Doris Ramírez Corzo Nájera

Expediente 731/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
731/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Doris Ramírez Corzo Nájera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del ocho de agosto del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas; glósense a estos autos los relativos al incidente de suspensión. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del ocho de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 731/2023-VI, promovido por ***********, por derecho propio, ante Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Se acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. Acto seguido, se acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que no fueron formulados. Sin diligencias pendientes por practicar, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 731/2023-VI; y, R E S U L T A N D O I. *************, solicitó el amparo y protección de la justicia de la unión contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otra autoridad, mismo que fue turnado a este Juzgado de Distrito. II. Previo desahogo a la prevención del nueve de junio de dos mil veintitrés, en proveído del catorce de junio siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 731/2023-VI; se requirió el informe justificado a la responsable, dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues en el caso el acto reclamado fue ejecutado y se atribuye a una autoridad que tienen su residencia en el lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme a lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en la demanda de amparo, se hacen consistir en: - La negativa por parte de la autoridad responsable de permitirle el acceso a la carpeta de investigación de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-MOR/0000283/2020. TERCERO. La Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la CédulaI-3 UEIDMS en la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados que se le atribuyen; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa, dado que su existencia se advierte de las constancias que obran en autos. Circunstancias por las que se desvirtúa la causa de improcedencia que refiere la responsable, respecto de la supuesta inexistencia de actos. CUARTO. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes o que se advierta de oficio, procede el estudio de fondo del asunto. La quejosa formuló sus conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación que encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, registro 164618, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero "Reglas generales", del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en esencia refiere que la autoridad responsable al negarle el acceso a la carpeta de investigación violó en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la dejó en estado de indefensión al desconocer el estado de la investigación, así como los hechos y actuaciones que dieron origen al aseguramiento del inmueble contiguo a su domicilio, a fin de ejercer una defensa adecuada de sus derechos fundamentales. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa es infundado, por las siguientes consideraciones: En principio conviene destacar que el acto reclamado fue emitido en una carpeta que se encuentra en la etapa de investigación inicial. Dicha etapa, como bien lo establece el citado artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, inicia con la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente y concluye cuando la autoridad ministerial decide ejercer o no la acción penal. Durante el transcurso de esta fase, se integra la carpeta de investigación, en la que el Ministerio Público dejará registro de los actos de investigación, así como los que se lleven a cabo a propuesta de la víctima o el propio imputado, conforme a lo previsto en el artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que la autoridad ministerial esté en aptitud de resolver sobre la procedencia de ejercer la acción penal o no. Ahora bien, en el caso de estudio, se advierte que Doris Ramírez Corzo Nájera, compareció ante el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la CédulaI-3 UEIDMS en la Ciudad de México, quien se ostentó con la calidad de tercero extraña a la carpeta de investigación, y que solicito a dicha representación social el acceso a la misma; sin embargo, dicha representación social hizo saber a la compareciente que únicamente pueden tener acceso a la carpeta de investigación el imputado y su defensor, por lo que no le daría copias ni le podía proporcionar información alguna de su conocimiento relacionada con ésta. Asimismo, la autoridad responsable al rendir informe justificado, reconoció que le había negado el acceso a la carpeta de investigación. En efecto, no obstante que no se le ha dado acceso a la información de la carpeta de investigación de origen a la parte quejosa, tal actuar de la representación social -aquí autoridad responsable- no violó en su perjuicio derecho humano alguno protegido por la Constitución o los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; ello atendiendo a lo siguiente: El artículo 20, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal reconoce como derecho del imputado que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Al respecto, dicho dispositivo establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) B. De los derechos de toda persona imputada: (.) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;" Ahora bien, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado, el acceso al expediente está regulado en la fracción VIII del artículo 113, que a la letra dice: "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: (.) A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en este Código". Del artículo transcrito, se colige que el imputado y su defensa tienen derecho a tener acceso a los registros de investigación, salvo las excepciones previstas en la ley, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de dicho Código. Por su parte, los dispositivos 218 y 219 del Código adjetivo en consulta establecen lo siguiente: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." De las disposiciones legales transcritas podemos observar las siguientes reglas: Los registros de la investigación son estrictamente reservados, por lo que solamente las partes pueden tener acceso a ellos. La víctima u ofendido y su asesor jurídico pueden tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando: Aquél se encuentre detenido; Sea citado para comparecer como imputado; o, Sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor. Convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener una copia, con la oportunidad debida, para preparar la defensa. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 72/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, registro digital 2020891, de título, subtítulo y texto siguientes: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". Como se puede advertir, las primeras tres reglas de los numerales transcritos se refieren al acceso a los registros de la investigación; sólo la última regla, que tiene lugar después de que se cita al imputado y a su defensor a la audiencia inicial, se menciona la posibilidad de consultar dichos registros y de obtener una copia. Esto evidencia que el propósito que se persigue es garantizar el ejercicio del derecho a una defensa adecuada, así como proteger el derecho a la no autoincriminación pues, con ello, el imputado puede tener conocimiento de los hechos que se le imputan; los datos de prueba obtenidos hasta el momento en que se actualiza alguna de esas hipótesis y, con base en ello, manifestar lo que a su interés convenga o, eventualmente, reservarse su derecho a declarar. En ese tenor, de una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que la víctima, ofendido o asesor jurídico, el imputado y su defensor, podrán tener acceso a los registros de la investigación, este último cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia -entendidos éstos como aquellos que restringen un derecho de manera provisional o preventiva-, y se pretenda recibir su entrevista. Situación que en la especie no acontece, pues de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-MOR/0000283/2020, del índice de la responsable, se advierte que la parte quejosa no es parte en dicha carpeta; por ende, tampoco se le ha restringido algún derecho fundamental tutelado por los artículos 14, 16 y 20, apartado B, de la Constitución Federal, relativos a brindar seguridad jurídica y permitirle ejercer su derecho de defensa. En ese contexto, el hecho de que hasta este momento no se haya citado a la aquí quejosa para rendir su declaración, no es violatoria de sus derechos fundamentales, pues como se precisó al inicio de este considerando, la parte imputada dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS-MOR/0000283/2020, de donde derivan los actos reclamados, es diversa persona y no la aquí quejosa; además, la negativa de otorgarle copia de la referida carpeta de investigación tampoco puede considerarse como un acto de molestia, pues no se le está privando total o parcialmente de su libertad, posesiones o derechos, dado que no es parte en la investigación. Por tanto, si la quejosa no se ubica en los supuestos establecidos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni tampoco se le ha citado para la audiencia inicial, consecuentemente, la actuación de la autoridad ministerial responsable en modo alguno viola en perjuicio de la quejosa sus derechos humanos de audiencia y defensa adecuada tutelados por los artículos 14 y 20, apartado B, fracción VI, Constitucionales; de ahí sean infundados sus conceptos de violación esgrimidos en su demanda de amparo. Luego, al ser infundados los conceptos de violación analizado, sin que se advierta deficiencia de la queja por suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **************, en términos de lo señalado en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese por lista electrónica Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Ténganse a la Licenciada **********, en su calidad de superiora jerárquica de la Agente del Ministerio Publico **********, haciendo del conocimiento a este juzgado federal que en fecha once de julio del año en curso, la antes mencionada a través de oficio FGR/F.E.m.D.O./UEIDMS/FE-H/2493/2023, rindió su informe justificado, al cual acompaño diversas constancias, de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de julio de dos mil veintitrés. Ténganse a la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la CédulaI-3 UEIDMS en la Ciudad de México, rindiendo su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el dése vista a las partes para que expresen lo que a su derecho convenga. Con apoyo en el numeral 28 de la ley en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales que adjunta a su informe justificado, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, se tiene al usuario "**********", para la consulta del expediente electrónico de este expediente, en virtud de que cuentan con el registro correspondiente; por tanto, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes. Finalmente, respecto del correo electrónico que refiere se toma conocimiento del mismo, solo en caso de que este Juzgado Federal lo considere necesario. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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