Dulce María Cota Ochoa
Expediente 1360/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1360/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Dulce María Cota Ochoa
- Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término del artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de catorce de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese únicamente para que obre en autos, el oficio y anexo de cuenta, rendido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; lo anterior, toda vez que el catorce de febrero del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado y anexo de cuenta, rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Ahora, del estado de autos se advierte que el solicitante del amparo reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno, en el cual señaló el nueve de febrero del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, es claro que en el presente se actualizan la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de sobreseer el juicio de amparo, si durante su tramitación se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia; lo anterior, sin necesidad de esperar al desahogo de la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. En relación con lo anterior, se cita la jurisprudencia 10/20131, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Para demostrar la causa de sobreseimiento en relación con el acto reclamado ya precisado, se tiene presente el numeral y fracción invocados, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria pronunciada al resolver el amparo en revisión 3044/98, sostuvo que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, agregó la citada Sala que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Además, refirió ese Máximo Tribunal que, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesora. Lo expuesto, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Esas consideraciones se compilaron en la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, publicada en la página 189, Tomo XXIV, diciembre de 2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Ahora, en el particular se tiene que la autoridad responsable remitió algunas de las constancias relativas al juicio laboral 1-90/2021 de las que se advierte, en lo que aquí interesa, que la junta responsable el siete de octubre de dos mil veintiuno señaló el nueve de febrero de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. De igual manera, se observa que la audiencia en mención no fue llevada a cabo por la responsable debido a la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen, por lo que, en esa fecha, emitió un nuevo proveído en cual señaló el once de abril del año en curso, para su desahogo. Lo expuesto revela que a la fecha en que se resuelve la responsable emitió un nuevo acuerdo para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; por tanto, aun cuando durante el procedimiento la junta del conocimiento dictó un acuerdo que pudiera vulnerar la pronta impartición de justicia; esto, por fijar plazos excesivos para el desahogo de la audiencia en mención, materialmente no se podría restituir al solicitante del amparo en el derecho cuya vulneración reclama, precisamente porque la junta responsable señaló una nueva fecha para su desahogo. De ahí que, en caso de que aun cuando el acto reclamado resultara inconstitucional, se tornaría jurídicamente imposible restituir al promovente del amparo en el goce del derecho que estima vulnerado o bien ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesora, pues la junta responsable emitió un proveído en el cual señaló una nueva fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Por tanto, ninguna razón jurídica tendría analizar si la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en acuerdo de siete de octubre de dos mil veintiuno -acto reclamado- es lejana e injustificada y, por ende, si vulnera derechos. Lo anterior se considera así, pues si lo que pretende el quejoso a través del juicio de amparo es que con una eventual concesión se ordene a la junta responsable dejar sin efectos la fecha ya señalada y fije una nueva fecha dentro de los plazos que la Ley Federal del Trabajo establece, y durante el proceso de derechos fundamentales el órgano jurisdiccional de origen ya emitió un nuevo acuerdo en el cual señaló una nueva fecha para la celebración de la multicitada audiencia; es inconcuso que ya no puede surtir efecto en perjuicio de la parte promovente, lo cual era el objeto o materia del acto. Conforme a lo expuesto, es claro que el juicio de amparo indirecto promovido en contra del auto de siete de octubre de dos mil veintiuno dictado en el juicio laboral 1-90/2021, por el que se señaló el nueve de febrero de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo) procede sobreseer en el presente juicio conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXII de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. No pasa desapercibido que en proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno se reservó acordar lo conducente en relación con los terceros interesados; no obstante, al respecto ha de decirse que resulta innecesario llamar a juicio a los demandados en el juicio de origen, en tanto que los mismos no han sido emplazados al juicio laboral, por lo cual no les reviste el carácter de terceros interesados. Es aplicable la Jurisprudencia 67/2009 de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 265, Novena Época, Registro digital: 167160, del contenido siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las diez horas con treinta minutos del nueve de marzo de dos mil veintidós.
- Principal
Agréguese a los autos para que obren las constancias enviadas por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; toda vez que tanto el oficio como los anexos se encuentran ilegibles. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de que se encuentre notificada del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada, completa y legible de las constancias de referencia, toda vez que son necesarias para resolver el presente asunto; APERCIBIDA que en el caso de ser omisa, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con lo establecido por el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, señalándose las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo.
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