Dulce Magaly Núñez Pérez
Expediente 267/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dulce Magaly Núñez Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, recibido en línea, en virtud de que dicho ocurso cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando que se aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por DULCE MAGALY NUÑEZ PÉREZ; en esas condiciones, háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que en virtud de que el juicio principal relativo a este asunto se envió a otro juzgado por incompetencia, no es de relevancia documental, por lo que los cuadernos de antecedentes derivados del juicio e incidente de suspensión a que este asunto se contrae son susceptibles de destrucción cumplidos seis meses a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 19, fracción I, inciso a) del ordenamiento en cita. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
RESULTANDO PRIMERO. Demanda y turno. Por escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el tres de abril de dos mil veintidós y turnado a este órgano jurisdiccional ese mismo días, la parte quejosa ******************** promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 3-9). SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de diez de abril siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrito, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, y se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Israel Rivera Salgado (fojas 10-14) mismo que fue emplazado el diez de mayo de dos mil veintitrés a través de lista de acuerdos (fojas 105-106). Se agregó en autos el informe justificado de la autoridad responsable (foja 22). Integrado que el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (foja 109). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO ÚNICO. Incompetencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, carece de competencia legal para resolver el presente juicio constitucional. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de dicho artículo se desprenden tres hipótesis que determinan la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, a saber: a) Aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Ante el que se presente la demanda, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. c) Aquél en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Las reglas procesales de competencia enunciadas en los incisos a) y b), son aplicables a los actos reclamados que tienen ejecución material; la primera, precisa que, si el acto ha sido ejecutado, trata de ejecutarse o se llegara a ejecutar en un solo lugar, es competente el juez de esa jurisdicción; la segunda refiere que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito será competente el juez ante quien se haya presentado la demanda de amparo. Finalmente, la tercera regla, se refiere a los actos que no tienen ejecución material, supuesto en el cual, será competente el juez ante quien se presente la demanda. Cabe agregar, que en el primer supuesto es competente aquel juez de distrito en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se materialicen, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción; es decir, la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación de la competencia, pues se reitera el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los jueces de distrito. Es de hacer notar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCLXIII/2015 (10a.) con rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS QUE INVOLUCREN A MENORES. PARA DIRIMIR TALES CUESTIONES, PRIMERO SE DEBE ATENDER A LAS REGLAS PROCESALES APLICABLES, Y SÓLO SI LA APLICACIÓN DE DICHAS REGLAS VULNERA EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR, PUEDEN SER MODIFICADAS" sostuvo que en asuntos donde se involucren derechos de menores existe la posibilidad de fijar la competencia del órgano jurisdiccional correspondiente, atendiendo al interés superior del menor. Asimismo, cabe destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J 25/2012 (10ª.) -relativa a la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, cuando se reclama la resolución que fija el monto de la pensión alimenticia provisional- de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL." El aludido criterio se originó al resolverse la contradicción de tesis 458/2010, en la que los asuntos en los que se sostuvieron los criterios contradictorios, los actos reclamados consistieron, uno de ellos, en la resolución por la que se fijó la pensión alimenticia provisional y su ejecución; y, el otro, en la determinación por la cual se redujo el porcentaje de la pensión alimenticia provisional. En esa jurisprudencia, el Máximo Tribunal ha sostenido que, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, para determinar la competencia del Juez de Distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: 1) El juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; 2) La parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; 3) Si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. El Alto Tribunal determinó que, si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, como ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En la segunda hipótesis, refirió, solo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio- quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y, en cuanto al último supuesto, añadió, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora; de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian de la tercera, porque esta última no la requiere. En ese sentido, lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal que establece que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. En el caso, conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, del análisis a la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de trece de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio ordinario civil 1775/2022-IV del índice del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, que resolvió el recurso de reclamación planteado por la demandada y confirmó la pensión provisional alimenticia inicialmente fijada en el 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones, a favor del cónyuge de la demandada (fojas 83-90). Como se anticipó, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, debido a que el acto reclamado tiene ejecución material en Ciudad Madero, Tamaulipas, lugar donde este juzgador no ejerce jurisdicción. En la especie, se estima que el acto reclamado no es declarativo, sino que tiene ejecución material, como se verá a continuación. No obstante, previo a evidenciar lo anterior, se hará una reseña de los antecedentes del aludido acto reclamado que obran en autos: 1). El diecisiete de octubre de dos mil veintiuno Israel Rivera Salgado, por su propio derecho promovió juicio ordinario civil en donde demandó de ******************** el pago de una pensión provisional alimenticia y en su oportunidad una definitiva (fojas 24-30). 2). Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, el Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, en Veracruz, Veracruz, acordó: admitir la demanda en la vía propuesta; radicarla con el número de juicio 1175/2022-IV; fijar una pensión alimenticia de carácter provisional a razón del 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones, a favor del cónyuge de la demandada; enviar exhorto al Juez de lo Civil y/o Familiar del Distrito Judicial de Ciudad Madero Tamaulipas, para que en su auxilio llevara a cabo el emplazamiento de la demandada ********************, en el domicilio de Álvaro Obregón sin número, colonia Emiliano Zapata, C.P. 89540, Ciudad Madero Tamaulipas, así como para que girara oficio al Jefe y/o Jefe de Recursos Humanos y/o COMANDANTE DE LA PRIMERA REGIÓN NAVAL, con domicilio en Álvaro Obregón sin número, colonia Emiliano Zapata, C.P. 89540, Ciudad Madero Tamaulipas, facultándolo para que acordara todo tipo de promociones y realizar cualquier acto tendente al éxito de la encomienda (fojas 32-34). Para tal efecto, dicho juzgador responsable envió el exhorto 464/2022/MESA 4 (fojas 35-38). 3). Una vez emplazada la demandada ******************** (foja 39-40) contestó la demanda instaurada en su contra e hizo valer recurso de reclamación contra el porcentaje de la pensión provisional alimenticia fijada en su contra (fojas 41-70). 4). Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se dio curso al aludido medio de impugnación y se ordenó dar vista al actor por el término de tres días, con dicho escrito y sus anexos, a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera (fojas 41-45 ). 5). El trece de marzo de dos mil veintitrés, el juez instructor resolvió el recurso de reclamación planteado: confirmando la pensión provisional alimenticia inicialmente fijada a razón del 20% (veinte por ciento) del sueldo y demás prestaciones, a favor del cónyuge de la demandada (fojas 83-90) -esta determinación constituye el acto reclamado en este asunto-. Hasta aquí los antecedentes del asunto. Como se observa de los antecedentes del acto reclamado, en el expediente civil de origen inicialmente se ordenó el pago de la pensión provisional de alimentos a favor del cónyuge de la demandada, a través de un exhorto que se envió al Juez de lo Civil y/o Familiar del Distrito Judicial de Ciudad Madero Tamaulipas, para que además de emplazar a la demandada, girara el oficio correspondiente al departamento pagador de la fuente laboral de la demandada, otorgándole plena jurisdicción para acordar las promociones relativas al cumplimiento de lo ordenado; Ahora bien, como se dijo, para determinar las reglas de competencia para conocer de un juicio de amparo tratándose de actos que requieran ejecución material, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado; así será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En el caso, no se trata de una resolución de carácter declarativo, sino por el contrario, en el acto destacado se está ante un pronunciamiento del juez civil responsable que instruye y exhorta a su similar en Ciudad Madero, Tamaulipas, para que lleve a cabo la diligencia de girar el oficio relativo al descuento de dicha pensión provisional de alimentos al departamento pagador de la fuente laboral de la demandada que tiene su domicilio en dicha localidad, así como para que acuerde todas las promociones relativas al cumplimiento del descuento allí ordenado; por tanto, dada la característica de dicho proveído que implican una conducta de hacer por parte de la autoridad exhortada, no se puede aplicar la regla de lugar de presentación de la demanda de amparo, porque no se trata de un acto declarativo. Así, la fijación de la competencia debe ser atendiendo a las reglas de ejecución, ya que, como se dijo, dicha determinación se traduce en el descuento de la pensión provisional de alimentos ordenado ejecutarse por la autoridad judicial competente en el lugar en que tiene su domicilio la fuente laboral de la demandada, a saber, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Luego, si se debe atender al lugar de ejecución del acto reclamado, en el caso, donde deba tener ejecución o trate de ejecutarse es en Ciudad Madero, Tamaulipas, lugar donde este juzgado no ejerce jurisdicción. Cabe señalar que tampoco se está en presencia de que lo reclamado tenga ejecución en diversos lugares, esto es, en Ciudad Madero, Tamaulipas y en esta ciudad, pues el juez civil responsable acotó facultar a su similar exhortado para que acuerde todas las promociones relativas al cumplimiento del descuento ordenado, es decir, precisó que la ejecución de dicho descuento por concepto de pensión provisional de alimentos necesariamente se tendrá que ventilar en aquella ciudad y corresponderá a la autoridad judicial allí radicada tramitarla hasta su conclusión. En las relatadas condiciones, se surte la hipótesis de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde, en lo conducente, se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Sirven de respaldo a lo aquí concluido, las directrices de competencia fijadas en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." (Lo resaltado y subrayado se hace en esta sentencia) Jurisprudencia que apoya las consideraciones vertidas, en cuanto a que en ella específicamente se establece que es competente el juez de Distrito del lugar en el que se va a ejecutar el acto reclamado, que en el caso lo es el de Ciudad Madero, Tamaulipas. Sin que sea óbice la circunstancia de que la parte quejosa haya optado por presentar su demanda de amparo en esta ciudad, porque ello en forma alguna implica que dicho acto no tendrá ejecución en Ciudad Madero, Tamaulipas y, por tanto, que el órgano jurisdiccional con sede en dicha entidad, no se encuentre vinculado con la ejecución material de tal acto, pues como ya se dijo, en el caso a estudio, el juzgador responsable estableció que la ejecución del descuento del sueldo de la demandada se llevé a cabo por su similar competente en aquella ciudad, actualizándose así la hipótesis competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al tener ejecución material. Por lo tanto, resulta incuestionable que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente por razón de territorio para resolver el presente juicio de amparo. En razón de lo anterior, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo, de conformidad con el punto Segundo, fracción VII, párrafo quinto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado a través del diverso Acuerdo General 3/2021, reformado por el diverso Acuerdo General 4/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós; se declara que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el presente asunto y se estima que resulta competente para hacerlo el Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en turno. Por otra parte, se considera que en autos obran las constancias suficientes para dictar la sentencia correspondiente, pues corren agregados el informe justificado de la autoridad señalada como responsable y el emplazamiento al tercero interesado, por lo que podría resolverse sobre la constitucionalidad de este juicio, salvo algún motivo de improcedencia o sobreseimiento, una vez que lleguen los presentes autos ante el juez de Distrito que resulte competente; empero, de considerar que son necesarias mayores constancias para la resolución del caso, estará en aptitud de requerir las que considere procedentes, pero en lo que respecta a este juzgador se ha determinado no posponer más el pronunciamiento de incompetencia aquí contenido. Es aplicable, en cuanto a la facultad del juez competente receptor de los autos de validar la audiencia constitucional celebrada o no hacerlo, la jurisprudencia 36/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." En mérito de lo anterior, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en turno, a fin de que, de estimarlo así, resuelva el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Expediente electrónico respectivo. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para resolver el presente juicio de amparo promovido por ********************. SEGUNDO. Remítanse los originales del presente expediente al Juez de Distrito en turno en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, para los efectos precisados en esta resolución. Notifíquese en términos de ley. Con esta fecha y por este conducto se notifica a la parte tercero interesada, la sentencia engrosada el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, por así estar ordenado en autos.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial que obra en autos, se advierte que se emplazó por lista de acuerdos al tercero interesado Israel Rivera Salgado, sin que a la fecha haya señalado domicilio donde oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado mediante auto de tres de mayo pasado, por lo que se ordena hacer por lista de acuerdos la presente notificación, al citado tercero, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen un domicilio para tal efecto en esta plaza. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, tres de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el 1. Juez Décimo Segundo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a derecho corresponda por el plazo de OCHO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que se reservó de proveer respecto del emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto se recibieran las constancias respectivas, lo cual como se advierte en párrafos que anteceden ya aconteció. Por tanto, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte un diverso domicilio donde puede ser emplazado el tercero interesado ********************, en consecuencia, se comisiona a cualesquiera de las personas que fungen como actuarios adscritos a este juzgado, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se sirva emplazar al presente juicio al citado tercero interesado en el domicilio ubicado en ********************, corriéndole traslado con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, por así disponerlo el artículo 27, inciso a) de la Ley de Amparo, a quien conforme al apartado 27, fracción II, de la citada Ley de Amparo, deberá requerirlo para que en el acto de la diligencia señale domicilio en esta plaza, para oír y recibir notificaciones; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes aún las de carácter personal, le serán hechas por lista de acuerdos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Indíquese a las actuarias de este Juzgado, de que en caso de ser necesario, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. De igual forma, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte tercero interesada por el plazo de OCHO DÍAS, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente acuerdo, con todo lo actuado e informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para que manifieste lo que a su interés convenga. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. Notifíquese en términos de ley.
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