Dulce Maria Briseño Guevara

Expediente 528/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
528/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Dulce Maria Briseño Guevara

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ... Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa en proveído de diecinueve de abril del año en curso, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas en cumplimiento al fallo protector por los Encargados de Sala de la Base Pénjamo del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, debe decirse que el treinta de noviembre de dos mil veinte este órgano jurisdiccional emitió la sentencia definitiva, en la cual por una parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Dulce María Briseño Guevara, a efecto de que la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo, Guanajuato: "a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de agosto dos mil veinte, dictada en el cuadernillo ***; y b) En su lugar, dicte otra en la que subsane los vicios advertidos en la presente resolución, ordenando al Agente del Ministerio Público correspondiente a efecto de que realice la investigación que corresponda en relación a los hechos denunciados." En consecuencia, en acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia amparadora. Así las cosas, mediante oficios JOPMO/852/2021 y JOPMO/873/2021 recibidos en este Juzgado el trece y catorce de abril del mismo mes, los Encargado de Sala de la Base Pénjamo del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, informaron sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto remitieron un disco que contiene copia certificada de la audiencia celebrada dentro del cuadernillo *** el trece del mes y año en curso. Constancias que de conformidad con los artículos 129, 188 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documento público. En ese sentido, la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector pues realizó lo siguiente: Dejó sin efecto la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en el cuadernillo ***, derivado de la carpeta de investigación ***. Ordenó al Fiscal: Investigar la forma en que ocurrieron los hechos donde perdiera la vida el occiso, allegándose de los datos de prueba idóneos para acreditar tal circunstancia; Aclarar lo expresado por los testigos en sus respectivas entrevistas con lo obtenido por la policía de investigación criminal. Aclarar, quienes fueron las personas que participaron en el auxilio al occiso; cómo, dónde o cuándo ingirió la sustancia que fue encontrada en sus vías respiratorias, donde ocurrió finalmente el deceso de esta persona; que realice la descripción del lugar teatro del evento, la entrevista del médico que lo recibió en el hospital general de Pénjamo, Guanajuato, en el área de urgencias; Recabar el expediente clínico del occiso; e Informar a la víctima secundaria indirecta aquí quejosa, las circunstancias en que perdiera la vida quien dice era su esposo. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Existencia de documentos. Sí se allegaron documentos al expediente por la parte quejosa, considerados como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15 último párrafo, interpretado a sentido contrario; 18 párrafo primero, fracción I, inciso b); 20 párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso c), del Acuerdo en cita. No se omite señalar que, como se precisó en certificación de esta fecha, los documentos que exhibió la parte quejosa no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. En el entendido que, para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, de lunes a viernes, así como que el sistema sólo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos los oficios signados por los Encargados de Sala de la Base Pénjamo del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, a través de los cuales, informa el cumplimiento dado en su totalidad al fallo protector, y al efecto transcribe lo resuelto en la audiencia de resolución jurisdiccional de trece de abril pasado, dictada en el cuadernillo penal ***, adjuntando un disco en formato DVD, de la referida audiencia. En tales condiciones, considerando el domicilio procesal de la quejosa, se deja a su disposición, en la secretaría de este juzgado federal, copia de los oficios de cuenta, para que, dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que informó la referida autoridad; apercibiéndola que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" [Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, jurisprudencia 2ª. J.26/2000, consultable en la página 243, registro 917781]." Se precisa a la parte quejosa que el disco en formato DVD queda a su disposición en este juzgado para su consulta, y, en caso de solicitar copia del mismo, el interesado tendrá que acudir al juzgado y proporcionar un medio electrónico que permita su reproducción, tal como un disco magnético (CD o DVD), memoria "USB" u otros de similares características, previa razón de recibo que se deje en autos para constancia. En ese orden, deberá agendar una cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se les informa que el horario de este Juzgado es de las 12:30 a las 18:30 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita; asimismo, proporcionar en la diligencia el medio tecnológico en que desee que se reproduzca la información solicitada. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido que de no acudir con el medio tecnológico que permita la reproducción del documento digitalizado, o bien, cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite para su obtención. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, que podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico1. Finalmente, se ordena a la Secretaria que haga constar que el disco que remite la responsable de mérito, puede reproducirse, el cual deberá glosarse a los autos en sobre cerrado, sin perjuicio de que sea reproducido en cualquier momento procesal y de que las partes tengan acceso a éste. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz. Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece.

  3. Principal

    ...TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, la autoridad que conozca del mismo debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados, porque de no existir resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y las cuestiones de fondo de la controversia. En esa tesitura se tiene que no es cierto el acto de ejecución que se reclama al Agente del Ministerio Público 1, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, no obstante que al rendir su informe no haya hecho pronunciamiento en cuanto al acto de ejecución que se le atribuye, ello es así, ya que como se señaló en el considerando anterior el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hizo consistir en la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veinte, dictada en el cuadernillo **********, en la que el Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo, Guanajuato, confirmó el no ejercicio de la acción penal y archivo definitivo de la carpeta de investigación ********** decretado por dicha representación social, por lo que esa determinación que carece de ejecución material, razón por la cual resulta inexistente el acto que se le imputa. Por tanto, ante la inexistencia del acto que se reclama a la citada autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio únicamente respecto del acto de ejecución que se atribuyó al Agente del Ministerio Público 1, con residencia en Pénjamo, Guanajuato. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Época: Séptima Época Registro: 240240 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 181-186, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 104 AUTORIDADES EJECUTORAS. SI SE RECLAMA DE ELLAS LA EJECUCION DE UNA SENTENCIA QUE CARECE DE EJECUCION, DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO. Si se reclama de las autoridades señaladas como ejecutoras, la ejecución de una sentencia que por su propia naturaleza carece de ejecución, opera la causal de sobreseimiento del juicio de garantías prevista por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, por no ser ciertos tales actos de ejecución reclamados. Amparo directo 5502/83. Stanley Henry Roberts Jr. y Mitzi Jo Ann Parry de Roberts. 9 de abril de 1984. Cinco votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretario: Gilberto Pérez Herrera." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo, Guanajuato, así como al Agente del Ministerio Público I, con residencia en la misma ciudad, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 81 a 82 y 88 a 89 de autos). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el Juez de Control responsable al rendir su informe justificado, consistente en un disco encriptado en formato dvd, el cual contiene las constancias digitales y la audiencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte, llevada a cabo en el cuadernillo **********, lo cual adquiere el carácter de una prueba documental; así como con las copias autenticadas de la carpeta de investigación ********** que remitió con su informe el Agente del Ministerio Público I, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, las cuales obran en un tomo por separado, por lo que a todo lo anterior se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. QUINTO. Causal de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público. En ese orden lógico, quien ahora resuelve advierte que respecto al acto consistente en la omisión de realizar una exhaustiva investigación por parte del Agente del Ministerio Público 1, con residencia en Pénjamo, Guanajuato en la carpeta de investigación **********, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Para la actualización de dicha causal de improcedencia, se ha establecido que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; el segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tratándose de la segunda hipótesis, los efectos del acto reclamado cesan cuando contra éste se interpuso un recurso al que recayó una nueva resolución que viene a sustituir procesalmente a la anterior, ya que será esta nueva determinación y no la recurrida la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio amparo, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; por tanto, respecto del acto primigenio debe sobreseerse en el amparo con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia. Ahora bien, de las constancias que remitió el Agente del Ministerio Público 1, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, a las cuales se les reitera el valor probatorio otorgado con antelación, se advierte que el veintisiete de mayo de dos mil veinte, en la carpeta de investigación ********** determinó el no ejercicio de la acción penal, inconforme con la citada resolución la parte quejosa promovió recurso de reclamación, en el que entre otras cosas, formuló agravio en relación a la omisión por parte del Agente del Ministerio Público de realizar una exhaustiva investigación, medio de impugnación del cual correspondió conocer al Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo, mismo que fue resuelto el diecisiete de agosto de dos mil veinte, confirmando el no ejercicio de la acción penal, siendo que en relación a la omisión que se atribuye al Agente investigador, el juez al dictar su resolución señaló que ".y la forma en que aconteció el hecho también este juzgador la desconoce por que la Fiscalía no da dato, porque no lo tiene de cómo empezó el problema de esa bronco aspiración, lo cierto es que un especialista a través de su método científico da a conocer el resultado de esa necropsia y nos revela que fue precisamente la bronco aspiración lo que motivo la privación de la vida del joven **********, no hay otra circunstancia y de acuerdo a ello evidentemente esto no es un hecho que sea considerado como delito, luego entonces se confirma el archivo del no ejercicio de la acción de fecha veintisiete de mayo del año en curso dentro de la carpeta de investigación **********." (minuto 22:37 a 23:48). En ese contexto, es evidente que la omisión de realizar una investigación exhaustiva reclamada al Agente del Ministerio Público responsable, fue analizada y por ende sustituida procesalmente por la diversa resolución de diecisiete de agosto del presente año, pronunciada por el Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo, dentro del recurso **********, razón por la cual se considera que cesaron los efectos del acto recurrido y, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se impone sobreseer en el juicio por lo que hace al acto omisivo imputado al Agente del Ministerio Público 1, con residencia en Pénjamo, Guanajuato . En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación que la parte quejosa haya formulado en relación al acto reclamado que se analizó. SEXTO. Estudio de fondo. Toda vez que, en el caso no se advierte diversa causal de improcedencia, se procede a analizar el fondo del presente asunto. Previo a realizar cualquier consideración, para una mejor comprensión del asunto que se resuelve, conviene precisar los siguientes antecedentes: 1. El veintitrés de mayo de dos mil veinte, el Agente del Ministerio Público 1, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, ordenó la apertura de la carpeta de investigación **********, ello derivado de una llamada telefónica recibida en la que se le informó que al Hospital General de esa ciudad había ingresado una persona sin signos vitales; 2. Derivado de ello, se allegó de dos entrevistas de la aquí quejosa de veintitrés de mayo de dos mil veinte, en la que en la segunda de ellas, en lo que interesa indicó que ".siendo el día de ayer 22 de Mayo del año en curso en que siendo aproximadamente las 23:50 horas recibí una llamada telefónica a mi celular, y al contestar la llamada me dicen que llamaban del anexo donde se encontraba mi esposo para informarme que él se encontraba internado en el Hospital Regional, yo les pregunté que cual era el motivo y me dijo que no sabía el motivo, que sólo me trasladara al Hospital Regional para verlo.al llegar a dicho Hospital me atendió la trabajadora social y me dijo que mi esposo había ingresado sin signos vitales, y me indicó que los que me atenderían serían los elementos de policía ministerial, por lo que al entrevistarme con ellos me indicaron que mi esposo ya no se encontraba con vida y me permitieron verlo, por lo que al estar con el cuerpo de mi esposo es que note que él tenía moretones en sus brazos a la altura de las muñecas, desconozco por qué haya tenido dichos moretones ya que el día que lo ingresamos al centro de rehabilitación él se encontraba en perfecto estado de salud, al salud (sic), quiero manifestar que en ningún momento personal del centro de rehabilitación se acercó a mí para explicarme porque o de que se había muerto mi esposo." (lo resaltado es propio); 3. Asimismo, recabó la entrevista de testigos de ********** y **********, ambas de fecha veintitrés de mayo de la anualidad que transcurre, el primero de los mencionados indicó que ".los internos me llamaron a mí y a mi compañero **********, que el interno ********** que se sentía con problemas para respirar y de inmediato ********** y yo lo trasladamos en una camioneta particular al Hospital General de esta cd. y en el trayecto al Hospital el interno no hablaba, solamente se quejaba del pecho y una vez que llegamos al Hospital lo metimos en una camilla al área de urgencias y de rato los (sic) personal del Hospital nos comentaron que el interno se encontraba delicado y de rato nos comentaron que había fallecido."; en tanto que el segundo de los mencionados señaló que: ".los internos nos llamaron al igual que a mí compañero ********** y nos comentaron que el interno ********** se sentía mal de salud y de inmediato lo trasladamos mí compañero y yo en una camioneta.con dirección al Hospital General, donde ingresó al área de urgencias, pero de rato los médicos nos comentaron que nuestro compañero había fallecido." (lo resaltado es propio); 4. Acta de levantamiento de cadáver de veintitrés de mayo del presente año; 5. Dictamen médico de necropsia de la misma fecha, suscrito por el perito médico legista **********, en el que se determinó que la causa de muerte fue asfixia por bronco aspiración; 6. Con los citados datos de prueba la presentación social el veintisiete de mayo de dos mil veinte, determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo de la carpeta de investigación mencionada; 7. Inconforme con lo anterior, la víctima, mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, interpuso recurso, del cual correspondió conocer al Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo, quien lo registró con el número de cuadernillo **********, y resolvió el diecisiete de agosto de la misma anualidad, determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación refiere que se violentó en su perjuicio el artículo 8 constitucional pues no se respectó su derecho de petición, faltando con ello al principio de lealtad. Asimismo indica que se viola el artículo 20, fracción I, apartado C, fracciones I, II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se le priva de su derecho sin que se le satisfaga su derecho de audiencia, ya que sin haber sido oída ni vencida en juicio, se le pretende privar de sus derechos que tiene como víctima indirecta de presentar su denuncia por el delito de homicidio en contra de su esposo en agravio de ella y sus menores hijos. Finalmente, señala que se le viola en su perjuicio el artículo 21, párrafo primero y los tres primeros párrafos del ordinal 1 de la Constitución Política Federal. Tales motivos de disenso son fundados, aunque para llegar a dicha determinación es menester suplir la queja deficiente, de conformidad con la fracción III, inciso b) del artículo 79 de la Ley de Amparo, por ser la promovente del amparo la parte agraviada en el procedimiento penal que se analiza y tener el carácter de víctima indirecta. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo primero , consagra la garantía de legalidad, consistente en la debida fundamentación y motivación que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, a saber: Por fundamentación del acto de autoridad se entiende que debe sustentarse en una disposición normativa de carácter general; o sea, que la ley prevea una situación concreta para la cual resulte procedente realizar el acto de autoridad; es decir, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación del acto de autoridad, debe entenderse en el sentido que, al existir una norma jurídica, el caso o situación respecto del que se pretende realizar un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. De ahí que, si una determinada conducta no corresponde, o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma; es decir, aunque esté debidamente fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el que este va a operar o surtir sus efectos. Bajo ese panorama, la suscrita encuentra que la autoridad responsable no cumplió con los principios de fundamentación y motivación que toda resolución judicial en los términos anunciados en párrafos precedentes, que deben contener toda resolución emitida por una autoridad jurisdiccional. Para demostrar lo anterior, es preciso indicar que el juez responsable en la sentencia impugnada, indicó: ".se resuelve lo siguiente con apoyo en lo que dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primero la asesora jurídica manifiesta que las entrevistas de los empleados del lugar denominado ********** y ********** no fueron realizadas ni en la fiscalía ni en su centro de trabajo, sino que fueron realizadas en un Hospital, es irrelevante donde fueron tomadas, mientras se lleve a cabo con las formalidades de ley no hay ningún problema en esas entrevistas, dice como segundo punto que la fiscalía no solicitó una segunda opinión con respecto a lo que el médico legista ********** realizó, es la primera vez que yo escucho que soliciten una segunda opinión de una necropsia en este tema, si le interesaba a la defensa desde un primer momento hubieran realizado ellos esa petición a la fiscalía, habla también la asesora jurídica de que se le violentan derechos fundamentales a la esposa del ahora occiso ********** y al propio ********** y a su menores hijos, pero no dice cuales derechos fundamentales se les violan únicamente abona en decir que se le violan esos derechos fundamentales, el médico legista ********** es muy claro y puntual en decir que la causa de muerte del joven ********** lo es por asfixia por bronco aspiración y dice además que no presenta huellas de violencia externa, la asfixia por bronco aspiración hasta en una persona normal que este cenando se le puede generar, no como dice la defensora que ya tenía un mes interno y que ya estaba entre comillas limpio de las adicciones que tenía, circunstancia que evidentemente el de la voz desconoce porque no hay ningún dato que revele lo que la asesora está argumentando, y la forma en que aconteció el hecho también este juzgador la desconoce por que la Fiscalía no da dato, porque no lo tiene de cómo empezó el problema de esa bronco aspiración, lo cierto es que un especialista a través de su método científico da a conocer el resultado de esa necropsia y nos revela que fue precisamente la bronco aspiración lo que motivo la privación de la vida del joven **********, no hay otra circunstancia y de acuerdo a ello evidentemente esto no es un hecho que sea considerado como delito, luego entonces se confirma el archivo del no ejercicio de la acción de fecha veintisiete de mayo del año en curso dentro de la carpeta de investigación ********** (minutos 19:22 a 23:38). De lo anterior, resulta patente que la autoridad responsable no cumplió con los principios constitucionales de fundamentación y motivación que se han descrito en párrafos anteriores. Lo afirmado es así, toda vez que en la resolución reclamada, el juez responsable, se limitó a indicar que con el dictamen médico se estableció que la causa de muerte fue por asfixia por bronco aspiración y que no existían lesiones externar en el cuerpo del hoy occiso aunado a que una bronco aspiración la puede sufrir cualquier persona, por lo que no se acreditaba la comisión de ningún delito, sin exponer mayor estudio, lo que sin duda trasciende perjudicando a los derechos fundamentales de la quejosa. Ello es así, pues el juez del conocimiento únicamente parte del resultado obtenido del dictamen de la necropsia practicada por el médico legisla el veintitrés de mayo de dos mil veinte; sin embargo, pasa por alto que, como el mismo lo refirió en la resolución que se analiza, en la investigación realizada por el Ministerio Público no obra ningún dato que revele la forma en que acontecieron los hechos; es decir, la forma en que en su caso el hoy occiso inicio con la asfixia que posteriormente causó su deceso. Circunstancias a las cuales en términos del artículo 7, fracción III de la Ley General de Víctimas , la aquí quejosa tiene derecho, pues al tener el carácter de víctima indirecta le asiste el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido en los hechos en los que su esposo perdió la vida. Ello es así, pues la investigación de hechos que puedan ser constitutivos de delitos corresponde al Ministerio Público en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , por lo que si el juez de control responsable al momento de emitir su determinación advirtió que hasta ese momento la fiscalía no contaba con datos de prueba con los que pudieran conocerse como acontecieron los hechos denunciados, debió ordenar que se realizaran las investigaciones necesarias para llegar a la verdad material. Se considera de esa forma pues la función de investigación que se le ha atribuido al Ministerio Público, deben operar de forma sistemática con todas las normas que dan estructura y funcionalidad a la impartición de justicia, como lo es la Ley General de Víctimas ya mencionadas, permitiendo de esta forma que con ese quehacer público se encuentre la verdad material de los hechos, lo que incluso al tratarse de un posible homicidio es de interés público, y sólo de esta forma poder estar en aptitud de ejercer o no la acción penal correspondiente. Máxime, cuando de las constancias que integran la carpeta de investigación se advierten algunas contradicciones sustanciales en los hechos sucedidos, ello es así, pues de la entrevista de los dos testigos de nombres ********** y ********** se advierte que indicaron que el occiso refería dolor en el pecho y se quejaba, y que llegó al Hospital General de Pénjamo y fue atendido en el área de urgencias y que en un primer momento se les indicó que se encontraba delicado, y posteriormente que había fallecido; en tanto que, de la llamada recibida en la agencia de investigación criminal por parte del Hospital General de dicha ciudad, se desprende que había ingresado una persona del sexo masculino sin signos vitales, así como la información que le dio la trabajadora social de dicho nosocomio a la aquí quejosa, quien le indicó que su esposo ingresó sin signos vitales. Es decir, con esas manifestaciones la parte quejosa no tiene la certeza de lo sucedido el día de los hechos, sin que en la carpeta de investigación el Ministerio Público encargado haya esclarecido esa circunstancia. Aunado a lo anterior, con el dictamen de necropsia, en todo caso lo que se acreditó fue el motivo del deceso del esposo de la aquí quejosa, que como lo refirió el juez de origen, fue dictaminado como asfixia por bronco aspiración; sin embargo, la víctima indirecta, con ello no tiene conocimiento de la mecánica de cómo sucedieron los hechos, en qué lugar se encontraba su esposo, se encontraba sólo, con alguien, fue auxiliado, cómo o donde ingirió la sustancia que posteriormente fue encontrada en sus vías respiratorias, su falleció ocurrió en el trayecto al hospital o en su estancia en el hospital, pues con el conocimiento de circunstancias como las enunciadas la aquí quejosa podría tener conocimiento de la verdad, lo que también se encuentra contemplado en el artículo 7, fracción VII de la citada Ley General de Víctimas. Por otra parte, de la segunda entrevista realizada a la parte quejosa se advierte que le indicó al Ministerio Público señalado como autoridad responsable, que el día de los hechos su esposo presentaba marcas en las muñecas, sin que dicha representación hiciera pronunciamiento respecto de esa situación, misma circunstancia que el juez tampoco analizó al momento de confirmar el no ejercicio de la acción penal. Finalmente, se considera que en la resolución que se analiza se observa que el juez violenta el principio de congruencia establecido en el mismo artículo 16 constitucional, pues no realizó pronunciamiento de todas las manifestaciones expuestas por la parte quejosa en la audiencia de diecisiete de agosto de dos mil veinte, pues se advierte que se le precisó por parte de la Asesora jurídica que el representante social en su determinación de no ejercicio de la acción penal indicó haber recabado entre otros datos de prueba acta de inspección de lugar de los hechos y cadena de custodia, sin que las mismas obraran en la carpeta de investigación, asimismo, precisó que el Agente del Ministerio Público fue omiso en recabar entre otras pruebas el expediente clínico del occiso en el que se especificara qué médico fue quien lo recibió en el Hospital el día de los hechos; sin que el juez hiciera pronunciamiento al respecto Por ello, con la fundamentación y motivación que realizó el juez responsable, no se puede justificar su determinación, pues se estima que con ello se encuentra violando derechos fundamentales de la quejosa por una falta de motivación al no precisar con argumentos sólidos las razones lógicas y jurídicas que justifiquen la conclusión a la que llegó la responsable para confirmar el auto impugnado. Por tanto, resulta incuestionable que el concepto de violación aducido por la impetrante, resulta, como ya se dijo, fundado, en atención a que la determinación impugnada a través de la presente instancia constitucional, fue emitida sin la debida motivación vulnerando con ello lo preceptuado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo (vicios de fondo). Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe señalarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede precisar que la protección constitucional concedida a **********, es para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo, Guanajuato: a) Deje insubsistente la resolución de diecisiete de agosto dos mil veinte, dictada en el cuadernillo **********; y b) En su lugar, dicte otra en la que subsane los vicios advertidos en la presente resolución, ordenando al Agente del Ministerio Público correspondiente a efecto de que realice la investigación que corresponda en relación a los hechos denunciados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto que reclamó del Presidente y Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Guanajuato, y Actuario adscrito, por las consideraciones señaladas y para los efectos señalados en los considerandos cuarto y quinto de la presente resolución.

  4. Incidental

    ...CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables: Juez de Control del Juzgado Penal de Oralidad de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con base en Pénjamo; y, Agente del Ministerio Público 1 de Pénjamo, Guanajuato. Lo anterior, en virtud de así haberlo manifestado en su informe previo. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (MATERIA PARA LA SUSPENSIÓN). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, de la demanda se aprecia que la parte quejosa únicamente solicitó que se conceda la medida cautelar respecto del acto reclamado. Así, se considera que el acto en estudio no resulta ser paralizable, puesto que implicaría que las cosas vuelvan al estado en el que se encontraban antes de su dictado. Ello, ya que únicamente tiene efectos declarativos, pues considerando lo que expuso la parte quejosa en la demanda, se tiene que el juez responsable, sólo confirmó la decisión emitida por el Agente del Ministerio Púbico de la Agencia I, de la Unidad de Investigación de Tramitación Común en Pénjamo, Guanajuato, en la que determinó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la carpeta de investigación *** esto es, constituye un acto carente de ejecución, por qué no modifica ni altera el estado de las cosas existentes, por lo que la determinación impugnada no resulta ejecutable ni requiere ejecución material. Además, se precisa que los fines que la parte quejosa persigue con la suspensión no pueden ser objeto de análisis en el presente incidente, pues podría tratarse de efectos de la concesión de amparo, que en su caso, se decrete en el juicio principal del que deriva este incidente; aunado a que, de otorgarse la medida cautelar solicitada, se otorgarían efectos constitutivos, en detrimento del numeral 131 de la Ley de Amparo, pues son propios de la sentencia que se emita en el juicio principal. Por tanto, en el que caso en especificó, no es posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho que aduce como violentado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada1. Es aplicable a lo anterior, la tesis que se transcribe a continuación: Época: Séptima Época Registro: 249976 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 163-168, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 15 ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva de los actos reclamados, por las razones aludidas en el considerando quinto de la presente interlocutoria...

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