Dulce Carolina Zavala Tinoco
Expediente 589/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dulce Carolina Zavala Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran el auto de seis de julio pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, transcurrió para la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, del once siguiente al veintidós de dicho mes, y para la parte quejosa, del diecinueve de julio del año en curso al uno de los actuales, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno ni manifestación bajo protesta de decir verdad de las partes en el sentido de haberlo interpuesto ante la superioridad; por tanto, se declara que el proveído de mérito ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de título: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Por otra parte, como de la constancia secretarial se obtiene que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de garantías, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (.) Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni el suscrito, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de julio de dos mil veintidós. Como según constancia secretarial se aprecia que en auto de catorce de junio del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable ahí precisada, por informando las gestiones realizadas para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos, entre ellas, que requirió al Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Educación en el Estado, a fin de que acreditara el pago de la totalidad de las cuotas obrero-patronales a la aquí quejosa ... así como la asignación del Formato Único Personal a su favor, sin que a la fecha en que se actúa exista constancia de la que se aprecie que ello ya aconteció. En atención a lo anterior, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como al Director de Presupuesto y Finanzas de la Secretaría de Educación en el Estado, ambos con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación, informen a este Juzgado sobre el total cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en autos, bajo apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que tengan para cumplir con la misma, de inmediato se les impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, en relación con el 258 de la Ley de la Materia; asimismo, y se remitirán los autos del juicio de garantías en que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a seis de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable referida, rinde su informe justificado y remite la constancia descrita en la cuenta secretarial; con lo cual dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: ".omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, puesto que no desarrolla el expediente número - con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija dicho cuerpo de leyes; fundamentalmente, la etapa de instrucción, que va desde la radicación hasta que se desahoguen las pruebas que sean ofertadas por las partes; procedimiento este que a la fecha lo hace con extremada violación a la Ley de la Materia, pues la incumple al inobservar lo señalado por la misma; ya que a parte de la violación de la Ley desde la fecha en que se avocó al conocimiento del asunto, puesto que demora en demasía para continuar el procedimiento, a la fecha no obstante que desde el 05 de enero del ario 2022, llevó a cabo la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, reservándose el acuerdo para emitir la admisión y/o desechamiento de las pruebas, hasta hoy día no se ha notificado a esta parte que haya dictado dicho acuerdo, no obstante que prácticamente han transcurrido cinco meses de inactividad en ese aspecto por parte de la responsable.". En ese sentido, la procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia II.1o. J/5, octava época, registro 222780, cuyo rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En virtud de lo anterior, cabe destacar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, instituye lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. De la lectura del criterio invocado se arriba a la convicción, de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Ahora bien, de la constancia que acompañó al oficio de cuenta la autoridad responsable referida, consistente en copia certificada de constancias relativas al juicio laboral -, se advierte que en proveído de veintiocho de junio pasado, el tribunal responsable, emitió el acuerdo de admisión de pruebas y ordenó notificar a las partes dicha determinación; documental que merece pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Por lo cual, se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio de garantías, la parte quejosa en esencia señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de dictar el auto de admisión y/o desechamiento de las pruebas, en el juicio de origen; también lo es que la autoridad responsable desde el veintiocho de junio pasado, dictó el acuerdo de admisión de pruebas. Por lo cual, al existir una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asi como la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, se ordena dejar sin efectos la fecha señalada dentro del presente juicio, para la celebración de la audiencia constitucional de mérito, fijada para las trece horas con treinta minutos del veintiuno de julio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, a cuatro de julio de dos mil veintidós. Como de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que el término de quince días que establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, rindiera su informe justificado, le inició el trece de junio pasado y le feneció el uno de los actuales, como se aprecia de la constancia de notificación glosada en autos; por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la ley de la materia, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, remita copia certificada del procedimiento de donde emana el acto reclamado, la cual es necesaria para resolver la presente contienda constitucional, o diga el impedimento legal que tenga para ello, apercibida que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien veces de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Amparo. En consecuencia, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, SE DIFIERE para las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Fecha que se señala lo más cercana posible, toda vez que la agenda de audiencias que se lleva en este juzgado federal, se encuentra sobresaturada. Por tanto, en términos del artículo 5, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, para lo cual se hace de su conocimiento, que en caso de ofrecer pruebas o formular alegatos, para ser considerados en la audiencia, resulta necesario que presenten de manera física los escritos correspondientes, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, un día antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia; lo anterior, tomando en consideración que ante la pandemia, el personal de este Juzgado solo puede recoger las promociones presentadas hasta el final del día, por lo que si la presentan en ese lugar el día de la audiencia, sería extemporáneo, porque se acordaría hasta el día siguiente, cuando ya se habrá celebrado la audiencia constitucional; sin embargo, tales promociones, con la finalidad de que puedan ser consideradas en la audiencia, podrán ser presentadas de manera electrónica, si desean hacerlo el mismo día de la audiencia, siempre y cuando, sea previo a la hora señalada para su verificativo, apercibidas que de no hacerlo en los términos precisados, la promoción relativa se acordará con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a los autos el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos que a su parte corresponden, los que serán tomados en cuenta en la audiencia constitucional; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídasele en su oportunidad las copias que solicita. Notifíquese.
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