Dulce Alejandra Rojas Bribiesca
Expediente 2217/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2217/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 03/12/2019
Partes del expediente
- Reyna Rocio Villalobos Acosta
- Dulce Alejandra Rojas Bribiesca
- SILVIA LORENA MELENDEZ VILLEGAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, tres de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 168), por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en razón de que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Devolución de documentos originales Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de la Subdirectora de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, atento a su contenido, comuníquese a esa autoridad que en el escrito de ampliación de demanda no fue señalada con el carácter de autoridad responsable, razón por la cual en auto de diez de septiembre anterior, no le fue solicitado informe alguno. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio del Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual manifiesta la imposibilidad que le asiste para dar cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de octubre del año en curso, en razón que dicha autoridad no tiene el carácter de superior jerárquico del Delegado Regional Zona Oriente Ciudad de México de ese Instituto, para conminarlo a cumplir con la ejecutoria de amparo; de lo que se toma conocimiento y se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado por lo que hace a dicha autoridad. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, se advierte que tanto la autoridad oficiante como el Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, han manifestado que no les asiste el carácter de superiores jerárquicos de la responsable Delegado Regional Zona Oriente Ciudad de México de ese instituto, para conminarlo a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Delegado Regional Zona Oriente de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como autoridad responsable y al Director General del mismo Instituto como superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del momento que queden notificados del presente proveído, cumplan con la ejecutoria de amparo, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia ejecutoriada, esto es: "(.) la autoridad responsable Delegado Regional Zona Oriente Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé cumplimiento a la sentencia de veintisiete de abril de dos mil dieciséis y a la resolución de la queja por incumplimiento de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, ambas dictadas por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 33240/15-17-11-7, por lo que deberá realizar lo siguiente: Determine pormenorizadamente la forma en que se otorga la pensión a la hoy quejosa, ello en términos y condiciones previstos en el artículo 6, fracción XIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del uno de abril de dos mil diecisiete. Emita una nueva resolución en la que reconozca que las prestaciones cuyo incremento fueron materia de reclamo en el juicio de nulidad ('previsión social múltiple' y 'ayuda de despensa') son compatibles y generales para los pensionados, de acuerdo con la normatividad y los oficios analizados en este fallo. Pague las diferencias que resulten del ajuste de la pensión por jubilación debiéndose contemplar los conceptos relativos a "previsión social múltiple" y "ayuda de despensa". Exhibiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que: La autoridad responsable, así como su superior jerárquico, deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de octubre de dos mil diecinueve. PROMOCIÓN Por recibido el oficio de cuenta remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, por el cual envía a este juzgado federal la resolución dictada en sesión de diez de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el impedimento 38/2019 de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 221/2019 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río; por tanto, acúsese el recibo correspondiente y estese a lo determinado por el referido Tribunal Colegiado que resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se declara sin materia el impedimento planteado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para conocer del juicio de amparo 221/2019, promovido por **********. SEGUNDO. Se ordena remitir el juicio y anexos a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para efecto de que sea turnado al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región." Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones respectivas. ESTADO PROCESAL Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de veintiocho de junio pasado, este juzgado federal se avocó al conocimiento de este asunto y reservó acordar lo conducente respecto de la admisión de la demanda de amparo, hasta en tanto se resolviera el impedimento planteado por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río mediante proveído de catorce de marzo de dos mil diecinueve, situación que ya aconteció como se advierte de párrafos precedentes; en consecuencia, se provee: AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CONSULTA VÍA INTERNET, UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas mencionadas en el escrito inicial de demanda y, en su caso, en escritos posteriores, sin perjuicio de que en el momento que promueva alguno de los señalados por la parte quejosa en términos amplios, se le reconozca dicho carácter en el acuerdo que recaiga, siempre y cuando cumpla con los requisitos del precepto legal citado. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 8° de la Constitución Federal, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición en un tanto de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal y por conducto de las personas autorizadas por las partes para tal efecto. PREVENCIÓN Por otra parte, respecto de los actos reclamados señalados en el escrito inicial de demanda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracciones III, IV y V, en relación con lo dispuesto en los diversos 114 y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación el presente auto, señale lo siguiente: Precise los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, en el entendido que deberá indicar qué proceso legislativo le atribuye a cada autoridad. Lo anterior, en razón de que el señalamiento que formula en el capítulo respectivo es obscuro e impreciso, ya que aduce de forma genérica como actos reclamados la emisión y promulgación del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado el cinco de noviembre de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación. Precise si a su interés legal conviene atribuir como acto reclamado al Presidente de la República el consistente en la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Bajo protesta de decir verdad, manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a qué órgano jurisdiccional le tocó conocer del mismo, indicando el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra. Deberá adjuntar copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las autoridades que señale como responsables en términos de la presente prevención. Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la prevención formulada dentro del plazo señalado, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, cabe precisar que el requerimiento formulado en el inciso b), se efectúa de dicha forma, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Finalmente, en el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, previo a realizar un pronunciamiento de admisión o no en torno a la demanda interpuesta, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene atribuirle el citado acto, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." NOTIFICACIÓN POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, en lo que aquí interesa, resulta pertinente mencionar que del contenido del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se desprende que, en el caso de que el domicilio de la persona a notificar no se encuentre en el mismo lugar en que resida el órgano jurisdiccional, la primera notificación debe hacerse por exhorto. En ese sentido, de la interpretación de dicha disposición debe entenderse que en cada uno de los juicios de amparo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, en los que se haya señalado domicilio fuera de la jurisdicción, se debe ordenar notificar por exhorto a la parte quejosa la admisión o radicación, según corresponda. Ahora bien, ya que el domicilio de la parte quejosa se ubica fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 27, fracción II, de la ley de la materia; 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado, notifique a la quejosa *******************, en el domicilio ubicado en: ************; asimismo, le requiera para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente de aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal Adjetivo en cita, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, apercibiéndola que en caso de no hacerlo así dentro del plazo concedido, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por medio de lista de acuerdos que se fijará en los estrados de este órgano jurisdiccional, con apoyo en los numerales 26, fracción III, y 27, fracción II, de la ley de materia. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, infórmese a la parte quejosa que podrá presentar cualquier medio de impugnación, haciendo uso de la vía postal, electrónica o personalmente ante la oficina de correspondencia de este órgano judicial. En consecuencia, con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Se solicita al Juzgado exhortado que una vez que sea diligenciado el exhorto en dichos términos, lo devuelva a este órgano jurisdiccional con las constancias que acrediten su diligenciación. JURISPRUDENCIA La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), de rubro: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA." Notifíquese; por exhorto a la parte quejosa.
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