Doroteo Zenón Bravo Arellano y Otros.

Expediente 1498/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1498/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
27/09/2016

Partes del expediente

  • Doroteo Zenón Bravo Arellano y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de doce de septiembre del año en curso (fojas 9 y 10), por el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo promovida por Doroteo Zenón Bravo Arellano; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, hágase de su conocimiento que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA I A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por ....., fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1498/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de la autoridad responsable Juez de Garantías del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, la parte quejosa reclama el cuerdo de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 89/2016, por el que se le impone multa de veinte días de salario, por haberse ausentado de la sala de audiencia; así como el acuerdo de cinco de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se le apercibe que de no pagar la multa impuesta se iniciara a su costa el procedimiento económico coactivo. Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.). En efecto, el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: Artículo 465. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviniere la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, anteriormente trascrito, se desprende el principio de definitividad del acto reclamado que rige al juicio constitucional, el cual establece que el juicio de garantías sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno o medio de defensa que pueda dar lugar a la modificación, revocación, o anulación del acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Una vez especificado lo anterior, por cuanto hace a los actos reclamados en el presente juicio, se estima que debe decretarse el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en torno a las consideraciones que a continuación se exponen. De la lectura integral de la demanda de amparo, se llega a la determinación de que en el caso, no se cumplió con el principio de definitividad que debe caracterizar a los actos reclamados en el juicio constitucional. Lo anterior es así, toda vez que a juicio del suscrito, en contra de los actos reclamados consistentes en los acuerdos de cuatro de mayo y cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictados en la causa penal 89/2016, por los que se le impone, al ahora quejoso, multa de veinte días de salario, por haberse ausentado de la sala de audiencia; y se le apercibe que de no pagar tal multa se iniciara a su costa el procedimiento económico coactivo, procede un medio de defensa que tiene por objeto confirmar, revocar, anular o modificar dicho acto de autoridad, concretamente, el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, el impetrante no lo agotó previamente a la promoción del juicio de garantías a pesar de que se encontraba obligado a ello, en función del principio de definitividad que rige en el mismo, y que consiste precisamente en que previamente a la promoción del juicio de amparo se agoten todos los recursos o medios de defensa que la ley otorgue a las partes de un juicio o procedimiento. En efecto, el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el proceso penal 89/2016 de donde emana el acto reclamado, el recurso de revocación previsto por el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que es parte dentro del procedimiento natural al figurar como asesor de la víctima, ya que la circunstancia de que el Juez de Garantías del Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, le haya impuesto una multa y lo haya apercibido que de no pagarla se iniciara a su costa el procedimiento económico coactivo, no le da legitimación para impugnar dichos actos directamente mediante el amparo biinstancial. Es así, que se corrobora la obligación de la parte quejosa de promover el citado medio de impugnación, para lograr que se admitiera y tramitara el recurso de mérito, y así, en caso de que el Juez responsable estimara fundada la impugnación, sustituyera el auto impugnado. Por tanto, si el amparista omitió cumplir con el indicado principio de definitividad, en atención a que directamente procedió a combatir los actos de autoridad a través de este medio extraordinario de defensa, resulta inconcuso, que por virtud de ello se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, por no encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Para concluir, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Notifíquese personalmente.

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