Dulce María Martínez Méndez
Expediente 887/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/05/2021
Partes del expediente
- Dulce María Martínez Méndez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la parte conducente del auto de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio privilegiado de guarda y custodia 173/2020 de la estadística del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, promovido por Samuel Sánchez Hernández en contra de Dulce María Martínez Méndez con relación a la menor S.S.M., específicamente el punto tercero de ese proveído en el que se impone a la quejosa una multa de $868.08 (ochocientos sesenta y ocho pesos, con ocho centavos, moneda nacional), en virtud de no haber dado cumplimiento al proveído de uno de julio de igual año, en el que se estableció que debía permitir la convivencia telefónica y por videoconferencia entre la menor invocada y su progenitor. Por resolución dictada el doce de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Dulce María Martínez Méndez, contra los actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para los siguientes efectos: (.) a) Deje insubsistente el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 173/2020, de su estadística, específicamente, el punto tercero en la parte en que impuso a la impetrante una multa por no permitir la convivencia de la menor involucrada con su progenitor en términos de lo ordenado en auto de uno de julio de dos mil veinte. b) Emita otra determinación, en la que atendiendo al estado procesal que guardan los autos del juicio natural y lo expuesto en esta ejecutoria, funde y motive su determinación con relación al incumplimiento de la quejosa a lo ordenado en auto de uno de julio de dos mil veinte. En el entendido que no podrá incurrir en las deficiencias que quedaron señaladas en esta sentencia y que motivaron esta concesión de amparo. Concesión de amparo que se hace extensiva respecto de los actos de ejecución atribuidos a la autoridad responsable ejecutora Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, al no haberse reclamado por vicios propios....". En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; y, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas; por ello, el doce de abril de dos mil veintiuno la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento respetivo al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Posteriormente, la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio 2055, recibido en la oficialía de este Juzgado el veinte de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de guarda y custodia 1715/2019 de su estadística, del que se advirtió que dejó insubsistente el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, únicamente en cuanto al punto tercero, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la cual preciso que no era dable en imponer una multa a Dulce María Martínez Méndez -aquí quejosa-, toda vez, que se ha permitido la convivencia entre la menor y su progenitor. Luego, por símil SPF-PF-DAFL/1055/2021 del Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, recibido el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se informó que no se hizo efectivo el cobro de la multa impuesta a Dulce María Martínez Méndez y por tanto, no se llevó a cabo el procedimiento administrativo de ejecución. Por lo anterior, el treinta de abril de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por las autoridades responsables, el cual se notificó a la quejosa el siete de mayo de dos mil veintiuno; y a la parte tercera interesada el cuatro de los citados mes y año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se dejó insubsistente el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, únicamente en cuanto al punto tercero, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la cual se precisó que no era dable en imponer una multa a Dulce María Martínez Méndez -aquí quejosa-, toda vez, que se ha permitido la convivencia entre la menor y su progenitor; asimismo, se informó que no se hizo efectivo el cobro y por tanto, no se llevó a cabo el procedimiento administrativo de ejecución; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes [SISE]; asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Asimismo, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, en término del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General invocado, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser susceptible de DESTRUCCIÓN en los términos que ordena el propio dispositivo. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento, hágase la relación a fin de que se integre para efectos de su transferencia. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Respecto al cuaderno principal y al original del incidental, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar los presentes expediente; y, una vez hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al duplicado del incidental, dentro de los siguientes treinta días posteriores a que transcurra el plazo a que aduce el penúltimo párrafo del artículo 20, este juzgado federal deberá destruir el mencionado cuaderno; y, hecho lo anterior, se remitirá el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, glósese a los presentes autos el cuaderno original del incidente; y, el respectivo acuerdo al duplicado para los efectos legales conducentes. Finalmente, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, ya que no encuadra en los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Procurador Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, por medio del cual en cumplimiento a la sentencia de amparo informa que de acuerdo con la información proporcionada por la Directora de Recaudación de su adscripción, no se ha efectuado el cobro de la multa impuesta el tres de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio de guarda y custodia ********************, del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, y remite las constancias conducentes. En consecuencia, con las referidas documentales y las presentadas por el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio recibido el veinte de abril de dos mil veintiuno, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, téngase por recibido el oficio con anexo de cuenta signado por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, a través del cual, informa que dejó insubsistente el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, emitido en el juicio de guarda y custodia 1715/2019 de su índice, únicamente en cuanto al punto tercero, y en su lugar, emitió una nueva determinación en la cual preciso que no era dable en imponer una multa a Dulce María Martínez Méndez -aquí quejosa-, toda vez, que se ha permitido la convivencia entre la menor y su padre. Atento a lo anterior, se tiene a la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin embargo, este juzgador desconoce si la autoridad responsable Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla llevó a cabo el cobro de la multa impuesta en el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, el cual, como se observa en el párrafo anterior, se dejó insubsistente y el Juez responsable, determinó que no se le impondría una multa a Dulce María Martínez Méndez -aquí quejosa-. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y al oficio que al efecto se gire se ordena adjuntar copia autorizada del oficio de mérito a la autoridad responsable Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, y se le requiera en el término de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, para que informe si efectuó el cobro de la multa impuesta a Dulce María Martínez Méndez -aquí quejosa-, ordenada por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, emitido en el juicio de guarda y custodia 1715/2019 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; y, en caso de ser así realice las gestiones pertinentes a su devolución; o, de lo contrario, informe que no se efectuó ningún cobro a la aquí quejosa. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la persona física que actualmente ocupa el cargo Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con el diverso 26, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de desindexación del salario mínimo, así como el artículo 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno. En el entendido que en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo, los citados titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y de igual forma serán comprometidas las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. Asimismo, conforme a lo previsto por el artículo 192 segundo párrafo de la ley de la materia, se hace del conocimiento a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación; en el entendido que el cumplimiento extemporáneo injustificado no es excluyente de responsabilidad. Apoya lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que ampara y protege ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Por tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que realice los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, consistentes en: a) Deje insubsistente el auto de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 173/2020, de su estadística, específicamente, el punto tercero en la parte en que impuso a la impetrante una multa por no permitir la convivencia de la menor involucrada con su progenitor en términos de lo ordenado en auto de uno de julio de dos mil veinte. b) Emita otra determinación, en la que atendiendo al estado procesal que guardan los autos del juicio natural y lo expuesto en esta ejecutoria, funde y motive su determinación con relación al incumplimiento de la quejosa a lo ordenado en auto de uno de julio de dos mil veinte. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado Cuatro de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, que enseguida se transcribe: SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Finalmente, devuélvanse al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas remitidas como justificante del informe rendido. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Ricardo Hernández Rugerio, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 15,571 expedientes
- Dulce María de la Rosa Vargas750/2017
- Dulce Maria Espejo Reyes1388/2022
- Dulce María Espejo Reyes117/2020
- Dulce María Fernández Sosa884/2015
- Dulce María Hernández Uriarte620/2019
- Dulce María Herrera Alcantara371/2019
- Dulce María Oliva Limón Patiño125/2019
- Dulce María Olivia Limón Patiño1773/2018
- Dulce Maria Perez Hernandez950/2023
- Dulce María Sánchez Ramírez1722/2015
- Dulce María Tuxpan Hernández2222/2018
- Dulce María Tuxpan Hernández2031/2022