Dra. Débora Jarquín Vásquez

Expediente 343/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
343/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
03/08/2021

Partes del expediente

  • Dra. Débora Jarquín Vásquez
  • Enf. Beatriz Adriana Luis Gaytan
  • Dra. Ariadna Lilian Reyes Pérez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintiuno. De los autos se advierte, en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, y toda vez que en la Secretaría de este Juzgado obra un tomo de pruebas formado con las copias certificadas remitidas mediante oficio de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, por la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca; por tanto, ya que carece de objeto la permanencia de dicho expediente en este juzgado, devuélvase el mismo a dicha autoridad para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el quince de febrero de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 343/2020; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Oaxaca, que hizo consistir en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo constituye la orden verbal por parte de los Servicios de Salud de Oaxaca, por conducto de la Encargada del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, al cual estamos adscritos como trabajadores eventuales, para que nos presentemos a laborar al citado nosocomio a pesar del brote del virus COVID-19 que se confirmó positivamente en ocho médicos del Hospital y con los que tuvimos estrecho contacto, sin que existan las medidas sanitarias indispensables ni material necesario para el cumplimiento de nuestras funciones, vulnerando nuestro derecho humano a la salud y vida, pues como es del dominio público con fecha trece de mayo del año en curso (2020), se dio un brote del virus COVID-19 dentro del Hospital en el que laboramos y en donde resultaron ocho casos positivos de la citada enfermedad, lo que obligó al cierre del Hospital por parte de la Delegación Sindical Hospital Tamazulapam Sección 35 de los Servicios de Salud de Oaxaca, como medida de seguridad para los trabajadores que laboral dentro del Hospital; sin embargo ahora se nos está presionando para que nos presentemos a laborar sin que a la fecha se hayan cumplido a cabalidad con las medidas sanitarias indispensables tanto para el personal que laboramos en el Hospital, así como en las instalaciones del mismo para la atención a los usuarios que acuden a solicitar el servicio, tan es así que a la fecha dicho servicio se encuentra interrumpido , por ello no existe certeza del procedimiento a seguir o fechas para la realización de las pruebas pendientes, ya que alegan que no hay recursos en el Laboratorio Estatal lo cual recae en responsabilidad compartida también del Maestro ********************, Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, y bajo esas condiciones no se garantiza nuestro derecho humando a la salud y la vida. Además del perjuicio a nuestros derechos laborales, por lo que solicitamos el amparo y protección de la justicia federal para que también no se nos afecte en nuestro salario y la continuidad de la prestación de nuestros servicios profesionales en el Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, como más adelante se acreditara en los conceptos de violación que haremos valer." Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4 y 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, en dicho auto se tuvo como autoridad responsable a la Directora o Encargada del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, y no como tercera interesada en virtud a lo narrado en la demanda de amparo. Señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Aplicación de criterios. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados los siguientes: La orden para que se presenten a laborar en el Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, al que se encuentran adscritos, a pesar de haberse confirmado el brote del virus COVID-19, sin que se cumpla con las medidas sanitarias correspondientes. La omisión, en el ámbito de sus competencias, de dictar todas las medidas necesarias para brindar atención a los usuarios que acuden a solicitar servicio al Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca. La omisión, en el ámbito de sus competencias, de dotarlos del material indispensable para contener los contagios del virus COVID-19 de equipo de seguridad sanitaria adecuado para evitar el contagio de dicho virus. El perjuicio a sus derechos laborales, para el caso de no presentarse a laborar se afecte su salario e incluso la continuidad de la prestación de sus servicios profesionales en el Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertas las omisiones reclamadas que se precisaron en el considerando anterior, al Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, pues así expresamente lo manifestó en su respectivo informe justificado el Director de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, por instrucciones del Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, con el carácter de representante jurídico de dicha autoridad y sin que tal negativa se encuentre desvirtuada con prueba alguna en contrario. En efecto, el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, por conducto del Director de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, negó la existencia de los actos reclamados e informó que en cumplimiento a la suspensión de plano concedida a los quejosos en el presente juicio de amparo, giró el oficio ********************, dirigido al Secretario de Salud del Estado y Director General de Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, instruyéndolos para que tomaran todas y cada una de las medidas necesarias para que se proporcionara al personal médico adscrito al Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, los insumos, material, equipo de protección necesarios y suficientes que los proteja del virus SARS-COV-2 (COVID-19), que acorde a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se traducen en guantes internos y externos, botas desechables, batas desechables, mascarillas N-95 para cubrir nariz y boca, gafas y gorro quirúrgico, con el fin de garantizar los derechos a la salud y la vida. Además, el artículo 82 de la Constitución del Estado de Oaxaca, establece: "Artículo 82.- Para el despacho de los asuntos que son a cargo del Poder Ejecutivo del Estado, habrá los secretarios y demás funcionarios que las necesidades de la Administración Pública demanden en los términos de la Ley Orgánica respectiva." Entes que constituyen el aparato administrativo que apoya al Ejecutivo del Estado en el desarrollo de sus funciones. En virtud de lo anterior y, ante la inexistencia de los actos reclamados a dicha autoridad, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. QUINTO. Improcedencia. Previo a determinar si el acto reclamado al Secretario de Salud del Estado, Director General de Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y a la Directora o Encargada del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, es existente o no, conviene precisar si revisten la calidad de autoridades responsables. Pues por regla general el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, presupone que los actos reclamados emanan de una autoridad; por el contrario, cuando dichos actos se atribuyen a alguien que no tiene esa calidad para los efectos del amparo, tal presupuesto se torna preferente, pues de no tenerla, es irrelevante analizar si el acto que se le atribuye existe o no. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 2086, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ante ello, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por otra parte, es pertinente precisar que no basta estimar que los actos reclamados violenten derechos fundamentales, para estimar que fueron emitidos por una autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para estimar realizado un acto de autoridad, es necesaria la existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular; que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que dote al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad; que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no sea necesario acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Conforme a lo anterior, resulta evidente que la relación existente entre los quejosos y las autoridades que señaló como responsables, Secretario de Salud del Estado, Director General de Servicios de Salud del Estado de Oaxaca y a la Directora o Encargada del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado lo constituye, en esencia, la orden para que se presenten a laborar en el citado Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, al que se encuentran adscritos, a pesar de haberse confirmado el brote del virus COVID-19, sin que se cumpla con las medidas sanitarias correspondientes; la omisión de dotarlos del material indispensable para contener los contagios del virus COVID-19 de equipo de seguridad sanitaria adecuado para evitar el contagio de dicho virus y las consecuencias que se derivan de esos actos, como son que en caso de no presentarse a laborar se afecte su salario e incluso la continuidad de la prestación de sus servicios profesionales en el Hospital de referencia, lo que evidentemente no es un acto de autoridad; considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en un plano de igualdad en cuanto a la relación patrón-trabajador. Lo anterior se corrobora con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XIX Bis, de la Ley Federal del Trabajo, que dispone: "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: (.) XIX Bis Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad, para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria; (.)" Como se aprecia del numeral transcrito, las omisiones que reclaman los quejosos de las dependencias de salud que tilda de responsables, son cuestiones inherentes a sus derechos como trabajadores, por tanto, esa relación no tiene su nacimiento en la ley, sino en el contrato de prestación de servicios que tengan celebrado, de ahí que su potestad no es de naturaleza pública. Así, es evidente que la orden para que se presenten los quejosos a laborar en el Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, al que se encuentran adscritos, a pesar de haberse confirmado el brote del virus COVID-19, sin que se cumpla con las medidas sanitarias correspondientes; la omisión de dotarlos del material indispensable para contener los contagios del virus COVID-19 de equipo de seguridad y las consecuencias de dichos actos, atribuido a los referidos entes, incide en todo caso, en la esfera de sus derechos como trabajadores; por lo que no se está en el caso de tener a aquéllas como responsables para efectos del juicio de amparo, al ser una cuestión, se reitera, de carácter laboral que debe exigirse ante la junta federal correspondiente. En las relatadas consideraciones, y al actualizándose la causa de improcedencia invocada, conlleva a sobreseer en el juicio con fundamento en el precepto 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 343/2020, promovido por ********************, en términos de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes, mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, por el que se dio vista con las documentales remitidas por la Directora de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Oaxaca; por lo tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a las mismas, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, se fijan las DOCE HORAS DEL DÍA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

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