Doroteo Eugenio Vázquez

Expediente 424/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
424/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • Doroteo Eugenio Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, a diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, ya que de autos se advierte que la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas del expediente administrativo TAC/SRA/I/681/2011, pertenecientes al tomo de pruebas I, y dado que resultan innecesarias que continúen a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE: Acapulco, Guerrero, a diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, ya que de autos se advierte que la Magistrada de la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, residente en esta ciudad, remitió copias certificadas del expediente administrativo TAC/SRA/I/681/2011, pertenecientes al tomo de pruebas I, y dado que resultan innecesarias que continúen a disposición de este juzgado, por tanto, remítanse a su lugar de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.Ahora, de autos se aprecia que la parte quejosa exhibió en el presente expediente diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 424/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, Doroteo Eugenio Vázquez, por su propio derecho, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero Ejecutora. El Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero.ACTO RECLAMADO: "1.- De la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, reclamo la ilegal imposición de la multa y/o de su ejecución determinada en noventa días de salario mínimo que se impone mediante acuerdo de trece de marzo del dos mil diecisiete, (.) 2.- De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reclamo el cumplimiento y la ejecución material y/o forzosa que pretenda dar a las multas en perjuicio del suscrito." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 424/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación del inicio de este juicio a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una multa impuesta en la etapa de ejecución de sentencia de un juicio de nulidad por un tribunal administrativo, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad. De acuerdo con los dispositivos 17, 18, 19 y 22 de la Ley de Amparo, la demanda se presentó dentro del plazo de quince días, debido a que el quejoso, fue notificado del acto reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete; por lo que el lapso para su interposición transcurrió del siete de abril al tres de mayo de dos mil diecisiete, descontando los días ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno de mayo de esta anualidad, por ser inhábiles. Luego, si el escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el tres de mayo del año en curso, es inconcuso que se realizó en tiempo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el toca administrativo TCA/SRA/I/681/2011, mediante el cual se les impuso una multa de noventa días de salario mínimo. II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por haberlo aceptado al rendir su informe justificado por conducto su Magistrada; certeza que se robustece con la copia certificada de las constancias procesales del toca TCA/SRA/I/681/2011, que allegó con dicho informe. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo, se le tiene por cierto, en virtud de que la autoridad ordenadora lo aceptó, además dado el carácter de ejecutora que le reviste, en cualquier momento se encuentra en condiciones de ejecutar la multa reclamada. QUINTO. Causales de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este Juzgador Federal advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los ordinales 5, 6, 7 y 10, todos de la ley de la materia, los cuales en la parte que interesa expresan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (.)." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. (.)." Los preceptos legales transcritos prevén las reglas concernientes a los sujetos legitimados para promover el juicio de amparo, de modo que tal atribución corresponde en principio a la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, la cual también puede promover el amparo por conducto de su representante legal o su apoderado, lo que deberá acreditarlo en la forma establecida en la legislación de amparo y, en lo no previsto, de la manera que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles; incluso, las personas morales oficiales podrán solicitarlo, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, en los términos indicados. Luego, las personas morales oficiales a las que se les afecte por imponerse una multa por autoridad jurisdiccional, se sitúan en un ámbito de supra a subordinación, y por ende se encuentran en condiciones de igualdad con los particulares, ya que se les fija una sanción pecuniaria, al someterse a la decisión de una autoridad diversa que goza de fuerza vinculante y que impacta directamente en su esfera patrimonial, por lo que se encuentran legitimadas para instar la vía constitucional. Ahora bien, en el presente caso, el quejoso Doroteo Eugenio Vázquez, reclama la sanción que aduce le impuso la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que al actuar con el imperio que le otorga el Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, ejercitó sus facultades sancionadoras por no acatar la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo TCA/SRA/I/681/2011; sin embargo, contrario a lo sostenido, al imponerse de los autos del citado expediente, si bien se advierte que mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil diecisiete, la Sala responsable impuso una multa de noventa días de salario mínimo vigente entre otros, al Encargado de despacho de la Policía Preventiva del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (foja 207 del tomo I), cargo que refiere ostenta actualmente desde el tres de mayo de dos mil diecisiete, sin que lo haya acreditado con la copia simple del nombramiento respectivo que adjuntó su demanda, de los oficios números 210/2017 y 357/2011, de trece de marzo y veinte de abril del año en curso, dirigidos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se aprecia que la Sala responsable le solicitó hiciera efectiva la multa impuesta en acuerdo de trece de marzo de dos mil diecisiete, por noventa días de salario mínimo vigente por la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional), a la persona de Humberto Quintil Calvo Memije, a quien se identificó como Director de la Policía Preventiva Urbana del Municipio de Acapulco (fojas 213 y 218 del tomo I de pruebas). Luego, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de la ejecución de una sentencia en un juicio contencioso administrativo, y que la multa se impuso a persona diversa de la aquí quejosa, carece de legitimación para promover la demanda de amparo, en razón de que dicha medida no afecta sus derechos patrimoniales, pues se encuentra dirigida a una persona física distinta (Humberto Quintil Calvo Memije, a quien se identificó como Director de la Policía Preventiva Urbana del Municipio de Acapulco) en su carácter de servidor público en aquella data (trece de marzo y veinte de abril de dos mil diecisiete), máxime que la quejosa no exhibió medio de convicción alguno tendente a demostrar que la referida multa se pretenda ejecutar en su persona; por tanto, a juicio de este juzgador la multa reclamada no le depara perjuicio alguno al aquí quejoso. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Doroteo Eugenio Vázquez, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe....", LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  4. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 424/2017. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el tres de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo, Doroteo Eugenio Vázquez, por su propio derecho, solicito el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: Ordenadora Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero Ejecutora. El Secretario de Finanzas y Administración del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "1.- De la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, reclamo la ilegal imposición de la multa y/o de su ejecución determinada en noventa días de salario mínimo que se impone mediante acuerdo de trece de marzo del dos mil diecisiete, (.) 2.- De la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, reclamo el cumplimiento y la ejecución material y/o forzosa que pretenda dar a las multas en perjuicio del suscrito." SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de ocho de mayo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró bajo el número 424/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; se ordenó la notificación del inicio de este juicio a la parte tercera interesada; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una multa impuesta en la etapa de ejecución de sentencia de un juicio de nulidad por un tribunal administrativo, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad. De acuerdo con los dispositivos 17, 18, 19 y 22 de la Ley de Amparo, la demanda se presentó dentro del plazo de quince días, debido a que el quejoso, fue notificado del acto reclamado el seis de abril de dos mil diecisiete; por lo que el lapso para su interposición transcurrió del siete de abril al tres de mayo de dos mil diecisiete, descontando los días ocho, nueve, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno de mayo de esta anualidad, por ser inhábiles. Luego, si el escrito de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en esta ciudad el tres de mayo del año en curso, es inconcuso que se realizó en tiempo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama: I. De la Primera Sala Regional de Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero. El auto de trece de marzo de dos mil diecisiete, dictado en el toca administrativo TCA/SRA/I/681/2011, mediante el cual se les impuso una multa de noventa días de salario mínimo. II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la ejecución de dicho auto y el cobro de la multa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, por haberlo aceptado al rendir su informe justificado por conducto su Magistrada; certeza que se robustece con la copia certificada de las constancias procesales del toca TCA/SRA/I/681/2011, que allegó con dicho informe. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo, se le tiene por cierto, en virtud de que la autoridad ordenadora lo aceptó, además dado el carácter de ejecutora que le reviste, en cualquier momento se encuentra en condiciones de ejecutar la multa reclamada. QUINTO. Causales de improcedencia. Verificada la certeza de los actos reclamados, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este Juzgador Federal advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los ordinales 5, 6, 7 y 10, todos de la ley de la materia, los cuales en la parte que interesa expresan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." "Artículo 7. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. (.)." "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. (.)." Los preceptos legales transcritos prevén las reglas concernientes a los sujetos legitimados para promover el juicio de amparo, de modo que tal atribución corresponde en principio a la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, la cual también puede promover el amparo por conducto de su representante legal o su apoderado, lo que deberá acreditarlo en la forma establecida en la legislación de amparo y, en lo no previsto, de la manera que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles; incluso, las personas morales oficiales podrán solicitarlo, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, en los términos indicados. Luego, las personas morales oficiales a las que se les afecte por imponerse una multa por autoridad jurisdiccional, se sitúan en un ámbito de supra a subordinación, y por ende se encuentran en condiciones de igualdad con los particulares, ya que se les fija una sanción pecuniaria, al someterse a la decisión de una autoridad diversa que goza de fuerza vinculante y que impacta directamente en su esfera patrimonial, por lo que se encuentran legitimadas para instar la vía constitucional. Ahora bien, en el presente caso, el quejoso Doroteo Eugenio Vázquez, reclama la sanción que aduce le impuso la Primera Sala Regional Acapulco del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que al actuar con el imperio que le otorga el Código de Procedimientos Contenciosos del Estado de Guerrero, ejercitó sus facultades sancionadoras por no acatar la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo TCA/SRA/I/681/2011; sin embargo, contrario a lo sostenido, al imponerse de los autos del citado expediente, si bien se advierte que mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil diecisiete, la Sala responsable impuso una multa de noventa días de salario mínimo vigente entre otros, al Encargado de despacho de la Policía Preventiva del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero (foja 207 del tomo I), cargo que refiere ostenta actualmente desde el tres de mayo de dos mil diecisiete, sin que lo haya acreditado con la copia simple del nombramiento respectivo que adjuntó su demanda, de los oficios números 210/2017 y 357/2011, de trece de marzo y veinte de abril del año en curso, dirigidos al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, se aprecia que la Sala responsable le solicitó hiciera efectiva la multa impuesta en acuerdo de trece de marzo de dos mil diecisiete, por noventa días de salario mínimo vigente por la cantidad de $7,203.60 (siete mil doscientos tres pesos 60/100 moneda nacional), a la persona de Humberto Quintil Calvo Memije, a quien se identificó como Director de la Policía Preventiva Urbana del Municipio de Acapulco (fojas 213 y 218 del tomo I de pruebas). Luego, tomando en consideración que el acto reclamado deriva de la ejecución de una sentencia en un juicio contencioso administrativo, y que la multa se impuso a persona diversa de la aquí quejosa, carece de legitimación para promover la demanda de amparo, en razón de que dicha medida no afecta sus derechos patrimoniales, pues se encuentra dirigida a una persona física distinta (Humberto Quintil Calvo Memije, a quien se identificó como Director de la Policía Preventiva Urbana del Municipio de Acapulco) en su carácter de servidor público en aquella data (trece de marzo y veinte de abril de dos mil diecisiete), máxime que la quejosa no exhibió medio de convicción alguno tendente a demostrar que la referida multa se pretenda ejecutar en su persona; por tanto, a juicio de este juzgador la multa reclamada no le depara perjuicio alguno al aquí quejoso. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; determinación que se hace extensiva a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que el acto que se le reprocha no se ataca por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Doroteo Eugenio Vázquez, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma el Licenciado Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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