DULCE MARÍA GÓMEZ PASCACIO y Otros.
Expediente 1290/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1290/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2019
Partes del expediente
- DULCE MARÍA GÓMEZ PASCACIO y Otros.
- Dulce María Gómez Pascacio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I y 98 de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se tuvo POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO-.Visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I y 98 de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se tuvo POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO, se declara que éste HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido
- Principal
Agréguese el escrito del promovente, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso; en atención a su contenido, dígase que no resulta posible acordar de conformidad lo que peticiona por los motivos que a continuación se exponen: Cabe puntualizar que, mediante el proveído anteriormente citado (fojas 17 a 23), se le previno al ocursante para que precisara diversos puntos. Seguidamente, mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 27 a 30), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y de Procesos Penales Federales en Cintalapa de Figueroa, recibido en este juzgado federal el nueve de octubre siguiente, en el que realizó diversas manifestaciones; sin embargo, fue omiso el promovente en manifestar que acto de ejecución reclamaba de la autoridad responsable Actuario adscrito a la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Además, omitió exhibir el documento idóneo con el que de manera fehaciente acreditara la personalidad con que la que se ostentó como apoderado legal de los quejosos, precisamente porque quien aceptó el poder exhibido anexo al escrito de demanda inicial (fojas 10 a 14), fue +++, y quien promueve es +++; máxime que, del escrito aclaratorio con meridiana claridad se advierte que aclaró el nombre del promovente del amparo como +++, por ende, dicho ocursante no tiene reconocido ningún carácter de apoderado de los quejosos con base en el documento antes descrito. Asimismo, es conveniente destacar que, el artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre y cuando previamente compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, situación que en la especie no ocurre puesto que fue omiso en exhibir documental alguna en la que la junta responsable le haya reconocido el carácter de apoderado legal de los quejosos con el que se ostenta. En tal virtud, del análisis de dicho precepto se tiene que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de la materia, para que los exhiba, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta la demanda. Sin que en el presente asunto, aun en observancia de la figura de suplencia en la deficiencia de la queja contenida en el artículo 79, fracción V, de la normatividad de Amparo, ello tomando en consideración que los gobernados que se consideran quejosos, tienen la calidad de trabajadores en el juicio de origen, les eluda de la carga procesal de que, quien se ostenta como su apoderado deba acreditar tal circunstancia con la documental respectiva. Ello sin perjuicio que, como lo aduce el promovente, una carta poder debe resultar valida sin ratificación de firmas, por lo que no se requirió dicha ratificación, sino que el motivo de la prevención fue en relación a los quejosos que indica representar, sin que hayan firmado dicha carta poder. Misma que, aun cubriendo, en su caso, los requisitos de la norma jurídica que rige el acto reclamado, es decir, de la Ley Federal del Trabajo, en específico del artículo 692, fracción I, se encuentra otorgada a una diversa persona del ocursante, circunstancia que no subsanó. Por lo que tomando en consideración el escrito de demanda, sus anexos y escrito aclaratorio en su integridad, lo cierto es que, en el presente, el promovente del amparo no exhibió el documento idóneo con el que de manera fehaciente acredite la personalidad para representar a los quejosos, en este juicio constitucional. En ese sentido, la garantía dispuesta por el artículo 17 constitucional, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se halla instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados. El contenido de estos principios adquiere matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo, pues si bien es cierto que en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, también lo es que en dicho juicio, a diferencia de otros en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. La tramitación de un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, implica el empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, y causa perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente -que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia- con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son parte en este juicio. La circunstancia de que el promovente no acompañe a su demanda el documento idóneo para acreditar su personalidad, debe considerarse como una irregularidad documental de la demanda, pues ha de observarse que ésta no es más que la expresión formal del acto por el cual una persona, en este caso en nombre de otras, excita la actividad jurisdiccional para la solución de un conflicto. Si la demanda es tal, resulta claro que al escrito en que ella conste, debe acompañarse, como requisito de admisión, el título que acredite la representación del promovente, es decir, la existencia del vínculo entre éste y quienes sean los titulares de los derechos que pretenden deducirse en el juicio. Toda vez que, al dejar de acompañar al escrito de demanda el documento idóneo que acredite fehacientemente la representación de quien la promueve, la misma no debe ser admitida a trámite, pues falta satisfacer uno de sus requisitos de procedencia, de modo que se requirió al promovente para que lo hiciera dentro del plazo legal, apercibido de las consecuencias que derivarían de no hacerlo (como se hizo en auto de veinticinco de septiembre de la anualidad en curso) -fojas 17 a 23-, y al no haberse subsanado, no puede darse trámite a la demanda, pues con ello se evita dar curso a un procedimiento que necesariamente conduciría a un fallo de sobreseimiento. En ese sentido, al no exhibir dentro del término de cinco días concedido mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 17 a 23), el documento idóneo con el que acreditara su personalidad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Finalmente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA QUEJOSO.- Agréguese el escrito del promovente, por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en auto de veinticinco de septiembre del año en curso; en atención a su contenido, dígase que no resulta posible acordar de conformidad lo que peticiona por los motivos que a continuación se exponen: Cabe puntualizar que, mediante el proveído anteriormente citado (fojas 17 a 23), se le previno al ocursante para que precisara diversos puntos. Seguidamente, mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diecinueve (fojas 27 a 30), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y de Procesos Penales Federales en Cintalapa de Figueroa, recibido en este juzgado federal el nueve de octubre siguiente, en el que realizó diversas manifestaciones; sin embargo, fue omiso el promovente en manifestar que acto de ejecución reclamaba de la autoridad responsable Actuario adscrito a la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Además, omitió exhibir el documento idóneo con el que de manera fehaciente acreditara la personalidad con que la que se ostentó como apoderado legal de los quejosos, precisamente porque quien aceptó el poder exhibido anexo al escrito de demanda inicial (fojas 10 a 14), fue +++, y quien promueve es +++; máxime que, del escrito aclaratorio con meridiana claridad se advierte que aclaró el nombre del promovente del amparo como +++, por ende, dicho ocursante no tiene reconocido ningún carácter de apoderado de los quejosos con base en el documento antes descrito. Asimismo, es conveniente destacar que, el artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre y cuando previamente compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas, situación que en la especie no ocurre puesto que fue omiso en exhibir documental alguna en la que la junta responsable le haya reconocido el carácter de apoderado legal de los quejosos con el que se ostenta. En tal virtud, del análisis de dicho precepto se tiene que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de la materia, para que los exhiba, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta la demanda. Sin que en el presente asunto, aun en observancia de la figura de suplencia en la deficiencia de la queja contenida en el artículo 79, fracción V, de la normatividad de Amparo, ello tomando en consideración que los gobernados que se consideran quejosos, tienen la calidad de trabajadores en el juicio de origen, les eluda de la carga procesal de que, quien se ostenta como su apoderado deba acreditar tal circunstancia con la documental respectiva. Ello sin perjuicio que, como lo aduce el promovente, una carta poder debe resultar valida sin ratificación de firmas, por lo que no se requirió dicha ratificación, sino que el motivo de la prevención fue en relación a los quejosos que indica representar, sin que hayan firmado dicha carta poder. Misma que, aun cubriendo, en su caso, los requisitos de la norma jurídica que rige el acto reclamado, es decir, de la Ley Federal del Trabajo, en específico del artículo 692, fracción I, se encuentra otorgada a una diversa persona del ocursante, circunstancia que no subsanó. Por lo que tomando en consideración el escrito de demanda, sus anexos y escrito aclaratorio en su integridad, lo cierto es que, en el presente, el promovente del amparo no exhibió el documento idóneo con el que de manera fehaciente acredite la personalidad para representar a los quejosos, en este juicio constitucional. En ese sentido, la garantía dispuesta por el artículo 17 constitucional, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se halla instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados. El contenido de estos principios adquiere matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo, pues si bien es cierto que en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, también lo es que en dicho juicio, a diferencia de otros en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. La tramitación de un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, implica el empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, y causa perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente -que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia- con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son parte en este juicio. La circunstancia de que el promovente no acompañe a su demanda el documento idóneo para acreditar su personalidad, debe considerarse como una irregularidad documental de la demanda, pues ha de observarse que ésta no es más que la expresión formal del acto por el cual una persona, en este caso en nombre de otras, excita la actividad jurisdiccional para la solución de un conflicto. Si la demanda es tal, resulta claro que al escrito en que ella conste, debe acompañarse, como requisito de admisión, el título que acredite la representación del promovente, es decir, la existencia del vínculo entre éste y quienes sean los titulares de los derechos que pretenden deducirse en el juicio. Toda vez que, al dejar de acompañar al escrito de demanda el documento idóneo que acredite fehacientemente la representación de quien la promueve, la misma no debe ser admitida a trámite, pues falta satisfacer uno de sus requisitos de procedencia, de modo que se requirió al promovente para que lo hiciera dentro del plazo legal, apercibido de las consecuencias que derivarían de no hacerlo (como se hizo en auto de veinticinco de septiembre de la anualidad en curso) -fojas 17 a 23-, y al no haberse subsanado, no puede darse trámite a la demanda, pues con ello se evita dar curso a un procedimiento que necesariamente conduciría a un fallo de sobreseimiento. En ese sentido, al no exhibir dentro del término de cinco días concedido mediante proveído de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 17 a 23), el documento idóneo con el que acreditara su personalidad; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Finalmente, hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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