Dulce Maria Muñoz Olmos
Expediente 1127/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1127/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Dulce Maria Muñoz Olmos
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 1075/2023, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y anexos con que se da cuenta; fórmese expediente, regístrese. Acúsese recibo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil *****. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.". Por su parte, los artículos 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que no se actualiza en el presente caso; porque, como se desprende de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil *****, misma que modificó el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Jueza Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de los autos del juicio escrito familiar de divorcio voluntario *****, promovido por la aquí quejosa, en contra de ********************, para establecer que han quedado sin efecto las ordenes emitidas por la citada jueza para retener el 30% de las prestaciones reclamadas a ********************, en virtud de que ello involucraría cuestiones hereditarias que no pueden ser objeto de estudio por la autoridad que no se especializa en materia sucesoria. En esa guisa, como el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declina su competencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que esta se surte a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo, a quien se ordena remitirle la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad; y, autorizando de conformidad con la primera hipótesis del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. En otro contexto, desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente asunto, con independencia de que en solicitudes posteriores se autorice para recibirlas a distintas personas de las autorizadas, lo anterior en términos del artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Finalmente, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por esta vía a la parte tercero interesada.
- Juicio de Amparo Directo
POR ESTA VÍA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio 1075/2023, signado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, y anexos con que se da cuenta; fórmese expediente, regístrese. Acúsese recibo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado lo constituye la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil *****. Ahora bien, el artículo 107, fracción V, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.". Por su parte, los artículos 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, respectivamente, disponen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de apelación son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que no se actualiza en el presente caso; porque, como se desprende de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil *****, misma que modificó el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Jueza Tercero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro de los autos del juicio escrito familiar de divorcio voluntario *****, promovido por la aquí quejosa, en contra de ********************, para establecer que han quedado sin efecto las ordenes emitidas por la citada jueza para retener el 30% de las prestaciones reclamadas a ********************, en virtud de que ello involucraría cuestiones hereditarias que no pueden ser objeto de estudio por la autoridad que no se especializa en materia sucesoria. En esa guisa, como el acto reclamado, no constituye una sentencia definitiva, porque no resuelve el fondo del asunto, ni es una resolución que ponga fin al juicio, toda vez que no lo da por concluido sin decidirlo en lo principal; consecuentemente, la Presidencia de este tribunal federal declina su competencia para conocer del presente juicio constitucional, en términos del artículo 45 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, por estimar que esta se surte a favor del Juez de Distrito en Turno en el Estado de Hidalgo, a quien se ordena remitirle la demanda de amparo y anexos con que se da cuenta, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, solicitándole el acuse de recibo. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad; y, autorizando de conformidad con la primera hipótesis del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. En otro contexto, desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente asunto, con independencia de que en solicitudes posteriores se autorice para recibirlas a distintas personas de las autorizadas, lo anterior en términos del artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Finalmente, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por esta vía a la parte tercero interesada."
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