Douglas Alan Hasselo
Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2022
Partes del expediente
- Douglas Alan Hasselo
- Juez Único de lo Penal de Primera Instancia, Con Domicilio En Ensenada, Baja California
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, tres de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que en proveído de seis de septiembre del año en curso, se requirió a la autoridad señalada como responsable juez Único de lo Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, a efecto de que informara a éste órgano jurisdiccional, si Juan Antonio Raygoza Molina, promovente de la demanda de amparo de que se trata, tiene reconocida la representación con que se ostenta en el procedimiento de origen, y en su caso, remitiera las constancias con las que así lo acreditara. Del informe justificado rendido por la autoridad responsable juez Único de Primera Instancia Penal, en esta ciudad, registrado en este juzgado con folio 9984, en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, se le tuvo informando a este órgano jurisdiccional, que Juan Antonio Raygoza Molina, es representante legal de Douglas Alan Hasselo en la causa penal 130/2020, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En otro orden de ideas, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por el tercero interesado Carlos Enrique Castillo Gutiérrez; atento a su contenido, se le tiene apersonándose al presente juicio de amparo. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso que se atiende, y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Sonia Patricia Navarro Navarro, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y únicamente para oír y recibir notificaciones a Denisse Gastélum Lezama y Luis Fernando Alcázar Hurtado, por así haberlo solicitado expresamente. Ahora bien, toda vez que solicita tener acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo a Sonia Patricia Navarro Navarro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "sonia.navarro", por tanto, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
con fundamento en el artículo 27, fraccion i, inciso b) de la ley de amparo, se hace efectivo el apercibimiento del citatorio dejado en el domilicio procesal del tercero interesado Carlos Enrique Castillo Gutierrez, y se le emplaza y notifica el auto admisorio de seis de septiembre y proveído de veintidós de septiembre, ambos de dos mil veintidós, dictados dentro de los autos del juicio de amparo número 505/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Juan Antonio Raygoza Molina, quien se ostenta como asesor jurídico del ofendido Douglas Alan Hasselo, que dicen: "..Ensenada, Baja California, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo que promueve Juan Antonio Raygoza Molina, quien se ostenta como asesor jutídico del ofendido Douglas Alan Hasselo, mediante la cual solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del juez Único de lo Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad; fórmese el expediente respectivo, previo registro en el libro del Juzgado correspondiente bajo el número 505/2022-I; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso concreto, la jurisprudencia 1a./J. 13/2021 (10a.), registro digital 2023191, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3399, de rubro y texto: "ASESOR JURÍDICO VICTIMAL. PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO QUE PROMUEVA EN NOMBRE DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, BASTA LA SIMPLE MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE TENER RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL ACTUALIZARSE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja respectivos sostuvieron un criterio divergente en torno a si basta la manifestación del asesor jurídico victimal de ostentar dicha representación ante la autoridad responsable, para efecto de que le sea admitida la demanda de amparo indirecto, promovida por éste a nombre de la víctima u ofendido del delito, que representa. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, en materia penal, el asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito se encuentra facultado para promover la demanda de amparo en nombre de ésta, a quien representa en el procedimiento penal, por lo que tratándose de la presentación del juicio de amparo indirecto, bastará su simple manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de tener reconocido ese carácter ante la autoridad responsable, para que la demanda sea admitida a trámite. En este supuesto, se tendrá por actualizada la excepción prevista en el artículo 11, párrafo primero, en relación con el 14, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Así, cuando la citada ley refiere que en materia penal bastará que el defensor manifieste bajo protesta de decir verdad tener ese carácter, no puede limitarse únicamente al defensor del imputado, sino que necesariamente debe incluir al asesor jurídico de la víctima que actúa en su representación, a fin de que ésta no quede en estado de vulnerabilidad frente al poder punitivo estatal y las determinaciones que el Ministerio Público o los Jueces realicen a lo largo del procedimiento penal. Justificación: De una interpretación sistemática de la Ley de Amparo, en relación con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General de Víctimas, se advierte un reconocimiento explícito de las víctimas como parte de los procedimientos y el derecho a la asesoría jurídica técnica -por una persona licenciada en derecho con cédula profesional- como una garantía del pleno ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad. También se reconoce el derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos, por lo que la legislación en la materia deberá regular la intervención en los diferentes procedimientos, a efecto de facilitar su participación. En ese sentido, resulta fundamental que el juicio de amparo, como medio constitucional de defensa de los derechos humanos, equilibre las asimetrías y el estado de vulnerabilidad que pueden llegar a enfrentar las víctimas en el acceso a la justicia, lo que conlleva el deber de flexibilizar ciertas reglas -como la forma de acreditar la representación- ante la necesidad de asegurar que los recursos sean efectivos y protejan a las víctimas contra actos que violen sus derechos humanos." Sin que sea el caso tramitar incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Por otra parte, se señalan las nueve horas con veinte minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Ahora, ya que Juan Antonio Raygoza Molina, promueve la demanda de amparo con la personalidad que aduce tiene reconocida dentro la causa penal 130/2020, del registro del Juzgado Único de lo Penal de Primera Instancia, en esta ciudad, como autorizado de la parte ofendida Douglas Alan Hasselo; con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese a dicha autoridad remita la certificación correspondiente a fin de conocer si el promovente, en efecto, cuenta con dicho carácter y si a la fecha lo sigue ostentado. Se apercibe al promovente que de carecer del carácter con el que se ostentó, se hará acreedor a una multa de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, y se ordenará la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un plazo de tres días, de conformidad con el artículo 14, párrafo segundo de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de las constancias que apoyen el mismo, mismas que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; debiendo rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras, a una multa en lo individual de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de 9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable la pena en que incurre con la omisión de rendir el informe justificado en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitir lo que les conste en relación con los actos reclamados, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se solicita a la autoridad responsable que de manera preferente remita el informe justificado a la dirección de correo electrónico oficial 9jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, con el objeto de evitar posibles contagios con motivo del virus COVID19, y así salvaguardar la integridad física de las personas que laboran tanto para las mencionadas autoridades responsables, como en éste Juzgado de Distrito y que de igual manera, proporcione una dirección de correo electrónico oficial para establecer contacto en los casos que se estime necesario. Asimismo, háganse del conocimiento a la autoridad responsable, que si bien se le otorga un plazo de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se le exhorta que en el momento que cuente con la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, lo haga saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. En ese orden, se hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir los oficios que se les giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir los mismos, se harán acreedoras a una multa, de 100 (cien) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 245 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a la autoridad responsable y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras, en lo individual, a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos con sesenta centavos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos y veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. En otro orden de ideas, de conformidad con en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercero interesado a Carlos Enrique Castillo Gutiérrez; en tal virtud, túrnense los autos al actuario de este juzgado a efecto de que se traslade al domicilio indicado en la demanda de amparo y emplace a la parte tercero interesada de referencia, corriéndole traslado con copia de la misma, así como del presente proveído. De igual forma, le haga de su conocimiento la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio, y lo requiera para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se le harán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Por otro lado, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio procesal el que indica y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Gámez Cossio y Salomón López Quevedo, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Neyva Zulema Gajarado Beltrán, por no contar con dicho registro, así como a la persona que señaló para tal efecto. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de los actuarios de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. Se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto y se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo debidamente sellada y cotejada con su original..." "...Ensenada, Baja California, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Salomón López Quevedo, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual proporciona domicilio donde puede ser localizado el tercero interesado Carlos Enrique Castillo Gutiérrez, ubicado en calle Cuarta, entre Ruiz y Gastelum, número 441, oficina 301, Zona Centro, en esta ciudad; sin que sea el caso ordenar su emplazamiento en el mismo; toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, obra en autos, la constancia actuarial de doce de septiembre de dos mil veintidós, signada por el actuario de este juzgado, de la que se advierte la imposibilidad de notificar al tercero interesado de referencia, en el domicilio señalado con anterioridad. Por otra parte, agréguese con vista a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, del cual se hará nueva relación en la audiencia constitucional respectiva. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de la autoridad responsable de referencia, las documentales que anexa a su informe, mismas que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Asimismo, debido a la voluminosidad de las constancias que remitió la citada autoridad se ordena abrir por separado los tomos I y II de pruebas; en el entendido de que los mismos quedan a disposición de las partes para su consulta en la secretaría encargada del trámite de este juzgado. En otro orden de ideas, del análisis de las referidas constancias se advierte que le reviste el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Único de Primera Instancia Penal, en esta ciudad que intervino en el procedimiento penal del que deriva el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena emplazar mediante oficio al antes mencionado, al cual deberá anexársele copia debidamente sellada y cotejada del escrito inicial de demanda de amparo, auto admisorio y del presente proveído. Asimismo, hágase de su conocimiento que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este asunto. En otro contexto, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha se encuentra pendiente del emplazamiento del diverso tercero interesado Carlos Enrique Castillo Gutiérrez, asimismo, al realizar una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se advierte que en este Juzgado de Distrito, se encuentra radicado el juicio de amparo 474/2022, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Enrique Castillo Gutiérrez, contra actos del juez Único de Primera Instancia Penal, con sede en esta Ciudad y otra autoridad; en el que se desprende que señaló como su domicilio, el ubicado en calle Cuarta, número 441, Edificio Prosan, oficina 205, entre Ruíz y Gastelum, Zona Centro, en esta ciudad; de igual manera, se tiene el diverso domicilio del referido tercero interesado que se advierte del informe justificado de cuenta rendido por el juez Único de Primera Instancia Penal, en esta ciudad, el ubicado en carretera Ensenada Tecate, kilómetro número 103, el Sauzal, en esta ciudad; y número de teléfono 6461881178. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios de esta adscripción, para efecto de que se traslade los domicilios de referencia, a fin de emplazar al tercero interesado Carlos Enrique Castillo Gutiérrez. Asimismo, deberá hacerle saber el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional y entregarle copia de la demanda de amparo y del presente acuerdo; requiriéndole para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. De igual manera, exhorte a la parte tercero interesada para que continúen el presente asunto bajo el esquema de "juicio en línea", por las facilidades que éste representa en tiempos de la pandemia que actualmente afecta al ser humano, principalmente la protección que genera al no tener que presentar las promociones de manera física y poder recibir las notificaciones de manera electrónica; asimismo se les requiere para que proporcionen número de teléfono móvil y correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario...." Asimismo, se deja a su disposición en la secretaría de este juzgado copia debidamente sellada y cotejada con su original, así como de los referidos proveídos y por último, se le hace saber que se encuentran señaladas las nueve horas con veinte minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia constitucional, en el referido juicio de amparo
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa
- Principal
Notifíquese personalmente y emplácese al tercero interesado Carlos Enrique Castillo Gutiérrez;
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