Dulce María García Zeferino
Expediente 8/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Dulce María García Zeferino
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de los autos, de los cuales se aprecia ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinte de enero dedos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que DESECHÓ la demanda de amparo promovida por Dulce María García Zeferino, HA CAUSADO ESTADO. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, vistas las constancias de autos, el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, dado que el presente juicio de amparo se encuentra dentro de los supuestos que prevé el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes citado, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su DESTRUCCIÓN. También, como se anotó en la certificación de cuenta, se advierte que en el presente asunto no se exhibieron documentos originales allegados por las partes -billetes de depósito, entre otros-. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Por otro lado, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. De igual forma, que en caso de que la autoridad responsable a la fecha no haya reanudado labores o en su caso exista algún impedimento material o jurídico para realizar la entrega del oficio respectivo, levante la razón correspondiente.
- Principal
Visto el escrito de demanda de amparo indirecto recibida vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovido por Dulce María García Zeferino por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Radicación. Fórmese expediente impreso y electrónico, y regístrese con el número 8/2022-IV, en el libro uno, relativo al Registro de Juicios de Amparo y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Acuerdo de desechamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda carece de firma electrónica de la parte quejosa para efectos de la procedencia del juicio de amparo. A fin de evidenciar lo anterior, es preciso traer a cuenta el contenido de los numerales invocados. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del primer precepto invocado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de la Constitución Federal o de alguna disposición de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, dispone que el juicio constitucional sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada; es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Ahora, el ordinal 3 de la ley de la materia, en relación con el diverso 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción". De lo preceptos transcritos se extrae que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma; acto de voluntad que supone la imposición autógrafa del puño y con la letra del propio interesado. De igual forma, si el gobernado opta por presentar la demanda o cualquier otro escrito en el juicio de amparo, a través del empleo de las tecnologías de la información, deberá utilizar la firma electrónica FIREL o "e.firma" conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. En relación con lo anterior, el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece que para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera digital, deberá agregarse la firma electrónica vigente. Cabe precisar que la firma FIEL o "e.firma", es un documento electrónico que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el emisor o autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa; de ahí que la firma electrónica produzca los mismos efectos que ésta. En el contexto apuntado, la falta de firma electrónica de la parte quejosa no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir al promovente para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues la carencia de aquélla impide apreciar la voluntad de quien aparece como promovente; de modo tal, que no existe instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En el caso en estudio, se advierte que la demanda de amparo que dio origen a este juicio se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de Jeús Montalvan Ramírez, autorizado por la quejosa. Por tanto, se considera que la promovente del amparo no incorporó manifestación de voluntad en el ejercicio de un derecho y se debe estimar que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, al carecer el escrito inicial de amparo de la voluntad de su ocursante para promover la instancia constitucional, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no se puede considerar ejercida la acción constitucional por ser la firma electrónica una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. Lo antes expuesto permite concluir que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la falta de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de la quejosa, implica que no ha expresado su voluntad de realizar dicho acto y, por ende, de la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: P./J. 32/2018 (10a.) sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En esas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de amparo, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Tampoco constituye obstáculo a la decisión alcanzada, que la quejosa hubiese plasmado una firma al final de la demanda; ello, pues al margen de que -como ya ha quedado plasmado en supralineas- al haberse presentado de manera electrónica es indispensable que cuente con FIREL o "e.firma", lo cierto es que se trata de una copia simple, la cual carece de valor probatorio. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 96/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo." Asimismo, cabe mencionar que la parte quejosa no se encuentra en el caso de excepción previsto en la última parte del artículo 3º de la Ley de Amparo, esto es, que la demanda se promueva contra actos contenidos en el artículo 15 de dicha Ley. Excepción que también se encuentra prevista en los artículos 10, segundo párrafo, y 45 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Lo que se sostiene, puesto que del análisis de la demanda que se provee se advierte que la quejosa no está siendo objeto de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; razón por la cual resulta obligatorio que el escrito de demanda sea firmado de manera electrónica por dicha quejosa, al haber hecho uso de las tecnologías de la información, al haberse promovido mediante el juicio en línea. Además, no pasa por desapercibido para este juzgador la tesis: I.7o.P. J/10 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4877, registro digital 2023202, de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]." Sin embargo, actualmente las condiciones de la pandemia han cambiado, pues al momento de que se emitió dicha jurisprudencia la mayoría del país se encontraba en semáforo rojo, lo que actualmente no acontece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a Ana Laura Gatica Morales y Jesús Montalván Ramirez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Karen Patricia Mendoza Vázquez, Ricky Iván Martínez García y Carlos Agustín Álvarez Ayala, por no contar con el registro anterior. Asimismo, téngase proporcionado los correos electrónicos any_nube@hotmail.com y j-montalvan@hotmail.com, así como los números telefónicos 7472014369 y 7471065780 a efecto de ser localizado, en su atención se provee: Se le tiene señalando al promovente los correos electrónicos que refiere a efecto de recibir las notificaciones que deriven del presente juicio de amparo, asimismo, proporcionando como números telefónicos los indicados, por lo cual se instruye al actuario judicial adscrito que las subsecuentes notificaciones se realicen por este medio, debiendo confirmar su recepción vía telefónica y asentar la razón respectiva. Adicionalmente, como lo solicita y con fundamento en los artículos 77, 79 y 93 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos a la tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, desde este momento se le autoriza únicamente para consultar el presente expediente electrónicamente, ello, en términos del Artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de contar con firma electrónica registrada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, siendo el usuario "lic.monta", que corresponde a Jesús Montalván Ramírez; lo anterior se verificó, en la base de datos del "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, se comisiona a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que realice los movimientos necesarios en dicho sistema, para el caso de que resultara alguna cuestión no prevista hasta este momento que impidiera lo anterior, se proveerá lo conducente. Ello, sin perjuicio de que por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, ante ello, dicho quejoso deberá dar aviso de inmediato a este órgano jurisdiccional para que se tomen las medidas correspondientes. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se permite a las personas justiciables promover, consultar expedientes, recibir notificaciones e interponer recursos, así como la celebración de audiencias y comparecencias a distancia. TRANSPARENCIA. De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial.
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