Duglas Bladimir González Carabantes

Expediente 204/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
204/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
11/05/2021

Partes del expediente

  • José Oscar Games
  • Duglas Bladimir González Carabantes

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe el Secretario Adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, través del cual acusa recibo del oficio 7119/2021, así mismo, informa que se avocó al conocimiento del juicio que se habla, registrándolo con el número 439/2021-Mesa 4-A. Se remite informe a la autoridad oficiante. Archívese el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibida la demanda de amparo presentada por **, asesor jurídico federal de Defensoría Pública, a favor de los directamente quejosos , contra actos del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional de Migración y otra autoridad, por violación a las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 2, 4, 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Federal; y, copias que se acompañan, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 204/2021-VI. Así, atendiendo a lo manifestado por el promovente, que los directamente quejosos aludidos en el párrafo anterior, se encuentran siendo objeto de actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgado federal, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, resuelve decretar de plano la suspensión de dichos actos, para que de inmediato cesen. En observancia de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de veinticuatro horas, informen a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado a esta resolución, lo anterior con apoyo en el numeral 158 de la ley de la materia; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237 fracción I, de la ley de la materia. Se hace del conocimiento a las autoridades citadas como responsables, que la violación del presente mandato equivale a la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, delito que si se llegare a consumar, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales y consignación consiguientes. En tal sentido, y en atención a lo señalado por el artículo 15 de la Ley de Amparo, que al efecto dispone: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." Por tanto, el referido numeral, se tiene que tratándose de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, en esos casos, la autoridad judicial que conozca del juicio de amparo, decretará la suspensión de los actos reclamados. De ahí, se tiene que, si los quejosos se encuentran detenidos ante una autoridad de índole administrativo, del que no existiere procedimiento penal alguno, que justifique su detención, la suspensión de plano debe comprender ese acto privativo de libertad, por lo que, las autoridades responsables deberán acatar para el efecto de que de manera inmediata cesen los actos. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Libro 52, de marzo de dos mil dieciocho, tomo IV, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro digital 2016412, que hace mención: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional." Ahora bien, dado que los directamente agraviados , se encuentran privados de la libertad, se comisiona a cualquiera de los fedatarios judiciales adscritos a este órgano de control constitucional para que se constituya en la Instalaciones de la Estación Migratoria ubicada en la calle cuba, número 101, colonia Josefa Zozoya, Guadalupe, Nuevo León y/o en la diversa Estación Migratoria ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas. Número 1817, Fraccionamiento Jardín de las Torres 1er. Sector, en Monterrey, Nuevo León, a fin de que en el mismo acto de la notificación del presente auto, requiera a los quejosos para que manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo planteada a su favor, o bien, lo hagan por escrito en el término de tres días siguientes, previniéndolos que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la ley de la materia, se tendrá por no presentada, y se dejarán sin efectos las providencias decretadas. A fin de lograr dar cumplimiento a lo aquí ordenado, requiérase al encargado de dichas Instalaciones, para que gire las órdenes correspondientes al personal a su cargo, y se permita la entrada a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, previa su identificación, y puedan corroborar si en el interior de la misma, se encuentran o no los directamente quejosos, además de que establezca por cuál de los actos que se describe en la demanda presentada a su favor se ratifica; en la inteligencia que de no hacerlo así, se dará vista al Fiscal General de la República, para que a través del Agente del Ministerio Público de la Federación, le sea aplicada la sanción respectiva a los delitos cometidos contra la administración de justicia, previstos en el Código Penal Federal. Se concede facultad de investigación a los fedatarios adscritos, para el efecto de que si se llegaren a enterar que el quejoso se encuentra en otro lugar, se constituyan en ese para lograr la encomienda que se precisa. Ahora bien, para comprender un poco el problema jurídico que se somete a la jurisdicción del suscrito y a manera de precisar de una forma apropiada la litis constitucional respecto a la que versará el presente juicio de amparo, es menester analizar en su integridad el escrito inicial de demanda; lo anterior, con apego en el artículo 76 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda." La recta exégesis del precepto, se puede inferir que, el juzgador debe atender a la "causa de pedir", es decir, a lo que el quejoso quiso decir y no a lo que aparentemente dijo, pues la interpretación de la demanda no puede confundirse de ninguna manera con la suplencia de la deficiente queja, sino apreciar la demanda en su conjunto, como un todo; ya que solamente de esta forma se puede lograr la recta impartición de justicia, a que todo gobernado tiene derecho en términos del artículo 17 Constitucional. Así las cosas, el libelo constitucional, debe considerarse como un todo, por ello, es necesario estudiar los conceptos de violación, antecedentes, alegatos y demás manifestaciones hechas por la parte quejosa que sean tendientes a expresar los agravios de los que fue objeto. Además, lo que se prohíbe es que se cambie o varíe la litis o los hechos planteados por el quejoso, pero en ningún momento se impide realizar una interpretación de la demanda; así las cosas, la comprensión correcta de la demanda no implica la alteración de los hechos, ni suplir su deficiencia, sino apreciarla en su conjunto, armonizar sus datos y darle un sentido coherente. A esta determinación arribó la Segunda Sala, al emitir la tesis aislada, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible a tomo 217-228, página 79, tercera parte, de la Séptima Época, misma que resulta aplicable por el contenido que la informa, y señala: "DEMANDA DE AMPARO, INTERPRETACIÓN DE LA. En los amparos administrativos, el juzgador puede interpretar el sentido de la demanda, para determinar con exactitud la intención del promovente, pues el obstáculo que opone el principio de que no corresponde al Juez corregir los errores de las partes, es sólo aparente, ya que en la interpretación no se va a perfeccionar la demanda, en su contenido material, cosa que ya no sería meramente interpretativa, sino nada más armonizar sus datos, para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos de la misma demanda. Este criterio no pugna con el primer párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo que dice: "La Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, en sus sentencias, podrán suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada al citar la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, pero sin cambiar los hechos o conceptos de violación expuestos en la demanda". La comprensión correcta de una demanda en cuanto a su forma, no implica ni alteración de los hechos, ni una modificación de los conceptos de violación; el juzgador pues, debe atender preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, ya que solamente en esta forma, se puede compaginar una recta administración de justicia al no aceptar la relación oscura, deficiente o equívoca como la expresión exacta del pensamiento del autor de la demanda, sobre todo si su verdadero sentido se desprende fácilmente, relacionando los elementos de la misma demanda. Así, pues, si en su demanda algún quejoso, no pretendió reclamar determinados actos que aparecen en la misma demanda y el Juez Federal se da cuenta, por la interpretación que haga de la misma, de que en realidad los actos que se pretenden combatir son otros, el juzgador obra correctamente al hacer dicha interpretación." En ese sentido, se advierte que el día de hoy, se recibe la demanda de amparo presentada por el asesor jurídico , en representación de los directamente quejosos , en contra del Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional de Migración y Director o Encargado de la Estación Migratoria dependiente de Oficina de Representación en el Estado Nuevo León del Instituto Nacional de Migración, de quien reclama: "La privación ilegal de la libertad, la incomunicación, ausencia de asesoría legal, ausencia de representación consular, ausencia de atención médica y de brindar un protocolo de sanidad para prevenir el contagio por COVID-19, ausencia de asesoría legal para la tramitación de solicitud de condición de refugiados ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como la inminente deportación, expulsión o cualquier denominación del territorio nacional, de los extranjeros migrantes quejosos." Todos los anteriores, reclamados al Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional de Migración y Director o Encargado de la Estación Migratoria dependiente de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional de Migración. En ese sentido, se tiene que los actos que reclama el Asesor Jurídico de los directamente quejosos, derivan de actos emitidos por el Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional de Migración y Director o Encargado de la Estación Migratoria dependiente de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional de Migración, autoridades expresamente señalada como responsables; las cuales desempeñan labores administrativas en relación con materia migratoria, por la simple apreciación de su denominación, al tratarse de una dependencia especializada en aspectos relativos al ámbito migratorio, mismos que son de naturaleza administrativa. Consecuentemente, esta autoridad, resulta legalmente incompetente para conocer de la misma, en razón de la materia del acto reclamado, pues se considera de naturaleza administrativa. Al respecto, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece los asuntos de amparo en los que serán competentes los Jueces de Distrito en Materia de Administrativa, el cual a la letra dice: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Asimismo, debe precisarse que existe criterio en el sentido de que la competencia por materia debe establecerse en función de la naturaleza del acto que se reclama, tal como se advierte de la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VIII, del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, página 28, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda.". Luego entonces, como puede verse los actos por los cuales se duele la parte promovente, son funciones que realizan las autoridades responsables en el ámbito de sus facultades, al seguir actuaciones que una autoridad Migratoria está facultada, máxime que, el asesor jurídico de los directamente quejosos, manifestó que éstos son de nacionalidad salvadoreña, hondureña y nicaragüense. Es oportuno mencionar que, del escrito inicial de demanda no se desprende que los actos que se reclaman tengan relación alguna con la integración de una carpeta de investigación o averiguación previa, mucho menos de un expediente judicial tramitado vía penal y eso es lo que definitivamente lo desvincula de esa materia. Sin que pueda estimarse que por reclamarse actos de incomunicación necesariamente tendrán una naturaleza penal porque en la hipótesis que nos ocupa la incomunicación, tiene fines de deportación y destierro, sobre lo cual dicho sea de paso, ya esta autoridad ya se pronunció en párrafos anteriores, al concederles la suspensión de plano por el mismo para paralizar cualquier violación de derechos en ese sentido. De tal forma, los actos reclamados por el impetrante de garantías, es claro que constituyen actos eminentemente administrativos es por lo que procede declarar competente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, al efecto resulta aplicable lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. II/92 de rubro y texto: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver el conflicto número 6/2020, suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado y este órgano jurisdiccional, con motivo de la incompetencia planteada por esta autoridad dentro del juicio de amparo 351/2020-II del índice de este Juzgado. Por tanto, este juzgado carece de competencia legal para conocer del presente asunto; en tales condiciones, previa copia certificada que se deje en autos, remítase la demanda al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, para que a su vez, éste la envíe al Juzgado de Distrito que por razón de turno corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se desprende que al consultarse la dirección de internet http://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx/cedula/indexAvanzada.action, se constató que las cédulas número , efectivamente se encuentran a nombre de **; por tanto, téngase a la parte promovente autorizando a los profesionistas en mención, en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, y respecto a las diversas personas que refiere, se les tiene únicamente autorizadas para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto justifiquen contar con cédula profesional, que los acredite encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Además, como lo solicita el ocursante, con fundamento en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2013 del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), se autoriza al promovente para tener acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo mediante el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, y se le realicen las notificaciones dentro del presente juicio vía electrónica, con los usuarios **; por tanto, se instruye al Oficial Judicial A, para que proceda a dar de alta a los referidos usuarios, con efectos de autorización, en el sistema mencionado. Por otro lado, el promovente en su escrito de demanda señala como datos de contacto los correos electrónicos ; por tanto, téngasele para esos efectos los correos electrónicos proporcionados por el promovente, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 fracción II del diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19; asimismo, téngaseles únicamente para que obren como datos de contacto a fin que este juzgado pueda entablar comunicación no procesal con el compareciente, la cual de ser necesario deberá registrarse e incorporarse al expediente, previa certificación correspondiente; aunado que dicha información es de suma relevancia en atención que con ésta, se buscará acordar previamente la realización de las notificaciones, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma. Por tanto, se instruye a los actuarios de la adscripción a fin de que tomen nota de los mismos para los efectos conducentes. Por otra parte, con fundamento en lo establecido por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se concede al promovente la expedición de copias de este proveído, así como de las subsecuentes actuaciones que se generen dentro del presente sumario, mismas que se expedirán conforme a las labores del juzgado lo permitan, previa razón de recibo que se deje como constancia en autos; además, con apoyo en los numerales señalados, en concordancia con lo asentado en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la cual se da a conocer la determinación del citado cuerpo colegiado, el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de autos, en la inteligencia que cada vez que requiera utilizarlo, deberá hacerlo en presencia del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, quien deberá levantar acta en la cual se asiente dicha circunstancia.

  4. Principal

    Vista la diligencia actuarial practicada en esta misma fecha, se advierte que los directamente quejosos, no ratificaron la demanda de garantías promovida en su favor por **. Ahora bien, en diverso proveído de esta data, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer del presente juicio, en razón de la materia de los actos reclamados; y se ordenó remitir los autos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, sin que hasta el momento, se haya materializado materialmente su envío; en ese sentido, glósese la constancia de notificación de cuenta, al cuaderno original del presente expediente, para que obre como corresponda, y el órgano jurisdiccional que corresponda conocer del mismo, en caso de avocarse a su conocimiento, proceda a acordar lo conducente en cuanto a su contenido, debiendo dejar copia de la misma para que obre en los autos del expedientillo que se ordenó formar. Sin que sea el caso de comunicar lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que las mismas no fueron notificadas de las providencias sobre la suspensión de plano decretada, en razón de que los quejosos no ratificaron la demanda de amparo.

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