Doroteo Clara Ruiz

Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
196/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Doroteo Clara Ruiz
  • Doroteo Clara Ruiz y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto: el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual acusa de recibo e informa que aceptó la competencia y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo misma que se encuentra radicada bajo el número de amparo indirecto 509/2022. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción J), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que este Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del mismo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el citado artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Vistos: I. El oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, con residencia en dicha localidad; por medio del cual devuelve sin diligenciar el despacho 35/2022, orden 52/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar el proveído de diecisiete de febrero del año en curso, a los quejosos ****; por los motivos que expone. II. El estado de autos, de los cuales se advierte que en proveído de veintiocho de febrero del actual, se reservó proveer respecto del escrito signado por los citados quejosos, por medio del cual pretenden desahogar la prevención efectuada en auto de diecisiete de febrero de los corrientes. Al efecto, se acuerda: Tocante al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos el oficio y anexos de cuenta, y dese de baja la comunicación en el libro de comunicaciones oficiales, háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Respecto al punto II, se tiene por desahogada la prevención efectuada en proveído de diecisiete de febrero del actual, en consecuencia se procede a determinar lo conducente, relativo a la demanda de amparo promovida por los aquí quejosos. Incompetencia. De la revisión exhaustiva de la demanda de amparo promovida por **, el suscrito estima que este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, no es legalmente competente para conocer de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo; así como por el título cuarto, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al tenor de las siguientes consideraciones. En primer término, resulta necesario destacar que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público, y por tanto, preferentes, pues avocarse al conocimiento de un asunto y a la postre resolver sin tener competencia legal por razón de territorio, podría generar en su momento la reposición del procedimiento por parte del órgano revisor (Tribunal Colegiado de Circuito, Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con la consecuente, revocación de la sentencia que en un momento dado se llegara a dictar. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece en su primer párrafo: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del numeral citado se desprenden tres reglas de competencia en materia de amparo indirecto, a saber: a) Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (o con efectos positivos) o requiera ejecución material, lo será el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado sea de tracto sucesivo y pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) Si el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, de la lectura integral de la demanda de amparo en cuestión, se obtiene que el acto reclamado en esta instancia es: La resolución pronunciada en el recurso de revisión RRA 6542/21, emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a través de la cual, consideró que la información requerida a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar, con residencia en la Ciudad de México, resulta un requisito normativo relacionado con el ejercicio de recursos públicos, y por ende, instruyó la entrega de la información pretendida por la parte solicitante, consistente en las coordenadas de las parcelas beneficiadas en dos mil diecinueve del Programa Sembrado Vida, acorde con el padrón de beneficiarios de dicho programa. En efecto, del detenido análisis a la demanda de amparo, se desprende que los quejosos son beneficiarios del Programa Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar -dirigido exclusivamente a las personas en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, adultos mayores y de rezago y marginación-; el cual, prevé la posibilidad de oponerse a la publicación de los datos personales recabados por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Bienestar al incluirlos en dicho esquema social. Por otro lado, refieren los impetrantes de amparo, se solicitó ante la Secretaría de Bienestar, información relativa a las coordenadas de las parcelas beneficiadas en dos mil diecinueve del Programa Sembrado Vida; misma que fue clasificada como confidencial por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Estado en mención al elevar la petición de información referida al sintetizar lo que se controvierte en este juicio de amparo. Inconforme con ello, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en contra de la resolución antes destacada; misma que concluyó, en lo que interesa, con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto y con fundamento en lo que establece el artículo 157, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se REVOCA la respuesta emitida por la Secretaría de Bienestar. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 157 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto obligado para que en un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución y en el término de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que haya dado cumplimiento, informe a este Instituto lo anterior con fundamento en el artículo 159, párrafo segundo de la Ley aludida." Acto que se controvierte en la presente vía de amparo biinstancial. En esa línea, de lo expuesto se obtiene que: 1) La cuestión que esencialmente irroga perjuicio, a decir de los aquí amparistas, es el sentido de la resolución de los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, puesto que se conminó a la Secretaría de Bienestar a hacer entrega de la información solicitada, la cual, tiene residencia en la Ciudad de México. 2) La información solicitada, relativa a las coordenadas de las parcelas beneficiadas en dos mil diecinueve del Programa Sembrando Vida, acorde con el padrón de beneficiarios del mismo, se pondrá a disposición de la parte interesada a través de aludida autoridad que tiene residencia en esa ciudad. De lo antes reseñado, deviene evidente que el acto reclamado tiene ejecución en la Ciudad de México; por lo que conforme a las reglas de competencia en materia de amparo indirecto y a lo dispuesto por el Acuerdo General 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción. En ese contexto, resulta claro que el competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo es el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, que en turno corresponda. Se afirma lo anterior, dado que, como se estableció en líneas precedentes, los actos reclamados tienen ejecución material en esa ciudad capital. Resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2011, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, así como en el título cuarto, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, se declara legalmente incompetente, por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, al estimar que lo es el Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México que en turno corresponda, quien ejerce jurisdicción donde se ejecuta el acto reclamado. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes; remítase la demanda original y sus anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, para los efectos legales procedentes; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Se ordena notificar por lista a los quejosos. Finalmente, tomando en consideración que con esta data el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ocosingo, con residencia en dicha localidad; devolvió sin diligenciar el despacho 35/2022, orden 52/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se le envió para notificar a los quejosos, por las razones que expone, en consecuencia, para no dejarlos en estado de indefensión, notifíquese el presente proveído, así como los subsecuentes, aún los de carácter personal, por lista de estrados, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LOS QUEJOSOS Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo que dio origen al presente incidente, y se ordenó acordar lo relativo. Al efecto, se acuerda: A. ARCHIVO De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se ordena el archivo de los cuadernos incidentales. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Toda vez que en el presente incidente de suspensión, se negó la medida cautelar solicitada, se determina que el original de dicho incidente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en comento. Por otro lado, el duplicado del incidente, podrá ser destruido, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo referido. C. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21, inciso c) del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del expediente. D. DESTINO DE GARANTÍAS Sin que haya lugar a pronunciar en relación al rubro de garantías, ya que del estado procesal de los cuadernos incidentales se advierte que las partes no exhibieron garantía alguna. F. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES No se advierten documentos exhibidos por las partes; por tanto, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Visto, el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 04 del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en Pichcualco, Chiapas, por medio del cual acusa recibo del oficio número 821/2022, por el que este juzgado le remitió el original del toca civil 09-C/2020 y copia certificada del expediente 699/2016. Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta para debida constancia. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano