Dorlin Larissa Ortiz Simón
Expediente 52/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 52/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dorlin Larissa Ortiz Simón
- Agente del Ministerio Publico Adscrito Al Juzgado Tercero de Distrito En el Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la partes quejosa y tercero interesada hubieran recurrido el auto dictado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el que sobreseyó el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara, que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un expediente en el que se sobreseyó el presente juicio, no existen documentos originales y carecer de relevancia documental; por lo que se establece como fecha probable el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco. Por otro lado, Por otro lado, se establece que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada; por lo que en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece como fecha probable el veinticuatro de noviembre de dos mil veinticinco. Ahora, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido; por lo que, se establece como fecha probable el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Insértese copia de este proveído en los cuadernos incidentales para los efectos legales a que haya lugar, sin que sea necesario que se hagan las notificaciones correspondientes en aquéllos. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Finalmente, devuélvase al Juzgado responsable el tomo de pruebas formado con motivo de las constancias recibidas en acuerdo de dieciocho de marzo de este año. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y anexo que acompaña. Atento a su contenido, téngasele cumpliendo con el requerimiento efectuado el veintiocho de septiembre de este año, remitiendo copia certificada de la determinación emitida el veintiuno de septiembre de este año, en los autos del expediente 2398/2021, de su índice Por otra parte, se advierte del presente sumario, que el acto reclamado en esta sede constitucional, se constriñe en la resolución emitida el once de enero de dos mil veintidós, en el juicio 2398/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual se resuelve el recurso de reclamación interpuesto contra el depósito de personas decretado en favor de Dorlin Larissa Ortiz Simón. En ese contexto, de las constancias que obran en actuaciones y la adjunta al oficio de mérito, se advierte: a) La existencia del juicio ordinario civil 829/2020, del extinto Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que Dorlin Larissa Ortiz Simón, demandó a Roberto Mejía Acosta, entre otras prestaciones, el pago de pensión alimenticia en favor de los menores de iniciales I.R.M.O. y E.I.M.O., y la guarda y custodia de los menores en mención. b) El veintidós de septiembre de dos mil veinte, se radicó la demanda, emitiéndose la determinación correspondiente al pago de alimentos; se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y se dio contestación a la demanda. c) Posteriormente, dicho juicio fue remitido al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, por la desaparición del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, radicando en consecuencia el expediente 2398/2021. d) El once de enero de dos mil veintidós, se dejó sin efectos el depósito judicial de los menores de identidad reservada decretado a favor de la actora aquí quejosa, en auto de trece de octubre de dos mil veinte, y se decretó la custodia provisional a favor del demandado Roberto Mejía Acosta. e) Luego, el dieciocho de marzo de los corrientes, las partes celebraron convenio, de lo cual proveyó el juez responsable el veintidós de marzo siguiente y, el diecisiete de agosto pasado, el juez turnó los autos para proveer lo correspondiente al convenio celebrado entre las partes, al haber transcurrido la vista concedida a la Fiscal adscrita al Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. f) El dieciocho de agosto de este año, el juez responsable dictó resolución en la que: 1) Aprobó el convenio celebrado entre Dorlin Larissa Ortiz Simón y Roberto Mejía Acosta, elevándolo a categoría de cosa juzgada, debiendo las partes cumplir en tiempo y forma el mismo. 2) Dejó sin efectos la pensión provisional decretada el veintidós de septiembre de dos mil veinte, así como la medida cautelar de trece de octubre de dos mil veinte, relativa al depósito judicial de los menores de identidad reservada decretado a favor de la actora, aquí quejosa. g) El siete de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 56, fracción II, 338 y 339 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, causó estado para todos los efectos legales la resolución de dieciocho de agosto de este año, que elevó el convenio celebrado entre las partes en el juicio natural, a cosa juzgada. h) Mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de esta anualidad, la autoridad responsable realizó auto aclaratorio al no impactar en el sentido de la resolución emitida el dieciocho de agosto de los corrientes, únicamente, para precisar que, también se deja sin efectos la resolución pronunciada el once de enero de dos mil veintidós (resolución en esta vía reclamada), en la que se dejó sin efectos el depósito judicial de los menores de edad de iniciales I.R.M.O. y E.I.M.O., decretado inicialmente por interlocutoria de trece de octubre de dos mil veinte, a favor de su progenitora, para en su lugar, concederla a su progenitor; esto, derivado del acuerdo de voluntades planteado en el sumario por los progenitores, por lo que estableció que el considerando correspondiente de la resolución del mes de agosto debía decir: Sentado lo anterior, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, un segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Al efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció sobre la actualización de la causa de improcedencia que se indica, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la tesis publicada en la página 158, Volumen 145-150, Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En relación con la primera hipótesis, cabe precisar que la expresión cesación de los efectos del acto reclamado implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad; es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos fundamentales, como si nunca se hubiese realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá afectando la esfera jurídica de la parte quejosa haciendo innecesario entrar al examen de su constitucionalidad. En tanto que, la cesación prevista en el segundo supuesto referido, cancela jurídicamente los efectos de la determinación controvertida, aun cuando en la realidad objetiva se verifiquen consecuencias materiales semejantes a las que producía el acto originalmente reclamado, siempre y cuando éstas dependan directamente del nuevo pronunciamiento de la autoridad. Entonces, es factible considerar que en el caso justificable, se actualiza la segunda hipótesis referida, en virtud de que el acto reclamado por la parte quejosa se constriñe en la resolución emitida el once de enero de dos mil veintidós, en el juicio 2398/2021, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, mediante el cual se resuelve el recurso de reclamación interpuesto contra el depósito de personas decretado en favor de Dorlin Larissa Ortiz Simón, empero, de las documentales referidas con anterioridad, se advierte que el dieciocho de agosto de este año, el juez responsable dictó resolución en la que se aprobó el convenio celebrado entre Dorlin Larissa Ortiz Simón y Roberto Mejía Acosta, elevándolo a categoría de cosa juzgada, debiendo las partes cumplir en tiempo y forma el mismo. Por tanto, dejó sin efectos la pensión provisional decretada el veintidós de septiembre de dos mil veinte, así como la medida cautelar de trece de octubre de dos mil veinte, relativa al depósito judicial de los menores de identidad reservada decretado a favor de la actora, aquí quejosa, de igual manera, con auto aclaratorio de veintiuno de septiembre de este año, dejó sin efectos la resolución pronunciada el once de enero de dos mil veintidós (resolución en esta vía reclamada), al no impactar en el sentido de la resolución; la resolución que elevó el convenio de las partes a categoría de cosa juzgada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 56, fracción II, 338 y 339 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, causó estado para todos los efectos legales el siete de septiembre pasado. Documentales a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, pues fueron exhibidos, por autoridad pública. Es de invocarse la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del tomo VI, de la quinta época del Apéndice de 1995, con número de registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por tanto, si las partes en el juicio de origen celebraron convenio donde dirimen cuestiones litigiosas sustanciales y se aprueba por resolución judicial, causando estado esta última, de esa manera queda resuelto el fondo de asunto; por lo que se colige que han cesado los efectos del acto aquí reclamado, actualizándose manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, conforme a lo previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, puesto que resultaría ocioso examinar un acto que ya no surte efectos sobre la esfera jurídica de la parte quejosa, además de que, a nada práctico conduciría continuar con el trámite normal de este juicio y esperar hasta la fecha de la audiencia para dictar sentencia en el mismo sentido en que puede hacerse ahora, pues ello iría en perjuicio y menoscabo de la garantía de administración pronta y expedita de la justicia, que contempla el artículo 17 constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja treinta ocho, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Así como la diversa número 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En consecuencia, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. En ese sentido, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese, por lista a la parte quejosa y tercero interesado, por así estar ordenado en autos; por correo electrónico a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Juez Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y anexo que acompaña. Atento a su contenido, no ha lugar a tenerle cumpliendo con el requerimiento efectuado por auto de diecinueve de septiembre de este año, ya que si bien es cierto, la actuación emitida el veintiuno de septiembre de este año en los autos del expediente 2398/2021 de su índice, contiene certificación y firma del secretario, cierto también es que, el acuerdo carece de firma del secretario y titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Decimonoveno Distrito Judicial, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por tanto, devuélvase al Juzgado responsable, para que se subsane tal omisión, esto es, deberá de integrar debidamente la copia de la actuación en cita, con la firma en la determinación de quienes en ella intervinieron, por lo que de conformidad con el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°, deberá hacerlo dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, con el apercibimiento que en caso de no cumplir con lo ordenado o de no informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se hará efectiva la multa establecida en el acuerdo de diecinueve de septiembre pasado, esto es, una multa de cien unidades de medida y su actualización, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, la cual asciende a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, con cero centavos moneda nacional), pues la unidad de medida equivale a $96.22 (noventa y seis pesos 22/100), y se informará al Servicio de Administración Tributaria para el trámite correspondiente para su ejecución. Notifíquese.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para esta fecha; sin embargo en la aludida certificación también se hace constar que el día de hoy se entregó en la oficina telegráfica el oficio de diecinueve de septiembre del año en curso, dirigido al Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en el que se le requirió para que realizara la aclaración respecto al estadio procesal de la resolución emitida en relación al convenio celebrado en el sumario civil, en la que dejó sin efectos la medida cautelar relativa al depósito judicial de los menores de identidad reservada decretado a favor de la actora aquí quejosa. 23/08/23 16:20:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.62.a8 NORMA GIPSY VILLANUEVA TREJO JUICIO DE AMPARO 52/2022 2 En ese sentido, dado al breve lapso de tiempo transcurrido desde la fecha en que se realizó dicho requerimiento, estese en espera de su cumplimiento. Por otra parte, a fin de evitar mayores dilaciones y al advertirse una posible causal de improcedencia, con las constancias que acompañó la responsable a su oficio número 4538, recibido en este órgano jurisdiccional el trece de septiembre de este año, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su interés convengan en relación a dichas documentales, apercibidas que de no hacerlo dentro del término concedido, el asunto se resolverá con los elementos que obren en autos. Lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 64, párrafo segundo de la Ley de Amparo, que dispone: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que transcurran dichos términos y no violar las reglas procedimentales que rigen el juicio de derechos humanos, la audiencia constitucional prevista para este día se difiere y se señala como nueva data para su verificativo las diez horas con veinte minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Cabe precisar, que se fija la mencionada fecha para la celebración de la audiencia en comento, atento a que así lo permiten las condiciones imperantes en la actualidad, derivadas de que hasta esta data todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación continúan laborando bajo un esquema de trabajo de asistencia controlada, el cual se ha prorrogado hasta el dos 23/08/23 16:20:01 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.62.a8 NORMA GIPSY VILLANUEVA TREJO JUICIO DE AMPARO 52/2022 3 de octubre de dos mil veintidós, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 16/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma la vigencia del similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, conforme al cual los órganos tienen asignado un horario presencial de labores restringido -distinto del habitual-, con un límite de personal que puede asistir a desempeñar labores presenciales. Se precisa lo expuesto, en atención a lo establecido en la Circular 1/2022 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se indicó que, atento a la dinámica actual de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, debía justificarse en los acuerdos respectivos las razones por las cuales no fuera posible atender a los tiempos que establecen las leyes, derivado de la disminución de las actividades presenciales. Notifíquese, y por lista a las partes quejosa y tercero interesado por así estar acordado en autos.
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