Driulis Lugo Ulloa

Expediente 1061/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1061/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2022

Partes del expediente

  • Driulis Lugo Ulloa
  • Driulis Lugo Ulloa y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de once de septiembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 1.1 Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 1.2. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 1.3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 1.4. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    1. Estado procesal. Vista la razón del Actuario de la adscripción de doce de septiembre del año en curso, se advierte que no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de once de septiembre de dos mil veintidós, por los motivos ahí expuestos. 1.1 Notificaciones por lista. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de amparo, se ordena la notificación a la parte quejosa respecto del auto de once de septiembre de este año, así como las subsecuentes de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por Ana Isabel Jiménez Hernández, en representación de ...y la menor de edad D.R.L., contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1061/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Consideraciones en torno al menor. Dado que, se involucran derechos de un menor de edad en el presente asunto, se reserva la información de éstos en cuanto a su nombre o características, en acatamiento al numeral 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco. Por ello, el nombre del menor de edad será sustituido por siglas cada vez que se requiera señalarlo, por constituir información que puede conducir a revelar su identidad y con ello trasgredir las citadas reglas. Lo anterior, también en cumplimiento al Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4. Sobre la procedencia de la demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se obtiene que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.. La jurisprudencia invocada indica que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 5. Acto reclamado. En el caso a estudio, los quejosos directos reclaman medularmente del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, los actos consistentes en la privación de libertad y/o detención con fines de deportación a su lugar de origen e incomunicación. 6. Improcedencia de la demanda de amparo. Este órgano jurisdiccional considera que la demanda de amparo es improcedente, porque respecto del acto reclamado, de acuerdo a lo expresado por la parte promovente, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, como se explicará a continuación; por lo que precluyó su derecho de acudir nuevamente en sede constitucional a reclamar, en esencia, los mismos actos controvertidos en un juicio de amparo previo. Del contenido del numeral antes citado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso reclame actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el consentimiento expreso o la manifestación de voluntad que entrañe el mismo, se produce cuando el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Es aplicable a lo anterior, el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, como se asentó en la certificación de cuenta, debe destacarse que es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional que ante este juzgado de Distrito se encuentra radicado el juicio de amparo 1037/2022, promovido por Luisa del Rocío Rendón Ruíz, en representación de Alai Fajardo Callao, Ricardo Lázaro Díaz González, Driulis Lugo Ulloa y la menor de edad D.R.L., respecto de los mismos actos y autoridades. Así entonces, debe ponerse de manifiesto que en el referido juicio de amparo, el seis de septiembre de este año, se tuvo a los quejosos directos manifestando su deseo de no ratificar la demanda de amparo promovida, la cual se tuvo por no presentada y se ordenó el archivo correspondiente del expediente en mención. Las constancias antes relacionadas permiten constatar que los quejosos previo a la promoción del presente juicio de amparo, intentaron otro, reclamando los mismos actos aquí combatidos, en el que manifestaron su voluntad de no ratificar la demanda. En esos términos, queda evidenciado un consentimiento expreso por la parte quejosa de los actos aquí reclamados, pues desde el momento en el que decidieron voluntariamente no ratificar la demanda del primer juicio de amparo, demostró su intención de dar por terminada la acción de amparo en su perjuicio, lo que conlleva la aceptación de las consecuencias jurídicas que generaron los actos reclamados, que son los mismos de los que aquí se duelen. Ante esa circunstancia, es claro que tal decisión repercute no solamente en el primer juicio promovido, sino también en el segundo o ulteriores que haya promovido o promueva para combatir los mismos actos reclamados, toda vez que la acción de amparo fue concluida por su voluntad y en su perjuicio, aceptando las consecuencias de los actos reclamados. Por lo tanto, se estima que el no ratificar la demanda del juicio de amparo citado en párrafos que anteceden, demuestra en este asunto un consentimiento expreso de los actos reclamados, que son los mismos que combate en esta instancia constitucional. De ahí que la preclusión impida que se reestablezca su derecho y que puedan impugnar a través de este juicio de amparo nuevamente las trasgresiones a sus prerrogativas alegadas previamente en sede constitucional, si la parte quejosa cuando resintió la afectación y acudió a promover juicio de amparo se desistió del mismo por así convenir a sus intereses; por lo que, ni aun bajo el entorno constitucional y la óptica de los derechos humanos, puede hacer que sus planteamientos se vuelvan analizables en esta sede, es decir, que los actos que consintió sean sujeto a estudio. Se invocan en este asunto como hecho notorio las actuaciones del juicio de amparo 1037/2022, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el arábigo 2° de esta última, ya que se trata de un expediente del índice de este órgano jurisdiccional. Sin que sea el caso adjuntar copia certificada de las constancias correspondientes al juicio de amparo antes anotado. 6.1 Criterio legal. Resulta aplicable la tesis P./J. 3/96 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así como la jurisprudencia 1a./J. 21/2002 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7. Se desecha demanda. En esas condiciones, el presente asunto resulta improcedente, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es inconcuso que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia analizada. 8. Autorizado y domicilio para notificaciones. Respecto al autorizado que señala la parte promovente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, como licenciado de la Defensoría Pública Federal de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto proporcione el nombre del autorizado; lo anterior debido a que diversos Defensores se encuentran adscritos a esa dependencia. A su vez, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las instalaciones que ocupa la Defensoría Pública Federal, con sede en esta ciudad. 9. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría de Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 12. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 13. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaria hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición. Las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 14. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA. Por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos.

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