Dulce Aurora Oropeza Jaime
Expediente 1065/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/08/2018
Partes del expediente
- Dulce Aurora Oropeza Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de once de julio del año en curso (fojas 20 a 27); en consecuencia, con fundamento en los arábigos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por disposición de su precepto 2, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos a que haya lugar. En ese tenor, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 214 de la Ley aplicable, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, en virtud de que no se tramitó; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se negó la protección constitucional a la parte quejosa y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, es susceptible de depuración, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del capítulo quinto antes citado y hecho lo anterior, procédase a la destrucción de las constancias restantes del presente expediente previa acta que se elabore para constancia y realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvanse al Director General de la Unidad Jurídica de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el legajo de copias certificadas que envió toda vez que ya no resulta necesario en el presente juicio de amparo biinstancial.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el dieciocho de junio de este año (fojas 159 a 161), la autoridad responsable denominada Ayuntamiento Constitucional de Tepic, por conducto de su delegada, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de esa misma fecha, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa personalmente el veinticinco del pasado mes de junio; sin que en tal período dicha parte hubiere efectuado alguna manifestación. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el ocho de mayo de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, así como la disposición general administrativa hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le reintegre a la parte quejosa el importe pagado mediantes recibo oficial 023115032017004212, de quince de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de refrendo de licencia de funcionamiento y tarjeta de identificación de giro correspondiente al año fiscal dos mil diecisiete, por su establecimiento de "minisúper/abarrotes con venta de bebidas alcohólicas" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente implica que se le devuelva al quejoso el importe cubierto. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que las autoridades responsables debían desincorporar de la esfera jurídica del gobernado aquí quejoso los artículos 6, 7, 8 y segundo transitorio, en relación con el 13, así como la disposición general administrativa denominada Catálogo de Giros para Apertura y Refrendos de Tarjetas de Identificación de Giros, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete; asimismo, el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Nayarit, le reintegre a la parte quejosa el importe pagado mediantes recibo oficial 023115032017004212, de quince de marzo de dos mil diecisiete, por concepto de refrendo de licencia de funcionamiento y tarjeta de identificación de giro correspondiente al año fiscal dos mil diecisiete, por su establecimiento de "minisúper/abarrotes con venta de bebidas alcohólicas" e impuesto especial para la Universidad Autónoma de Nayarit; además, devolver al peticionario de garantías la cantidad que pagó debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de dieciséis de marzo de este año (foja 143), causó ejecutoria la resolución de mérito por ministerio de ley, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, residente en esta ciudad, desechó el recurso de revisión interpuesto, dejando firme la sentencia impugnada y declarando sin materia el recurso de revisión presentado por el quejoso; en consecuencia, se requirió a las responsables, a efecto de que dentro del término de diez días la acataran y remitieran las constancias que acreditaran el cumplimiento al fallo. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentados en la oficialía de partes de este juzgado el dieciocho de junio dos mil dieciocho (fojas 159 a 161), con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, remitió copia del cheque expedido a nombre del promovente del amparo y recibido por éste, mismo que ampara la cantidad de $2,972.59 (dos mil novecientos setenta y dos pesos 59/100 moneda nacional); situación que acreditó con los anexos antes indicados. En ese tenor, si tenemos que al monto total de $2,822.40 (dos mil ochocientos veintidós pesos 40/100 moneda nacional), monto que pagó la parte quejosa derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de marzo de dos mil diecisiete, y el veintinueve de mayo de este año se le efectuó la devolución de que se trata; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de febrero del año próximo anterior a abril de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecisiete fue 125.318; y para el mes de abril de este año fue 131.987 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.05321. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $2,972.57 (dos mil novecientos setenta y dos pesos 57/100, moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $150.17 (ciento cincuenta pesos 17/100, moneda nacional). No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver a la quejosa era de $2,972.57 (dos mil novecientos setenta y dos pesos 57/100, moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $$2,972.59 (dos mil novecientos setenta y dos pesos 59/100, moneda nacional), es decir, un excedente de dos centavos, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe el peticionario de garantías, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
POR LO EXPUESTO Y FUNDADO SE RESUELVE: PRIMERO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio número 267, de veintitrés de mayo de la presente anualidad, signado por el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, así como los autos originales del Juicio de Amparo Indirecto número 1369/2017 (auxiliar 227/2018), en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada en esa misma fecha, de la que se advierte que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, promovido por ***********, en su calidad de representante legal de "Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, a partir de su envío. Asimismo, téngase por recibido el disco compacto que contiene la resolución dictada en el presente juicio, que se adjunta. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia simple de la indicada resolución a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.
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