Dulce Maria Huicochea Alonso

Expediente 78/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
78/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Dulce Maria Huicochea Alonso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dos de septiembre de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado remite testimonio de la ejecutoria del recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del amparo en revisión 86/2022, en la cual se determinó confirmar la sentencia sujeta a revisión y sobreseer el presente asunto, así como se ordenó remitir los autos del juicio de amparo 78/2021 y un anexo. Acúsese de recibo de estilo correspondiente. Notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria. Hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal Asimismo, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que está formado en su mayoría, por copia simple, lo que hace innecesaria su conservación. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, dicho cuaderno es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Bajo esa tesitura, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Admisión de recurso. Se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual informa que el once de los actuales se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Dulce María Huicochea Alonso, en contra de la sentencia definitiva, quedando registrado con el número de expediente 86/2022. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos escrito firmado por la parte quejosa ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión y notificación a las partes. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, esto es, a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Remisión del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes. Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 78/2021 promovido por - R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido por razón de turno al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente 705/2021, y se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo, así previo cumplimiento dado por la peticionaria de amparo, por acuerdo de treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de su adscripción, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en los términos del acta de diez de noviembre de dos mil veintiuno. TERCERO. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento a lo establecido en el oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de dicho mes y año, concatenado con el punto de acuerdo 120/2021 emitido en misma fecha por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó enviar los autos originales del sumario que nos ocupa a este juzgado federal para el dictado de la sentencia correspondiente. CUARTO. Recepción de autos para dictado de sentencia. Así las cosas, por acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó bajo el número de expediente 78/2021, se convalidaron las actuaciones efectuadas por la homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, se reclama un acto atribuido a diversas autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de amparo y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos: El acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del expediente 410/2018 de la estadística de su adscripción, mediante el cual determinó no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa. Del Gobernador, Congreso, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" La discusión, aprobación, refrendo, promulgación y publicación del artículo 90 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El encargado del Despacho del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial, el Director General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica, en representación del Gobernador, del Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" así como el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LIV Legislatura del Congreso, todos del Estado de Morelos, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen a dichas autoridades en el presente sumario constitucional. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, de la Ley de Amparo. Pues bien, en concepto de este juzgado federal, en el caso a estudio, respecto al acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del expediente 410/2018 de la estadística del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, el cual a la letra establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En efecto, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, por medio del cual se determinó desechar el incidente de nulidad de notificaciones que pretendió hacer valer dentro del controvertido de origen. En ese sentido, se advierte que el anterior acto reclamado no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, deben agotarse los medios de impugnación que establecen las leyes que rigen dicho acto reclamado, esto en observancia al principio de definitividad que tutela el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Ahora bien, para demostrar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia en comento, resulta dable destacar que el juicio génesis de esta instancia constitucional lo es el juicio sumario civil promovido por -- en su carácter de apoderada legal de --, a través del cual en ejercicio de la acción confesoria se demandó en la vía sumaria civil a la ahora quejosa -. Bajo ese contexto, resulta claro que la controversia de origen debe regirse bajo lo establecido por los artículos 605 y 606 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, los cuales disponen: "Artículo 605. Distinciones del procedimiento sumario con el del juicio ordinario. El procedimiento en el juicio sumario se ajustará a las reglas establecidas para el ordinario con las siguientes modificaciones. Los plazos serán: Cinco días para contestar la demanda; II. Tres días para contestar la compensación o reconvención. Pero éstas no serán admisibles sino cuando proceda también tramitarlas en juicio sumario; III. Cinco días para comparecer a la audiencia de conciliación y depuración; IV. Cinco días para ofrecer pruebas, y el plazo adicional máximo será de veinte días; V. Diez días para celebrar la audiencia de recepción y desahogo de las pruebas; VI. La citación para sentencia no necesitará ser expresa sino que operará por ministerio de la Ley al concluir el plazo para alegar o el día de la audiencia, concurran o no las partes; y, VII. Diez días para dictar sentencia definitiva. Atento el carácter sumario del juicio, el Juez al presidir las audiencias y a lo largo del procedimiento tendrá amplias facultades de dirección, procurando que su desarrollo sea pronto y expedito." "Artículo 606. Apelación de autos y sentencias en el procedimiento sumario. En los juicios sumarios solamente los autos y sentencias interlocutorias que decidan incidentes y las sentencias definitivas, serán apelables; el recurso sólo se admitirá en el efecto devolutivo." De los preceptos transcritos, se desprende que el procedimiento en el juicio sumario se ajustará a las reglas establecidas para el ordinario, con las modificaciones relativas a los plazos, así como a que, atento el carácter sumario del juicio, el juez al presidir las audiencias y a lo largo del procedimiento tendrá amplias facultades de dirección, procurando que su desarrollo sea pronto y expedito. De igual modo, de los dispositivos señalados, se advierte que en los juicios sumarios solamente los autos y sentencias interlocutorias que decidan incidentes y las sentencias definitivas serán apelables en el efecto devolutivo; por tanto, contra las resoluciones diversas a las mencionadas, cobran aplicaciones las reglas generales del procedimiento ordinario en materia de impugnación. De manera que de acuerdo con los preceptos citados hasta aquí, la resolución que se determinó desechar el incidente de nulidad de notificaciones que pretendió hacer valer la ahora quejosa dentro del controvertido de origen, puede ser impugnada mediante el recurso de apelación en efecto devolutivo. En ese sentido se destaca que la hipótesis normativa que prevé la procedencia del recurso de apelación en materia civil, en tratándose de juicios sumarios, se actualiza en el caso en estudio, pues el auto materia de reclamo: Se emitió por un juez de primera instancia, y; Decidió acerca de un incidente de nulidad de notificaciones, al desechar aquel en el controvertido de origen. Lo anterior, se estima así, atendiendo a que la expresión "los autos y sentencias interlocutorias que decidan incidentes", contenida por el artículo 606 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, transcrito anteriormente, debe entenderse en el sentido de que el recurso de apelación procede contra las resoluciones que pongan fin a dicho medio de impugnación, independientemente de que se analice el fondo, esto es, se abra o no la instancia, procede aquel recurso contra la determinación que recaiga a la interposición del incidente de nulidad de notificaciones en comento. Considerarlo de otro modo, afecta el grado de racionalidad, accesibilidad y sencillez con el que deben contar las normas adjetivas referentes a la procedencia de ese medio de control, ya que cuando los entes jurisdiccionales declaran improcedentes o desechan de plano tal incidencia, es inconcuso que implícitamente están resolviéndolo. Lo anterior se afirma así, pues con el desechamiento decretado de la incidencia planteada, es inconcuso que están negando implícitamente la nulidad de notificaciones solicitada; de ahí que ambos supuestos -es decir, tanto las resoluciones de fondo, como las de forma- encuadran en la referida hipótesis jurídicas de procedibilidad del recurso de apelación previsto por el artículo 606 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. Así, se advierte con claridad la actualización de la causa de improcedencia en estudio, en virtud de que en contra del acuerdo que se combate en este juicio constitucional, procede el recurso de apelación el cual, satisface los requisitos establecidos para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa que la parte quejosa debe agotar previo al juicio biinstancial. No se pasa por alto, el hecho de que la resolución reclamada, haya sido emitida con posterioridad al dictado de la sentencia con la cual se puso fin al juicio de origen, en virtud de que ello, en nada trastoca la presente determinación, dado que la interposición del recurso de apelación en la legislación civil para el Estado de Morelos, no se encuentra proscrita en alguna etapa procesal determinada. Esto es que, el legislador no previo limitante alguna a la etapa procedimental para la impugnación de las resoluciones que se dicten en los juicios sumarios civiles que se estimen contrarias a las reglas establecidas en el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. De ahí que se sustente que en el caso en contra del acto que por esta vía se combate sea procedente el aludido recurso de apelación. Sirve de sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la jurisprudencia 1a./J. 13/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, Novena Época, visible a página 112, con número de registro 194073, del rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL, RECURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN." En consecuencia, resulta que en el juicio de amparo en que se actúa, lo procedente sea decretar el sobreseimiento en relación con el acto reclamado destacado en párrafos previos, pues el medio ordinario de defensa aludido con anterioridad es instituido en el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si la inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario o medio de impugnación que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador de los actos reclamados, por virtud de los cuales, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que los actos de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número VI.1°J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." Tampoco es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b) y c) de la porción normativa invocada, en el sentido de que, no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, lo que se reclama esencialmente es lo que son actuaciones desplegadas dentro de un juicio sumario civil, de modo que, este acto no encuadra en alguna de las referidas hipótesis. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del presente asunto, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del expediente 410/2018 de la estadística del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Sobreseimiento que se hace extensivo a la discusión, aprobación, refrendo, promulgación y publicación del artículo 90 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos atribuidos, en el respectivo ámbito de su competencia, al Gobernador, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", así como al Congreso, todos del Estado de Morelos, reclamado como heteroaplicativo. Ello, en virtud de la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de aplicación que impide examinar uno prescindiendo del otro, de modo que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J.71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.". En efecto, para sostener la anterior aseveración, resulta dable señalar que la procedencia del juicio de amparo en contra de leyes con motivo de su primer acto de aplicación no es irrestricta, sino que deben observarse ciertas reglas y principios fundamentales sobre los cuales ha sido estructurado el juicio de amparo. Uno de esos principios es el de definitividad, mismo que supone el agotamiento o ejercicio previo de todos los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, a fin de que sea modificado, revocado o nulificado. En esas circunstancias, si, como en el caso, la parte quejosa decidió impugnar una ley en amparo indirecto, ello con motivo de su primer acto concreto de aplicación, éste necesariamente deberá ser de los considerados como de imposible reparación, de lo contrario, operará la regla contenida en el artículo 170, fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia, para lo cual es necesario preparar el juicio agotando el principio de definitividad, pues afirmar lo contrario implicaría derogar implícitamente el contenido de dicha porción normativa. Bajo esas consideraciones, y toda vez que el juzgador no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación, resulta evidente que en el caso, como se adelantó, debe hacerse extensivo el sobreseimiento decretado respecto del acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del expediente 410/2018 de la estadística de su adscripción, mediante el cual determinó no admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la quejosa. Otorga sustento a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 78/2007, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 5, con registro digital 170866, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Asimismo, resulta aplicable al caso concreto, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 95/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 328, con registro digital 177265, de rubro: LEYES AUTOAPLICATIVAS COMBATIDAS CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. CUANDO LA DEMANDA ES EXTEMPORÁNEA RESPECTO DE ÉSTE, TAMBIÉN LO ES EN RELACIÓN CON LA LEY, AUN CUANDO NO HAYA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE 30 DÍAS PARA SU IMPUGNACIÓN. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por - en los términos establecidos en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente.

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