Doroteo Perez Ramirez

Expediente 1751/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1751/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2017

Partes del expediente

  • Doroteo Perez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado de Distrito que el nueve de enero de dos mil diecisiete, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciséis -y no de veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, como aludió el quejoso-, dictado en el juicio de amparo 1751/2016-III-C (del que deriva el presente cuaderno de antecedentes) y, lo radicó bajo el número de expediente Q-4/2017; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 20 DE diciembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1751/2016-III-C. En primer término, conviene precisar que la parte quejosa en su escrito de demanda señaló como acto reclamado del Juez Municipal de lo Penal de San Andrés Cholula, Puebla, lo siguiente: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad responsable (JUEZ), la omisión de dar contestación al escrito presentado con fecha NUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, dentro de la causa penal 84/2016, sin ninguna justificación legal, violando flagrantemente mis garantías constitucionales específicamente lo establecido por los artículos 1, 17 y 20 de Nuestra Carta Magna, arábigo que se refiere a la impartición de justicia, así como también el artículo 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMÉRICANA RELATIVO (PACTO SAN JOSÉ COSTA RICA), ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17, CONSTITUCIONALES. (.)" En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque el citado acto reclamado no es de imposible reparación, al no afectar algún derecho sustantivo. El contenido de los citados dispositivos es del tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." De la transcripción del citado precepto constitucional se advierte que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial P./J. 37/2014 (10a.), sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer la fracción V del artículo 107 Constitucional ya citado. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular, como en el caso, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, o un procedimiento seguido en forma de juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales o procedimientos seguidos en forma de juicio, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En el caso, si bien es cierto la quejosa aduce una violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, no menos verídico resulta que la materia de la petición que formuló al Juez Municipal de lo Penal de San Andrés Cholula, no incide directamente en algún derecho sustantivo, cuya violación pudiera ser de imposible reparación, y por ende, haga procedente el amparo indirecto; sino debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, sin que el suscrito secretario encargado del despacho advierta que la omisión reclamada traiga como consecuencia la paralización total del procedimiento de origen, atendiendo a que el quejoso en dicho escrito únicamente solicita copias certificadas del cumplimiento del oficio 2936, por parte del representante legal de la persona moral denominada "Guras Doama", Sociedad Anónima de Capital Variable, dentro del proceso 84/2008 del incide de dicha autoridad. Sustentan dichas consideraciones las siguientes tesis jurisprudenciales: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En las relatadas condiciones, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 107 fracción V, a contrario sentido, del mismo ordenamiento, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de mérito, por ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia anotada. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en la demanda de garantías; y, por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Con fundamento en los artículos 3, 8, 9, 67, fracción II. 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial..."

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