Dulce María Alemán Torres

Expediente 1277/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1277/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Dulce María Alemán Torres
  • DULCE MARÍA ALEMÁN TORRES y Otros.
  • Argelia Alemán Torres
  • ARGELIA ALEMÁN TORRES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente...

  2. Principal

    Debido a que la parte quejosa **********, no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, de la ley de amparo vigente, se publica el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales procedentes. Hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), colóquese la etiqueta correspondiente en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda que le dio origen y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En virtud que la parte quejosa exhibió documentos originales con su escrito de demanda, requiérasele para que comparezca a recogerlos dentro de plazo de NOVENTA DÍAS HÁBILES, en el entendido que de no hacerlo, podrán ser destruidos con el expediente, acorde con lo establecido en el artículo 18, párrafo segundo, del Acuerdo aplicado. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

  4. Principal

    Debido a que la parte quejosa ******* no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de dos de enero de dos mil veintitrés, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, dos de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito que signan las quejosas *******, a través del cual dan cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintiséis de diciembre del presente año. Por lo tanto, se emite el pronunciamiento que en derecho corresponde en relación con la demanda origen de este juicio, al tenor siguiente. CUESTIÓN PREVIA En primer lugar, se tiene que del análisis integral a la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: 1) El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio agrario número *******, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno de Xalapa, Veracruz, el cual resolvió de plano el incidente de nulidad que promovieron las demandadas *******, ahora quejosas, contra el emplazamiento que les fue practicado en dicho controvertido a través del exhorto *******. 2) La inconstitucionalidad y nulidad del emplazamiento realizado en el juicio agrario ******* del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, con sede en esta ciudad, practicado a las demandadas *******, ahora quejosas, a través del exhorto *******, por el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito con sede en la Ciudad de México. Actos respecto de los cuales se emite el siguiente pronunciamiento. DESECHAMIENTO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, respecto de los actos que se reclaman en la demanda origen de este juicio, se advierte la actualización de dos causas de improcedencia, las cuales se explican a continuación. 1) El acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio agrario número *******, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno de Xalapa, Veracruz, el cual resolvió de plano el incidente de nulidad que promovieron las demandadas *******, ahora quejosas, contra el emplazamiento que les fue practicado en dicho controvertido a través del exhorto *******. Hipótesis normativas En relación con el acto descrito, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" El primero de los artículos transcritos, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio, procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país. Lo anterior, implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material a derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente, revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Hechos Al respecto, de los antecedentes que las promoventes narran en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, se advierte que tienen el carácter de parte demandada en dicho controvertido. Asimismo, en su escrito aclaratorio refieren igualmente bajo protesta de decir verdad, que el juicio agrario mencionado, el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós se turnó para el dictado de la sentencia, sin que a la fecha se haya emitido la misma. Conclusión En atención a lo expuesto, se concluye que el acto objeto de análisis no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, ya que no se trata de un acto que cause a la parte quejosa un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, ni tiene sobre las personas o las cosas una ejecución de igual naturaleza que deba ser enmendado desde luego mediante el amparo indirecto, pues la decisión adoptada por la autoridad responsable en el auto combatido, al desechar de plano el incidente de nulidad planteado contra el emplazamiento, no implica que las aquí quejosas vayan a obtener sentencia desfavorable a sus intereses. Así, las violaciones que llegaren a cometerse en perjuicio de la parte promovente pueden quedar subsanadas con posterioridad, si la sentencia que se dicte en el juicio de origen es favorable a sus intereses, y en caso contrario, al impugnar la sentencia que se dicte por la vía directa, si así lo estima conveniente, podrá alegarlo como violación procesal en los conceptos de violación correspondiente siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado de la sentencia, en términos del artículo 172, fracciones V y XII de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 167896 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a./J. 94/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256 Tipo: Jurisprudencia "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada". Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda origen de este juicio, por cuanto al acto objeto de estudio en este apartado, en términos del artículo 113 de dicha Ley. 2) La inconstitucionalidad y nulidad del emplazamiento realizado en el juicio agrario ******* del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Uno, con sede en esta ciudad, practicado a las demandadas *******, ahora quejosas, a través del exhorto *******, por el Tribunal Unitario Agrario del Octavo Distrito con sede en la Ciudad de México. Respecto del acto reclamado antes descrito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: Hipótesis normativa El artículo invocado prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, resulta necesario precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) por revocación; y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. De esa manera, será esta nueva determinación, y no la recurrida, la que en su caso podrá ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Hechos Al respecto, de los antecedentes narrados en la demanda bajo protesta de decir verdad, se advierte que dicho emplazamiento fue impugnado por las demandadas, ahora quejosas, a través del incidente de nulidad que promovieron mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, del cual adjuntaron copia a su demanda, al que recayó el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario *******, a través del cual se resolvió de plano dicho incidente. Conclusión Acorde con lo expuesto, se concluye que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo ya invocada, en atención a que el emplazamiento que reclaman las quejosas, fue impugnado por ellas en el juicio agrario de origen a través del incidente de nulidad que promovieron ante el Tribunal responsable, por lo cual al haberse resuelto dicho incidente mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, esta última determinación sustituye procesalmente la diligencia de emplazamiento respectiva, pues a través de ella la autoridad responsable analizó la legalidad del emplazamiento realizado, por lo cual la nueva determinación -contenida en el citado auto de veinticuatro de noviembre del presente año-, impide analizar la legalidad de la diligencia de emplazamiento primigenia, dado que no podrían estudiarse las posibles violaciones de la primera, sin afectar el nuevo contexto generado por la segunda. Resulta ilustrativa la tesis de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 165870 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.3o.C.92 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491 Tipo: Aislada "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente". En consecuencia, con fundamento en el diverso 113 de la ley en cita, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo respecto del acto analizado en este apartado. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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