación o actos de la responsable. Conviene puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la calidad de tercero extraño le resulta a quienes materialmente no han figurado en un juicio como partes, pero sufren un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones ahí dictadas, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño en estricto sentido); concepto en el que se ha incluido a aquellos sujetos que en una controversia judicial no fueron emplazados; o bien, fueron defectuosamente llamados al mismo, dado que tal omisión les impide conocer datos necesarios para defenderse (tercero extraño por equiparación). Lo anterior fue expuesto así en la jurisprudencia P./J. 7/98, que sigue siendo aplicable conforme a la Ley de Amparo vigente, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56, Novena época, con registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el caso concreto, la quejosa comparece como tercera extraña en sentido estricto, es decir, sin haber figurado en el procedimiento de origen como parte material del mismo, aduciendo sufrir un perjuicio sin haber tenido la oportunidad de ser oída, ni vencida en su defensa, por lo que acusa violación a su garantía de audiencia. Es así, que la quejosa impugna la falta de citación al expediente de origen 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. A juicio de este Juzgado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, por la falta de interés jurídico de la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación o citación al procedimiento tramitado en el expediente de origen, dado que, de acuerdo a lo expuesto en los preceptos analizados que actualizan la causal de improcedencia, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva intereses jurídicos, lo que se traduce en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio. Así, como se vio anteriormente, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. En esa medida, como la quejosa no es parte demandada en el juicio de origen, ni tampoco se ha emitido un mandato de afectación u órdenes de privación en bienes de su propiedad o sobre su persona, por tanto, carece de interés jurídico para instar a la autoridad señalada como la autoridad judicial señalada como responsable, declare o constituya un derecho a su favor o que se le absuelva. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C.J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Común, Página 1305, Novena Época, con número de registro 177771, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de 'persona extraña' es opuesta a la de 'parte' procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Asimismo sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, página 1513, publicado en Agosto de 2005, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." En ese orden de ideas, se advierte que el acto aquí reclamado consistente en la falta de citación o notificación del procedimiento en trámite relativo al expediente 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, no afecta el interés jurídico de la impetrante, porque no tiene legitimación activa para promover el presente juicio, ya que como se advirtió en líneas anteriores, el expediente fue tramitado en contra de persona distinta a la aquí quejosa y no se advierte que se haya ordenado embargo alguno sobre bienes de su propiedad o afectación a través del uso de la fuerza pública en su persona. Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna, de la que se derive el interés jurídico que pudiera tener para que surgiera el derecho de ser notificada del procedimiento de origen, pues con las constancias exhibidas, no se acredita la afectación por parte del juez en bienes de su propiedad, ni el uso de la fuerza pública en su contra, dado que no es parte en dicho asunto. Sin que pase inadvertido, como se acotó en el considerando III, que en la búsqueda para emplazar a la parte demandada del juicio de origen, se señaló como domicilio del demandado el que la impetrante refiere es de su propiedad y posesión, empero, de los propios autos se advierte que, con posterioridad el demandado del juicio de origen, se apersonó ante el juez señalado como responsable mediante escrito agregado en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juárez número 23, entre Nuevo León y Coahuila, colonia Centro de esta Ciudad. D e c i s i ó n : En virtud de lo expuesto en esta resolución, ante la inexistencia en parte del reclamo constitucional y la actualización de una causal de improcedencia en lo restante, con sustento en los artículos 107, fracción I, Constitucional, 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracciones IV y V de la propia legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora; al no haberse combatido un acto en concreto por vicios, sino que la ilegalidad del reclamo se hizo derivar de lo atribuido y analizado respecto de la ordenadora. Se cita al respecto, la jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Materia(s): Común, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En consecuencia, se estima innecesario realizar pronunciamiento alguno respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Dulce María Palomares García, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando II, por los fundamentos, argumentos y motivos expuestos en los diversos apartados III y V, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe. R e s u l t a n d o: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado el mismo día, Dulce María Palomares García, promovió demanda de amparo, contra los actos y autoridades que se precisarán más adelante. Por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número de expediente 1581/2021; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual dio inicio a las nueve horas con cuarenta y un minutos de hoy, al tenor del acta que antecede y culmina con la emisión de la sentencia al tenor de los siguientes C o n s i d e r a n d o s: I. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclaman actos de una autoridad jurisdiccional que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del reclamo constitucional Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis integral de la demanda de amparo. En esa virtud, de acuerdo a la lectura de la demanda, se precisa que la quejosa señala como autoridades responsables al juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar y al actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, precisando que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en el que refiere, se autoriza un cateo, así como los medios de apremio consistentes en uso de la fuerza pública y rompimientos de cerraduras, con el objetivo embargarle a la quejosa bienes muebles en su domicilio ubicado en en cerrada Firese número 35, residencial Villa Toscana; y, B). La falta de citación al juicio referido. Inexistencia de acto. Este Juzgado advierte que no es cierto el acto reclamado precisado en el inciso A), del apartado anterior, en la forma expuesta por la parte quejosa en la demanda; ello, no obstante que resultara cierta la existencia del juicio de origen, y la emisión del auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, reclamado por la parte quejosa. Es así, pues así se advierte del contenido del informe justificado y las constancias que en copia certificada remitió el juez responsable y que obran por separado en un tomo de pruebas; documentales a las que se les otorga plena validez probatoria, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Se cita al respecto, la jurisprudencia 226, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." El actuario de la adscripción del juez responsable, no rindió su informe justificado, no obstante haber sido debidamente notificado de la demanda y del auto admisorio, según se advierte de las constancias de notificación existentes en auto, por lo cual, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se le presume cierto y lo que aquí se resuelva respecto del juez ordenador habrá de hacerse extensivo a esta autoridad ejecutora en razón de estar supeditada a los ordenamientos de aquél. Como se adelantó, es inexistente el reclamo aquí tratado, pues si bien, de las documentales remitidas por el juez responsable se advierte la existencia del expediente de origen 829/2017, relativo al cuaderno formado a la ejecución de convenio, promovido por Cynthia Jeanet López Montoya, por su propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de sus menores hijos con nombres y apellidos de iniciales K.J.M.L. y M.R.M.L., en contra de Francisco Javier Medina León, derivado de lo cual se dictó el reclamado auto de veinticinco de junio de dos mil veintiuno (fojas 79 y 77 del tomo de pruebas); sin embargo, en dicho proveído no se emitió ninguna orden de embargo en bienes propiedad de la quejosa, ni uso de la fuerza pública en su contra, como reclama, sino que en ese auto el juez de origen emitió una determinación en la que requiere a la persona demandada en dicho expediente, por la justificación de alimentos. No pasa inadvertido que en ese mandato se señaló como domicilio del demandado el que la impetrante refiere es de su propiedad y posesión, no obstante, de autos se advierte que, con posterioridad el demandado del juicio de origen, se apersonó ante el juez señalado como responsable mediante escrito agregado en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juárez número 23, entre Nuevo León y Coahuila, colonia Centro de esta Ciudad. En tal medida, no es cierto el acto reclamado en la forma planteada por la parte quejosa, es decir, no existe en su contra ningún mandato de embargo en bienes de su propiedad, ni tampoco el uso de la fuerza pública, dado que el destinatario del requerimiento y embargo es diversa persona demandada, distinta a la peticionaria y sobre propiedades de dicho demandado. Se cita al respecto, con motivo de la razón que informa, la tesis VII.1o.C.4 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 433, Novena Época, con registro digital: 198320, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." Lo anterior, sin que la parte quejosa ofreciera prueba en contrario que desvirtuara lo trasdicho, pues al respecto, la quejosa solo ofreció diversas documentales, de las cuales con ninguno de esos documentos se acredita que el auto reclamado emitido en el juicio de origen, se hubiese dictado en su contra, como refiere, ni tampoco que se haya ordenado embargo alguno, en propiedades de la peticionaria, ni el uso de la fuerza pública en su contra; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente al respecto es sobreseer en el presente juicio de amparo. De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, que precisado quedó en el inciso B), del apartado respectivo de esta sentencia, consistente en la falta de citación al juicio 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, lo que se evidencia de acuerdo a lo expuesto en el considerando anterior. Causas de improcedencia. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el particular, este juzgador advierte que en relación al acto reclamado consiste en la falta de citación al expediente de origen número 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, se actualiza una causa de improcedencia. Al respecto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que surge del artículo 107, fracción I Constitucional, y prevista en la fracción XII del numeral 61, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afectan los intereses jurídicos del gobernado. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción. Al respecto, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 61, fracción XII, y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor literal siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Al respecto, debe decirse que el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por un acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a sus titulares, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses de los particulares. Por su parte, el interés legítimo se traduce en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple. En ese tenor, el interés legítimo puede definirse, como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Dicho interés deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo, debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole, pero no es una afectación a derechos subjetivos como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, puesto que ello atañe al interés jurídico. Como respaldo de lo señalado, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, Décima Época, con registro digital: 2019456, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Ahora bien, tratándose de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa por la actuación o actos de la responsable. Conviene puntualizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la calidad de tercero extraño le resulta a quienes materialmente no han figurado en un juicio como partes, pero sufren un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones ahí dictadas, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas (tercero extraño en estricto sentido); concepto en el que se ha incluido a aquellos sujetos que en una controversia judicial no fueron emplazados; o bien, fueron defectuosamente llamados al mismo, dado que tal omisión les impide conocer datos necesarios para defenderse (tercero extraño por equiparación). Lo anterior fue expuesto así en la jurisprudencia P./J. 7/98, que sigue siendo aplicable conforme a la Ley de Amparo vigente, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Enero de 1998, página 56, Novena época, con registro 196932, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." En el caso concreto, la quejosa comparece como tercera extraña en sentido estricto, es decir, sin haber figurado en el procedimiento de origen como parte material del mismo, aduciendo sufrir un perjuicio sin haber tenido la oportunidad de ser oída, ni vencida en su defensa, por lo que acusa violación a su garantía de audiencia. Es así, que la quejosa impugna la falta de citación al expediente de origen 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad. A juicio de este Juzgado, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, por la falta de interés jurídico de la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación o citación al procedimiento tramitado en el expediente de origen, dado que, de acuerdo a lo expuesto en los preceptos analizados que actualizan la causal de improcedencia, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva intereses jurídicos, lo que se traduce en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio. Así, como se vio anteriormente, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. En esa medida, como la quejosa no es parte demandada en el juicio de origen, ni tampoco se ha emitido un mandato de afectación u órdenes de privación en bienes de su propiedad o sobre su persona, por tanto, carece de interés jurídico para instar a la autoridad señalada como la autoridad judicial señalada como responsable, declare o constituya un derecho a su favor o que se le absuelva. Se cita como apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C.J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Común, Página 1305, Novena Época, con número de registro 177771, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de 'persona extraña' es opuesta a la de 'parte' procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Asimismo sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/254, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, página 1513, publicado en Agosto de 2005, que dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL TERCERO EXTRAÑO CUANDO RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL JUICIO NATURAL. El juicio de garantías en que se reclama la falta de emplazamiento al juicio natural, cuando es promovido por quien tiene el carácter de tercero extraño, es improcedente en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues en tal hipótesis es evidente que el acto reclamado no afecta su interés jurídico, ya que el quejoso es ajeno a la relación procesal establecida en el procedimiento generador del acto reclamado, y por ende no le causa ningún agravio personal y directo." En ese orden de ideas, se advierte que el acto aquí reclamado consistente en la falta de citación o notificación del procedimiento en trámite relativo al expediente 829/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, no afecta el interés jurídico de la impetrante, porque no tiene legitimación activa para promover el presente juicio, ya que como se advirtió en líneas anteriores, el expediente fue tramitado en contra de persona distinta a la aquí quejosa y no se advierte que se haya ordenado embargo alguno sobre bienes de su propiedad o afectación a través del uso de la fuerza pública en su persona. Sin que la parte quejosa aportara prueba alguna, de la que se derive el interés jurídico que pudiera tener para que surgiera el derecho de ser notificada del procedimiento de origen, pues con las constancias exhibidas, no se acredita la afectación por parte del juez en bienes de su propiedad, ni el uso de la fuerza pública en su contra, dado que no es parte en dicho asunto. Sin que pase inadvertido, como se acotó en el considerando III, que en la búsqueda para emplazar a la parte demandada del juicio de origen, se señaló como domicilio del demandado el que la impetrante refiere es de su propiedad y posesión, empero, de los propios autos se advierte que, con posterioridad el demandado del juicio de origen, se apersonó ante el juez señalado como responsable mediante escrito agregado en auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el que señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juárez número 23, entre Nuevo León y Coahuila, colonia Centro de esta Ciudad. D e c i s i ó n : En virtud de lo expuesto en esta resolución, ante la inexistencia en parte del reclamo constitucional y la actualización de una causal de improcedencia en lo restante, con sustento en los artículos 107, fracción I, Constitucional, 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracciones IV y V de la propia legislación. Sobreseimiento que se hace extensivo a la autoridad ejecutora; al no haberse combatido un acto en concreto por vicios, sino que la ilegalidad del reclamo se hizo derivar de lo atribuido y analizado respecto de la ordenadora. Se cita al respecto, la jurisprudencia, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Materia(s): Común, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". En consecuencia, se estima innecesario realizar pronunciamiento alguno respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. Se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En consecuencia, por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se VII. Resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Dulce María Palomares García, contra los actos reclamados y autoridades precisados en el considerando II, por los fundamentos, argumentos y motivos expuestos en los diversos apartados III y V, de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Se agrega informe justificado. Visto el oficio que firma el juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Por tanto, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora bien, debido a lo voluminoso de éstas, fórmese por separado un legajo de prueba que se identificará como ANEXO I para dar facilidad a su manejo. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y un minutos del catorce de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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