Dulce Margarita Cilia Benavides
Expediente 1951/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1951/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 07/03/2022
Partes del expediente
- Dulce Margarita Cilia Benavides
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de once de febrero de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Se precisa que sólo se consideró el plazo de la parte quejosa, en vista de que es la única que cuenta con legitimación para recurrir el auto dictado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido (...)". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documento(s). No existe en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa en términos del artículo 18 del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de febrero de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que con fecha dieciocho de enero de dos mil veintidós se tuvo a la autoridad responsable rindiendo su informe con justificación. En ese sentido, del contenido del mismo resulta necesario precisar que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia del juicio deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Asimismo, cabe precisar que la promovente señala como actos reclamados los siguientes: La omisión de dictar auto de radicación o inicio correspondiente La omisión de ordenar el emplazamiento a la demandada, y La omisión de señalar día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de Ley en el expediente D-281/2018. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." En primer orden, es conveniente precisar que la causa de improcedencia objeto de estudio requiere de la actualización de los siguientes requisitos: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219, tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 1996 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dicho lo anterior, ahora es pertinente explicar por qué en el caso se cumplen todos los requisitos necesarios para que se actualice la causa de improcedencia objeto de estudio. Respecto al requisito previsto en el inciso a) cabe precisar que se encuentra satisfecho, puesto que se reclama la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado y en el momento procesal oportuno, el señalar la audiencia de ley, respecto de la demanda presentada ante la Junta Federal el catorce de diciembre de dos mil diecisiete, y remitida por incompetencia al Tribunal responsable el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En relación al supuesto previsto en el inciso b), se advierte que a la fecha de la presentación de demanda - dos de diciembre de dos mil veintiuno-, aún el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no había realizado pronunciamiento alguno respecto de la demanda remitida por la Junta Federal el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho; siendo que mediante acuerdo de diez de enero de dos mil veintidós, se proveyó sobre la misma; lo que denota que esta actuación es posterior a la presentación de la demanda. Por otra parte, respecto al requisito previsto en el inciso c), se destaca que mediante auto de diez de enero de dos mil veintidós, el Tribunal responsable proveyó respecto de la demanda y determinó requerir a la quejosa (actora en el expediente laboral) para que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda. De lo anterior, se advierte que en el juicio de origen, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se pronunció respecto a la demanda laboral formulada por la quejosa; asimismo, se realizó un requerimiento a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda; lo que se traduce en un cambio de situación jurídica respecto del estado que guardaban los autos al momento de la presentación de la demanda de amparo. Así, dicho cambio de situación jurídica provoca que se consideren consumadas las violaciones atribuidas a las omisiones reclamadas, sin que pueda analizarse su constitucionalidad, pues se soslayaría la nueva situación jurídica, esto es, en el requerimiento efectuado a la parte quejosa en auto de diez de enero de dos mil veintidós. El requisito antes examinado se encuentra íntimamente vinculado con el diverso previsto en el inciso d), pues existe autonomía entre la omisión reclamada y la nueva situación jurídica que rige el juicio de origen, que consiste en la omisión del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de pronunciarse sobre la admisión, el emplazamiento del demandado y en el momento procesal oportuno señalar la audiencia de ley respecto de la demanda remitida por la Junta Federal el dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. En efecto, dentro de un procedimiento se dictan una serie de actos sucesivos, en donde cada uno tiene una esfera de influencia o de trascendencia respecto de los subsecuentes; influencia que, en ciertos casos, llega a ser determinante para todos los actos del procedimiento; sin embargo, en otras ocasiones, la influencia de un acto procesal no alcanza más que a un número reducido de actos. En este contexto, aquellos actos que gozan de autonomía frente a los anteriores pueden subsistir con independencia de que los precedentes sean ilegales, por lo cual se dice que éstos no son determinantes de aquéllos. Es precisamente en estos casos en donde resulta factible la actualización de la causa de improcedencia en comento, pues al existir autonomía entre la situación jurídica anterior y la actual, ningún sentido tiene pronunciarse respecto de la primera si incluso su abierta ilegalidad no produciría la inconstitucionalidad de la segunda. En el caso concreto, se considera que existe autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada, dado que ha quedado superado el estado que guardaban los autos antes de la presentación del escrito inicial de demanda -omisión de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de los demandados y señalar la audiencia de ley- y la situación jurídica que se originó en auto de diez de enero del año en curso, donde se requirió a la parte quejosa a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda. En otras palabras, no podría analizarse la legalidad de las omisiones reclamadas, bajo el solo argumento de que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla le realizó un requerimiento a efecto de que exhibiera las pruebas que acompañaría a su demanda, pues implicaría afectar la nueva situación procesal que se actualizó con posterioridad a la presentación del presente juicio de amparo. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada en autos; por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En veinticinco de enero de dos mil veintidós, la Secretaria certifica: que en la agenda de audiencias de este juzgado está señalado este día para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Doy fe. La Secretaria de Juzgado Citlali Sánchez Sosa En la misma fecha, la Secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, no está en aptitud de celebrarse, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a las partes para desahogar la vista con los informes justificados recibidos en proveído dieciocho de enero de dos mil veintidós. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." En consecuencia, se fijan para su celebración las DIECISÉIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de enero de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguense a los autos el oficio del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, las pruebas ofrecidas, se relacionaran en la audiencia constitucional. Con el contenido del informe de cuenta y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Delegados. Téngase como delegados a las personas que señala, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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