Dulce María Espinoza Domínguez

Expediente 927/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
927/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Dulce María Espinoza Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vistos; la cuenta secretarial que antecede y en cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 927/2023, promovido por *****, por propio derecho y en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo y de otra autoridad responsable; con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se apertura por separado el presente incidente de suspensión. Hágase saber a las partes que el siete de noviembre de dos mil veintidós, entró en vigor el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, conforme al cual se reanudan las labores de forma regular en los órganos jurisdiccionales. Por tanto, en términos de lo establecido en el artículo 264 del citado Acuerdo General, no se formará el duplicado físico del incidente de suspensión. Se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, enviándoles copia de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, solicitándoles que en el mismo se precise si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, pudiendo expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita al órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente. Se hace saber a las autoridades responsables que la falta de la rendición oportuna de su informe previo, esto es, antes de la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia incidental, se sanciona con una corrección disciplinaria, y que de conformidad con el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238, ambos de la ley de la materia, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo4 , podrá multárseles con cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio5 , en caso de que no rinda su informe previo en el término antes señalado, resultando aplicable a este apercibimiento, la tesis IV.2o. P.C.4K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 873, tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro señala: "MULTA. CORRECCIÓN DISCIPLINARIA 4 DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. [.] TRANSITORIOS [.] Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." (Publicado en el D.O.F. 27 ENERO 2016)." 5 Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la Unidad de Medida y Actualización, vigentes a partir del 1 de febrero de 2021. Que atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización: 1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12. Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $96.22 pesos mexicanos, el mensual es de $2,925.09 pesos mexicanos y el valor anual $35,101.08 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 2022. (Publicado en el D.O.F. 07 ENERO 2022)." IDÓNEA PARA SANCIONAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE OMITE RENDIR INFORME PREVIO". Asimismo, se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este incidente se les dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrán por hechas las notificaciones, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrán por hechas; además de que se le impondrá una multa como medida de apremio de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en las denominaciones de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al peticionario de amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, antes de determinar si es procedente conceder la medida cautelar solicitada, es menester precisar que la parte quejosa se duele de las siguientes conductas: a) El acuerdo de siete de julio de dos mil veintitrés, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en el expediente laboral 288/2012, en el que le impuso a la quejosa Dulce María Espinoza Domínguez, en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, una multa por la cantidad de $24,055.00 (veinticuatro mil cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional); y, b) Las consecuencias jurídicas que se deriven de dicha resolución. Una vez precisados los actos reclamados, es momento de verificar si es procedente conceder la medida cautelar solicitada. Así por lo que se refiere a la conducta impugnada en el inciso a), lo procedente es negarla, toda vez que le reviste el carácter de consumada, dado que ya se llevó a cabo al momento de emitirse la resolución impugnada, y contra ello es improcedente conceder la suspensión provisional, pues tal determinación implicaría la restitución a la solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos que estima violados, efecto que no es propio del otorgamiento de la medida precautoria que se emita en el juicio de amparo, por ser contrario a la naturaleza jurídica de la institución suspensional. Así lo ha definido la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que enseguida se transcribe: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, tomo XVI, página 1413). Por otra parte, por lo que respecta a la suspensión del acto identificado con el inciso b), lo procedente es conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder el beneficio de la suspensión provisional, a saber: 1.- Que la solicite el quejoso. 2.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Pues bien, el primero de ellos se colmó plenamente toda vez que se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues en el caso no se está en el alguno de los supuestos que señala el artículo 129 de la Ley de Amparo6 , ni se 6 Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. advierte que con su concesión se afecten los derechos de la colectividad. POR TANTO, LO PROCEDENTE ES CONCEDER LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, PARA EL ÚNICO EFECTO DE QUE SIN SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE EJECUTAR LA MULTA IMPUESTA A LA INCIDENTISTA DULCE MARÍA ESPINOZA DOMÍNGUEZ, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICA PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO DE OMETEPEC, GUERRERO, POR LA CANTIDAD DE $24,055.00 (VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), EN PROVEÍDO DE SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL 288/2012, EN CASO DE QUE A LA FECHA NO SE HAYA EFECTUADO DICHO ACTO Y HASTA EN TANTO RECIBAN NOTIFICACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA QUE SE DICTE EN ESTA INCIDENCIA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS NO PROVENGAN DE AUTORIDADES DISTINTAS A LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Lo anterior se estima así, toda vez que se considera conveniente conservar la materia del amparo, concediendo la presente medida cautelar, hasta en tanto se cuente con mayores datos que permitan verificar si el acto reclamado incidió en la esfera jurídica de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, la presente medida cautelar, surte sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; hecho que deberá demostrar a este órgano jurisdiccional. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente al caso, la jurisprudencia PC.I.A. J/57 A (10a.), visible en la página 2118 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 24, Tomo III, Noviembre de 2015, que literalmente establece: "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J. 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." Lo anterior, hágase del conocimiento de los terceros interesados a Gastón Santos Sánchez Neri, Aristeo Baños Clavel y José Bustos Zavaleta, todos con domicilio ubicado en la calle Amado Nervo 2, segundo piso, despacho C, colonia Centro, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, EN TURNO, con residencia en Chilpancingo, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho lugar, y les notifique el presente proveído, para los efectos legales procedentes. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de que se realice la diligencia encomendada. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, resulta innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial por el medio de que se trata. Acorde a la Jurisprudencia P./J. 143/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Diciembre de 2000, Tomo XII, página 23). Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el señalado en el escrito de doce de octubre del año en curso, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Yuxilt Itzayani Pascual Juárez, Jehová Méndez Olea, Frida Pineda Salmerón, Marlette Aida Cruz de la Cruz, Aylin Lizbeth Vásquez Vargas, Dioselina Casiano Platero, Cecilio Morales Mosso y Génesis Azarel Pereda Vargas, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acreditan como Licenciados en Derecho, y sólo para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Carlos Antonio Velázquez Porfirio, Zaratustra Pacheco Díaz, Cecilia Brito Cortez, Ernesto Bernabé Custodio y Silvio Julio Jiménez Salinas, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la parte quejosa las documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente. Se exhorta a las partes para que las promociones que se presenten en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico institucional 4jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, deberán estar escaneadas de manera clara y legible, con evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma", del Servicio de Administración Tributaria, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En el entendido de que no se acordarán de conformidad las promociones que se presenten sin firma electrónica de la persona que las suscriba. Apoya lo anterior, el criterio establecido en la jurisprudencia PC.XVII. J/3 k (11ª.) del Pleno del Decimoséptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo III, pagina 2537, registro digital 2023740, de rubro: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". Comuníquese a las partes que de conformidad con lo establecido en el referido Acuerdo General, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica, en virtud de que el expediente electrónico será el que tenga validez para su consulta desde el Portal de Servicios en Línea, y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a consultarlo en los equipos de cómputo dispuestos para tal efecto, ya que la documentación recibida vía electrónica únicamente constará en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, pues éste sólo servirá como referencia de los documentos recibidos físicamente. Las constancias de consulta que genere el sistema servirán como constancia de notificación, serán válidas y no necesitarán de certificación del Actuario, Secretario o funcionario, y se integrarán únicamente al expediente electrónico. Las listas de acuerdos quedarán a disposición del público usuario para su consulta en la página de internet del Consejo a través del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, y tienen validez legal suficiente, por lo que no es necesaria su posterior certificación para agregarse al expediente electrónico. Por lo que se les exhorta para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En la inteligencia de que, bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. El horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, y se realizará privilegiando el uso de medios electrónicos y soluciones digitales, tales como el teléfono y las videoconferencias, con excepción de la Oficialía de Partes. Para ello, en el área de atención al público se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los servidores públicos, a efecto de que cualquier persona los pueda contactar para la atención correspondiente. En el entendido de que tratándose de las audiencias constitucionales e incidentales, se podrán realizar a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, salvo en aquéllos asuntos en los que sea necesaria la presencia de las partes, en cuyo caso la diligencia se realizará por videoconferencia. Las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Para la consulta de las carpetas digitales y la práctica de notificaciones electrónicas, las partes deberán formular expresamente la solicitud respectiva, y tratándose de órganos estatales, contar con un convenio de interconexión o colaboración. Notifíquese; por exhorto a los terceros interesados y personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 751/2023, que se le envió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional se notificara a la parte quejosa el proveído de siete de septiembre del año en curso; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos estadísticos a que haya lugar. Por otra parte, de autos se advierte que en proveído de diecinueve de septiembre actual, este Juzgado Federal se reservó a proveer lo conducente al ocurso aclaratorio por el que la quejosa *****, aclaró que promueve esta instancia constitucional por propio derecho; hasta en tanto se recibiera la citada comunicación oficial, lo cual ya aconteció; por tanto, téngase por desahogada en tiempo dicha prevención. Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite la demanda promovida por Dulce María Espinoza Domínguez, por propio derecho y en su carácter de Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ometepec, Guerrero, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, y de otra autoridad responsable. Tramítese el incidente de suspensión por así haberlo solicitado la parte quejosa. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere su correspondiente informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir respecto de los actos que en específico se les atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remitan copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberán remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a las autoridades responsables que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo 3 , se les impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio 4 , en caso de que no rindan su informe justificado , o lo hagan sin remitir , en su caso , copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquese que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se les dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a las autoridades responsables que las notificaciones se les practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se les deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las 3 "DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. [.] TRANSITORIOS [.] Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." (Publicado en el D.O.F. 27 ENERO 2016)." 4 UNIDAD DE MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN "Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Que el 10 de enero de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la Unidad de Medida y Actualización, vigentes a partir del 1o. de febrero de 2020. Que atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización: 1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12. Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $89.62 pesos mexicanos, el mensual es de $2,724.45 pesos mexicanos y el valor anual $32,693.40 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1o. de febrero de 2021." autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253) Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre los juicios de amparo previos que se hayan promovido contra actos derivados del juicio laboral 288/2012, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a Gastón Santos Sánchez Neri, Aristeo Baños Clavel y José Bustos Zavaleta, todos con domicilio ubicado en la calle Amado Nervo 2, segundo piso, despacho C, colonia Centro, en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y el numeral 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena girar atento exhorto vía electrónica al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO, EN TURNO, con residencia en Chilpancingo, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado federal, se sirva ordenar a quien corresponda, que se constituya en dicho lugar, y con copia de la demanda de amparo y este proveído, los emplace a juicio y comparezcan a deducir sus derechos, si así lo estiman conveniente. Asimismo, en el acto de la diligencia los requiera para que señalen domicilio procesal para recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, lo hagan por escrito en el término de tres días siguientes al en que les surta efectos la notificación, y los aperciba que de no hacerlo, las subsecuentes actuaciones aún las de carácter personal se les practicarán por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto lo señalen. En el entendido que una vez que obren constancias de sus debidos emplazamientos se les tendrá por impuestos de los autos, para los efectos que señala el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase saber a dicho juzgador que se le otorga plenitud de jurisdicción para que tome las medidas necesarias a efecto de lograr los emplazamientos encomendados. En el entendido que, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12, incisos b) y g), del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal Electoral y Consejo de la Judicatura Federal, la comunicación oficial será firmada mediante el certificado digital de firma electrónica. De igual forma, resulta innecesario solicitar el acuse de recibo respectivo, en razón de que el mismo se genera una vez enviada la comunicación oficial por el medio de que se trata. Asimismo, de conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. En términos del numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa la documentales que exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Previo cotejo y certificación de las copias de los documentos que la promovente anexó a la demanda de amparo, se ordena su inserción dentro del cuaderno incidental. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia 2a./J. 19/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digita: 2000319, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 401, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENARLA DE OFICIO, RESPECTO DE LOS EXHIBIDOS CON LA DEMANDA DE AMPARO, PARA QUE OBREN EN EL CUADERNO INCIDENTAL, AL DICTAR LA RESOLUCIÓN ATINENTE A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA (REQUISITO CONTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA P./J. 71/2010). La jurisprudencia citada establece como requisito que el Juez de Distrito, de oficio, ordene la compulsa o certificación de los documentos originales presentados con la demanda de amparo, con las copias simples que se anexen a ésta, a fin de que se tomen en consideración al emitir la resolución relativa a la suspensión definitiva de los actos reclamados. Incluso prevé que respecto a las pruebas documentales aportadas en el expediente principal del juicio de amparo durante el procedimiento, también debe actuar en los términos referidos, con el propósito de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren los mismos elementos probatorios. Ahora bien, dicha actuación corresponde al secretario del Juzgado de Distrito, según los artículos 61, 64, 217 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de acuerdo con el 2o. de la Ley de Amparo, que en general establecen que el secretario del órgano jurisdiccional es quien debe realizar la certificación correspondiente, la cual constituye una actuación fundamental e imprescindible para que el Juez de Distrito esté en aptitud legal y material de conocer si se aportaron elementos probatorios con la demanda de amparo o durante el procedimiento del juicio de garantías, con el objeto de que en ambos cuadernos, principal e incidental, obren las mismas pruebas documentales y al dictar la resolución atinente a la suspensión definitiva de los actos reclamados, atienda a todas las pruebas exhibidas por la quejosa, con base en lo cual emita una decisión apegada a la realidad jurídica de ese asunto." Finalmente, se tiene como autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Yuxilt Itzayani Pascual Juárez, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que la acredita como Licenciada en Derecho. Notifíquese, por exhorto a los terceros interesados y personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 927/2023-III*M CUENTA. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el escrito registrado en el libro de correspondencia con el número de promoción 13301. Conste. La Secretaria Mariella Jaramillo Pineda Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa Dulce María Espinoza Domínguez, mediante el cual señala domicilio procesal y número telefónico. En atención a su contenido, se tiene como su domicilio procesal el que indica, para los efectos legales conducentes. De igual forma, téngasele proporcionando número telefónico para establecer contacto. Notifíquese

  4. Principal

    AVISO: NOTIFICO POR LISTA A LOS QUEJOSOS EL ACUERDO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EL CUAL DETERMINÓ: JUICIO DE AMPARO 953/2021-III*M Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de queja contra la resolución interlocutoria de veintiuno de agosto del año que transcurre; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la ley citada, se declara QUE DICHA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE DECLARÓ FUNDADO EL INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES INTERPUESTO POR CRISTIÁN DAVID ALARCÓN BERNAL, DELEGADO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CUAUTEPEC, GUERRERO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo determinado en dicha resolución interlocutoria, se ordena notificar a las autoridades responsables, por oficio en el domicilio de su oficina principal, el acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, en el que se dio vista a las partes con el dictamen en materia de contabilidad emitido por el perito oficial Simón González de Jesús, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia del dictamen de mérito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente.

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