Dulce Esperanza Arellanos Gutierrez
Expediente 583/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 583/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Dulce Esperanza Arellanos Gutierrez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Yesenia Arellanos Gutiérrez, en su carácter de apoderada legal de Dulce Esperanza Arellanos Gutiérrez, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.
- Principal
REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 583/2018-3, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, son: La resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, emitida en el toca civil 627/2016-II, mediante la cual, la Sala señalada como responsable confirmó la resolución interlocutoria de veinte de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el juicio ordinario civil de nulidad absoluta de escritura pública 38/2013 del índice del Juzgado Tercero en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, la cual declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la hoy quejosa contra el emplazamiento ordenado por edictos en dicho juicio. Se afirma lo anterior, pues el acto reclamado consiste en la resolución dictada en el toca de apelación que se interpuso contra la diversa que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones propuesto por la demandada, hoy quejosa, contra el emplazamiento realizado en el ordinario civil de nulidad absoluta de escritura pública 38/2013, del índice del Juzgado Tercero en Materia Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. En efecto, la resolución que confirmó la diversa que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra un emplazamiento constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, por no afectar, directa e inmediatamente, derechos sustantivos establecidos en la Constitución, y el perjuicio procesal no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, dado que éste continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada, lo que no encuentra obstáculo en el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación. Ahora bien, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra uno de los actos que en esta vía se reclama y que se precisó en líneas arriba, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etc.) y que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de los derechos fundamentales que consagra; por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio; ya que esta circunstancia constituiría en su caso, una violación procesal que trascienda al fondo del asunto natural, por lo que en su caso, debe reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga contra la resolución correspondiente, por supuesto si ésta es contraria a los intereses de la quejosa, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 171 y 172 del cuerpo de leyes en cita, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que consideren haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatoria de derechos fundamentales. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto que tilda de inconstitucional, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violación son meramente formales y son reparables si la quejosa obtiene una sentencia favorable. Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución correspondiente y se impugne a través del juicio de amparo directo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo se apoya en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador de amparo ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende así que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que la afectada con la resolución correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Así, el acto reclamado no trae como consecuencia una ejecución irreparable, pues su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal y son reparables si la quejosa obtiene una sentencia favorable, máxime que del escrito de demanda no se advierte que en el juicio de origen no haya dictado sentencia definitiva. Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, 171 y 172, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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