Dulce Maria Buendia Valverde
Expediente 489/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 31/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Dulce Maria Buendia Valverde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la sentencia que SOBRESEE HA QUEDADO FIRME. Comuníquese a las partes para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido; asimismo, previo al presente auto glósense el original del incidente de suspensión que se tramitó a este juicio. Conforme con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo y el cuaderno original del incidente de suspensión, SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN al haberse sobreseído en lo principal y negado la medida cautelar solicitada; por consiguiente, procédase a su cumplimiento una vez que haya transcurrido TRES AÑOS, esto es después de uno de septiembre de dos mil veinticuatro, procédase a su destrucción. Aunado a que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental. Asimismo, el DUPLICADO DEL CUADERNO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes Judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena su guarda por cuerda separada y transcurridos SEIS MESES, contados a partir de que se ordene el archivo de los presentes autos, procédase a su destrucción, esto es después del uno de marzo de dos mil veintidós. Finalmente, se ordena la devolución del legajo de pruebas identificado con el número I a la autoridad responsable por no ser necesaria su conservación. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal de autos del que se advierte que se omitió notificar a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la sentencia dictada en autos. Ante tal evento, con fundamento en la fracción I, del artículo 28, de la Ley de Amparo para evitar mayores dilaciones reexpídanse los oficios correspondientes para la debida integración del expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Vistos, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 489/2020-VI, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos reclamados que a continuación se indican: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1.- TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, con domicilio... 2.- Directora general de control de confianza de la policía federal. IV. ACTOS RECLAMADOS.- 1.- EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, reclamo: La emisión del Oficio NO. ********************, de fecha 02 de marzo de 2020, SIN FUNDAR SU DEBIDA COMPETENCIA Y SIN TENER COMPETENCIA PARA ELLO LO QUE VULNERA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA DEL HOY QUEJOSO. Lo anterior se robustece con el siguiente criterio: (...) 2. DIRECTORA GENERAL DE CONTROL Y CONFIANZA DE LA POLICÍA FEDERAL, reclamo haber remitido al TITULAR DE LA UNIDAD, la información de las evaluaciones practicadas al suscrito en fecha 25 de enero de 2020, en el cual nunca se específica el procedimiento en cada uno de los evaluaciones que me fueron aplicados y los documentos que se generaron de cada aplicación de las mismas, así como es que llega a la determinación, de que NO APROBE, sin manifestar el motivo o por qué no los cumplí, ni el método técnica o arte que se allego para tal determinación, así mismo omite él señalar la certificación de los evaluadores. Sirve de apoyo los siguientes criterios: (...)" SEGUNDO. Derechos fundamentales vulnerados. La quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los artículos 1°, 4°, 5°, 14, 16, 17 y 123, apartado B, fracción XIII y 133, de la Constitución, narró los antecedentes del acto reclamado e hizo valer los conceptos de violación que consideró pertinentes. TERCERO. Prevención de demanda. Mediante proveído de once de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, se registró bajo el número de juicio de amparo indirecto 489/2020-VI, y se previno a la quejosa a efecto de que: "Señale si es su deseo señalar como acto reclamado el lineamiento cuatro, segundo párrafo, del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros, señalando si le atribuye el acto a la autoridad Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado el Acuerdo por el que se modifica el artículo sexto del acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de control de confianza, así como la vigencia de dichas evaluaciones, señalando si le atribuye dicho acto a la Secretaria de Gobernación. Indique los antecedentes relacionados con las evaluaciones de control de confianza, es decir, que manifiesta a qué tipo de evaluaciones fue sometida, fecha en que las realizó, etcétera. Precise si le fue iniciado algún tipo de procedimiento dentro de la dependencia en donde labora. En caso de señalar nuevas autoridades deberá exhibir copias suficientes del escrito inicial de demanda. Exhiba copias suficientes del escrito aclaratorio para estar en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes del juicio CUARTO. suspensión del trámite del juicio. En términos de los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 12/2020, 13/2020 y 14/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación durante la contingencia derivada del virus COVID-19, se determinó suspender la tramitación del sumario constitucional que se resuelve, hasta en tanto, se regularizara el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales federales; toda vez que al asunto que nos ocupa no le reviste el carácter de urgente en atención a los actos reclamados; aunado al hecho de que no se cumplieron con los requerimientos necesarios para la tramitación del juicio en línea. QUINTO. Desahogo de prevención. A través de escrito recibido en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el cinco de agosto de dos mil veinte, la parte quejosa desahogó el requerimiento formulado en los siguientes términos: "Al respecto y para dar debido cumplimiento a la prevención de cuenta, manifiesto bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) NO es mi deseo señalar como acto reclamado el lineamiento cuatro, segundo párrafo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos NI es mi deseo atribuirle ningún acto al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. b) NO es mi deseo señalar como acto reclamado el Acuerdo por el que se modifica el artículo sexto del acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistirán o se retiren de las evaluaciones de control y confianza, así como la vigencia de dichas evaluaciones, No le atribuyo ningún acto a la Secretaría de Gobernación. c) Bajo protesta de decir verdad manifiesto que en fecha 25 de enero de 2020, fui sometida a evaluaciones de Control de Confianza por parte de la Dirección General de Control de Confianza de la Policía Federal, esto con motivo de permanencia, ello no omitiendo señalar que dicha autoridad es incompetente para realizarme dichas evaluaciones ya que la suscrita con fecha 16 de enero de 2020 causo alta en la Guardias Nacional y la autoridad pertinente para evaluarme era la Guardia Nacional. d) Nunca me fue iniciado ningún procedimiento dentro de la Guardia Nacional, institución en la cual laboro. e) No es mi deseo señalar nuevas autoridades. f) en este acto exhibo copias suficientes del escrito aclaratorio." SEXTO. reanudación del trámite del juicio y admisión de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante proveído de siete de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las responsables su informe con justificación y se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete. SÉPTIMO. Verificación de la audiencia constitucional. En la fecha que se fijó para la verificación de la audiencia constitucional se inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México tiene competencia constitucional y legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, primer párrafo; 37, primer párrafo, 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto Primero, fracción I y Segundo, fracción I, número 3, y Cuarto, fracción I, del Acuerdo General número 03/2013, expedido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; en razón de que se reclama un acto administrativo de una autoridad con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado: - La emisión del oficio número ********************, de dos de marzo de dos mil veinte. - La emisión del resultado "NO APROBADO". TERCERO. certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Titular de la Unidad de Transición y a la Directora General de Control de Confianza, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, consistente en la emisión del oficio número ********************, de dos de marzo de dos mil veinte y del resultado "NO APROBADO", respectivamente, pues así lo reconocieron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables, de las que se advierte que emitieron dichos actos, documentales que tienen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2º. CUARTO. causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, debe analizarse la procedencia del juicio constitucional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. fundadas. Las autoridades responsables aducen que, respecto de los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del análisis de la fracción citada se desprende que el juicio constitucional es improcedente respecto de aquéllos actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos; es decir, atendiendo al principio de agravio personal y directo que rige en este tipo de procedimiento constitucional, el amparo únicamente puede promoverse respecto de aquéllos actos que efectivamente afecten la esfera de derechos de los gobernados. De lo anterior, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el proceso de evaluación de control de confianza -incluyendo sus resultados- y la recomendación o solicitud de inicio del procedimiento administrativo de separación de los elementos policiales, conforme al artículo antes trascrito, en virtud de que son actos previos que, por ende, no afectan sus intereses jurídicos, pues para separarlos no basta la evaluación y la solicitud, sino que es necesario sustanciar el procedimiento. De ahí que, se estima que el oficio ********************, de dos de marzo de dos mil veinte, a través del cual se hizo de su conocimiento el resultado integral del procedimiento de evaluación, así como el resultado de "NO APROBADO", de ninguna manera revelan, por sí, afectación alguna a la esfera jurídica de la parte quejosa, en virtud que en realidad constituye gestiones efectuadas entre autoridades y que desde luego, no crean derechos u obligaciones a los enjuiciantes de amparo, ya que dicho proceso, tiene por objeto verificar el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la actividad de los miembros de la Policía Federal, a través de una investigación oportuna, objetiva e imparcial tendente a conocer la actuación de sus servidores públicos, y aportando los resultados que arroje esa investigación a las áreas institucionales correspondientes, para que éstas adopten las medidas preventivas y correctivas necesarias. En ese sentido, es claro que aun cuando el resultado obtenido de dicha actuación puede motivar el inicio del procedimiento administrativo de separación en contra del servidor público de que se trate, tal situación de ninguna manera revela afectación alguna en la esfera de derechos del justiciable, ya que esa vulneración, en todo caso, se materializará hasta en tanto se emita la resolución en dicho procedimiento y en la misma se determine que el miembro de la corporación en realidad incumplió con los requisitos de permanencia y por ende, que resultó procedente la separación de su cargo. Se concluye que los actos reclamados en cita no afectan de manera directa la esfera jurídica de la quejosa, en virtud que no afectan alguno de sus derechos fundamentales, puesto que, oficio ********************, de dos de marzo de dos mil veinte, a través del cual se hizo de su conocimiento el resultado integral del procedimiento de evaluación, así como el resultado de "NO APROBADO", deriva de las diligencias realizadas por autoridades dependientes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el objeto de procurar el debido desempeño de las funciones que realizan los servidores públicos adscritos a dicha corporación, circunstancia que de ninguna manera presupone, por sí, la existencia de una afectación a un derecho legítimamente tutelado del justiciable Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone y por no contravenir la legislación vigente, la tesis I.18o.A.13 A del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, julio de dos mil once, consultable en la página 1952, del contenido: "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL AMPARO EL RESULTADO "NO APTO" DE SU EVALUACIÓN CONJUNTA DEL PROCESO DE CONTROL DE CONFIANZA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). El resultado "no apto" de la evaluación conjunta del proceso de control de confianza practicada a los agentes del Ministerio Público de la Federación, por sí solo no les causa perjuicio, pues para separarlos del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal no basta esa evaluación, sino que es necesario sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en 2008, en el cual podrán cuestionar dicho resultado, pues aun cuando sirve de base para instaurarlo y para decretar su separación, como este hecho es futuro de realización incierta, no produce una afectación real, concreta y directa en la esfera de derechos del examinado. Por tanto, los mencionados servidores públicos carecen de interés jurídico para reclamar en el amparo el mencionado resultado." Así como el diverso criterio jurisprudencial 2a./J. 31/2018 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro 2016522, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 53, abril de 2018, tomo I, página 711, del rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE "NO APROBADO", DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), sostuvo que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos sujetos al sistema de carrera ministerial, policial y pericial procede el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, al constituir el resultado de "no aprobado" una causa de incumplimiento de los requisitos de permanencia, la cual trae como consecuencia inmediata el inicio del procedimiento administrativo de separación, las violaciones cometidas en el proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo, toda vez que dicho resultado constituye la causa en la que se funda y motiva el procedimiento referido, habida cuenta que, de no ser subsanadas las irregularidades cometidas en las evaluaciones correspondientes, causarían la irreparabilidad de la transgresión al derecho sustantivo relativo a la prestación del servicio público y a no ser separado injustificadamente del cargo." Por tanto, con apoyo en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo se SOBRESEE en el presente asunto en relación con el oficio ********************, de dos de marzo de dos mil veinte, a través del cual se hizo de su conocimiento el resultado integral del procedimiento de evaluación, así como la emisión del resultado de "NO APROBADO". Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73 a 75, 77, fracción II, 124 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se : R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio por las por las razones expuestas en la presente sentencia. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables pertenecientes a la Unidad de Transición de la Policía Federal a Guardia Nacional; por el que en desahogo al requerimiento de veinte de octubre del presente año, remite el oficio **** de cuatro de noviembre pasado, así como un legajo en copias certificadas del expediente de evaluación de la quejosa. Asimismo, la autoridad oficiante manifiesta que las documentales exhibidas contienen información reservada y/o confidencial en términos de lo dispuesto en los artículos 110, fracciones I, IV, VII y 113, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley de Seguridad Nacional; désele el tratamiento conforme a los principios de licitud, calidad de datos, confidencialidad y seguridad, por lo que se ordena su guarda en sobre cerrado por separado, el que únicamente podrá ser consultado por personal del presente Juzgado de Distrito. Con lo anterior, no se viola el derecho a una defensa efectiva a la parte quejosa, toda vez que la información remitida en el oficio de cuenta, corresponde únicamente a los antecedentes que dieron origen al acto reclamado en este asunto. Es aplicable, la tesis I.1o.A.E.50 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2308, que dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL O RESERVADA EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. PARA DETERMINAR SI ES INDISPENSABLE PARA LA ADECUADA DEFENSA DE LAS PARTES EN EL AMPARO SE REQUIERE DE UNA LABOR ARGUMENTATIVA, A PARTIR DE LA INVOCACIÓN DE HECHOS CONCRETOS, QUE EVIDENCIEN LA ACTUALIZACIÓN DEL FIN O PROPÓSITO LEGAL PREVISTO. La expresión "información indispensable para la adecuada defensa de las partes", utilizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 121/2014, es un concepto jurídico indeterminado, por lo que determinar si la clasificada como confidencial o reservada exhibida con el informe justificado tiene esa característica, es una labor argumentativa, a partir de la invocación de hechos concretos, que evidencien la actualización del fin o propósito legal previsto. Por tanto, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, bajo su más estricta responsabilidad puede, de manera debidamente fundada y motivada, permitir el acceso únicamente a aquella información remitida por la autoridad responsable que haga viable la defensa efectiva de las partes, a fin de que tengan conocimiento y expongan lo que a su derecho e interés convengan." Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias remitidas y para un mejor manejo de este expediente, se ordena formar legajo por cuerda separada identificado con el número I. Notifíquese.
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