Doyle Guy Jr y Otros.
Expediente 1013/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1013/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Doyle Guy Jr y Otros.
- Doyle Guy Jr
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por el Secretario en la razón de la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la ley de amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del código federal de procedimientos civiles, supletoriamente aplicado a la ley de amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En virtud de lo anterior, archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo Vigésimo Primero Fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario Alfonso Verduzco Hernández, que autoriza y da fe.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Mauricio Arturo Rojano Romero, quien se ostenta apoderado de Doyle Guy Jr. contra actos de la institución bancaria ScotiaBank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat, División Fiduciaria, la cual fue exhibida con tres copias y dos anexos, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1013/2018-II. Con fundamento en los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta el nombrado Mauricio Arturo Rojano Romero, de conformidad con la copia certificada del testimonio de escritura pública número doscientos cincuenta y nueve, de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, pasada ante la fe del abogado Antonio Rubio González, Notario Público Número Veinte del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que anexó al escrito de demanda. Ahora bien, lo procedente es desechar la demanda al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales se transcriben a continuación. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ".XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado de Mexicano sea parte;." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: ".II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general..." Conforme a lo antes indicado, se advierte que el juicio de amparo procede contra actos de particulares que hacen las veces de autoridad cuando dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, de conformidad con los artículos 1º, último párrafo y 5, fracción II, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de la materia. Así, es factible promover el juicio de amparo contra actos u omisiones de las autoridades, concebidas como órganos pertenecientes al Estado, que desde la perspectiva teórica de las relaciones jurídicas se ubican en un plano de supra a subordinación, puesto que imponen su imperio a los gobernados; la ley de la materia actualmente en vigor posibilita que a través de esa vía se controviertan también, en casos de excepción, los actos de particulares. Sin embargo, de las disposiciones transcritas se aprecia también un aspecto fundamental que es necesario satisfacer para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, consistente en que las funciones de esos particulares estén determinadas por una norma general. De tal suerte, aun cuando los particulares dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; no será procedente el amparo si el acto o la omisión no se actualizan en el contexto de funciones que tengan encomendadas por alguna norma general. Lo anterior es congruente con la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo como medio de control de la Constitución, a la que las autoridades deben sujetar su actuación, porque como se aprecia, si bien los actos de los particulares pueden ser sometidos a través de ese medio al escrutinio del marco fundamental, tal posibilidad encuentra razón de ser en que, finalmente, el particular al que se considere autoridad, habría actuado por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debía sujetar su actuación. Ahora bien, la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de la institución bancaria ScotiaBank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat, División Fiduciaria, de dar contestación al escrito de quince de marzo de dos mil dieciocho. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque, la demanda de amparo se encamina a controvertir actos de particulares que no tienen determinadas sus funciones por alguna norma general, pues si bien se trata de una institución bancaria que se regula conforme a la Ley de Instituciones de Crédito, sin embargo sus funciones derivan, en este particular de lo acordado en el contrato de fideicomiso celebrado entre el quejoso y la institución. En esas condiciones, debe decirse que en el caso, la institución bancaria ScotiaBank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat, División Fiduciaria, no tiene el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, ni realiza actos equivalentes a los de autoridad, toda vez que no crea, modifica o extingue por sí, alguna situación jurídica que afecte a la solicitante de amparo, pues no ejerce alguna facultad decisoria que la ley le atribuya y que constituya una potestad administrativa, cuyo ejercicio sea irrenunciable, en virtud de que se trata de una institución bancaria con la que celebró el contrato de fideicomiso, motivo por el cual la relación que existe entre aquélla y la parte quejosa es de naturaleza particular derivada de una relación contractual, es decir, no se ubica en diferentes planos, por lo que carece de imperio y coerción los actos que realicen. Por tanto, si el acto reclamado a la institución bancaria ScotiaBank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat, División Fiduciaria, no deriva de una relación de supra a subordinación debido a las obligaciones contraídas con la institución que representa, no es un acto de autoridad, pues no crea, modifica o extingue por sí o ante sí de manera unilateral situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis aislada I.9o. C. 18 K, Décima Época, de los Tribunales Colegiado de Circuito, publica en el Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguiente: "INSTITUCIONES BANCARIAS. LA DETERMINACIÓN DE DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL CONTRATO DE DEPÓSITO DE CUENTA DE CHEQUES, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO LO QUE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. La determinación de una institución bancaria de dar por terminado unilateralmente el contrato de depósito de cuenta de cheques, no es un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, porque de conformidad con los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; asimismo, los particulares tienen el carácter de autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; empero, la decisión de dar por terminada la relación derivada del contrato de apertura de una cuenta de cheques que no obstante fue unilateral, ello no constituye ni es equiparable a un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la cancelación y la determinación de poner a su disposición el dinero que hubiese en ésta, de acuerdo con su naturaleza, son acciones derivadas del contrato de depósito de dinero, celebrado de manera voluntaria por ambas partes y en un mismo plano, por lo que la institución bancaria está facultada para analizar cada caso concreto y determinar si presta o no los servicios financieros, y aun de resultar contrario a lo que contrataron, ello sería objeto de análisis ante la potestad común y no la de amparo; de ahí que si al momento de dictarse el acuerdo de desechamiento de la demanda, existen constancias o elementos que evidencien las circunstancias apuntadas, ello es suficiente para actualizar la citada causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, sin necesidad de esperar hasta el dictado de la sentencia." Así como, por analogía, la tesis número XIX.1o.A.C.9 A, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y Civil del Decimonoveno Circuito, consultable a foja 2633, Libro 34, Septiembre de 2016, del Tomo IV, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo y texto y rubro, son del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LAS ASOCIACIONES CIVILES DE COLONOS NO TIENEN ESE CARÁCTER CUANDO SE LES ATRIBUYEN ACTOS RELACIONADOS CON EL FIN COMÚN PARA EL QUE FUERON CREADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS). De los artículos 1996 a 2014 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, que regulan las asociaciones civiles en esa entidad, se advierte que éstas no pueden considerarse como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando se les imputan actos relacionados con el fin común para el que fueron creadas, por ejemplo, impedir el acceso de trabajadores al domicilio de uno de los colonos que a su vez es asociado. Esto es así, pues ese proceder no necesariamente equivale al de una autoridad, ni afecta derechos al crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, máxime que dicha conducta no está determinada en una norma general sino, acaso, en el pacto constitutivo de la asociación civil y su reglamento; de ahí que la actividad indicada no encuadra en el artículo 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y, consecuentemente, si se le atribuye la calidad de autoridad responsable a una de las asociaciones referidas, procede sobreseer en el juicio, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 1o., fracción I y 5o., fracción II, del último ordenamiento citado." No pasa inadvertido para este Juzgado, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", toda vez que dicho criterio no cobra aplicación en el presente caso porque, se rige por las disposiciones de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril del dos mil trece, cuando no existía la posibilidad de reclamarse en el amparo los actos de particulares, siempre que se reúnan las modalidades analizadas en esta ejecutoria, amén que de la ejecutoria de la que deriva se advierte que se analiza sobre un supuesto de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual no podría compararse con el acto que aquí se atiende. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Mauricio Arturo Rojano Romero, apoderado de Doyle Guy Jr. contra actos de la institución bancaria ScotiaBank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ScotiaBank Inverlat, División Fiduciaria, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados a Salvador Augusto Ávila Arjona y Rubén López Osorno, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y a Walter David Tun Villarreal, Guillermo Jiménez López y Carlos Durán Domínguez, en los términos restringidos a los que alude el citado precepto legal; lo anterior, en virtud de que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se hace del conocimiento de la parte quejosa que se accede a su petición de que se les permita a sus autorizados el uso de aparatos electrónicos, es decir, cámaras digitales y celulares, lectores ópticos o cualquier otro similar, a fin de capturar las actuaciones que obren en autos, en la inteligencia de que el uso de los medios electrónicos que propone se efectúe con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo al caso, la Tesis I.30.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil del Primer Circuito, visible en la Página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes
- Doris Beatriz Abigail Ek Cámara1065/2023
- Doris Beatriz Abigail Ek Cámara1618/2023
- Doris Beatriz Abigail Ek Cámara1868/2023
- Doris Dione May Campos1506/2018
- Doris Marine Duarte Alpuche1771/2023
- Dorka´s Gabriela Bolio Barrera640/2019
- Dulce Anahí Chávez Hernández792/2023
- Dulce Belem Ibarra Ramírez1766/2022
- Dulce Eloina Velasquéz Fajardo877/2021
- Dulce Guadalupe Pavón Escofie460/2022
- Dulce Guadalupe Pavona Escofié2526/2022
- Dulce Lorena Méndez Meyer1032/2019