Dulce Elizabeth Alcantar Alcantar

Expediente 1261/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1261/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2023

Partes del expediente

  • Dulce Elizabeth Alcantar Alcantar

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, por la cual, se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve ***; regístrese bajo el número 1261/2023-III-A. Atento a lo anterior, se advierte que la parte quejosa reclama de la Universidad Tres Culturas, Plantel Toluca, lo siguiente: La omisión de dar respuesta a la petición que ingreso ante la responsable el once de agosto de dos mil veintitrés, y como consecuencia de ello, la omisión de otorgarle el Título Profesional Electrónico, en la Licenciatura de Pedagogía. Desechamiento Así, es menester precisar que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a continuación se analiza la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8°, de la Constitución Federal; preceptos legales que se citan a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por su parte, de conformidad con el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene el derecho de petición, siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, a la cual deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, teniendo la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. En ese sentido, si la gobernada estima que su derecho de petición ha sido infringido por la omisión de la autoridad a dar respuesta a su petición, causándole con ello un perjuicio o agravio, puede acudir al juicio de amparo, a efecto de que le sea restituido el goce del derecho fundamental violado. No obstante, para instar la acción constitucional, como presupuesto de procedencia la promovente debe acreditar que transcurrió al menos el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle del conocimiento la determinación recaída. En otras palabras, para poder controvertir una omisión por parte de la autoridad responsable es menester que haya trascurrido el plazo que la ley dispone para dar contestación a las peticiones. De este modo, para determinar si una autoridad omite contestar una petición hecha por un gobernado en breve término, debe atenderse a la naturaleza de la petición que se le hace, lo cual supone que la autoridad esté en aptitud material y legal de poder emitir el acuerdo correspondiente. Ahora, del citado dispositivo constitucional transcrito con antelación, se advierte que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, así como que ésta deba darse a conocer al solicitante. Así, debe decirse que no se advierte que haya transcurrido en exceso, el breve término para producir y hacer del conocimiento de la peticionaria del amparo, la respuesta a su solicitud; toda vez que la autoridad responsable debe valorar toda la información que tenga en sus archivos a efecto de poder determinar que la quejosa ha cumplido tanto con los intereses internos, como externos, para que, le pueda ser expedido el título que solicita. Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa manifestó en los antecedentes que narró "bajo protesta de decir verdad" en el libelo de amparo, que elevó su petición ante la autoridad responsable apenas el once de agosto de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya emitido su respuesta; circunstancia que al realizarse ante esta autoridad judicial, constituye una confesión expresa que se traduce en una prueba plena que en esa data fue cuando hizo su petición; ello, en términos del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe.". Motivo por el cual a la fecha de presentación de la demanda (dieciséis de agosto de dos mil veintitrés), transcurrieron solo tres días hábiles para resolver sobre su solicitud, término que a la óptica de quien esto resuelve, no resulta suficiente para que la responsable emita una respuesta congruente, conforme a la naturaleza de lo solicitado; máxime que, como se dijo, son diversos los aspectos a analizar, para después pronunciarse en torno a la solicitado por la quejosa. Por tanto, este Juzgador considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional, hasta ahora, no se actualiza, pues como ya se indicó, aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable dé contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la recepción del escrito a la autoridad responsable (once de agosto) y la promoción de la demanda de amparo (dieciséis de agosto) que se analiza, es apenas de tres días hábiles; de ahí que no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Situación, que en esta momento no implica un detrimento en los derechos humanos de la parte quejosa, en virtud que es necesario conceder debida oportunidad a la autoridad a fin de que realice la tramitación correspondiente y con ello dar una respuesta congruente a la petición ante ella presentada; siempre y cuando ello no se aparte de un plazo razonable computado a partir de la fecha de la petición realizada. Ilustra lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Como se ve, la repetida tesis no establece que deban pasar mas de cuatro meses sin contestación a una petición, para que deba considerarse transgredido el artículo 8o. de la Constitución Federal, y sobre la observancia del derecho de petición debe estarse siempre a los términos en que está concebido el repetido precepto. El mismo precepto impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de respetar el derecho de petición y demanda que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la que tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Esas obligaciones no disminuyen porque las peticiones requieren un estudio cuidadoso de parte de la autoridad o la elaboración de un dictamen e inclusive es claro que el acuerdo respectivo, cuando ese estudio requiera de tiempo más o menos considerable, podrá consistir en el mandamiento de que se le haga saber así al peticionario.". De ahí que, al resultar inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 8°, constitucional; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en el escrito de demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza para la consulta del expediente electrónico del usuario "********************", por encontrarse registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Exhorto a la parte quejosa para señalar usuario para oír y recibir notificaciones En aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales, se exhorta a la parte quejosa para que, designe un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de oír y recibir notificaciones, o bien que el señalado para la consulta del expediente electrónico (********************) sea designado como domicilio procesal. habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Oficio Intégrese el oficio firmado electrónicamente por los Magistrados y Secretaria adscritos al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, a través del cual remiten el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 207/2023, en la cual se determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por la Presidenta Municipal de San José del Rincón, ***, contra el auto de diez de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo indirecto 775/2018-V-B, del índice del Juzgado Quinto de Distrito Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por las razones expuestas en la presente resolución." Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas; y respecto de las copias certificadas que se devuelven, al no resultar necesaria su conservación, destrúyanse. Conforme a lo resuelto, la determinación de diez de mayo del año en curso, se declara que ha adquirido firmeza procesal por ministerio de ley. Envío de información En ese sentido, remítase oficio a la Administradora Desconcentrada de Recaudación de México "2", con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, con copia de la promoción con registro interno 1350, auto de doce de abril de dos mil veintitrés y de la referida determinación de diez de mayo del año en curso, a efecto de que proceda a hacer efectiva la multa impuesta a ***, Presidenta Municipal del Ayuntamiento Municipal de San José del Rincón, Estado de México. Asimismo, se comuníquese que la Unidad de Medida y Actualización, en valor diario vigente al auto de doce de abril de dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), que multiplicado por las cien unidades impuestas se obtiene que el monto de la multa equivale a $10,374.00 (diez mil trecientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). En consecuencia, queda constreñida la Administración Desconcentrada de Recaudación México "1" con sede en México a fin de que, a la brevedad, informe a este órgano federal el cumplimiento a este mandato judicial. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano