Doroteo Díaz Galindez
Expediente 131/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 131/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Doroteo Díaz Galindez
Actuaciones
- Principal
En Ciudad Valles, San Luis Potosí, a dieciocho de abril de dos mil dieciocho. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 131/2018-I-D, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de seis de abril de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de abril de dos mil dieciocho IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por Doroteo Díaz Galindez, contra actos de la Profesora Teresa Pérez González y otros, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales; regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 131/2018-I-D. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se advierte que como autoridades responsables señaló a la profesora Teresa Pérez González, a Gabino Morales, en su calidad de secretario del Comité Estatal del Partido Político "Morena" y Sergio Serrano Soriano, presidente del Comité Estatal del Partido Político "Morena"; y como acto reclamado la arbitraria designación de Marco A. Conde Pérez, como candidato a la Presidencia Municipal local, por el partido político de Morena. En la especie, este órgano de control constitucional considera que opera de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción l, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 1° y 5 de la Ley de Amparo, por su orden, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad. Dichas leyes o actos de autoridad son aquéllas disposiciones de orden público que en forma voluntaria e intencional, ya sea en sentido positivo o negativo, esto es, por acción u omisión, emite un órgano del Estado, que puede consistir en una decisión o ejecución, o en ambas a la vez; tales leyes o actos normalmente producen una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, y se imponen a los particulares en forma imperativa, unilateral y coercitiva. En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5, fracción II, de la ley de la materia, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que es autoridad para efectos del amparo, el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. De lo que se sigue que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad...Por consiguiente, al ser esto así, la demanda que se recibe es manifiesta e indudablemente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia del juicio de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu; motivo por el cual, lo que procede es desechar de plano la demanda de garantías con apoyo además en el numeral 113 de la ley de la materia...
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