Dulce Magali Lara Alvarado

Expediente 56/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
56/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2017

Partes del expediente

  • Dulce Magali Lara Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se tuvo como no presentada la demanda, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Jorge Freddy Juarez Santiago, autorizado de la quejosa, mediante el cual refiere desahogar la prevención formulada en proveído de dieciséis de enero pasado, y solicita el empleo de medios electrónicos para imponerse de autos. Al respecto, no ha lugar a proveer de conformidad, pues como se precisó en el referido acuerdo, dicho requerimiento únicamente puede desahogarlo la titular de la acción constitucional, no así los autorizados, más aún, si a este sólo se le tuvo por autorizado para oír y recibir notificaciones, y no en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por única ocasión se interrumpe el plazo concedido; hágase del conocimiento de la parte quejosa que aún se encuentra en posibilidad de desahogar la prevención en sus términos, y una vez que transcurra la temporalidad otorgada, se acordará lo procedente. Es aplicable por los motivos que la informan, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 1323 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, abril de 2005, de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY RELATIVA SE INTERRUMPE CON LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO CORRESPONDIENTE Y HASTA EN TANTO SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE LE RECAIGA".

  4. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de enero de dos mil diecisiete. Vista la demanda promovida por Dulce Magali Lara Alvarado, contra acto(s) de(l) procurador General de Justicia de esta ciudad, y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 56/2017. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el juez debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis se advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la parte quejosa esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, el dispositivo 108, fracción II, de la ley de la materia, establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". En principio, de la lectura de la demanda de amparo, no se advierte de manera precisa el acto que se reclama del procurador General de Justicia de esta ciudad. En consecuencia, a efecto de fijar correctamente la litis constitucional, procede prevenir a la amparista para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, precise de manera clara cuál es el acto que atribuye a dicha autoridad. Además, deberá precisar el acto que reclama del agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Número Dos Sin Detenido de la Agencia Investigadora en Iztapalapa-9 (IZT-9), dado que es incongruente en ese sentido, pues, en el apartado correspondiente le atribuye a esta última "LA INACTIVIDAD, OMISION Y EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL EN CONTRA DE OSCAR MEDINA MIRAMONTES", luego, en la página diez expuso que "LA HOY AUTORIDAD RESPONSABLE AL NO DAR CONTINUIDAD A LA INVESTIGACION Y NO EJERCITAR AUTO DE VINCULACION A PROCESO NI JUDICIALIZAR LA CARPETA DE INVETIGACION ANTE JUEZ DE CONTROL COMETIO FALTAS AL DEBIDO PROCESO", y finalmente, en la página trece asentó que "el Ministerio Público no dedujo, en el pliego de consignación, que la plena participación en los hechos debieron ser acreditados por parte del Ministerio Público"; de ahí que no se advierta de manera clara de qué se duele realmente. En el entendido de que si lo que reclama es el no ejercicio de la acción penal, bajo protesta de decir verdad, deberá señalar si interpuso o no algún medio de impugnación contra dicha determinación, a fin de que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de analizar la procedencia o no de la demanda que se provee, cuya cuestión es de orden público y de estudio preferente, por lo que de haber sido así, tendrá que hacer saber su estado procesal, y sólo en el caso de que se hubiere resuelto, si es su deseo señalar tal resolución como acto reclamado. De igual forma, bajo el mismo formalismo legal, deberá proporcionar el domicilio del tercero interesado que refiere a efecto de emplazarlo a juicio, en tanto que si bien indica que no cuenta con él, de acuerdo a la naturaleza del procedimiento penal, lo cierto es que en las páginas nueve y diez, manifiesta que fue ella quien le proporcionó como dato de prueba a la autoridad ministerial encargada de la indagatoria, el domicilio de Oscar Medina Miramontes. Con la precisión de que al desahogar la prevención apuntada deberá proporcionar las copias del escrito de demanda que sean necesarias para correr traslado a cada una de las partes, esto es, autoridades responsables -las que precise-, una para el tercero interesado que menciona, una para la representación social adscrita, y dos para tramitar el incidente de suspensión que solicita, e igual número de copias del escrito aclaratorio, en términos del numeral 110 de la ley en cita. No es obstáculo para prevenir a la parte quejosa, lo que dispone dicho numeral, en específico en su segundo párrafo, porque a criterio de este juzgado debe interpretarse no de manera aislada, sino de forma integral y sistemática con el diverso 20 de la misma legislación, como se hace enseguida. El precepto primeramente citado, establece: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que la demanda se presente en forma electrónica. El órgano jurisdiccional de amparo, de oficio, mandará expedir las copias cuando el amparo se promueva por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, lo mismo que en asuntos del orden penal, laboral tratándose de los trabajadores, cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces, así como los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros, así como cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio". De la lectura del artículo precitado, este órgano jurisdiccional considera lo siguiente: 1. Establece las formas en que puede presentarse la demanda de amparo, bajo dos supuestos, a saber: a) Por escrito; y b) Por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos. 2. Determina que cuando se presente en forma escrita, la parte quejosa debe exhibir las copias a que se refiere el primer párrafo. 3. Dispone la expedición oficiosa de tales copias en los casos indicados en el segundo párrafo, que es el que da lugar a la interpretación que se realiza. Así, este órgano de control constitucional estima, que cuando la demanda se presente en forma escrita, la parte quejosa está obligada a exhibir las copias respectivas, como lo establece claramente -sin que tenga duda alguna al respecto-, el primer párrafo en consulta. Por otra parte, también considera que cuando la demanda se presente por comparecencia, por vía telegráfica o por medios electrónicos, el órgano jurisdiccional de amparo expedirá oficiosamente las copias correspondientes, en los siguientes supuestos: a) En asuntos del orden penal; b) En asuntos del orden laboral, tratándose de trabajadores; c) Cuando se puedan afectar intereses de menores o incapaces; d) Cuando se puedan afectar los derechos agrarios de los núcleos de población comunal o ejidal o de los ejidatarios o comuneros; y e) Cuando se trate de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio. Luego, en el primer supuesto indicado, que es el que interesa, esto es, "en asuntos del orden penal", la disposición en consulta debe interpretarse -a criterio de este juzgado-, en estricta vinculación con el anunciado artículo 20, que dispone: "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas". Con base en lo expuesto, la interpretación conjunta de los numerales de que se trata, lleva a este órgano de control constitucional a considerar que, en asuntos del orden penal, la expedición oficiosa de copias resulta exclusiva para los supuestos a que alude este último precepto, con independencia de la forma de presentación de la demanda, lo que se justifica dada la trascendencia de la afectación en la esfera jurídica del quejoso y la urgencia que el caso amerita. A criterio de este juzgado, considerar lo contrario podría llevar a innumerables abusos por parte de los gobernados demandantes de amparo que no se encuentren en los supuestos del artículo último en cita, pues cuando en un "asunto del orden penal" se reclamen, verbigracia, el no ejercicio de la acción penal, la determinación de reserva, la negativa a expedir copias en una averiguación previa o proceso, la violación al derecho de petición, e incluso con mayor ejemplificación de los abusos mencionados el supuesto de la orden de aprehensión reclamada de múltiples autoridades, en que ha habido situaciones que superan las quinientas, entre otros muy variados casos, ya que en tales hipótesis bastaría que la parte quejosa presentara únicamente el original de la demanda, sin copia alguna, para que se tuviera que ordenar su expedición oficiosa, cuando no existe justificación para ello. Lo anterior se estima así, porque en primer lugar, si bien es cierto que la redacción del segundo párrafo del artículo 110 que se comenta no establece excepción alguna en cuanto al tema de que se trata, esto es, la expedición oficiosa de copias al disponer de manera genérica "lo mismo que en asuntos del orden penal", no menos cierto resulta que tampoco establece que esa expedición de copias deba hacerse en todo caso, de ahí la interpretación que se realiza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número electrónico 2010048, del rubro siguiente: "COPIAS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. CASO EN EL QUE EL PROMOVENTE NO ESTÁ OBLIGADO A EXHIBIRLAS, POR SUS CONDICIONES DE POBREZA Y MARGINACIÓN, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL NUMERAL 110 DE LA LEY DE AMPARO". En el entendido de que el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo la justiciable, no así los autorizados, porque si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere amplias facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde a la titular de la acción constitucional de amparo, aunado a la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Apercibida que de no dar cumplimiento íntegro al presente requerimiento, se procederá de conformidad con el párrafo segundo del dispositivo 114 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, y por autorizadas únicamente para ese efecto e imponerse de los autos a las personas mencionadas, en razón de que no se proporcionaron los datos correspondientes de quienes pueden ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse; en la inteligencia que de no ser posible su diligenciación por causas atribuibles a la parte que corresponda, se llevarán a cabo por medio de lista, de conformidad con el artículo 27 de la ley señalada, sin necesidad de posterior acuerdo. Respecto de su petición en el sentido que se permita "el uso de medios electrónicos para la toma de fotografías del expediente"; dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos; lo anterior, a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los medios referidos única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio de amparo. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.

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