Dulce Carolina López Noya y Otros.
Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Dulce Carolina López Noya y Otros.
- Dulce Carolina López Noya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a doce de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV, este expediente es destruible. Así una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en el presente asunto obran documentos aportados por la parte quejosa de los catalogados como originales y no originales; por tanto, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger los documentos catalogados como originales que exhibió en el presente juicio, ya que en caso de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos; asimismo, respecto de los documentos catalogados como no originales, se autoriza desde este momento su devolución a la parte quejosa en caso de que así lo solicite, en el entendido que de no hacerlo, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco********************Tlaxcala********************a veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa ****************************************mediante el cual manifiesta el cumplimiento a la prevención realizada en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés********************sin que resulte necesario emitir mayor proveído al respecto********************toda vez que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés se proveyó sobre su contenido. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 231/2023, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en los autos del recurso de revisión 157/2023, por la que resolvió declarar sin materia el citado medio de impugnación. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y agréguese el expedientillo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la quejosa Dulce Carolina López Noya, mediante el cual da cumplimiento parcial a la prevención realizada en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés y señala su imposibilidad de exhibir los documentos que acrediten su filiación con los menores cuya identidad se reserva identificados con las iniciales F.Z.V.L. y C.C.V.L., en razón de que se encuentran dentro del expediente de origen; asimismo, manifiesta que derivado de lo precaria de su situación económica, no cuenta con la posibilidad de gestionar nuevas actas. De igual forma, precisa que el acto que reclama es el auto de siete de julio de dos mil veintitrés dictado dentro de las Diligencias de alimentos provisionales, en el cual la quejosa solicitó como medida precautoria el otorgamiento de una pensión a favor de la suscrita y sus hijos, el cual no fue acordado favorablemente. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento realizado en autos y se procede a proveer la demanda y escrito aclaratorio en los siguientes términos: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113, de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Expuesto lo anterior, de la lectura integral del escrito de demanda de amparo, se advierte que la parte promovente, reclama a las autoridades señaladas como responsables: El auto de siete de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro de las Diligencias de Alimentos Provisionales, en el cual la quejosa solicitó como medida precautoria el otorgamiento de una pensión a favor de la suscrita y sus menores hijos, el cual no fue acordado favorablemente. Por cuanto hace al acto que se reclama por esta vía constitucional, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del precepto transcrito se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, es decir, que no sean definitivas o que sean susceptibles de reparación ante la potestad común. Dicho principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, previo a solicitar la protección de la Justicia de la Unión. Sirve de sustento, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, consultable en el registro digital 187016, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito página 902, Tomo XV, mayo de 2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En la especie, como se adelantó, la parte quejosa reclama el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente de Diligencias de Alimentos Provisionales, en el cual la Juez responsable no resolvió a su favor su petición de ordenar como medida precautoria el otorgamiento de una pensión para ella y sus menores hijas. En el caso sometido en estudio, se tiene que los artículos 86 y 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, establece que las resoluciones judiciales podrán ser autos, y que en contra de los autos que se emitan procede el recurso de revocación. Por su parte los diversos numerales 505 y 506, del citado código establecen que el recurso de revocación puede hacerse valer dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que se combate, con el que se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De modo que ese recurso ordinario -en los casos que resulte procedente-, debe agotarse antes de acudir a la instancia constitucional. Ahora, como se precisó la parte quejosa reclama el auto de siete de julio de dos mil veintitrés, en el cual la Juez responsable no resolvió a su favor, su petición de ordenar como medida precautoria el otorgamiento de una pensión para ella y sus menores hijas. Por tanto como se adelantó, el citado proveído puede ser combatido a través del medio de defensa que contempla la ley del acto; esto es, por medio del recurso de revocación, medio de defensa a través del cual el auto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que dicha determinación puede considerarse un acto que afecte derechos sustantivos y sea de imposible reparación; además, que se presente la demanda en representación de menores; sin embargo, dichos motivos son insuficientes para poder acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso ordinario. Ello es así, ya que el hecho de que se considerara al acto reclamado como de ejecución irreparable, de cualquier forma subsistiría la inviabilidad del juicio de amparo, habida cuenta que cobra preeminencia la observancia del principio de definitividad en estudio, análisis que fue motivo de estudio por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 25/2015. De tal contradicción de tesis se emitió la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, registro digital 2017117, bajo el rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J.113/2013 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 1, Diciembre de 2013, tomo I, página 350, registro digital 2005039, bajo el rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD..". Además, no se observa actualizada alguna de las excepciones al principio de definitividad, que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, no se reclamaron actos que importen peligro de privación de la vida, o actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional; además, el acto no afecta la libertad personal de la quejosa, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal, ni se afecta a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; ello, pues del escrito de demanda de amparo se advierte que la quejosa es parte en la controversia de origen. Asimismo, de que no se trata del auto de vinculación a proceso, ni tampoco se actualiza el supuesto de que el medio de defensa se sujete a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, habida cuenta que se encuentra expresamente previsto en el artículo 504 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. Consecuentemente, dado que la promovente del amparo inobservó el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, se actualiza la hipótesis prevista por la fracción XVIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo; motivo por el cual, con fundamento en el numeral 113 de dicha legislación, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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