Duglas Yovany Aceituno Fuentes
Expediente 1653/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1653/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Duglas Yovany Aceituno Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que feneció el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de de quince de febrero del año en curso para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia protectora de derechos fundamentales. Por consiguiente, conforme al artículo 196 de la Ley 1 Conforme al artículo 31, fracción III de la Ley de Amparo, surte efectos el mismo día en que se genera la constancia de notificación electrónica. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN SUSPENSIÓN DE PLANO VALORES DOCUMENTOS ORIGINALES TOMOS DE PRUEBAS NO SI NO NO NO 22/04/23 10:17:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 2 de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo con las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J.26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para una mejor intelección de lo que aquí se expondrá, es menester dejar asentado que mediante sentencia emitida el diez de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, contra el acto y autoridad indicados en el considerando segundo, para los siguientes efectos: "El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, en un plazo que no podrá ser superior a los tres días hábiles siguientes [artículo 192 de la Ley de Amparo] al en que cause ejecutoria esta determinación, proceda a dar respuesta congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el hoy quejoso. En el entendido que el derecho fundamental de petición 22/04/23 10:17:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 3 Amparo indirecto 1653/2022 ??????????????? únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulan, más no a que se dicten conforme a las pretensiones del justiciable." En cumplimiento al requerimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió el oficio número INM/ORCHIS/785/2023, al que adjuntó el diverso número INM/DGCVM/DIMI/CNA/447/2023 con el que informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De modo que, la autoridad responsable el tres de febrero del dos mil veintitrés, dio contestación a la solicitud del quejoso, notificándole el trece de febrero siguiente a través de Carlos Daniel Sánchez Zetina, asesor jurídico federal que lo representa; tal y como se advierte de la firma estampada por el asesor en la contestación dada por la responsable. SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA Por lo expuesto, este órgano de control de la constitucionalidad considera que la autoridad responsable referida, con las constancias antes plasmadas, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio, por lo que se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, colmándose los alcances del fallo protector. Por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución amparadora. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, en el momento procesal 22/04/23 10:17:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 4 oportuno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, conforme a lo establecido en el numeral 196, cuarto párrafo, de la ley de la materia, una vez que transcurra el plazo a que se refiere el dispositivo 202 de la propia legislación. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Atento a lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 182 , fracción I, inciso b) del Acuerdo General de referencia, y capitulo 7 Expedientes Depurables, 7.1. Expedientes que corresponde clasificar como "Depurables" de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Acuerdo, sub punto 2 Artículo 18. Expedientes depurables [.] I. En los Juzgados de Distrito: [.] b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y [.] El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 22/04/23 10:17:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 5 Amparo indirecto 1653/2022 ??????????????? 7.1.13 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de depuración, al ser un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, y no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En tal tenor, el presente asunto será resguardado en el archivo de juzgado durante tres años. Una vez fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes será susceptible de depuración, para su posterior transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, este expediente no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud de que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Háganse las anotaciones correspondientes en libro de gobierno y las respectivas en la caratula del expediente para una mejor identificación. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 254 , del acuerdo invocado, se comisiona a la secretaría para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo. 3 7.1.1 En los Juzgados de Distrito 1. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional. Nota: En amparo indirecto, aquellos expedientes en los que la sentencia ejecutoriada haya concedido o negado en alguno de sus puntos resolutivos. 4 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa." 22/04/23 10:17:03 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.25.3e ALEJANDRO PADILLA PLASCENCIA 6 TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En virtud de que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 215 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a quince de febrero de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio signado por el Jefe de Departamento Jurídico y Atención al Migrante, Encargado del Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad, al que anexa el oficio número INM/DGCVM/DIMI/CNA/447/2023; a través de los cuales informa haber dado cumplimiento al fallo protector. Bajo esa premisa, con apoyo en el artículo 1961 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho e interés legal convenga; para tal efecto, córrasele traslado con copia simple del oficio de mérito con la que la autoridad responsable manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento de que transcurrido el plazo concedido, este órgano jurisdiccional resolverá lo conducente con las constancias que obran agregadas en el presente juicio. Notifíquese, y vía electrónica.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el diez de enero de dos mil veintitrés que concedió el amparo solicitado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Bajo esa tesitura, se precisa que la sentencia constitucional que concedió el amparo solicitado a la parte quejosa en los siguientes términos: "[.] para el efecto de que el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, en un plazo que no podrá ser superior a los tres días hábiles siguientes [artículo 192 de la Ley de Amparo] al en que cause ejecutoria esta determinación, proceda a dar respuesta congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el hoy quejoso. En el entendido que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulan, más no a que se dicten conforme a las pretensiones del justiciable." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas; para que, dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento a la sentencia de mérito, mismo que será computable a partir del siguiente al en que se encuentre notificado de este acuerdo. Apercibido que de no acatar lo anterior, sin causa justificada, dentro del plazo señalado, se le impondrá en lo individual una multa consistente en cien unidades de Medida y Actualización, que equivale a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 m.n.), tomando en consideración la Unidad de Medida y Actualización prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente en el país a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. De igual forma, que para el caso de que no cumplan, se procederá conforme lo prescribe el artículo 193 de la ley de la materia. Resulta de apoyo a lo anterior, la tesis IX.1o.6 K, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas".1
- Principal
Audiencia y Sentencia Constitucional En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con cuarenta minutos del diez de enero de dos mil veintitrés, Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales 1653/2022, promovido por Duglas Yovany Aceituno Fuentes, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas; sin la comparecencia personal o virtual de las partes. Estado procesal. De la revisión de constancias, se advierte que la autoridad migratoria, no rindió su informe justificado, a pesar de estar debidamente emplazada desde el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós [según el sello y hora asentados por las potestades responsables]. La Jueza de Distrito acuerda: Ante la omisión de la responsable de rendir su informe de ley, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, se realizará el pronunciamiento relativo en la sentencia que se emita a continuación. Relación de constancias. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO Y ANEXOS 03-31 2 PREVENCIÓN DE DEMANDA Y SUSPENSIÓN DE PLANO 32-40 3 ESCRITO DE CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN 46 4 INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 47 5 ADMISIÓN DE DEMANDA 57 6 ACUSE DE RECIBO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE 58 7 ACUSE DE RECIBO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN 58 Asimismo, se hace constar que no obra el informe justificado de la autoridad responsable. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se precisa que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas y fojas 1 QUEJOSA DOCUMENTALES 10-31 La Jueza de Distrito, acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, y se hace constar que ninguna de las partes los formuló. La Jueza de Distrito, acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara perdido el derecho de las partes para formular sus respectivos alegatos; a continuación se cierra ésta etapa. Luego, al no existir actuaciones pendientes de desahogar, se da por concluida esta audiencia constitucional y se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1653/2022. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado Chiapas con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Duglas Yovany Aceituno Fuentes solicitó el amparo contra autoridades que en un apartado posterior se precisarán. Para lo cual, narró antecedentes, formuló motivos de disenso, y señaló los derechos fundamentales que estimó transgredidos. SEGUNDO. Trámite. En auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el número de expediente 1653/2022, y previo a proveer lo que en derecho correspondía, se previno al promovente conforme al artículo 108, fracción IV de la Ley de Amparo Luego entonces, la parte quejosa cumplió la prevención de demanda formulada, y mediante auto de quince de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, solicitando el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguida las gestiones para integrar el presente juicio, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, en vinculación con los diversos acuerdos 16/2016 y 32/2020 difundidos el once de marzo de dos mil dieciséis y ocho de diciembre de dos mil veinte respectivamente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman en amparo indirecto (grado) actos de ejecución (materia), donde ejerce jurisdicción este juzgado de distrito (territorio). SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, se obtiene que el quejoso reclama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, con residencia en esta Ciudad: La omisión de emitir respuesta y resolver la petición elevada el nueve de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual solicita la baja o cancelación de la alerta migratoria impuesta en su contra, a fin de estar en aptitud de tramitar la regularización de situación migratoria, y sus consecuencias legales. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, fue omisa en rendir informe justificado, pese a estar debidamente notificada para ello, según consta en la constancia de notificación que obra en foja 58. Por tal motivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, surge la presunción de certeza del acto que se atribuye a la autoridad en comento. Es aplicable a lo anterior, la Tesis: XXIV.1o.4 K (10a.), registro digital: 2021054, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, décima época, materia(s): común, fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2403: INFORME JUSTIFICADO EN EL AMPARO. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LO RINDA EN EL PLAZO OTORGADO PARA ELLO, NO DA LUGAR A DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL NI A HACER EFECTIVO, PREVIO A ÉSTA, EL APERCIBIMIENTO DE MULTA DERIVADO DE ESE INCUMPLIMIENTO. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, las hipótesis para diferir la audiencia constitucional por falta de rendición del informe justificado se circunscriben a aquellos casos en los que aún se encuentre transcurriendo el plazo otorgado para su rendición, así como cuando entre la data en que se rinda y la de celebración de la audiencia no hayan mediado por lo menos ocho días; sin embargo, no dispone que deba diferirse la audiencia constitucional cuando la autoridad responsable no haya rendido el informe correspondiente, si ya feneció el plazo previsto para ello, y menos aún que deba requerir nuevamente por su rendición; por el contrario, el precepto referido establece que ante la omisión de la responsable de rendirlo, deberá presumirse la certeza del acto que se reclame, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o. de la ley de la materia. En estas condiciones, no puede existir un auto de diferimiento por esa causa ni procede, previo a la audiencia constitucional, hacer efectivo el apercibimiento de multa, pues la facultad de sancionar económicamente a la autoridad responsable que no cumple con rendir el informe debe determinarse una vez celebrada la propia audiencia, porque será hasta ese momento cuando se refleje la consecuencia que ello provoca, como lo es, presumir como cierto el acto reclamado al resolver el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia, ni del análisis de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que se actualice alguna que se tenga que estudiar de oficio, por lo que procede entrar al examen de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de fondo. Sentado lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, por lo que para el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, debe tomarse en consideración como base la causa de pedir, dado que esta última no conlleva a realizar una suplencia en su argumentación, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia consultable en la página 718, del tomo XXV, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 2007, que prevé: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO. La circunstancia de que al conocer de un recurso dentro de un juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito atiendan a la causa de pedir expresada, conforme a la jurisprudencia P./J. 69/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, con el rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.", no equivale a suplir su deficiencia en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación, a diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o bien, realizado esto último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Además, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmación." El quejoso arguye que la omisión recamada viola en su perjuicio el derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, al no darse respuesta a una petición que se elevó con las formalidades exigidas en ese precepto constitucional, tal y como se advierte en las documentales anexas a su escrito inicial de demanda. Es fundado dicho planteamiento. Para justificar tal aseveración, es relevante destacar que el artículo 8 de la Constitución Federal, consagra el derecho de petición a favor de las y los particulares, el cual expresamente dispone lo siguiente. "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Los requisitos establecidos constitucionalmente para formular una petición ante las autoridades del Estado y obtener una respuesta en breve término son los siguientes. Formularse por escrito. Hacerse de manera pacífica. Dirigida con respeto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las autoridades del Estado se encuentran obligadas a dar respuesta a los escritos peticionarios de las personas, la cual debe ser congruente y emitida en un plazo razonable, que deberá dar a conocer al solicitante. Lo anterior no significa que la contestación a la petición deba ser en el sentido expresado por el interesado, pues en atención al principio de legalidad, la autoridad únicamente podrá resolver respecto de aquellas cuestiones que sean de su competencia, y en los términos que fundada y motivadamente estime conducentes. Sirven de apoyo, las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. FORMALIDADES Y REQUISITOS. La garantía que otorga el artículo 8o. constitucional no consiste en que las peticiones se tramiten y resuelvan sin las formalidades y requisitos que establecen las leyes relativas; pero sí impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario." "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ha sido criterio reiterado de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte, que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, debiendo el acuerdo respectivo ser congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por lo tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden al Juez de Distrito y a esta Suprema Corte a que, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia." Asimismo, es de destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 2768/2015, estimó que históricamente el derecho de petición ha sido concebido como un mecanismo esencial para el funcionamiento de la democracia, debido a que constituye una vía a través de la cual las personas pueden informar al gobierno sobre sus problemas y, por ende, la correspondiente obligación del Estado de responder, por lo menos, que se ha enterado de los mismos. Incluso, señaló que el derecho de petición, en el que esencialmente se tutela la condición a cargo del Estado de dar contestación a los solicitado por las y los gobernados, sin que ello conduzca a que se resuelva favorablemente sus solicitudes, difiere de una acción administrativa, en la medida en que se tratan de medios autónomos diferentes entre sí. Lo anterior, puesto que la acción tiene como finalidad, de quien la promueve, la obtención de un resultado en concreto, en concordancia con una porción normativa; mientras que la petición únicamente garantiza que la autoridad -Estado- otorgue una contestación, sin que exista obligación que la misma sea en un determinado sentido, pero siempre que se encuentre debidamente fundada y motivada. De ese modo, una acción administrativa posibilita a las personas a pedir un determinado resultado; siendo que, en el supuesto de ser desfavorable a sus intereses, se podrá solicitar o exigir mediante la vía recursal o jurisdiccional; mientras que la petición no lo permite. Bajo este contexto, la Suprema Corte estableció que el derecho de petición guarda como finalidad esencial y primordial, la obtención la persona interesada de una respuesta concreta de la autoridad ante un planteamiento específico; siendo que los recursos administrativos son impugnaciones a la legalidad de los actos de autoridad que se encaminan, esencialmente, a conseguir su nulidad o modificación. Por ende, el derecho de petición no se concibe como un mecanismo de sustitución de los procedimientos o recursos -administrativos o judiciales- establecidos para la revisión de las determinaciones administrativas; sino que aquél fue enderezado a satisfacer un objetivo plenamente distinguible, la prerrogativa de las y los gobernados a recibir una contestación -congruente, motivada y fundada- respecto de una solicitud o planteamiento formulado -respetuosamente y por escrito- a los órganos del Estado. Además, es pertinente destacar que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que lo solicita la persona peticionaria, sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo solicitado, esto es, en atención a la cuestión que le fue planteada y mediante una respuesta coherente a ella, o bien, deberá manifestar la imposibilidad que se tiene para hacerlo. En consecuencia, no podrá considerarse que se cumple con tal derecho cuando la autoridad emite resoluciones que difieren injustificadamente la resolución de lo pedido sin abordar la petición manifestada. Por tanto, si en el juicio de amparo la parte quejosa alega violaciones al derecho de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender solo a si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta, sino si ésta guarda congruencia con lo solicitado. Sirven de sustento a lo anterior, los siguientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." "INCONFORMIDAD. ES FUNDADA CUANDO LAS RESPONSABLES, OBLIGADAS A CONTESTAR LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SE CONCRETAN A EMITIR ACUERDOS QUE EN VEZ DE RESOLVER CONGRUENTEMENTE LA PETICIÓN, SÓLO TIENDEN A DIFERIR LA RESOLUCIÓN. El cumplimiento de una ejecutoria de amparo en la que se declaró transgredido el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que las autoridades responsables demuestren que dictaron el acuerdo o resolución que corresponda y que lo notificaron al quejoso; esta contestación debe atender de manera completa y coherente a lo pedido, pronunciándose como proceda en derecho, en sentido positivo o negativo, pero resolviendo lo planteado, por lo que si en vez de ello se limitan a emitir acuerdos de remisión o trámite que sólo tienden a diferir injustificadamente la solución de lo pedido, como cuando manifiestan que ya pronto se resolverá, que se está estudiando el asunto u otros acuerdos retardatorios similares, el Juez de Distrito no debe tener por cumplida la ejecutoria; en cambio debe exigir su acatamiento y remitir el expediente a la Suprema Corte de Justicia para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución, relativos a la separación del cargo del funcionario contumaz y de su consignación ante un Juez de Distrito." En el caso concreto, el inconforme, a través de un escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, elevó una petición al Titular responsable, consistente en la baja y/o cancelación de la supuesta imposición de un alerta migratoria en su contra, a fin de efectuar el trámite de regularización de situación migratoria, y como consecuencia, obtener una regular estancia en este país. Petición en la cual ha incurrido la responsable, pues no obran constancias con las que acredite haber dado contestación escrita, fundada, motivada y congruente a la petición del justiciable y se la hubiera notificado en el domicilio que señaló para tal efecto, lo que sin duda vulnera el derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución Federal, que reconoce el derecho de todas las personas a que sus escritos elevados en forma pacífica y respetuosa a las autoridades del Estado deba recaer una respuesta concreta y congruente con lo pedido, lo cual no ha acontecido. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 74 fracción V y en el diverso 77 fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que la Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa para efecto de que: El Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Chiapas, en un plazo que no podrá ser superior a los tres días hábiles siguientes [artículo 192 de la Ley de Amparo] al en que cause ejecutoria esta determinación, proceda a dar respuesta congruente, fundada y motivada a lo solicitado por el hoy quejoso. En el entendido que el derecho fundamental de petición únicamente obliga a la autoridad a pronunciarse sobre las solicitudes que se le formulan, más no a que se dicten conforme a las pretensiones del justiciable. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Duglas Yovany Aceituno Fuentes, contra el acto y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.
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