Dulce Carolina Martínez Quero

Expediente 1209/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1209/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Dulce Carolina Martínez Quero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I C "... Agréguese el escrito de *******z, autorizado legal en términos amplios de la parte quejosa; en atención a su contenido, previa copia que se deje en autos, devuélvanse los documentos que refiere, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. En el entendido que la devolución únicamente se realizará al promovente o quejosa ********; en virtud, que la autorización que se le otorgó en auto inicial en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no es susceptible de delegarse en diversa persona..."

  2. Principal

    MESA I C "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo promovida por ******** Quero; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  3. Principal

    "... Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos de la Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1209/2022. Desechamiento. En principio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora bien, en el caso este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". En relación con el principio de definitividad existen los criterios siguientes, que no contravienen a la nueva Ley de Amparo: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". [Jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página novecientos dos, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época]. El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes de oficio o con la sola interposición del recurso se suspendan los efectos del acto. Ahora, el principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Por su parte, los artículos 83 a 85 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3°, fracciones XII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como 2° y 3° de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo disponen: "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Artículo 84. La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. Artículo 85. El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. Artículo 3°. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: VI. Las que nieguen o reduzcan las pensiones y demás prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes con cargo a la Dirección de Pensiones Militares o al erario federal, así como las que establezcan obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. Cuando para fundar su demanda el interesado afirme que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración; XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; [.]. XIX. Las señaladas en esta y otras leyes como competencia del Tribunal. Artículo 2°. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Artículo 3°. Son partes en el juicio contencioso administrativo: [.]. b) El particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa". Los artículos analizados de manera sistemática, revelan que contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que ponen fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, procede el juicio de nulidad, así como el recurso de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previo a acudir al juicio de amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda se aprecia que el quejoso reclama del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, lo siguiente: La omisión de hacer el pago de la pensión por viudez 1802647, con los derechos inherentes, consistentes en el pago de aguinaldo, bono de despensa, previsión múltiple, desde el veinte de julio de dos mil diecisiete al uno de octubre de dos mil veintidós. De ahí que, que si el reclamado señalado emana de una autoridad administrativa federal [Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca], es inconcuso que la quejosa, previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar el juicio de nulidad, así como el recurso de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a través de los cuales pudo haber sido nulificado el acto reprochado de inconstitucional. Se insiste, los referidos preceptos regulan la procedencia del juicio de nulidad, así como del recurso de revisión, competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos del citado artículo 3°, fracciones XII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, respecto de aquellos actos de las autoridades administrativas que pone fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelven un expediente. Luego, si la quejosa tenía a su alcance los mencionados medios ordinarios de defensa para combatir la fundamentación y motivación del acto reclamado, es inconcuso que no se cumplió el principio de definitividad de la ley, pues en todo caso debió haber agotado la instancia jurisdiccional administrativa referida; empero al no ocurrir así, se actualiza la causa de improcedencia de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial siguiente: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS SALAS DEL AHORA TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA LA OMISIÓN DE SU DETERMINACIÓN, CÁLCULO Y ACTUALIZACIÓN, SIN NECESIDAD DE UNA INSTANCIA O PETICIÓN PREVIA DEL INTERESADO AL RESPECTO. De los parámetros que derivan de las ejecutorias que corresponden a las jurisprudencias 2a./J. 74/2012 (10a.) y 2a./J. 78/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la página 897 del Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, y en la página 988 del Libro XXI, Tomo 1, junio de 2013, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO, TIENEN NATURALEZA POSITIVA, POR LO QUE CORRESPONDE AL QUEJOSO PROBAR SU EXISTENCIA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO NIEGA." y de título y subtítulo: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO.", respectivamente, se advierte, por un lado, que el acto impugnado aparentemente como omisivo, realmente debe entenderse como la actualización, determinación y cálculo de los incrementos a la pensión -acto positivo-, mientras que el motivo de su ilegalidad consiste en que la autoridad ha omitido hacerlo conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables -naturaleza negativa- y, por otro, que el juicio de nulidad es la vía procedente para ese fin, precisamente porque el análisis que habrá de realizarse únicamente exige verificar si se han aplicado correctamente las disposiciones relativas. Ahora, conforme a los artículos 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, actualmente abrogada -incluso conforme a su propia evolución- y 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expidió aquel ordenamiento, según sea el caso, la autoridad demandada tiene la obligación de incrementar la cuantía de las pensiones, ya sea: a) anualmente, con efectos a partir del primer día de enero de cada año; b) conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México); o, c) en el mismo tiempo y proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Bajo esa perspectiva, determinar, calcular y actualizar el monto de la pensión es una obligación que impone la norma respectiva a la autoridad, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, y lo que decida a ese respecto, a su vez, trasciende en la esfera jurídica de los pensionados, al materializarse el perjuicio por recibir su pensión en una cantidad menor a la que estiman tienen derecho. En estas condiciones, con el pago de la pensión se refleja la voluntad definitiva del mencionado organismo; de ahí que sea innecesario que el acto que se impugne provenga de una solicitud, instancia o petición de la parte interesada a la que haya recaído una respuesta expresa o ficta de la autoridad, pues para que proceda el juicio de nulidad basta con que el acto controvertido sea unilateral, obligatorio y refleje la voluntad oficial de la autoridad, lo que acontece con los actos administrativos que se manifiestan en forma expresa a través del pago de la pensión en los términos en que decide hacerlo el instituto demandado. Por tanto, las Salas del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa son competentes para conocer del juicio contencioso administrativo promovido en los términos señalados, lo que implica privilegiar el derecho fundamental de acceso a la justicia, con apoyo en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo e interpretación más favorable para el ejercicio de ese derecho fundamental." (Registro digital: 2013742, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Laboral, Administrativa, Tesis: XXV.2o. J/3 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 1945, Tipo: Jurisprudencia) En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio el que indica y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, Otilio Bautista López, quien tiene registradas su cédula profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a la persona restante que menciona. Se hace saber a la parte quejosa que desde este momento se le autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integren el presente asunto. Lo anterior, privilegiando el uso de medios electrónicos tomando en consideración la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARCoV2 (COVID 19), aunado a que los Acuerdos Generales 13/2020, 21/2020, 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, privilegian el uso de medios electrónicos en el contexto de dicha contingencia sanitaria. En el mismo orden de ideas, hágase saber a la parte quejosa que las reproducciones que se obtengan a través de los medios electrónicos mencionados no tendrán validez de documento público, de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Bajo ese contexto, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitación de días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..."

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