Dulce Maria Medina Muñoz.

Expediente 1268/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1268/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2023

Partes del expediente

  • Dulce Maria Medina Muñoz.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informa que se avoca al conocimiento del juicio de amparo promovido por ****, el cual fue registrado bajo el número ***, de su índice. En mérito de lo anterior, llévense a cabo las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase del conocimiento a las partes que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes. [...] Notifíquese. JRL

  2. Principal

    MESA V.- Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por auto de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se requirió a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha hubieren dado cumplimiento al mismo. En ese sentido, se reitera que en la sentencia dictada el veinte de abril de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo en que se actúa, se determinó amparar y proteger a la parte quejosa, a efecto de que las responsables, cumplan la misma que las obliga a: [...] En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES remitan a este Juzgado Federal, copia certificada de las constancias con las que acrediten el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. [....] Notifíquese. JRL.

  3. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN SINTESIS DICE.- Vista la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos de los Trece Jueces de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1268/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). INCOMPETENCIA Ahora bien, sin proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de que se trata, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal para conocer de la misma. Ello es así, pues la parte promovente reclama en esta instancia constitucional lo siguiente: ". LA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN Y/O CITACIÓN Y/O INVESTIGACIÓN QUE HAN LIBRADO EN MI CONTRA, SIN QUE AL EFECTO SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. A) DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: RECLAMO LA SUPUESTA ORDEN DE CATEO A MI DOMICILIO PARTICULAR ANTES MENCIONADA, ASÍ COMO LA ORDEN DE PRESENTACION Y/O APREHENSIO GIRADA EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO C. DULCE MARÍA MEDINA MUÑOZ, DECRETADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA C JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL JUICIO ORAL Y EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS Y TRATADA DE CUMPLIRSE O EJECUTARSE POR LA AUTORIDAD EJECUTORA TENDIENTE A PROCURAR MI DETENCIÓN Y LA CONSIGUIENTE PRIVACIÓN DE MI LIBERTAD EN EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS. B) DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: EL CUMPLIMIENTO QUE PRETENDEN DAS A DICHAS ORDENES, ASÍ COMO EL OCULTAMIENTO DE LA O LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN QUE HUBIERA EN CONTRA DEL SUSCRITO QUEJOSO POR DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL MISMO." Sin embargo, dichos actos los atribuye, entre otros, a éste Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, así como a diversas autoridades; por tanto, a juicio de este juzgador, éste órgano jurisdiccional no debe conocer de la demanda de amparo que nos ocupa, sino un diverso Juzgado de Distrito de este mismo Circuito Judicial, que no haya sido señalado como autoridad responsable en la demanda, en estricta observancia a la regla de competencia contemplada en el artículo 38 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Habida cuenta, que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 37, de la Ley de Amparo, ya que los juzgadores que han sido señalados como autoridades responsables, independientemente de que ejerzan jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, son parte en el juicio de amparo y no pueden tener el doble carácter de parte procesal y Juez; por lo que, debe de tenerse como juez competente para conocer del juicio de amparo, a otro Juez del mismo Distrito, o bien a aquel más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenecen aquéllos, acorde a lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo. Sirve de orientación, por su contenido, la Jurisprudencia 1a./J. 88/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, Tomo XXV, Febrero de 2007, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 173362, que es del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. En consecuencia, de conformidad con el numeral 48, de la ley de la materia, se declina la competencia legal para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito del Decimoctavo Circuito en turno, (con excepción de este Juzgado, así como los Juzgados Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Séptimo y Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, que también han sido señalados como autoridades responsables en la demanda de amparo); por tanto, remítase el escrito de demanda de amparo y sus copias de traslado a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Decimoctavo Circuito, para que se sirva remitir el asunto al órgano que por turno le corresponda su conocimiento, con excepción de este Juzgado, a fin de que provea lo conducente respecto a la competencia planteada. Consecuentemente, se ordena formar cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese acuse de recibo al Juez de Distrito al que sea turnada la presente demanda una vez que acepte la declinatoria de competencia de que se trata. [..:] Finalmente, en virtud de su naturaleza, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que de conformidad con el mencionado artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, solamente debe proveer el juzgado declinante cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No obstante, los actos que se combaten no encuadran en los supuestos contemplados en el precepto legal antes citado, pues no se encuentran ahí previstos expresamente y tampoco pone en peligro la vida de la parte promovente, ni afecta su libertad personal y mucho menos pone en peligro su integridad física; ya que nos encontramos ante la posible orden de aprehensión y/o detención y/o citación y/o investigación y/o cateo y/o presentación y su ejecución. Máxime que los actos reclamados no se ubican dentro de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; tan es así que se trata de ordenes no ejecutadas. Circunstancia que, además, se corrobora del considerando séptimo del Acuerdo General 14/2010, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, a fin de dejar de considerar como casos urgentes, en términos de dicho acuerdo, las demandas de amparo que se promuevan contra órdenes de detención no ejecutadas, de arresto, de aprehensión y de reaprehensión, de nueve de julio de dos mil diez, de texto siguiente: "SEPTIMO.- Esas peticiones se fundamentan en la circunstancia primordial de que no se trastoca ninguna disposición legal al dejar de considerar urgentes las demandas en las que se combatan los citados actos, sobre todo si se considera que los así conceptuados por la ley, específicamente por el artículo 17 de la Ley de Amparo, seguirán considerándose como de tramitación urgente, pues dada su propia naturaleza se les asignará ese trato. "Así, a efecto de suprimir del rubro de "casos urgentes" los supuestos en que las demandas de amparo se promuevan contra órdenes de detención no ejecutadas, arresto, aprehensión o reaprehensión, se atiende primordialmente a la circunstancia de que tales actos reclamados no se encuentran previstos por el artículo 17 de la Ley de Amparo, y tampoco se localizan entre los prohibidos por el numeral 22 de la Carta Magna, situación que obliga a determinar que en lo sucesivo, únicamente se consideren con aquella calidad, en el caso específico de dichos numerales, las peticiones de protección constitucional en las que se combatan los actos enunciados en dichos dispositivos, a saber, "...actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional..." y "...penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales...". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta y por autorizados para tales efectos a las personas que indica, toda vez que no proporciona los datos de sus cédulas profesionales, ello en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo el cual dispone: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior.".

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