Dulce Daniela Guadalupe Ruz Concha

Expediente 960/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
960/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Dulce Daniela Guadalupe Ruz Concha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido; no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en un legajo en copia certificada de las constancias conducentes del expediente 220/2017 del índice de la Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en esta ciudad, que en su momento remitió como apoyo a su informe justificado; por tanto, devuélvanse a la referida autoridad el anexo de referencia, sin necesidad de que acuse recibo del mismo, al tratarse de copias certificadas. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 960/2020-VI-B, promovido por DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, por propio derecho y en representación de los menores D.S.G.L.R. y A.E.L.R. contra el acto que atribuyó a la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito en el Estado, compareció DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, por propio derecho y en representación de los menores de iniciales D.S.G.L.R. y A.E.L.R., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó a la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo cumplimento dado al requerimiento efectuado en autos, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó previamente registrada bajo el número 960/2020-VI-B; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cabe señalar que mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se ordenó girar oficio a la Delegada Estatal en Yucatán del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, a efecto de que designara un Asesor Jurídico que fungiera como representante de los menores de edad de identidad reservada, designando para tal efecto al licenciado Arturo de Jesús Sandoval Torres, quien se apersonó con dicho carácter mediante escrito presentado el veinte de julio del año en curso (fojas 29 y 37). TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid 19. En fecha día veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia Constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, por propio derecho y en representación de los menores de identidad reservada A.E.L.R. y D.S.G.L.R, fundamentalmente, en: La interlocutoria de diez de septiembre de dos mil veinte, con la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, por conducto de su asesor jurídico patrono David Araba Dorantes Cabrera, en contra del proveído de veintiséis de junio del referido año, en autos del procedimiento especial de divorcio incausado con número de expediente 220/2017. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora además con las constancias que acompañó al mismo; por tanto, su certeza se tiene plenamente probada. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, con número de registro 917812, de rubros y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO.- Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, respecto al acto reclamado, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por la Juez responsable, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que constituyen los antecedentes del acto reclamado, se desprende lo siguiente: 1. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de esta ciudad, dictó sentencia en el procedimiento especial de divorcio sin causales 220/2017, promovido por BALTASAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ, en contra de DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, en la que resolvió, entre otras cuestiones, que la custodia de los menores quedaba a cargo de su padre BALTASAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ, hasta que cumplieran la mayoría de edad, adquirieran estado o autoridad competente dispusiera lo contrario, conservando ambos padres la patria potestad sobre sus hijos; asimismo, se fijó como régimen de convivencia que la señora DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA podría tener con sus menores hijos del viernes a partir de las dieciocho horas hasta el domingo a las dieciocho horas de cada quince días, siempre y cuando la salud de los menores lo permitiera y su progenitora se encontrare en estado conveniente. 2. Por auto de ocho de junio de dos mil dieciocho, la Juez responsable, tuvo por recibido el escrito presentado por BALTASAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ, con el que exhibió diversas constancias derivadas de la carpeta de investigación S1/000169/2018, formada con motivo de la denuncia que interpuso en contra de DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, ante la Fiscalía Investigadora Especializada en delitos sexuales, a fin de que se investigara la comisión de posibles hechos constitutivos de delito cometidos en agravio de su menor hija; en consecuencia, ordenó, entre otras cosas, aperturar el incidente de modificación de régimen de convivencia; asimismo, respecto al régimen establecido en la sentencia de veintitrés de abril de dos mil dieciocho, determinó provisionalmente su modificación a la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, ello hasta en tanto se resolviera la incidencia en cita. 3. Dicho incidente fue resuelto por la Juez responsable mediante interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, en la que determinó: "PRIMERO.- No ha procedido el presente incidente de modificación del régimen de convivencia promovido por el señor BALTASAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ en los autos del presente procedimiento especial de divorcio sin causales promovido por el incidentista en contra de la señora DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA; en consecuencia: SEGUNDO. Se confirma el régimen de convivencia decretado en la sentencia de fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, dictada en estos autos. TERCERO. Ejecutoriada que sea esta resolución, déjese sin efecto la medida provisional fijada en auto de fecha ocho de junio del año dos mil dieciocho; y para tal efecto gírese oficio al Coordinador del Centro de Convivencia Familiar del Estado, para su conocimiento y efectos legales que procedan." 4. Mediante proveído de veintinueve de abril de dos mil veinte, la Juez responsable declaró procedente el recurso de aclaración de sentencia interpuesto por la demandada, aquí quejosa, DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, a fin de que en el punto tercero de la interlocutoria de veinticinco de abril del referido año, con la que se resolvió el incidente de modificación de régimen de convivencia, quedara en los términos siguientes: ".TERCERO. Se deja sin efecto la medida provisional fijada en auto de fecha ocho de junio del año dos mil dieciocho; y para tal efecto, gírese oficio al Centro de Convivencia Familiar del Estado para su conocimiento y efectos legales que procedan.". 5. Por auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, la Juez responsable tuvo por recibido el escrito presentado por la demandada DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, por conducto de su asesor jurídico, mediante el cual solicitó que se realizara una modificación a la custodia de sus menores hijos decretada en la sentencia definitiva pronunciada en el juicio de origen, respecto de lo cual, acordó: ".declárese que no es de accederse, como desde luego no se accede, ya que es jurídicamente imposible que la suscrita modifique su determinación en relación a la custodia, pues ésta se resolvió en sentencia misma que ya tiene firmeza legal al haber causado ejecutoria, aunado al hecho de que la propia Ruz Concha promovió ante el Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Estado, un juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia en contra del señor Baltasar Enrique Ley Sánchez, precisamente con la finalidad de obtener el cambio de custodia que aquí insta, por lo que tendrá que esperar a las resultas de dicho procedimiento, en virtud de que en el mismo es donde se están estudiando los argumentos que en su memorial de cuenta invoca. De igual manera, si considera que se actualizaron nuevos hechos, se dejan a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía y forma legal que corresponda ante el citado Juez Primero de Oralidad del Primer Departamento Judicial del Estado que conoce de la solicitud del cambio de custodia.". 6. Inconforme con la anterior determinación, la parte demandada, aquí quejosa, interpuso recurso de revocación en su contra, respecto del cual, en interlocutoria de diez de septiembre de dos mil veinte, la Juez responsable resolvió: ".Del análisis del auto combatido se advierte que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que contrario a lo que alega, el auto combatido no transgrede las disposiciones legales que invoca, puesto que en dicho acuerdo se respetaron las formalidades del procedimiento, y no se vulnera el derecho de acceso a la justicia y del debido proceso de la recurrente, ya que se señalaron los motivos para negar la solicitud formulada, esto es, no se accedió a lo solicitado por la recurrente, en el sentido de que se realice una modificación a la custodia de los menores de edad involucrados en este asunto, ya que éste se resolvió en sentencia, misma que ya tiene firmeza legal al haber causado ejecutoria, aunado al hecho de que la propia recurrente promovió ante el Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Estado, un juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia en contra del señor BALTAZAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ, precisamente con la finalidad de obtener el cambio de custodia que aquí insta, y de igual forma se dejaron a salvo sus derechos para que los ejercite en la vía y forma legal que corresponda ante el Juez Primero de Oralidad Familiar de este mismo departamento, que actualmente es el que conoce de la solicitud de cambio de custodia si considera que se actualizaron nuevos hechos; y si bien es cierto, en materia familiar es obligación de esta autoridad actuar incluso de oficio a efecto de velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, aun y cuando se haya dictado resolución definitiva, sin embargo, resulta importante destacar que lo resuelto en relación con la guarda y custodia de los hijos menores de edad de la recurrente en la sentencia definitiva dictada en este procedimiento con fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, misma que fuera confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante resolución de fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora DULCE DANIELA GUADALUPE CRUZ CONCHA, en contra de la cual la citada CRUZ CONCHA promovió amparo directo número 774/2018, en el cual en fecha veinticuatro de mayo del año dos mil diecinueve, se resolvió negar el amparo a la citada CRUZ CONCHA, misma que quedó firme; actualmente forma parte de los hechos del juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia promovido por la propia recurrente en contra del señor BALTASAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ y que fue radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, en el que se hizo valer la acción de guarda y custodia que fue resuelta en este juicio, sometiéndose a la competencia de dicha autoridad para resolver al respecto, por lo que es dicha autoridad la que actualmente tiene conocimiento de los hechos que aquí insta. Asimismo, cabe señalar que en dicho juicio la señora DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, está en posibilidad de hacer valer sus derechos, en el que de acuerdo con lo previsto en los artículos 11, 79 y 80 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, "La dirección de los procedimientos está confiada al Juez, quien tiene la facultad de dictar las medidas necesarias para prevenir o resulten de la ley o de su potestad de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden o a los principios que rigen los procedimientos. En particular, el Juez en todo momento debe de actuar de oficio para velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes"; "Los jueces, siempre que durante algún procedimiento se enteren de que existen conflictos derivados de la violencia familiar en contra de algún o algunos miembros de la familia, de oficio o a petición de parte interesada, deben allegarse de los elementos necesarios para dictar medidas encaminadas a protegerlos, particularmente, a las niñas, niños y adolescentes o incapaces. En todo caso, debe proteger y hacer respetar el derecho de convivencia entre los miembros de la familia, salvo que se acredite que existe peligro para algún miembro de la familia. La protección de los miembros de la familia, en especial de las niñas, niños, adolescentes e incapaces, debe incluir las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para evitar y corregir los actos de violencia familiar"; y, "De acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, en los casos en que el juez lo considere pertinente, con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los miembros de la familia, está facultado para tomar las medidas siguientes: I. Ordenar la salida del cónyuge, concubina, concubinario, o persona que genere la violencia familiar, en su caso, del domicilio conyugal o del domicilio en donde habite la familia; II. Ordenar su reintegración al mismo, así como la restitución de sus bienes personales que se encontraban en el mismo, en caso de que las partes interesadas se hubieran visto obligadas a retirarse de su domicilio; III. Prohibir al cónyuge, concubina, concubinario o persona que genere la violencia familiar de ir a lugar determinado, tal como el domicilio o el lugar donde trabajan o estudian los agraviados; y, IV. Informar a la autoridad competente sobre las medidas tomadas, a fin de que presten atención inmediata a las personas afectadas, en caso de que lo soliciten"; dispositivos legales que facultan a la citada Juez Primero que conoce del juicio de guarda y custodia para dictar las medidas necesarias para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contraria al orden; así como la obligación que ésta tiene de actuar de oficio a efecto de velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Por lo que se refiere a lo alegado por la recurrente en el sentido de que al negarse su solicitud se viola el principio de igualdad que debe de tener, ya que su solicitud se hacía de conformidad con el criterio aplicado en este propio expediente en el auto de fecha ocho de junio del año dos mil dieciocho, en el que se funda ante la sola duda de violencia familiar contra un menor para su protección, esto sin importar la secuela del procedimiento, lo cual quiere decir que aun y se haya dictado resolución definitiva, puede haber modificación, ya que cuando se determina dicho acuerdo, ya se había dictado sentencia definitiva, pero que en ese momento no se aplica el mismo criterio que ahora le aplica; dicha alegación resulta improcedente, en virtud de que si bien en auto de fecha ocho de junio de dos mil dieciocho, la suscrita juez ponderó el interés de los menores de edad involucrados en este asunto, en relación a la CONVIVENCIA con su progenitora de conformidad a lo establecido por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a las manifestaciones vertidas por la parte actora, padre de los menores de edad, que aun y cuando se trataba de indicios, que no formaban parte de la litis original de este procedimiento, ya que deriva de una situación que se presentó con posterioridad al dictado de la sentencia, se abrió un incidente de modificación de régimen de convivencia, esto fue en razón de que en ese momento, la suscrita Juez tenía pleno conocimiento de este asunto, en el que ya había dictado sentencia definitiva, pero la misma se encontraba subjudice por encontrarse en ese momento pendiente de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la señora DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA en contra de la referida sentencia definitiva; lo cual no acontece en este momento, en virtud de que actualmente la referida sentencia de fecha veintitrés de abril del año dos mil dieciocho, se encuentra firme, por agotarse los recursos correspondientes y haberse resuelto el juicio de amparo directo promovido por la ahora recurrente; y que la propia recurrente promovió juicio ordinario familiar de guarda y custodia promovido por la propia recurrente en contra del señor BALTASAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ, y que fue radicado en el Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que se hizo valer la acción de guarda y custodia que fue resuelta en este juicio, por lo que dicho Juez es el que en estos momentos tiene conocimiento de los hechos que insta en su escrito presentado con fecha diecinueve de junio del año dos mil veinte, mismos que han cambiado al momento de dictarse el auto de fecha ocho de junio del año dos mil dieciocho, por lo que la decisión que se tomó al respecto, de ninguna manera resulta contradictorio ni viola el principio de igualdad al que se refiere ya que son hechos y circunstancias distintas. Respecto a lo alegado en el sentido de que al negarse la solicitud que hizo se limita a realizar un análisis sistemático de la solicitud hecha, en atención de que se encuentra prejuzgando al momento de exponer que al diverso Juez de lo Familiar le compete resolver, toda vez que no está facultada para decidir a qué juzgador de lo familiar le compete resolver las solicitudes hechas por las partes del procedimiento, ya que si bien es cierto que existe un diverso asunto de guarda y custodia ante el Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, éste se encuentra en sus autos de inicio, sin que hasta la fecha se haya desahogado la audiencia preliminar, pero el juicio del cual se derivó la custodia de los menores, que es el procedimiento que nos ocupa, luego se debe atender a la solicitud hecha por la recurrente, en atención al principio de economía procesal; resulta notoriamente improcedente, en virtud de que en el auto recurrido, contrario a lo que alega la recurrente, al negarse la solicitud que formula, no declinó la competencia a favor del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, sino que realiza un análisis de dicha solicitud expresando los motivos por los cuales se negaba, esto es, porque la custodia de los menores de edad involucrados en este asunto, ya había sido resuelta en sentencia, misma que ya tiene firmeza legal al haber causado ejecutoria, aunado al hecho de que la propia recurrente se sometió a la competencia de la referida Juez Primero de lo Familiar al promover un juicio ordinario familiar de guarda y custodia en contra del señor BALTAZAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ precisamente con la finalidad de obtener el cambio de custodia que insta. En mérito de todo lo antes expuesto, debe declararse la improcedencia del recurso de revocación interpuesto por la señora DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, por conducto de su asesor jurídico patrono DAVID ARABA DORANTES CABRERA en contra del auto de fecha VEINTISÉIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, debiendo quedar firme el auto recurrido." Determinación que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Ahora bien, a fin de acreditar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es menester señalar que de las constancias remitidas por la Juez responsable, se desprende también que la parte actora en el juicio de origen, aquí tercero interesado Baltasar Enrique Ley Sánchez, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, relativa al incidente de modificación de régimen de convivencia. De dicho medio de impugnación correspondió conocer a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la que mediante sentencia de doce de diciembre de dos mil diecinueve, resolvió, en lo que interesa: ".En ese orden de ideas, esta resolutora considera que son infundados e insuficientes los agravios que elevó el señor Ley Sánchez, por cuanto la Juez del conocimiento estuvo en lo correcto al desechar su solicitud de modificación del régimen de convivencia aludido, pues las pruebas que desahogó no fueron suficientes para considerar que debía realizarse tal modificación con base en las manifestaciones en que lo sustentó. Ahora bien, en consideración del interés que protege a ambos menores, se debe dejar INSUBSISTENTE la sentencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, así como su respectiva aclaración, y reponer el procedimiento hasta antes del momento del dictado de la sentencia que resolverá el incidente que nos ocupa, a efecto de que previamente de que se cite a las partes para la escucha de las mismas, el a quo señale fecha y hora para que, con la asistencia de personal especializado, se lleve a cabo la audiencia en la que previa su valoración y aptitud, sean escuchados [.] y [.], siendo que en la misma deberá aplicarse de manera plena el artículo 12 de la Convención sobre los derechos del Niño, que exige el reconocimiento y el respeto de las formas no verbales de comunicación, como el juego, la expresión corporal y facial y el dibujo y la pintura, mediante la cual los niños muy pequeños demuestran la capacidad de comprender, elegir y tener preferencias, y sin perder de vista, que en el caso que nos ocupa existen fuertes indicios y presunción de conductas inapropiadas en contra de la menor por las personas con las que convive; por lo que respecto de este tema deberán realizarse las preguntas de tal manera que no causen una revictimización a ninguno de los menores, por lo que deberá seguirse para tal efecto lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial [.] DERECHOS DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO." En ese tenor, siendo que los menores hacen referencia a gente con la que conviven dentro de los domicilios que no resultan madre, padre, o algún otro familiar, resulta necesario realizar con el carácter de urgente en los domicilios de ambos padres, el estudio socioeconómico correspondiente para tener certeza sobre las condiciones en las que los menores viven en ambos hogares, así como cuántas y quiénes son aquellas personas con las que conviven. Finalmente, por cuanto existen indicios suficientes para determinar que ambas partes han realizado diversas manifestaciones que se contraponen, con la finalidad de obtener mayores elementos para determinar lo conducente, deberá ordenarse la práctica de un dictamen de evaluación psicológica al señor Baltasar Ley Sánchez y uno a la señora Dulce Daniela Guadalupe Ruz Concha; para que posteriormente la juzgadora dicte una nueva sentencia que resuelva no sólo el incidente de modificación de régimen de convivencia que nos ocupa, sino que, de ser necesario, podrá pronunciarse sobre la guarda y custodia definitiva a cargo del progenitor que resulte más apto para detentarla." Ejecutoria que se tuvo por recibida mediante proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, pronunciada en autos del procedimiento de divorcio sin causales de origen, en el que la Juez responsable, determinó: ".se tiene por recibido de la Secretaria de Acuerdos de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado su oficio de fecha dos de septiembre del año en curso (sic), junto con la copia certificada de la resolución de doce de diciembre del año dos mil diecinueve, en tal virtud, en cumplimiento de dicha resolución, se deja sin efectos y valor legal alguno la sentencia interlocutoria dictada con motivo del incidente de modificación del régimen de convivencia de fecha veinticinco de abril del año dos mil diecinueve, y se repone el procedimiento hasta antes del momento del dictado de la sentencia incidental, en tal virtud con apoyo en el artículo 78 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado, gírese atento oficio a la Titular de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva ordenar por conducto del personal especializado para tal efecto una investigación de trabajo social y un estudio socioeconómico respecto de los señores BALTASAR LEY SÁNCHEZ Y DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, quienes tiene su domicilio en [.]; lo anterior, a fin de tener certeza de las condiciones en las que los menores de edad involucrados en el presente procedimiento viven en ambos hogares, así como cuántas y quiénes son aquellas personas que con las que conviven; y recibido que sea el resultado de los estudios ordenados, se proveerá lo que corresponda; muy en especial, el personal que se encargue de los citados estudios, deberá informar a la suscrita Juez la disponibilidad, colaboración y las facilidades que los investigados hayan mostrado hayan mostrado para la realización de tales estudios, o bien, en caso de resistencia a someterse a los mismos, hacerlo del conocimiento de la suscrita de forma inmediata. Asimismo, se solicita el apoyo de dicha Titular para que se sirva ordenar por medio del personal especializado a su cargo, que se realice en las personas de los señores BALTASAR LEY SÁNCHEZ Y DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, valoraciones psicológicas a fin de determinar la idoneidad para tener la guarda y custodia de los menores de edad involucrados en este procedimiento. [.] Ahora bien, en relación a los memoriales se tiene por presentados a BALTASAR ENRIQUE LEY SÁNCHEZ y a PERLA ALICIA FRITZ SIERRA, con sus respectivos memoriales, la segunda con los anexos que adjunta a su escrito, y en relación a lo que solicitan, declárese que no ha lugar a accederse, ni se accede por ahora a la ejecución de la sentencia a fin de que le sean entregados sus hijos menores de edad, dado que en virtud de la ejecutoria de la Sala del Tribunal, se ordenó una nueva escucha de los menores de edad involucrados en el presente procedimiento y unos estudios de valoración psicológica en las personas de BALTASAR LEY SÁNCHEZ Y DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, a fin de determinar la idoneidad para tener la guarda y custodia de sus hijos menores de edad, por lo que será hasta la realización de dichos estudios que se resolverá lo conducente en relación a la custodia de dichos menores de edad." De las constancias anteriormente reseñadas, se acredita plenamente que en el presente juicio de amparo la parte quejosa señaló como acto reclamado la interlocutoria en la que la Juez responsable confirmó el proveído con el que se negó a acceder a su solicitud en el sentido de que se modificara la custodia de sus menores hijos, decretada en sentencia de veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda, con motivo de la sentencia pronunciada por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Juez responsable dejó insubsistente la interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecinueve relativa al incidente de modificación de régimen de convivencia, y repuso el procedimiento hasta antes del dictado de dicha resolución. Ello, con la finalidad de recabar diversos medios de convicción a fin de determinar, no sólo lo relativo al régimen de convivencia establecido, sino además, la idoneidad de los progenitores para tener la guarda y custodia de los menores de edad involucrados en este procedimiento. En ese sentido, es claro que cambió la situación jurídica, pues aun y cuando a la presente fecha la Juez responsable, en el acto reclamado, se negó a pronunciarse sobre los aspectos hechos valer por la parte quejosa, respecto a la guarda y custodia de los menores, por las razones que adujo y que han quedado transcritas con antelación. Lo cierto es, que en acatamiento a la ejecutoria pronunciada por el tribunal de alzada tendrá que ocuparse de tales aspectos, relativos a la guarda y custodia decretada por la Juez responsable en sentencia definitiva de veintitrés de dos mil dieciocho; de ahí que no se factible pronunciarse sobre la legalidad o no de lo determinado en el acto reclamado, pues de hacerlo se trastocaría lo determinado en aquella sentencia que repuso el procedimiento y ordenó pronunciarse sobre a cuál de los progenitores corresponde la guarda y custodia de los menores; de ahí que se actualice plenamente la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Al respecto, conviene citar el criterio de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diecinueve Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Lo anterior, se evidencia, con el dictado del proveído de catorce de octubre del año próximo pasado, en el que la juez responsable, en cumplimiento de la sentencia pronunciada por el tribunal de alzada, ordenó que se recabaran diversas pruebas para determinar cuál de los progenitores, aquí quejosa y tercero interesado, resulta el idóneo para detentar la guarda y custodia de los infantes en cita. Por lo anterior, es patente que aconteció un cambio de situación jurídica y en ese sentido, deviene inconcuso que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, sin afectar la nueva situación jurídica existente en virtud de la determinación pronunciada por el tribunal de alzada y de observancia obligatoria a la juez de primer grado, aquí responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 50, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 171841, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia; situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por DULCE DANIELA GUADALUPE RUZ CONCHA, por propio derecho y en representación de los menores D.S.G.L.R. y A.E.L.R. contra el acto que atribuyó a la Juez Séptimo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio número 566/2021, signado por el actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que remite dos escritos (de idéntico contenido) remitidos por ARTURO DE JESÚS SANDOVAL TORRES, en su carácter de representante especial de los menores de edad de identidad reservada, con iniciales********************y ********************; sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que dicho ocurso se tuvo por recibido en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, y se acordó lo legalmente conducente. Notifíquese.

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