Dulce Maria Cruz Reyes
Expediente 1492/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1492/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Dulce Maria Cruz Reyes
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, en contra del auto de seis de diciembre del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********** contra actos del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, seis de diciembre de dos mil veintiuno. Desahogo de prevención Se tiene por recibido el escrito signado por **********, quejosa en el presente asunto, mediante el cual en cumplimiento a la prevención a la que fue objeto por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 9 a 13), desahoga la misma, señalando bajo protesta de decir verdad, que el acto que le reclama a la autoridad señalada como responsable Juez Primero Civil de Primera Instancias del Distrito Judicial de Comalcalco, Tabasco, es la resolución interlocutoria dictada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, misma que le fue notificada por medio de cédula de notificación personal el seis de octubre de dos mil veinte. Improcedencia del juicio Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización son: Novena Época, Registro: 193379, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/19, Página: 730 de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues, se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en el referido numeral 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por considerar que la presentación de la demanda de amparo fue hecha en forma extemporánea, atendiendo a las siguientes consideraciones: Acto reclamado. Del análisis realizado a la demanda de amparo que nos ocupa, se aprecia que la parte quejosa Dulce María Cruz Reyes señaló como acto reclamado: ".Que mi acto reclamado bajo protesta de decir verdad, resulta ser la sentencia interlocutoria de fecha 18 de octubre del año 2019, mismo que me fue notificada mediante cédula de notificación personal, en fecha 06 de octubre del año 2020, a las 10:50 horas, por la actuaria **********. Siendo la única notificación por la cual me enteré de dicha resolución interlocutoria." En ese tenor, debe decirse que en el caso que nos ocupa, se actualiza de manera clara y patente la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, éstos de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". El primero de los artículos en comento, alude a la causa de improcedencia consistente en que si el amparo no se promueve dentro de los plazos legales establecidos en la ley de la materia, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, salvo los casos cuando se reclaman normas de carácter general. El segundo numeral, establece el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo; salvo los supuestos previstos en el propio numeral. En ese contexto, dada la naturaleza del acto reclamado, se tiene que el mismo no encuadra en ninguna de las excepciones a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio; de ahí que la parte quejosa para formular su demanda de amparo contra los actos que reclama, se encuentra sujeto al plazo de quince días que establece el citado precepto legal. Eso es, porque no se advierte que se encuentre en los casos de excepción que prevé el numeral aludido. Ahora, es importante destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo, previene tres hipótesis, a partir de las cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis, consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, inicia a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Los preceptos legales antes transcritos prevén que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, de manera genérica, y salvo las excepciones mencionadas, el que se contará, entre otros casos, desde el día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, o bien el día siguiente al que haya surtido efectos la notificación, se haya ostentado sabedora del acto que reclama, o bien impuesto de su contenido. En la especie, el acto reclamado, consistente en el acuerdo que bajo protesta de decir verdad, refiere le fue notificado el seis de octubre de dos mil veinte, en donde se aplica el artículo 1075, párrafo segundo del Código de Comercio. De lo anterior, se advierte que se actualiza el primer supuesto que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, en el que el cómputo para presentar la demanda de amparo, comienza a transcurrir desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. En tal virtud, el plazo de quince días que tenía la quejosa para promover el juicio de amparo, comenzó a contar a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, esto es, el ocho de octubre de dos mil veinte y venció el veintinueve de octubre del mismo año, con exclusión de los días sábados y domingos, por ser inhábiles en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Para robustecer lo anterior, se anexa la siguiente tabla: CÓMPUTO. OCTUBRE DE 2020 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 01 02 03 04 05 06 Notifica 07 Surte efectos 08 Empieza correr el plazo (1) 09 (2) 10 11 12 Inhábil 13 (3) 14 (4) 15 (5) 16 (6) 17 18 19 (7) 20 (8) 21 (9) 22 (10) 23 (11) 24 25 26 (12) 27 (13) 28 (14) 29 (15) 30 31 Por tanto, si el peticionario de amparo presentó la demanda que dio origen al presente juicio constitucional hasta el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, según se advierte del escrito de demanda (foja 3), resulta claro que ello se hizo fuera del plazo de que disponía para hacerlo, lo que evidencia la extemporaneidad en la presentación de la referida demanda. Resulta aplicable, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 291, Tomo II, Agosto de 1995, Materia Común, registro 204707, de rubro y texto, siguientes: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Por tanto, toda vez que el quejoso no ejerció en el plazo legal estipulado para ello, la acción de amparo, es evidente que consintió tácitamente el acto reclamado, y en esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, 18 y 113, todos de la Ley de Amparo, se impone desechar de plano la demanda de amparo respecto del acto reclamado, por su notoria e indudable improcedencia.
- Principal
Juicio 791/2020-III-2 folio 13231. veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio 10043 suscrito por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual notifica el proveído de doce del mes y año en curso, dictado en el recurso de queja 298/2021, del que se desprende que ese tribunal desechó por improcedente el recurso hecho valer por las autoridades responsables, contra el proveído emitido el uno de octubre de dos mil veintiuno; situación de la que este órgano de control constitucional toma conocimiento para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, del estado de autos se advierte que la autoridad responsable Director del Hospital General de Ciudad Pemex en Macuspana, Tabasco (denominación correcta), no ha informado las acciones tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que sea debidamente notificado del presente proveído informe el seguimiento dado al padecimiento de la aquí quejosa y su tratamiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisa, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida ($89.62 ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, hágase saber a las partes que mediante oficio SEADS/1063/2021, de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal designó como titular de este órgano jurisdiccional a Arturo Gregorio Peña Oropeza, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Juicio 730/2021 AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con cuatro minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Arturo Gregorio Peña Oropeza, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, asistido de la secretaria que autoriza y da fe, Juana María Colomé Payró, procede a celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 730/2021-IV, promovido por Silvio Rodolfo Chan Pérez, , sin la comparecencia de las partes ni representante legítimo de ellas. Abierta la audiencia, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas. A lo que el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias. A continuación se abre el período probatorio y la Secretaria da cuenta con la ofrecida por las partes: Parte quejosa No. Prueba Fojas 1. Copia simple de los comprobantes de pago realizados al quejoso por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 21 a 27. 2. La presuncional en su doble aspecto. Ofrecida a foja 19. 3. La instrumental de actuaciones del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 148/2020 de nuestro índice, la ejecutoria que obra en el mismo, la sentencia constitucional relativa al juicio 148/2020, así como lo relacionado con el toca en revisión 91/2020, por derivar de dicho juicio Hecho notorio. (Ofrecida a fojas 18 y 19). Prueba de la autoridad responsable: No. Prueba Fojas 1. Copia certificada de diversas constancias en relación al pago de la pension del quejoso. 71 a 130 y 171 a 177. El Juez acuerda: Con fundamento en los numerales 119 y 123 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la prueba de cuenta, en razón de su propia y especial naturaleza. Seguidamente y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes de admitir y desahogar, se declara cerrada esta etapa probatoria. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria del juzgado certifica que las partes no los formularon, y que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se abstuvo de formular pedimento. El Juez: Téngase por practicada la certificación secretarial que antecede. Acto continuo el Juez, procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. No existiendo pruebas por acordar o diligencia alguna pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional, en términos de la presente acta, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe.
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