Dulce María García Salazar

Expediente 612/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
612/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Dulce María García Salazar

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diez de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio enviado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el cual fue firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco de Juárez, por medio del cual acusa recibo e informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio lugar al juicio de amparo indirecto 612/2021. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, el presente cuaderno de antecedes, transcurridos seis meses a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIBLE, en su totalidad. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12 y 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Dulce María García Salazar; por tanto, se ordenó su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, residente en Acapulco de Juárez. Ahora bien, de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la demanda en comento le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco de Juárez. En mérito de lo anterior, solicítese de manera comedida y respetuosa al Tribunal de Alzada, que de no tener inconveniente informe a este órgano jurisdiccional si se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Dulce María García Salazar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito firmado por Dulce María García Salazar, por su propio derecho, quien promueve demanda de amparo indirecto contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 612/2021 y fórmese el expediente respectivo. INCOMPETENCIA Del escrito inicial de demanda se desprende que el acto reclamado a la autoridad responsable Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en esta ciudad, es la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca de apelación VII-702/2011 de su índice. Precisado lo anterior, el artículo 170 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los artículos transcritos, se colige que el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, hipótesis que se actualiza en el presente caso y de los mismos corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito. Atendiendo a lo anterior, el caso en estudio se ubica en la regla señalada, pues se trata de un amparo promovido en contra de una resolución absolutoria, que dada su especial naturaleza y los efectos que produce, resulta ser de aquellos que ponen fin al juicio, pues lo da por terminado, al dictar una resolución absolutoria y ordenando dejar en inmediata libertad al sentenciado del juicio de origen. Así, para determinar la competencia, debe analizarse a la luz de la naturaleza jurídica del acto reclamado, para estar en posibilidad de fijar la competencia entre los Jueces de Distrito en el conocimiento del asunto planteado. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 189167, con rubro y cuerpo siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora.". Ahora, de los artículos 47 y 170, de la Ley de Amparo, transcritos en párrafos precedentes, se infiere que, en el supuesto de que se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito, en la que se reclamen actos que se estimen sean materia de amparo directo, como en el caso a estudio, se declarara que el órgano de amparo carece de competencia y, de inmediato, remitirá la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Asimismo, que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito conocer de los juicios de amparo en que se reclamen sentencias definitivas, laudos o resoluciones que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido. No obstante, para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. En el referido contexto, se pone de manifiesto que, conforme al principio de definitividad, existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en la ley antes de acudir al amparo, por lo que ante la falta del cumplimiento de dicha obligación es improcedente el juicio de amparo. En ese orden de ideas, es evidente que este Juzgado de Distrito, es legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, en relación con el artículo 170, ambos de la Ley de Amparo; dado que el acto reclamado constituye la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el toca de apelación VII-702/2011 por la sala responsable, mediante la cual resolvió revocar la sentencia de primer grado y ordenar la inmediata libertad del sentenciado. Por tanto, se considera que el mencionado acto reclamado es de los que pone fin al juicio, al ser una determinación dictada por un tribunal de segunda instancia, de ahí que se trate de las resoluciones referidas en el numeral 170 de la Ley de Amparo, pues dicho acto da por concluido el juicio de que se trata. En consecuencia, al tratarse de una sentencia definitiva absolutoria dictada por un tribunal de alzada, no pueda ser objeto de estudio en la presente instancia; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en el presente asunto se actualiza dicha hipótesis. Sirve a de apoyo a lo anterior por identidad de criterio la tesis P./J. 6/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2008791, de rubro y cuerpo siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". Por ello, la impugnación que en contra de dicha resolución haga la quejosa, deberá enderezarla ante los Tribunales Colegiados de Circuito, a través del juicio de amparo en la vía directa, como lo establece el numeral 170 fracción I, de la Ley de Amparo, previamente transcrito. Por lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgador se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda que motivó la formación del presente asunto. Por consiguiente, en acatamiento al imperativo legal contenido en el propio numeral 47 de la invocada legislación, mediante oficio, con transcripción de este proveído, se ordena formar cuaderno de antecedentes y remitir de inmediato el escrito original y los anexos de la demanda de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que el Órgano de Control Constitucional, a quien toque conocer de la misma, tenga a bien proveer lo conducente conforme lo señala el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, solicitando respetuosamente el acuse de recibo correspondiente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. DOMICILIO. En otro orden, en virtud de que la parte quejosa señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y toda vez que en la legislación de amparo no se encuentra prevista tal circunstancia; téngase como tal, la lista que se fija en lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En otro orden, de la demanda de amparo que se provee se advierte que la quejosa manifiesta no tener abogado ni asesor jurídico; por tanto, a fin de garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva y evitar violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, dado que éstas son de orden público, solicítese al DELEGADO DEL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA DELEGACIÓN ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN ACAPULCO, para que designe en un término no mayor a tres días a un asesor jurídico a efecto de que funjan como tal en favor de la impetrante de amparo Dulce María García Salazar. Finalmente, con los anexos que exhibe la quejosa fórmese por separado un legajo de pruebas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado José Francisco Herrera Garcia Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargado del Despacho, por periodo vacacional concedido al Titular de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado en sesión celebrada en dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/4636/2021, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.

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