Douglas Jiménez Gómez
Expediente 1259/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1259/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Douglas Jiménez Gómez
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por Mayra Secundina Mendoza Chávez, en su calidad de autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución del instrumento notarial número 4,489 (cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve) de treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, pasada ante la fe del Notario Público Número Uno y del Patrimonio Inmueble Federal en Ejercicio en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, devuélvase a la parte quejosa la documental solicitada previa copia certificada que se deje en autos, a través de los autorizados que refiere. En el entendido que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, el ingreso a los órganos jurisdiccionales se realiza mediante cita; por tanto, estará en aptitud de gestionar la misma; lo anterior, con la finalidad de recibir la documental solicitada. Asimismo, se hace del conocimiento a la parte promovente, que deberá hacerlo bajo las medidas de prevención implementadas con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de salvaguardar su integridad física y la de los integrantes de este órgano jurisdiccional.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley, contra el auto de cuatro de agosto del presente año, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; cuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido el escrito signado por ********** apoderada legal del quejoso **********, mediante el cual desahoga el requerimiento que se le formulo en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós. Al respecto la promovente bajo protesta de decir de verdad manifestó lo siguiente: Que el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil de acción de usucapión 203/2018 del índice del Juzgado Civil de Macuspana, Tabasco. Que dentro del juicio civil de origen no se ha dictado orden de lanzamiento alguna. Que no reclama la inconstitucionalidad del artículo 357 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, como proceso legislativo, sino como acto de aplicación al ejecutarse la sentencia definitiva dictada en el juicio civil 203/2018. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la Ley de Amparo, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda, así como del escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa en esencia reclama el siguiente acto: ? El auto de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil de acción de usucapión 203/2018 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco; en el cual se tuvo a la contraparte de la parte quejosa exhibiendo la garantía para la ejecución forzosa de la sentencia emitida en el juicio natural; y, se le concedió el término de tres días hábiles al aquí quejoso para que otorgue contragarantía a efecto de evitar que se ejecute la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós; y, como consecuencia jurídica de dicho acto el posible lanzamiento del bien inmueble. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. En ese contexto, se aprecia que respecto al auto de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil de acción de usucapión 203/2018 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco; en el cual se tuvo a la contraparte de la parte quejosa exhibiendo la garantía para la ejecución forzosa de la sentencia emitida en el juicio natural; y, se le concedió el término de tres días hábiles al aquí quejoso para que otorgue contragarantía a efecto de evitar que se ejecute la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós; en el caso, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que la quejosa es parte formal y material en el juicio de origen, por lo que estaba obligada a agotar el principio de definitividad. A lo que el artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción III del artículo 107 constitucional, mismo que textualmente dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o 99 estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y c).- Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio." El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. La falta de cumplimiento de esa obligación acarrea la improcedencia del juicio de amparo. Lo anterior obedece a que el juicio de amparo es, de suyo, un medio de defensa extraordinario, de tal manera que los recursos ordinarios se constituyen en una especie de filtro, cuyo objetivo es impedir el abuso del juicio de derechos fundamentales, ya que a través de la sustanciación de los recursos o medios de impugnación ordinarios pueden darse por terminados conflictos o litigios que, dada su naturaleza, no tienen razón de ser del conocimiento de los tribunales federales de amparo. Para que se actualice la causal de improcedencia antes aludida, es necesario que concurran los requisitos siguientes: a) Que se trate de una resolución que provenga de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar; y, Excepciones: c) Que la parte quejosa no sea una persona extraña al juicio de origen. d) Que no se trate de actos que importen peligro a la privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. e) Que no se trate de un acto reclamado consistente en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación, resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca requisitos para su disfrute. En el caso a estudio, se reúnen los requisitos que se precisaron en líneas supracitadas, para que se actualice la causal de improcedencia que se invoca. Esto, en virtud de que el primero de los requisitos - que el acto reclamado emane de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo- se actualiza, toda vez que el reclamado se trata del auto de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil de acción de usucapión 203/2018 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco; en el cual se tuvo a la contraparte de la parte quejosa exhibiendo la garantía para la ejecución forzosa de la sentencia emitida en el juicio natural; y, se le concedió el término de tres días hábiles al aquí quejoso para que otorgue contragarantía a efecto de evitar que se ejecute la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, se actualiza el segundo de los requisitos enunciados -proceda algún medio de defensa legal por virtud del cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama- en atención a que contra el acto reclamado procede el recurso de reconsideración. Para sustentar tal aserto conviene trascribir los artículos 342 y 347, en relación con el artículo 343 y 352, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, que establecen: "ARTICULO 342.- Recursos Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I.- Reconsideración; II.- Apelación; y III.- Queja. ARTÍCULO 343.- Legitimación para impugnar Podrán impugnar: El litigante si creyere haber recibido algún agravio, los terceros que hayan salido al proceso y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. (.) ARTICULO 347.- Procedencia En ningún caso las sentencias podrán ser sujetas al recurso de reconsideración. Los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser impugnados a través del recurso de reconsideración, salvo que la ley expresamente disponga que no son recurribles." ARTÍCULO 352.- Resoluciones apelables. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y III.- Las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los juzgados de paz, con excepción de las que se dicten en los juicios del registro extemporáneo de actas del estado civil, en los términos previstos en el artículo 481 Bis 2 de este Código." En efecto, los normativos transcritos establecen los medios ordinarios de defensa que tienen las partes en el procedimiento, tales como el recurso de reconsideración, apelación y queja; que sólo quienes sean parte en el procedimiento y a quienes perjudique la resolución judicial (ya sea a las partes en sentido formal y material o terceros que surjan en el proceso) están legitimados para impugnar las resoluciones jurisdiccionales dictadas en el mismo; asimismo, establece contra que determinaciones procede el recurso de reconsideración, entre las que se encuentran los autos y decretos que no fueren apelables. Ahora, para determinar qué resoluciones son apelables y por exclusión cuáles son reconsiderables, el artículo 352 del código adjetivo en cita, establece que las resoluciones apelables son las sentencias dictadas en toda clase de juicios, excepto aquéllas que la ley declare expresamente que no son apelables; los autos que expresamente disponga dicha codificación y las resoluciones que dicten los jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 185. En tal virtud, del análisis de dichos preceptos normativos, y tomando en cuenta que el acto reclamado en esta vía constitucional no se ubica en ninguno de los supuestos que establece el artículo 352 citado, como de aquellas resoluciones apelables, por exclusión se concluye que el recurso que procede en contra del mismo es el de reconsideración. En este punto, cabe precisar que la improcedencia del juicio intentado es evidente, toda vez que así lo manifestado la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, y en ese sentido se considera suficientemente acreditado el requisito que ve al carácter manifiesto de la causa de improcedencia. Ahora, en el caso la parte quejosa, quien comparece al presente juicio por su propio derecho, reclama sustancialmente el auto de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil de acción de usucapión 203/2018 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco; en el cual se tuvo a la contraparte de la parte quejosa exhibiendo la garantía para la ejecución forzosa de la sentencia emitida en el juicio natural; y, se le concedió el término de tres días hábiles al aquí quejoso para que otorgue contragarantía a efecto de evitar que se ejecute la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós. De lo anterior, se arriba a la conclusión que contra el auto combatido en este juicio biinstancial, conforme a la legislación aplicable al caso, admite un recurso ordinario, lo que implica desde luego que para combatirlo no puede acudirse directamente al juicio constitucional, sin antes agotar tal proceso de composición. Ello es así, pues el aludido auto no se ubica en el catálogo de las resoluciones impugnables a través del recurso de apelación, por exclusión dicho auto puede ser revocado o modificado a través del medio de defensa ordinario previsto en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, esto es, el recurso de reconsideración. De lo que se sigue, que la amparista debió agotar el medio de defensa ordinario consistente en el recurso de reconsideración antes de acudir a la instancia constitucional, porque no se actualiza para la procedencia del juicio de amparo indirecto intentado ninguno de los supuestos de excepción. De tal forma que la inconformidad de la quejosa con dicha determinación pudo hacerla valer de manera inmediata mediante el medio ordinario de defensa, a través del cual tratara de obtener la modificación del auto que tilda de inconstitucional. Por lo antes expuesto, al poder obtenerse la revocación, modificación o nulificación de tal determinación, pues durante la tramitación del juicio en lo natural, existe la posibilidad de impugnarla a través del recurso de reconsideración y por las diversas excepciones y defensas que plantee, para poder obtener, como se dijo en líneas precedentes, la modificación o revocación de tal determinación, emitida en los autos del procedimiento de origen. Ahora, de la interpretación que se realiza del artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa, se arriba a la conclusión que el recurso de reconsideración en el juicio natural satisface los requisitos, para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular el acuerdo emitido dentro del juicio de origen, generador del acto reclamado; entonces, si la promovente del presente sumario es parte en el juicio de origen está constreñida u obligada a agotar el medio ordinario de defensa en acatamiento al principio de definitividad que rige el juicio constitucional. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad responsable; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia responsable mediante la tramitación del recurso respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Por tanto, en contra del acuerdo reclamado por la impetrante es improcedente el juicio de amparo, dado que en contra del mismo tendrá que agotar el recurso establecido en el artículo 347 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco. Tiene aplicación la Jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, del Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el siguiente rubro y texto: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En ese orden de ideas si en la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012, que sustentó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se definió que los actos de ejecución irreparable no se ubican en un supuesto de excepción al principio de definitividad, se deduce que, tratándose de actos de tribunales judiciales en materia civil, previo a la promoción del juicio de amparo contra actos dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, deben agotarse los recursos que en su caso procedan conforme a la ley procesal que rija la actuación del órgano jurisdiccional responsable, siempre que por su forma de tramitación sea inmediata, resulte idóneo, eficaz y se resuelva en un tiempo razonable. Lo que se actualiza en el caso concreto pues del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, se observa que el recurso de reconsideración se tramita de forma inmediata, resulta idóneo, eficaz y se resuelve en un tiempo razonable. Es así pues el código de referencia dispone lo siguiente: "Artículo 348. Substanciación. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de reconsideración: "I.- El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al en que se tenga por hecha la notificación de la resolución respectiva; "II.- El recurso deberá interponerse mediante escrito que deberá contener la expresión de los agravios; "III.- No se concederá período de prueba para substanciar la reconsideración y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al interponerla; y "IV.- La reconsideración no suspenderá el curso del juicio y se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el plazo de tres días. La resolución que se dicte no es recurrible. "Artículo 349. Procedencia en segunda instancia. Procederá el recurso de reconsideración en contra de los decretos y autos que se dicten en el trámite de segunda instancia, siendo aplicables a su tramitación las mismas reglas que se establecen en el artículo anterior. Como se observa, el recurso de reconsideración se debe interponer ante la autoridad judicial dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar. Una vez que la autoridad tiene por interpuesto el recurso ordena dar vista a la parte contraria por un término igual de tres días. Es decir, el recurso de reconsideración se tramita de forma inmediata pues el plazo para interponerlo es de tres días posteriores a que surta efectos la notificación del auto que se impugna. Asimismo, el recurso es eficaz pues de resultar procedente tendría el alcance de dejar sin efecto el acuerdo que se impugna. Ahora bien, el recurso de reconsideración se resuelve en un tiempo razonable pues una vez interpuesto se resolverá mandándola substanciar con vista de la contraparte por el plazo de tres días. De ahí que se pueda concluir que si la parte quejosa no interpuso el medio de defensa que la ley de la materia contempla, por virtud del cual se puedan revocar el acto que se reclama -previo a acudir al presente juicio-, no obstante su vinculación al juicio de origen, es palmario que no se cumplió con el principio de definitividad. Además, respecto de los actos reclamados dado que son actuaciones encaminadas a la ejecución forzosa de la sentencia condenatoria, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, como se expondrá enseguida. Previo al análisis de la causal en comento, es menester precisar que el aquí quejoso, promovió juicio de usucapión en contra de Sergio González Arias y Elvira González Rodríguez, mismo que correspondió conocer al Juez Civil de Macuspana Tabasco, a través del juicio 203/2018, de su índice; en el que una vez emplazados los demandados, estos reconvinieron a la actora -aquí quejosa-, promoviendo la acción reivindicatoria; y, seguido que fue el procedimiento en todas sus etapas, el treinta de mayo del año en curso, se emitió sentencia, en la que se absolvió a los demandados y se condenó al peticionario del amparo. De ahí que, respecto al acto reclamado y sus consecuencias jurídicas que se traducen en el posible lanzamiento del bien inmueble (ejecución forzosa de la sentencia) del aquí quejoso, quien como ya se dijo fue oído y vencido en juicio; también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que apruebe o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los preceptos transcritos se desprende que entre otros supuestos, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso; finalmente se indica que cuando se trate de remates; únicamente podrá promoverse el juicio de garantías, contra la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe tal procedimiento; entendiéndose por última resolución en el procedimiento de ejecución aquella en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo -o en su caso se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento-, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de garantías y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Lo anterior con la finalidad de impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia o laudo que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. *** En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." Acorde a la tesis transcrita, existen causas de excepción a la regla señalada con antelación pues en el procedimiento de ejecución pueden haber diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia o laudo, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo. Lo que se debe definir de un inicio a fin de desentrañar si es procedente o no el juicio de amparo. En ese sentido, podemos clasificar dos grupos de resoluciones que hacen procedente el amparo, las cuales son: a) Las que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada, como puede ser el incidente de planilla de liquidación; y, b) Las crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato, es decir que son de imposible reparación (como lo sería por ejemplo una medida de apremio, multa o arresto y/o cualquiera que impacte de una manera irreparable al quejoso que no pueda ser reparada en la resolución que apruebe o desapruebe el cumplimiento de sentencia), supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Al caso es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia J.108/2010, y que aparece publicada en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en materia común (s), registro 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." -lo resaltado es propio-. Ahora, en el caso, el acto reclamado por el quejoso lo hace consistir en las consecuencias jurídicas de la emisión del auto de seis de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio ordinario civil de acción de usucapión 203/2018 del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Macuspana, Tabasco; el cual, entre otras cosas, puede implicar que se ejecute la sentencia definitiva dictada el treinta de mayo de dos mil veintidós; empero, como ya se precisó el amparo indirecto no procede contra actos que impliquen la ejecución de sentencia; pues, como ya se dijo ello conllevaría que el amparo sea utilizado para retardar o entorpecer el acatamiento de las resoluciones judiciales. Máxime que como ya se observó para esos casos el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa; pues, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas. De ahí que, el acto de reclamo en esta instancia constitucional, no implica un acto destacado, autónomo e independiente, del juicio que se ejecuta que no pueda ser reparado en la última resolución en la etapa de ejecución, ya que la misma se encuentra vinculada de manera directa a dicha etapa procesal, como se dijo. En ese contexto, al no tratarse de un acto autónomo que tenga una determinación destacada que no incida propiamente en la ejecución y pueda causar un perjuicio inmediato de imposible reparación -como pudiera ser una medida de apremio impuesta a la parte quejosa-; pues el acto reclamado, lo podrá reclamar una vez que se dicte la resolución que determine el cumplimiento de sentencia, o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al laudo dictado en la contienda administrativa de origen; y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia P./J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, Tomo XIII, abril de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo, resulta aplicable la Jurisprudencia VII.3o.C. J/4, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 804, Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo contiene dos hipótesis derivadas de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de dicha fracción; en el primer supuesto, por regla general, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que causa ejecutoria ésta y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en el segundo, la resolución definitiva o última resolución es aquella en la que se apruebe o desapruebe el remate. Cabe precisar que, incluso, dentro del procedimiento general de ejecución de sentencias, surgen otros procedimientos derivados del mismo, en que pudiera llegarse también al remate; en cualquier caso, tratándose de éste, la "última resolución" es en la que se aprueba y, con base en ello, el bien es adjudicado. De modo que los demás actos que se dicten con posterioridad a esa resolución a consecuencia de aquél deben considerarse, aunque tengan el mismo fin, como autónomos y, por tanto, factibles de impugnación en la vía de amparo indirecto por sus vicios propios; sin que pueda decirse que se trata de actos en ejecución de sentencia respecto de los cuales deba esperarse el dictado de la "última resolución" pues ésta ya fue emitida." DETERMINACIÓN. En razón de lo anterior, al actualizarse de manera plena, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como la diversa fracción XVIII del numeral 61 del ordenamiento legal en cita; por lo tanto, con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha la demanda en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13º.T.J/10(10ª), sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Primer Circuito, visible en la página 1941, Libro 29. Abril de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución."
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por el quejoso **********, mediante el cual solicita se requiera el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Solicitud que resulta improcedente, en atención a las consideraciones que se expondrán en los siguientes párrafos. Para dar contestación a lo anterior, conviene detallar que el cuatro de febrero de dos mil veintidós (fojas 131 a 148), se dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por un lado se sobreseyó respecto del acto reclamado a Petróleos Mexicanos, a través de la Subgerencia de Servicios Jurídicos de la Región Sureste; y, por el otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso antes mencionado, contra el acto que reclamó al Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Centro, Tabasco y otra autoridad, para el efecto siguiente: ".1. Deje insubsistente la resolución reclamada, de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno y el oficio 4789, de tres de septiembre de dos mil veintiuno; 2. Emita nuevo proveído y, siguiendo los lineamientos de este fallo constitucional, gire el oficio a la Subgerencia de Servicios Jurídicos de la Región Sur de Petróleos Mexicanos, donde labora el quejoso, para que al momento de determinar el monto que por concepto de JUBILACION o LIQUIDACIÓN, le corresponda al quejoso, proceda a descontar el 16% (dieciséis por ciento) esto en favor de la menor de identidad reservada de iniciales V.A.C.B." Resolución que causó ejecutoria el veintiocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 157 y 158); por lo que, previo requerimiento del cumplimiento a la responsable, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, el veintitrés de marzo del presente año, se declaró cumplida la misma, ordenándose su archivo como asunto concluido. Resolución que fue notificada al quejoso el treinta de marzo del año en curso, sin que hubiera hecho valer algún medio de impugnación en su contra. En consecuencia, no ha lugar acordar favorable su petición, dejando a salvo el derecho del quejoso para hacer valer los recursos o medios legales que estime pertinentes. Notifíquese; y, personalmente al quejoso.
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